Un movimiento audaz y de amplio alcance contra los delitos crediticios ha sacudido las finanzas internas y externas del gobierno estadounidense.
Bajo la guía del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, la administración de Donald Trump inició la desactivación masiva de 470.000 tarjetas de crédito federales, marcando el inicio de una campaña para “eliminar regulaciones y gastos superfluos”.
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La medida, según fuentes del medio internacional El Cronista, forma parte de una auditoría exhaustiva de más de 30 agencias federales, que busca optimizar el uso de los recursos públicos y frenar el fraude.
El detonante de esta acción fue precisamente la “detección de fraudes” vinculados a cuentas de crédito pertenecientes a personas fallecidas o de edad avanzada.
Además de la desactivación de tarjetas, se han reforzado los controles en los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Ahora, exigirán la verificación de la fecha de nacimiento de los solicitantes para prevenir préstamos fraudulentos a menores de 18 años o mayores de 120.
De acuerdo con El Cronista, la auditoría inicial se centra en 4.6 millones de cuentas activas que procesaron aproximadamente $40.000 millones de dólares en transacciones durante el año fiscal 2024.
Esta política se alinea con la agenda de austeridad del gobierno actual, que busca combatir todos los delitos de este tipo, así como eliminar la burocracia para una administración de recursos más eficiente.
La desactivación de tarjetas es solo una fase de un plan más amplio. Musk, en declaraciones recientes, expresó su interés en reestructurar el sistema de gastos federales, poniendo el foco en viajes oficiales, subvenciones educativas y contratos de asesoría externa.
El DOGE ya prepara una segunda auditoría, esta vez dirigida a entidades municipales y estatales, lo que sugiere que el alcance y la flexibilidad de esta política aún están por definirse.
Las tarjetas que se desactivarán corresponden a las cuentas que:
—No fueron utilizadas en los últimos meses.
—Están asignadas a entidades o individuos que ya no forman parte de programas activos del gobierno.
—Las detectaron con actividad sospechosa o redundante durante la auditoría (varios pagos en un solo día o duplicación de tarjetas).
—Pertenecen a personas fallecidas, o también, a personas que no se han registrado como fallecidas, pero que se encuentran en una edad extremadamente avanzada (más de 120 años, en algunos casos).
Desde las redes sociales del Departamento de Eficiencia Gubernamental, anunciaron que comenzaron estas acciones en un plan piloto desde el pasado mes de marzo.
“Programa piloto con 16 agencias para auditar tarjetas de crédito no utilizadas o innecesarias. Tras 5 semanas, se han desactivado aproximadamente 298.000 tarjetas. Como recordatorio, al inicio de la auditoría, había aproximadamente 4,6 millones de tarjetas/cuentas activas, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer”, detallaron.
