La Gobernación de Antioquia expresó su rechazo a las afectaciones que sufrieron tres personas que resultaron heridas por causa de la activación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Murindó, específicamente en inmediaciones de la comunidad indígena Isla (Resguardo Río Murindó).
Una de las víctimas es un menor de 13 años de edad de la etnia Embera Eyabida que por la gravedad de sus heridas sufrió la amputación en una de sus piernas. Las otras dos personas, con heridas leves, fueron atendidas en centros asistenciales para el tratamiento pertinente.
Para agilizar el acompañamiento de las víctimas de la mina antipersonal, se llevó a cabo un trabajo interinstitucional con el cual se activó la ruta de atención que se tiene prevista para estos casos.
Este acto de violencia generada por un arma de destrucción indiscriminada es una violación del Derecho Internacional Humanitario por parte los grupos ilegales armados, cuyas acciones atentan contra este menor de edad y su comunidad.
Con relación a lo ocurrido, Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia, señaló: “Condenamos de manera enfática el empleo de estas minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales. Su actuar es una violación al derecho a la vida, integridad, seguridad, entre otros. Seguiremos trabajando con las autoridades competentes para que se lleve a cabo el desminado militar y, donde haya condiciones, el desminado humanitario. Todo el compromiso de esta administración con la Fuerza Pública y la Fiscalía para lograr la captura, judicialización y condena de los responsables”.
Por su parte, el gerente Indígena de Antioquia, Richard Sierra, manifestó: “Exigimos el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Integridad de los territorios indígenas en el departamento de Antioquía. Manifestar que estamos prestos a contribuir en la gestión interinstitucional para llegar y fortalecer la gestión en los territorios indígenas”.
Cabe recordar que en días anteriores se adelantó una misión de verificación en Murindó para constatar los riesgos existentes, en la que participó la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal.
Fruto de esta actividad, se coordinaron acciones a corto plazo para brindar alternativas relacionadas con alimentación, atención en salud y educación en el riesgo.
A esto se suma la labor que el Ejército ha adelantando en las labores de desminado militar en áreas de la zona.
