El Consejo de Estado tomó medidas sobre el cobro de la tasa de seguridad el Valle del Cauca a través de las facturas de energía y declaró nula la ordenanza que autorizaba dicho recaudo.
Ante esta situación, una inquietud que ha surgido en varios sectores de la sociedad antioqueña es si dicha decisión del alto tribunal podría replicarse en el departamento.
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La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón que fue aprobada en el mes de diciembre por la Asamblea Departamental y que consta de aportes trimestrales de los sectores industrial, comercial y las residencias de estratos 4, 5 y 6.
Con este proyecto se busca recoger recursos para seguridad que deberán invertirse en infraestructura, movilidad y tecnología, además de dotar a policías y militares con instrumentos para mejorar su capacidad de respuesta ante las amenazas contra Antioquia.
Este cobro, que inclusive fue celebrado por el ministro de Defensa en la última Feria Aeronáutica Internacional celebrada en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, no tendría riesgo de ser anulada por el Consejo de Estado, según la consideración de algunos expertos en el tema.
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En comparación a lo sucedido en territorio vallecaucano, según conocedores del tema, Antioquia sí contaría con la habilitación legal suficiente para crear la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tal como lo indica el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022.
Dicha normativa establece que “los entes territoriales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, estén recaudando el tributo creado con fundamento en el artículo 8 de la ley 1421 de 2010, y cuyo hecho generador sea en el caso de los departamentos la suscripción a un servicio público domiciliario, o de los municipios, los bienes raíces, sujetos al impuesto predial, podrán continuar cobrándolo con base en las condiciones definidas en sus ordenanzas o acuerdos”.
Esa ley hace referencia a la capacidad de los departamentos y municipios para “aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio”, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1421 de 2010.
Otro sustento legal que indicaría, según expertos, que dicho cobro sí es permitido en el territorio antioqueño es la Ley 2200 de 2022 en el artículo 19 donde se mencionan las funciones de las asambleas departamentales, enfatizando en que una de ellas es “imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuentas territoriales de seguridad para fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento”.
Por último, la Sentencia C‑363 de 2023 confirmó que el Congreso sí delimitó el hecho generador, habilitando expresamente a los departamentos que vinculen la tasa a la suscripción de servicios públicos domiciliarios, como lo hizo Antioquia.
En el caso del Valle del Cauca, la alta corte determinó que la Asamblea Departamental carecía de competencia legal para establecer dicho tributo, luego de la aplicación de este cobro a los usuarios de energía eléctrica en el departamento desde 2016.
“A simple vista se evidencia que la disposición que sirvió a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para adoptar la Ordenanza Nº. 425 del 1 de agosto de 2016, tampoco contiene otros de los elementos estructurales del tributo: como el sujeto pasivo y la metodología para calcular la tarifa”, dijo el Consejo de Estado mediante su sentencia.
Justamente, esta semana, la Asamblea de Antioquia le aprobó al gobernador Rendón vigencias futuras por más de $176.000 millones que según la propuesta presentada por la gobernación buscan anticipar el recaudo futuro de la polémica tasa de seguridad, de modo que el gobernador tenga disponibilidad inmediata de recursos para ejecutar las obras y estrategias que, según Rendón, hacen parte del programa de seguridad departamental.
A pesar de la aprobación casi unánime, esta propuesta para comprometer a miles de millones de las arcas departamentales está provista de serios cuestionamientos. El diputado Luis Peláez, por ejemplo, planteó que el hecho de que la Gobernación pretenda gastar plata cuyo ingreso es incierto, pues la Tasa de Seguridad apenas está empezando a cobrarse —apenas hace unas semanas llegaron a los ciudadanos involucrados la primera factura—.
Además, recordó el diputado, actualmente hay cinco demandas de legalidad en curso en contra de dicha tasa. “Si la gente termina no pagando o si el Tribunal tumba ese impuesto, ¿qué hacemos? Porque los contratos los van a firmar y va a ser entonces una deuda contra el presupuesto con un posible detrimento patrimonial. Eso es lo que está arriesgando el Gobernador”, cuestionó Peláez.
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