Mayores controles de la fuerza pública en las comunas 5-La Cumbre, 6-Bellavista y 7-Altos de Niquía de Bello, prolongación del toque de queda a menores de 15 años y cierre de establecimientos de comercio a las 12 de la noche fueron anunciados por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez durante un consejo de seguridad.
Pese a que el municipio sumó ayer 10 días sin homicidios, el mandatario mostró preocupación por el cobro de extorsión a residentes e industriales, tráfico de estupefacientes y por otras modalidades delictivas perpetradas por las bandas criminales que azotan a esta jurisdicción del norte del Aburrá.
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Según informes de las autoridades regionales, una fractura en la estructura interna de la organización criminal “Pachelly” originó el deterioro del orden público en el municipio de Bello desde comienzos de este año, lo que llevó a que habitantes de las comunas Niquía y Altos de Niquía hayan padecido balaceras agravadas por la participación de otros combos, aumento de homicidios y tácticas de terrorismo por las redes sociales.
Pérez contó que instalarán unas vallas para que “la gente no siga apoyando a los ilegales. Y para que ellos sepan que vamos detrás de ellos”.
Durante un mes, acotó, todos los locales deberán cerrar a las 12 de la noche, mientras que los menores de 15 años de edad solo podrán circular después de la medianoche acompañados de un acudiente.
El gobernador añadió que este año las autoridades han inmovilizado 2.480 motocicletas por estar involucradas en actividades ilegales y que, en coordinación con la alcaldía, tomaron la decisión de hacer un consejo de seguridad todos los lunes en la tarde.
“Extrema brutalidad”
Pérez mencionó que el enfrentamiento entre las bandas ha llevado a que se cometan delitos de “extrema brutalidad”, tanto así, que dijo que pensó mucho para hacer pública su preocupación. “A uno le da pena como autoridad y como ser humano que este tipo de hechos estén sucediendo en nuestro territorio”, expresó.
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Denunció que, de acuerdo a los testimonios de una persona que apareció torturada, en este municipio “(a las víctimas) las están desapareciendo y tiran los cuerpos a los cerdos para que se los coman. Este es uno de los actos más brutales de la humanidad. Hemos pedido que esta denuncia la investiguen de inmediato”.
Le solicitó a la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno y demás autoridades que profundicen más en esta denuncia a la vez que hizo un llamado a la comunidad, en general, para que aporte elementos que ayuden a dilucidar este hecho.
Adriana Salas Moreno, alcaldesa de Bello, dijo que la denuncia es parte de la investigación de las fuerzas especiales que han llegado al municipio para frenar la ola criminal. “Inteligencia, al parecer, da indicios de que eso puede estar pasando. Las autoridades buscamos cortar el fenómenos de violencia de fondo”, aseguró.
Miedo a denunciar
Pérez reconoció el temor de la comunidad a denunciar el accionar delincuencial e indicó que hay que acercarse cada vez a la comunidad para que cambie esta situación. Precisó que gracias a la presencia militar en los barrios ha bajado el cobro de extorsión a las viviendas y que se hará lo mismo con los gremios transportador y constructor para que desaparezca el miedo.
Pese a que el cobro de vacunas es frecuente en algunas comunas de Medellín, con casos críticos en el Centro, San Javier (comuna 13), Belén (comuna 16) y el corregimiento de Altavista, el escenario más complejo lo tiene Bello, según la Fiscalía.
“Allá prácticamente hay un segundo régimen tributario: paga el ciudadano, el transportador, el empresario, el constructor, el vendedor ambulante”, le dijo a este diario hace dos semanas Raúl González Flechas, director Seccional de Fiscalías de Medellín.
Pérez denunció, a su vez, que los cabecillas de los grupos al margen de la ley en Bello se han ido a vivir a lujosas propiedades en Guarne y San Pedro de los Milagros, desde donde siguen coordinando sus actividades ilegales
