Más de 800 mineros informales de Segovia exigieron reversar la orden de cierre a las unidades mineras consideradas ilegales, y advirtieron que si la Alcaldía local adopta la determinación iniciará una problemática social en ese municipio del Nordeste antioqueño.
El reclamo lo hicieron manifiesto ayer, en un plantón pacífico en el parque principal de Segovia, durante la mañana. La protesta llevó al cierre de los establecimientos comerciales y la parálisis en todas las actividades laborales de la localidad.
Entre los mineros que se apostaron en inmediaciones de la sede de la Alcaldía, estuvieron trabajadores de Cogote, la mina informal más grande del territorio y que sería la primera en ser intervenida.
Carlos Mario Álvarez, concejal de Segovia, rechazó la activación de los amparos administrativos, figura del Gobierno Nacional con la cual se ordena a las autoridades locales a efectuar el cierre de las minas que esté en título ajenos.
Añadió que la decisión se contrapone con un acuerdo de formalización que habían suscrito los mineros tradicionales y con el cual se quedarían en la calle más de 2.000 personas que viven de ese oficie.
“La multinacional Gran Colombia Gold, que tiene el título de explotación en el municipio, pidió al Alcalde ejecutar ese amparo y la situación se complica porque hay una violación de los acuerdos”, indicó.
Avanza la formalización
La Gran Colombia Gold ratificó que se establecieron dichos acuerdos para apoyar la formalización de pequeñas unidades de producción minera en Segovia y Remedios.
Para Lombardo Paredes Arenas, presidente de la compañía, el objeto de este memorando es aunar esfuerzos y acciones que contribuyan a la legalización y formalización de las explotaciones mineras, tanto al interior de los títulos de Gran Colombia Gold como en sus áreas de influencia.
“La iniciativa de encadenamiento productivo de la pequeña minería de Gran Colombia Gold busca vincular a la cadena de producción de la empresa, a los mineros informales que trabajan en el título de firma”, manifestó Paredes Arenas. Confirmó que gracias a una alianza con Usaid lograron firmar más de 30 contratos formalizando a 2.500 mineros, entre 2013 y 2014.
En octubre pasado la Procuraduría le ordenó a la Administración de Segovia disponer el inmediato desalojo de 15 minas que ocupan el título minero de la empresa multinacional Gran Colombia Gold y su filial Zandor Capital.
Esa determinación no fue asumida, pero en su momento Rubén Darío Gómez, director de Conarminercol, dijo que la Procuraduría no era competente ni estaba facultada para ordenar los cierres.
En medio de la discusión la tensión en Segovia ya se empieza a evidenciar, pues los mineros que hoy protestan pacíficamente amenazan con iniciar un paro si se atiende la orden de cierre. La autoridad local está obligada a cumplir la medida y la Gobernación planea allí una intervención similar a la de Buriticá .
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