Las filtraciones de agua corroen de a poco los salones de música del parque educativo Farallones del Citará, de Betania, en el Suroeste antioqueño. A pesar de los muros o rincones ya verdosos, estropeándose por las humedades, Leonardo Taborda, director de Cultura, cuenta que allí siguen las clases y la programación, pero con un presupuesto muy ajustado asumido solo por el municipio.
Esto incluye, entre otras cosas, el pago de la conectividad a internet, que perdieron durante más de un año luego de que la Gobernación de Antioquia dejara de costearla. Hoy varios de los computadores de la dotación original ni siquiera funcionan.
En El Carmen de Viboral, en el Oriente, son visibles las fisuras en la cubierta y las tuberías oxidadas del parque educativo Agua, Barro y Biodiversidad. “Caen chorros de agua por las humedades y hay que suspender las clases”, dice Jheny Arbeláez, su coordinadora.
En Hispania no hay problemas ni daños en la infraestructura, pero el concejal Sergio Taborda denuncia que en las aulas se realizan matrimonios y cumpleaños en un espacio que no fue concebido para eso.
Wilmar Orozco, secretario de Planeación de la localidad, ratifica que el espacio sí se usa para eventos, pero dice que la mayoría son de tipo social, de la Alcaldía, las juntas de acción comunal y los habitantes. También agrega que la agenda de clases es continua y que se han esmerado en sostener el parque, aún cuando ya no cuentan con la financiación de la Gobernación de Antioquia.
Disputa de ordenanzas
Los parques educativos fueron el proyecto insignia de la administración de Sergio Fajardo (2012 - 2015), bajo su premisa de “Antioquia la más educada”. Pero los líos de estos espacios no son nuevos, así como tampoco las denuncias de mandatarios locales sobre la carga en la que se han convertido para los municipios.
De hecho, semanas después de que Luis Pérez iniciara su gestión, la Asamblea Departamental aprobó derogar la Ordenanza 36 (la política pública de estos parques, planteada por Fajardo para garantizar su funcionamiento) y sustituirla por la Ordenanza 48, bajo un nuevo modelo llamado “Ecosistemas de Innovación”.
Pero según Jessica Stephenson Puerta, exsubsecretaria de Parques y Ciudadelas Educativas en la administración de Fajardo, el cambio de Ordenanza, en el fondo, condenó a los parques a quedarse sin recursos de la Gobernación y los dejó sin las herramientas y el blindaje institucional que habían creado para su sostenibilidad.
La exfuncionaria indicó que a Pérez se le entregaron, en total, 55 parques terminados y 25 por ejecutar, con recursos contemplados en la Ordenanza 36 por valor de 40 mil millones de pesos para su cofinanciación.
Tras la derogatoria de la ordenanza, a finales de 2016 Stepheson Puerta envió 80 derechos de petición a diferentes municipios para conocer el estado de estos parques.
Recibió respuesta de 60 de ellos, en los que evidenció que la mayoría estaban abiertos, pero con numerosas dificultades: desconectados de internet, sin programación cultural, usados para eventos o como sedes de las oficinas de las alcaldías. Y, por supuesto, con afectaciones en su infraestructura por falta de mantenimiento.
“Se nos ocurrió una estrategia más ágil para presionar a la Gobernación a invertir en ellos, que era la acción popular”, comenta Stephenson. A mediados de 2017 ella y algunos amigos comenzaron este proceso e interpusieron acciones en los municipios de Betulia, Briceño, Ciudad Bolívar, Guarne, Hispania, Jericó, Marinilla, Pueblorrico, Remedios, Uramita, Valparaíso, Venecia, Argelia y Maceo.
Solo hasta este año la exfuncionaria recibió el fallo a favor, en segunda instancia, por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia para Argelia y Maceo. La sentencia obliga a la Gobernación a destinar el presupuesto necesario para que esos dos parques no caigan en abandono.
Según la Empresa de Vivienda de Antioquia —Viva—, hoy existen 71 parques educativos, 46 entregados por la administración de Fajardo (nueve de ellos no construidos por Viva, sino por otras entidades) y 24 parques a cargo de la gobernación actual.
De estos 24 parques, tres están pendientes por entregar a pesar de haber culminado las obras. Se trata de Santo Domingo, Buriticá y Yalí, en donde está pendiente la legalización de la conexión del servicio de energía ante EPM.
Viva añade que en cuatro de estas infraestructuras, además, se han presentado anomalías constructivas. Es el caso de Mutatá, Caicedo, Yolombó y Valparaíso, donde hay reportes que van desde deterioro en la pintura y cerrajería, hasta humedades o vandalismo.
El parque de Salgar nunca se construyó porque el lote fue afectado por un deslizamiento el 18 de mayo de 2015. La entidad agregó que estos recursos se devolverán a la Secretaría de Educación.
Viva precisó que realizaron visitas para monitorear el estado de las infraestructuras de Maceo y Argelia, donde hay fallos judiciales, además de otras ocho en Remedios, Marinilla, Guarne, Jericó, Venecia, Briceño, Ciudad Bolívar e Hispania.
En todos ellos, de acuerdo con su reporte, encontraron reclamaciones de garantías por daños “provocados por falta de mantenimiento de las instalaciones por parte del municipio, entre otros”. Añadieron que se hicieron los cálculos de lo que costaría la atención de los daños y se remitió el informe a Secretaría de Educación para que allá definan, como contratantes, qué acciones se deben seguir.
Regaño público
En una carta que se filtró por redes sociales, el gobernador Luis Pérez reprochó a su secretario de Educación, Néstor David Restrepo, el no haber tomado “las medidas ordenadas por el Consejo de Gobierno y por el gobernador” para iniciar “de inmediato” la remodelación de los parques educativos. “Le solicito más corazón y más eficiencia para resolver estos problemas”, le dice en la misiva.
Tras el fallo a favor del municipio de Maceo, el secretario Restrepo le manifestó a este diario que la disposición ha sido siempre “la de trabajar de la mano de los alcaldes para que los sistemas de innovación estén de la mejor manera posible”.
A pesar de que EL COLOMBIANO le solicitó para este informe un nuevo reporte sobre el estado de los parques, no fue proporcionado.
No todo es malo
En Betania, la que era la sede de la Alcaldía, a unas cuadras del parque principal, fue demolida en 2014 y trasladada a la Casa de la Cultura para la construcción en el mismo lote del parque educativo.
Ronald Alejandro Sánchez, alcalde de la localidad, enfatiza en que este espacio ha sido blanco de vandalismo por ser abierto y no contar con cerramientos. Todas las reparaciones y cuidados (incluyendo un servicio de vigilancia) han sido costeadas por la administración, pero eso no ha impedido, dice Sánchez, que se sigan prestando allí todos los servicios de la antigua Casa de la Cultura.
En el parque educativo de Ciudad Bolívar, por ejemplo, hay buen balance. Las clases nunca se han detenido y su coordinadora, Marta Cecilia Puerta, dice que hay una disposición de la alcaldía por sortear todos los gastos. Es un espacio habitado por los niños, las estanterías de libros y los carteles de los estudiantes: “Bienvenidos, prohibido aburrirse. Usamos el derecho a la alegría y al saber”.
Para Jheny Arbeláez, los habitantes de El Carmen de Viboral no han permitido que el espacio muera; tampoco se han detenido los cursos a pesar de las fallas en la estructura o la lluvia que se filtra en medio de las clases. Este año ofertaron en el parque 90 programas en artes y robótica.
Sin embargo, dice Jheny, sí queda el peso de que este periodo de gobierno está por terminar y que el proyecto “se va a la nada”. Como si se tratara de un sueño perdido que se va desmoronando por desinterés y ausencia de control político.
