Las risas en los recreos, los susurros en los exámenes, los aplausos en los actos cívicos, los lamentos por una baja nota y los debates en clase dejaron de escucharse desde junio de 2018 en la Normal Superior de Envigado, uno de los colegios más grandes y emblemáticos de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Ese año cayeron los muros de la antigua estructura, con la promesa de que se levantaría un megacolegio más moderno y cómodo.
El proyecto es uno de los incluidos en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), una cuenta especial del Ministerio de Educación para construir, mejorar o ampliar colegios públicos, muchos de los cuales se convertirían en megacolegios. Los recursos para la reconstrucción de la Normal, aportados por la Alcaldía de Envigado, el Área Metropolitana y el Gobierno Nacional, estaban asegurados. Al principio, los sonidos de la academia fueron reemplazados por los de la construcción, y el lote de 10.486 metros cuadrados, despejado y listo para soportar la futura planta, pronto se sumió en el silencio por incumplimiento del contratista.
De aquella institución, reconocida por sentar las bases de futuros profesores, solo quedaron lonas verdes y latas grises que la separaban del mundo exterior, mientras que estudiantes, directivos y docentes mantenían la esencia de la familia normalista en otros colegios prestados donde comenzaron a ver clases de forma provisional. Pero, tres años después, hay 2.700 estudiantes que no han podido estrenar la sede, si bien, en julio pasado vieron con esperanza la reactivación de las obras, en manos del tercer contratista que ha asumido el proyecto.
El pasado lunes 6 de septiembre, mientras esperaba a su hija de cuarto grado a la salida del colegio Marceliano Vélez, una de las instituciones en préstamo a los normalistas, Dora Elena Noreña manifestó su tristeza por la imposibilidad de que su niña no haya podido disfrutar una sede propia en la que pueda generar mayor arraigo y sentido de pertenencia: “Llevamos años esperando a que la vuelvan a construir, pero cada año nos dicen una nueva fecha. Es una incertidumbre muy aburridora, aunque tengo entendido que ya empezaron y tengo la expectativa de que esta vez sí la entreguen”.
El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, ratificó que las obras de la Normal, que tendrá 58 aulas y otros espacios pedagógicos especializados, tienen un avance de ejecución de aproximadamente 1,5 %, una inversión de $23.937 millones y una proyección de entrega en agosto de 2022. Para ello, el municipio estableció una rigurosa supervisión en manos de las secretarías de Obras Públicas y Educación, al igual que en otras dos instituciones educativas que se encuentran en proceso de construcción bajo el modelo del FFIE y cuyas obras también estaban suspendidas: la I. E. José Miguel de la Calle (13 % de avance) y la I. E. Alejandro Vélez sede Alto de las Flores (50,63 %). A estas se suma el nuevo bloque de la I. E. El Salado (5%), incluida hace poco en el FFIE por gestión de la administración municipal.
38 en todo el Valle de Aburrá
Este panorama no es exclusivo de Envigado. Los 10 municipios del área metropolitana tienen instituciones educativas que iniciaron proceso de construcción o mejoramiento con el FFIE, muchas de las cuales aún no arrancan sus obras. Los casos varían: algunos alumnos ven clases en colegios prestados; otros, en sus propias sedes, pero en condiciones incómodas, con partes de la estructura demolidas, lo que provoca hacinamiento.
Según los datos entregados por las alcaldías y el FFIE, hay 38 proyectos en el Valle de Aburrá. A los cuatro de Envigado se suman seis de Medellín, nueve de Itagüí, nueve de Bello, dos de Sabaneta, dos de Caldas, dos de Girardota, dos de Barbosa, uno de La Estrella y uno de Copabacana. Del total, hay 11 que están en un 0 % de ejecución y solo cinco superan el 80 %.
En términos generales, los alcaldes y secretarios consultados por EL COLOMBINO expresaron lo lamentable que han sido los retrasos en estos proyectos para la estabilidad de los niños y adolescentes. En casi todos los casos, las administraciones municipales actuales recibieron las obras inconclusas o suspendidas por incumplimientos de los contratistas. Tal es el caso de Copacabana, cuyo secretario de Educación, Diego Correa, indicó que la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta está estancada pese a las gestiones para que se inicien las obras; están a la espera de una reunión para buscar soluciones.
Al respecto, Adriana González, gerente del FFIE, entregó un panorama más amplio de la situación: de los 55 proyectos de infraestructura educativa que hay en Antioquia, 36 han tenido reasignación de contratistas debido a incumplimientos. Sin embargo, aseguró que adelantan los trámites de diseños, licencias y contrataciones para poner en marcha todas las construcciones y cumplirles a los niños que esperan sus megacolegios o sedes renovadas.
En todo el departamento, la inversión es de $425.000 millones, que son aportados por el Gobierno Nacional, las alcaldías y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en algunos proyectos).
La funcionaria contó también que en Antioquia hay cinco firmas contratistas a cargo de las obras, de las cuales dos incumplieron y están en proceso de reasignación. “Seguimos avanzando en los megacolegios y en mejoramientos. No ha sido un proceso fácil: fueron 250 proyectos en el país que tocó siniestrar (estaban estancados o nunca avanzaron) y reactivar, tras tomar decisiones técnicas y abrir nuevas estructuraciones”, señaló. Asimismo, se tuvieron que asignar nuevos recursos desde el ámbito nacional, debido al incremento de los precios de algunos materiales.
Ahora, el reto es que los alumnos logren, algunos este año y otros en 2022 o 2023, recibir clases en salones amplios y modernos, almorzar en restaurantes escolares con todas las condiciones o disfrutar canchas, salas de sistemas y laboratorios que hasta el momento solo han sido promesas y sueños.
“Hay hacinamiento en el Avelino Saldarriaga”
La Institución Educativa Avelino Saldarriaga, de Itagüí, es otra de las afectadas por los incumplimientos de los contratistas y hoy mantiene un avance del 0 %, pese a que parte de la estructura se demolió en 2018. Así, lo que antes fue un colegio de 30 salones hoy tiene a 1.100 estudiantes recibiendo clases, divididas en dos jornadas, en un bloque de 16 aulas; a los docentes, los coordinadores y el profesional psicológico en una sala que funciona en los camerinos de la cancha municipal vecina que les prestaron; y a la parte administrativa en unas casetas temporales que adecuaron en el sitio.
“Estamos a la espera de que el actual contratista, el tercero que asignan, sí ejecute las obras. En este momento hay condiciones muy incómodas, estamos hacinados, no hay laboratorios, salas de sistemas ni espacios para la educación física, los espacios que hay no son suficientes y carecemos de cualquier espacio pedagógico”, expresó Fernando León García, rector del colegio. Se espera que en octubre el contratista comience con la adecuación del bloque que está en funcionamiento y que, después, comience la construcción en el terreno donde alguna vez estuvo erigido el resto de la institución.
La escuelita rural que está en riesgo
En Caldas, 216 niños solo cuentan con los salones de clases como el espacio para estudiar y recrearse. El Centro Educativo Rural Claudina Múnera, que tiene 56 años de historia en la vereda La Corrala, sigue con espacios demolidos y en tierra amarilla mientras que las obras de mejoramiento, que empezaron a principios de este año, no avanzan. La alegría de tener un nuevo restaurante escolar, baños adecuados y techos arreglados pronto se disipó para estudiantes, profesores y padres de familia, pues el retorno a clases está hoy marcado por la incomodidad.
David Daniel Restrepo, director de esta sede, se lamentó ante la imposibilidad de desarrollar de forma adecuada el modelo pedagógico que ha caracterizado a la institución. “Estamos haciendo maromas, estamos haciendo el mayor esfuerzo para responderles a los niños y a los padres de familia. Hay lugares muy lejanos de donde vienen los niños, o sea, que para llegar a otro colegio que queda más abajo se tendrían que desplazar mucho más y con más riesgos para su seguridad. No queremos sacrificar la presencialidad de los estudiantes, esperamos que el FFIE nos dé respuestas”, dijo.
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