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¿Deben los jueces “remar” para el mismo lado de los gobernantes?

  • Alias “el Gago” cuando fue capturado. Horas después fue dejado en libertad por un juez. FOTO CORTESÍA
    Alias “el Gago” cuando fue capturado. Horas después fue dejado en libertad por un juez. FOTO CORTESÍA
Por Santiago Cárdenas Herrera | Publicado el 24 de abril de 2019

“O remamos para el mismo lado o nos jodemos”, fueron las palabras del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras conocer el fallo a principios de mes que dejó en libertad a Yorman Andrés Villa, alias “el Gago”, investigado por la desaparición y muerte de tres jóvenes en la comuna 13 de Medellín.

De acuerdo con el juez, no hubo suficiente “inferencia razonable de autoría”, para enviar a Villar Arias a la cárcel. ¿En qué se basó el juez? Que el detenido no tenía alopecia (pérdida del cabello) en la parte posterior de su cabeza y que no tenía un tatuaje con la figura de un rostro de un bebé en el pecho.

“Son dos características que dejan duda de la identidad de la persona... Y la duda debe resolverse a favor de” Villa Arias, anunció el juez. Reconoció además, conociendo las críticas que se venían por su decisión, que entendía los esfuerzos “de la Fiscalía y la Alcaldía por buscar a los responsables de este atroz crimen” y que su decisión ameritaría “escandalizarse”. “Lo digo y lo reconozco. Porque ya me imagino los titulares de prensa. Pero también debo indicar que la presunción de inocencia es un principio fundamental”, insistió. La Fiscalía y los representantes de las víctimas, en este caso la Alcaldía de Medellín, apelaron la decisión del juez.

Un día después, los familiares de las tres víctimas Andrés Felipe Vélez, Santiago Urrego Pérez y Jaime Andrés Manco se mostraron indignados con la decisión judicial. “Nuevamente la institucionalidad nos ha fallado; no se pudo evitar la dolorosa muerte de nuestros hijos, y ahora vemos como se esfuma la posibilidad de que los autores sean judicializados y respondan por los terribles hechos que cometieron, y que nos han generado mucho dolor”, afirmaron las familias en un comunicado.

Mientras el alcalde de Medellín reaccionó el mismo día en la noche. “Aquí los resultados se dan, pero no puede seguir pasando que cogemos fleteros y asesinos y para la calle. Esto no puede seguir siendo una puerta giratoria. Aquí se ha demostrado que hay operatividad, pero lo que necesitamos es que cuando sean capturados vayan a donde tienen que ir y no de nuevo a las calles”, cuestionó Gutiérrez ante los medios de comunicación.

Esta no es la primera vez que el mandatario critica las actuaciones de los encargados de imponer justicia. En 2017 también llegó a a cuestionar que a peligrosos criminales les dieran casa por cárcel en los mismos barrios donde delinquían. “Aquí justo en el corregimiento de Altavista el Ejército captura a alias ‘Camilo’ en altas horas de la noche, estaba armado y le dan casa por cárcel en la misma zona. El tema para que esto funcione es que tenemos que remar todos para el mismo lado y es un pedido que hemos hecho todos los alcaldes del país y por supuesto la comunidad”, afirmó el alcalde en su momento, lo que obtuvo otra respuesta de los jueces.

Hay que señalar que en Medellín se han capturado por diferentes delitos este 2019 a 6.992 personas (71 de ellas por homicidio), de las cuales han recibido medida de aseguramiento 754, 532 están en la cárcel y 222 con detención domiciliaria.

De esa cantidad de capturados van 135 cabecillas y más de 3.000 integrantes de estructuras criminales. Esas personas que han entrado al sistema carcelario, el cual registra un hacinamiento en Antioquia del 82,24% según datos de la Procuraduría, son otro problema pues existen también altos índices de reincidencia.

¿A qué se debió ese interés particular del alcalde en dicho caso? Algunos analistas como Jaime Arrubla, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, argumentan que Gutiérrez “trata de hacer impacto en la seguridad por razones políticas”, pues como todo gobernante quiere demostrar resultados en sus políticas de seguridad. Pero tampoco hay que desconocer otros aspectos que aumentan el interés del funcionario.

Cabe señalar, que la Alcaldía de Medellín tiene un sistema de atención a víctimas de delitos de alto impacto, que viene de administraciones pasadas. Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos y quien lidera esta unidad, afirma que en esta clase de casos, como la desaparición forzada de tres jóvenes de la comuna 13, se hace un acompañamiento a la familia desde lo psicológico, jurídico y se representa en el proceso penal a las víctimas.

Explica que las familias les dan el poder a los abogados y en las audiencias estos trabajan de la mano de la Fiscalía en el litigio estratégico para lograr una condena del victimario. “Son los ojos de la Alcaldía en los procesos penales y coayudar a la Fiscalía para que estos casos no queden en la impunidad y se logren tener las condenas más altas”, sostiene el funcionario.

¿A qué tipo de víctimas representa la Alcaldía y por qué a otras no? Esta unidad de atención, como ya se dijo defiende a las familias víctimas de delitos de alto impacto como desaparición forzada, extorsión, homicidio agravado, feminicidio, delitos sexuales, amenazas a defensores, reclutamiento y uso de menores de edad en el mundo criminal.

Según datos de la Alcaldía, esa unidad ha brindado acompañamiento a más de 900 personas en un promedio de 300 procesos penales por año, y se han logrado indemnizaciones por 3.000 millones de pesos para esas víctimas. Este 2019, según esos mismos datos, se han alcanzado 10 condenas en delitos de alto impacto que oscilan entre 50 y 420 meses de prisión.

Cabe señalar además que Medellín no es la única ciudad que adelanta esta clase de acciones. La Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, se compromete también en casos de violencia sexual contra mujeres, menores de edad y víctimas de ataques con ácido.

Un problema regional

Ese debate entre funcionarios y jueces no termina ahí, el pasado martes la gobernadora (e) de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, anunció que este año el 91% de los 568 detenidos en el municipio de Bello han sido dejados en libertad. Algo que choca contra la operatividad registrada, según la funcionaria, por la Policía y la Fiscalía.

“Es lamentable que en la operación que se vivió, donde tuvimos 568 capturados, haciendo un análisis encontramos que el 91% de estos capturados fueron dejados en libertad. De estos, quedaron 21 con detención domiciliaria y otros 20 en cárceles”, explicó la funcionaria contrariada con lo que viene ocurriendo en este municipio del Norte del Valle de Aburrá, el cual aumentó 153% los casos de homicidios.

¿Está pasando algo al interior de la justicia o es interferencia de los gobernantes de turno? La Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia respondió rápidamente sobre las declaraciones del alcalde exigiendo “respeto al principio de constitucionalidad de la autonomía e independencia judicial” y calificando sus palabras como una “indebida injerencia”.

Del mismo modo, le recordó al ejecutivo que las decisiones se ajustan al debido proceso y que si no se está de acuerdo con ellas existen instancias para controvertirlas, como lo hizo la Fiscalía y la representación de las víctimas en el caso de “el Gago”. Por último, criticaron que las controversias se llevaran a los medios de comunicación.

En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Medellín se refirió a las declaraciones del burgomaestre. “Los imperativos constitucionales y legales impiden que los funcionarios judiciales “remen del mismo lado de las pretensiones gubernamentales, salvo que el derecho y las pruebas le otorguen la razón”, insistieron.

“Lamentamos que se empleen figuras retóricas para desdibujar la naturaleza de la función judicial que no está concebida para congraciarse con los medios de comunicación”, cuestionaron finalmente al mandatario.

¿Deben “remar” los jueces para el mismo lado?

Camilo Burbano, exdirector del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, afirmó que las declaraciones del alcalde y la gobernadora (e) son un problema clásico. “La posición de las autoridades es clásica, pero hay que decir dos cosas al respecto. Primero que uno no puede poner medidas de aseguramiento a diestra y siniestra por varias razones, la primera porque no solucionan el problema de seguridad. Y segundo porque los jueces tiene la opción de imponerlas de una manera amplia”, afirma el experto.

Esto quiere decir que la Fiscalía debe probar que la persona necesita ser enviada a la cárcel porque se puede fugar, va a obstruir la justicia (comprar testigos o pruebas) o que la persona es un peligro para la sociedad o la víctima. “La medida de aseguramiento no es una pena, no está hecha tampoco para evitar la delincuencia, sino que es una medida cautelar para evitar estas tres cosas”, explica Burbano.

En nuestra constitución los jueces están protegidos por un principio que es la independencia judicial. Cualquier afectación de otro poder, entiéndase el Ejecutivo, es una interferencia indebida, argumenta el experto. “No se trata de presionar a los jueces para que remen al mismo lado que nadie, porque los jueces deben remar al lado de la ley”, agrega.

En el mismo sentido opina Jaime Arrubla, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. “Es exactamente lo mismo que se vivía en mi época cuando yo era presidente de la Corte Suprema (2010-2011). Una vez hicimos la misma reunión con el alcalde, Alonso Salazar, y la queja era lo mismo que capturaban a los ladrones y los jueces los soltaban”, relató.

“Nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba, y era que se hacían mal las detenciones, los informes no cumplían con los requisitos elementales de garantías. ¿Y qué tenía que hacer el juez? dejarlo libre. Es que hay unas garantías constitucionales. Si las pruebas no son claras y evidentes, y el informe no está bien hecho, el juez de garantías no tiene otra alternativa que soltarlos”, sostuvo Arrubla.

En ese entonces, lo que hizo el expresidente del alto tribunal fue asesorar a la Policía para que no fallara en los procedimientos. “Ellos no sabía hacer la documentación adecuadamente para que el juez tuviera la base sólida para que la persona fuera detenida”, cuenta Arrubla.

“Hay que ver qué ha pasado en estos casos que el alcalde dice, pero yo me resisto a creer que un juez lo suelte porque le da la gana, porque se iría a la cárcel también. Los jueces no reman sino para el lado de la ley. El juez tiene que mirar la prueba y mirar la ley, no mirar el efecto político. No puede tirar para el mismo lado de los gobernantes “, reitera el jurista.

Arrubla sostiene además que los gobernantes deben respetar el sistema judicial y dar ejemplo para no desacreditar la justicia ante los ciudadanos. “Ese es el primer deber que tiene un jerarca administrativo llámese alcalde, gobernador o presidente”, insiste.

Burbano, por su parte, llama la atención en otro punto y es que los funcionarios no deberían conocer los pormenores de un caso, que solo debe ser de conocimiento de la Fiscalía. “Está bien que la Fiscalía tenga una colaboración armónica con las autoridades, porque eso también es constitucional, pero son actos reservados. Son injerencias que tienen que ser mucho más medidas y cuidadosas”, concluyó el experto.

¿Cómo resolver el problema?

El pasado martes la gobernadora (e) de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, afirmó que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, prometió reunirse con el Consejo Superior de la Judicatura para analizar la situación. “Porque los recursos invertidos del fondo de seguridad y el trabajo de todas las autoridades se quedan entonces a mitad de camino”, insistió la funcionaria.

“La Secretaría de Gobierno de Antioquia, en unión de los directores de fiscalías de Medellín y Antioquia, se reunirá (este lunes 29 de abril) también con el director del Consejo Superior de la Judicatura y con los jueces penales de garantías quienes son los que toman dichas medidas. Esto con el fin de juntar nuestras competencias, respetando la autonomía, para mirar si es que los jueces deben ser capacitados o nosotros, los de policía judicial, para que esto no pase en Medellín, Antioquia y las subregiones”, concluyó la funcionaria.

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, asegura que esta clase de debates permiten revisar que los jueces y fiscales se documenten más para que estas situaciones no se presenten.

“Un caso de estos tan emblemático, como la desaparición de tres jóvenes, tiene un significado muy alto y es mandar un mensaje a la sociedad. El alcalde se reunió con las familias, les comunicó cuando logramos encontrarlos, fue una situación muy triste. Después ordenó encontrar a los culpables y ahí es donde queda ese esfuerzo. Sabemos que hay que respetar el debido proceso y vamos a seguir avanzando para lograr una condena justa y ejemplar”, concluyó.

Contexto de la Noticia

Santiago Cárdenas Herrera

Periodista de temas de actualidad en el área digital, comunicador social y periodista con estudios de maestría en Ciencias Sociales.

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