Los ataques contra policías desarrollados por parte del Clan del Golfo, en lo que han llamado “Plan Pistola”, no han parado en el departamento ni el país. Algunos expertos los relacionan con intenciones del grupo de mostrar fuerza en un momento político clave.
Que regresen a casa y no pierdan la vida en su trabajo es lo que piden las familias y personas cercanas de los policías y militares todos los días.
“La cosa acá está bastante complicada. La gente no quiere saber nada, y más con lo que ocurrió en Apartadó. La verdad toda cabeza tiene precio”, cuenta una lideresa del Urabá antioqueño, al preguntarle por la arremetida ejecutada por el Clan del Golfo, también conocido como AGC, en Antioquia.
La lista de hechos armados y víctimas es extensa: el 16 de julio en un atentado en Cañasgordas murió el patrullero Sergio Orlando Vergara Atehortúa, tenía 43 años y dejó una niña huérfana. En Chigorodó perdió la vida en un ataque armado Miguel Ángel Palacios Conde, un joven de 21 años que prestaba servicio militar.
El 25 de julio, el subintendente Sergio Yepes Páez y la patrullera Luisa Fernanda Zuleta también perdieron la vida, esta vez en Yarumal, después de ser blanco de un atentado por parte de la misma organización criminal.
¿Cómo está el tema en Antioquia?
Hasta el 18 de julio, en el departamento habían matado a un policía cada 68 horas, y según datos entregados por la Policía Nacional, son 62 los que han sido asesinados en el país (36 de ellos mientras estaban de servicio).
Las similitudes del llamado “Plan Pistola” con el plan que promovió Pablo Escobar en los 90 son más que evidentes, según expertos en seguridad.
“Por las modalidades de sicariato, por el interés de someter al gobierno para un trato especial que bloquee cualquier posibilidad de extradición a los líderes del Clan del Golfo. Creo que las similitudes son obvias, pero hay que reconocer que el contexto actual es diferente”, dice Víctor Andrés Barrera, investigador en seguridad y construcción de paz.
Replicando lo que hizo en los años más álgidos del narcotráfico en Medellín Pablo Escobar, las AGC también le pusieron precio a la vida de los policías, al menos 400 murieron violentamente en la ciudad entre 1989 y 1990.
La constancia de estos ataques demuestra que muy a pesar de la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alías “Otoniel”, considerado como el máximo jefe de la estructura armada, el grupo al margen de la ley sigue en pie y hace evidente el control y poder del que goza en el territorio.
¿Qué mensaje quiere mandar?
El fin de esta estructura armada parece no estar cerca. Cabe recordar que entre el 5 y el 9 de mayo, el Clan del Golfo intimidó con un paro a la población civil, hizo cerrar el comercio y dejó las calles vacías en 119 municipios del país, 30 de ellos en Antioquia.
Para Andrés Parada, investigador del Centro de Asuntos Públicos de la Universidad de EAFIT, “lo primero es que la organización criminal busca generar unos focos de atención particulares y por esto el interés de atentar contra la fuerza pública”.
El segundo elemento que resalta Parada toca el ámbito político. Según explica, en un escenario de transición de gobierno se crea una especie de suspenso en la estructura de seguridad, pese a que la Policía, el Ejército y otras instituciones permanecen activas.
De igual manera, hay que recordar que en la transición de gobierno que se menciona, se abrió la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias de sometimiento a los grupos al margen de la ley.
A pesar de que se detienen algunos cabecillas de las AGC o de que se les incaute cargamento de drogas, estos golpes no parecen tener la efectividad deseada.
Anteriormente, era usual que cuando a las estructuras de este tipo recibían un golpe como la captura y extradición del jefe máximo, al interior se presentaran disputas por el control, pero con el Clan del Golfo esto ha tenido sus particularidades.
“Es una de las innovaciones o características particulares de esta organización si uno las compara con algunas organizaciones sucesoras, y es que todavía no es claro quién es el que coordina a quién y pareciera que hay tres cabezas que son alias Gonzalito, Chiquito Malo y Siopas”, asegura Barrera.
Resalta que le parece llamativo que aparezca en este mando una persona como “Siopas”, que no tiene una larga trayectoria dentro de la organización, sino que viene de una experiencia de guerra dentro del frente 5 de las Farc y luego se pasó al Clan del Golfo.
Algunas fuentes le han manifestado a Barrera que buena parte de la generación que está haciendo los relevos de mando ha incorporado personal y capacidades heredadas de organizaciones guerrilleras como las Farc, “esto dinamiza y transforma el comportamiento del Clan del Golfo”, sostiene.
Tras la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización, al gobierno saliente se le había advertido sobre el peligro que implicaba no hacer presencia en las zonas donde esta guerrilla ejercía poder, pero poco se hizo al respecto, según la lectura del abogado Mauricio Urquijo.
“El Estado no ha entendido que estas organizaciones no funcionan como estructuras a las que se les corta la cabeza y se cae toda la organización”, afirma.
Por el momento, familiares y seres queridos de policías denuncian que esta ha sido una problemática a la que no se le ha prestado suficiente atención por parte del actual gobierno, ni del gobierno entrante.
¿Sirven las recompensas por los autores de los atentados?
Siempre que hay atentados de este tipo se repite la misma reacción por parte de la fuerza pública, pero, ¿qué tan efectivas resultan estas medidas?
“Reuniones, anuncios y recompensas no son medidas suficientes, las recompensas son un incentivo que no es tan fuerte en lugares donde el Clan del Golfo tiene un poder poblacional importante, incluso en zonas rurales donde son considerados la autoridad legítima y que regulan muchos de los asuntos de la vida comunitaria”, explica Barrera.
En el mismo sentido, Urquijo agrega que las recompensas no solo van direccionadas a la población civil, sino que también tratan de llegar a miembros de la estructura criminal para que “traicionen” estos altos mandos y arrojen a las autoridades la ubicación exacta de los buscados.
Esto es algo que el abogado crítica, pues en sus palabras no se trata de un plan que obedezca a una a una estrategia de enfrentamiento integral completo.
