En medio de la tormenta desatada por la nulidad del nombramiento del gerente Jorge Carrillo Cardoso, decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la junta directiva de EPM respaldó al funcionario.
En un comunicado, el máximo órgano directivo de la compañía indicó que “confía en que este fallo de primera instancia sea revocado en segunda instancia por el Consejo de Estado a favor de la legalidad del nombramiento del gerente Carrillo”.
El documento añadió que “los miembros de la junta hemos sido testigos, primero como integrante y luego como gerente general de EPM, del compromiso, liderazgo, cualidades personales y profesionales del ingeniero Carrillo, de quien sabemos se evaluó concienzudamente la viabilidad de su nombramiento”.
Finalmente, la cúpula de la empresa se dirigió a los “clientes, usuarios, contratistas, inversionistas y la opinión pública en general”, a quienes envió “un mensaje de tranquilidad sobre la normalidad de las operaciones y servicios de EPM matriz y el Grupo EPM”.
Este pronunciamiento se da en el marco de una tormenta administrativa, económica y jurídica que ha sacudido la imagen y los negocios de la entidad en esta semana. De un lado, estuvo el citado fallo del Tribunal, cuya decisión se basó en el hecho de que “los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas ni durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro, pueden prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúan o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece”, según el texto, que cita el artículo 10° del Decreto Ley 128 de 1976.
A esto se sumó el escándalo por la filtración de los resultados de una auditoría forense a la contingencia de Hidroituango, realizado en 2020 por la firma JAHV McGregor S.A.S. La concejal Maria Paulina Aguinaga, opositora de la Administración, acusó al exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, de haber engavetado ese informe que recopila una serie de errores en la planificación y construcción de la central energética.
A su turno, Rendón negó tales sindicaciones, argumentando que siempre actuó con el visto bueno de la junta directiva y que dicha auditoría le sirvió como insumo para documentar el proceso de demanda contra los contratistas.
Sumado a esto, Conconcreto, una de las compañías del consorcio constructor de Hidroituando, se acogió a la ley de reorganización empresarial, dado el impacto financiero negativo que tuvo el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, que conmina a pagar $4,3 billones a 26 personas y empresas implicadas en la contingencia. A ese mismo proceso de insolvencia ya se había sometido Coninsa Ramón H, también integrante del consorcio.
Ayer hubo una reunión de emergencia en la Casa de Nariño, con delegados de la Presidencia de la República, los entes de control, EPM y la Alcaldía, entre otros. El propósito era buscar consensos y soluciones al problema., pero al final siguieron los desacuerdos.
En la cumbre no estuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien trinó en Twitter: “La solución en Hidroituango ha sido, es y será, como debe ser: el pago por las compañías de seguros”.
A lo que el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, respondió: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones). ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.
