Sin importar la fuerte controversia que se encendió a comienzos de este año, el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue buscándole la comba al palo para meterle mano a las tierras del Suroeste antioqueño.
En una iniciativa que hasta hace poco venía pasando de agache, el Ministerio de Ambiente avanza en un proyecto de resolución con el que busca declarar 37.365 hectáreas de los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada como Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, una figura que le pondría un freno de dos años al desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Lea también: Crece el pulso por zonas de alimentos en el Suroeste: Gobernación pide que se declaren inconstitucionales
Pese a ser un proyecto diferente a las controvertidas Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), la iniciativa ya levanta ampolla por razones similares a las que llevaron a un puñado de alcaldes de esa subregión y a la Gobernación a rebelársele al Gobierno Nacional en febrero.
Para completar el panorama, la Procuraduría tuvo que llamarle la atención al Ministerio de Ambiente para garantizar que el proyecto cuente con la participación de los territorios implicados, una de las principales críticas que arrastran las ZPPA.
Aunque en Antioquia la figura podría sonar novedosa, estas zonas de protección hacen parte de una iniciativa que viene avanzando desde 2023, como parte de una herramienta del Gobierno Nacional para frenar en algunos lugares nuevos proyectos mineros.
A nivel nacional, uno de los antecedentes más importantes se localiza en el Páramo de Santurbán, en donde precisamente el Ministerio de Ambiente advirtió tener planeado implementar la figura y desató un paro minero y campesino que sacudió a la región.
Le puede interesar: MinAmbiente tendrá que sentarse a concertar polémicas zonas de reserva en el Suroeste antioqueño
Luego de un tire y afloje de varios meses, el pasado 14 de marzo, Minambiente finalmente declaró la reserva en un área de 75.44,65 (susceptibles a ajustes), en las que se prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y contratos de exploración. En la norma se aclaró que las empresas mineras ya activas, si bien podían seguir operando, no podrían ampliar su área de acción.
De igual forma, el ministerio aseguró que no se impediría el desarrollo de otras actividades dentro del área delimitada, como turismo, agricultura, comercio, entre otros.
En el caso del Suroeste, si bien seis municipios implicados ya habían aparecido relacionados desde febrero de 2023, el proyecto de resolución aceleró su marcha en febrero pasado, justo después de los choques entre los entes territoriales y la Nación por las ZPPA. Durante sus últimos días en su cargo, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que con la declaratoria se buscaba proteger un área de bosque seco tropical ubicado en la zona adyacente al río Cauca, más un cuerpo de agua subterránea con siete cuencas abastecedoras.
El 88% de dicha área, aseguró la ministra, estaba traslapada con títulos mineros, razón por la que se pretendía blindarlos por un periodo inicial de dos años. Tal como puede verse en el mapa, el área preliminar delimitada incluye la zona adyacente al corregimiento de Palermo, en Támesis, y gran parte del municipio de Jericó, la zona de influencia de Quebradona.
Aunque Muhamad insistió en que la declaratoria no afectaría a “propietarios que ya tengan título minero, licencia ambiental y plan de trabajo y obras aprobados”, así como “otras actividades económicas”, para otros el diablo estaría en los detalles.
Así se desprende por ejemplo del análisis de entes como la Gobernación de Antioquia, tal como lo advierte la directora de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, Vanessa Paredes Zúñiga, quien también fue directora de Corpourabá entre 2015 y 2023.
Más allá de la intención de proteger el medio ambiente, objetivo que Paredes sostiene comparte la Gobernación, la funcionaria advierte que de acuerdo a lo que esa dependencia pudo estudiar, la norma no solo limitaría actividades mineras, sino agropecuarias, de servicios y hasta de turismo de naturaleza.
Lea además: Lena Yanina Estrada será la nueva ministra de Ambiente tras la renuncia de Susana Muhamad
El principal motivo de este conflicto, señala Paredes, es que la resolución implicaría una superposición de diferentes figuras de protección que ya están vigentes en la zona, que van desde Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (PMOCA), figuras de protección ya declaradas por Corantioquia y hasta podría atravesársele en el camino a las mismas ZPPA que viene pedaleando Minagricultura.
“Al superponer todas estas figuras de protección se restringe y se limita el uso del suelo para diferentes actividades. Ese es el inconveniente principal”, señaló Paredes.
En medio de ese caos normativo, la directora agregó que la Gobernación también ve con falencias el proceso de socialización, sobre todo con los municipios. “Definitivamente no ha habido la suficiente socialización con las entidades territoriales, con los municipios, que son los encargados de definir si aplicar los instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial”, señaló, advirtiendo que en muchos de ellos la complejidad técnica de la norma no se entiende.
A manera de agravante, señaló Paredes, la única reunión de socialización de la que el Departamento ha tenido conocimiento, la misma a la que fue la Procuraduría, no fue ni siquiera realizada en el Suroeste sino en Bogotá y solo pudo ir un alcalde, pese a que son seis los municipios implicados. Todo esto, sin contar con comunidades indígenas y ni otras organizaciones que también se afectarían.
Entre tanto, el cronograma de la resolución es también una incógnita, ya que tras la salida de Muhamad y la llegada de Lena Yanina Estrada, Minambiente atraviesa un remezón y en Antioquia no se sabe quienes serán los nuevos dolientes del proyecto.
