La promesa de unos jugosos honorarios por la defensa de un acaudalado coronel retirado, implicado en un proceso por lavado de activos, terminó en un engaño para dos abogados penalistas de Medellín, víctimas de una novedosa modalidad de estafa diseñada exclusivamente para los que ofician el derecho.
La historia comenzó el pasado 5 de febrero, cuando un reconocido jurista de la Costa Atlántica fue contactado por teléfono por un hombre, quien se identificó como Carlos García García, supuesto coronel retirado del Ejército.
Para darle credibilidad a su farsa, se valió de un hecho real, ampliamente difundido por los medios de comunicación el día anterior: dijo que había sido capturado en la misma operación en la que la Policía arrestó a 12 presuntos integrantes de la banda “los Urabeños”, incluyendo a la esposa de “Otoniel”, el máximo líder del clan y el narcotraficante más buscado de Colombia.
Añadió que lo habían apresado en su finca de Amalfi, Antioquia, y que lo tenían en la estación policial de ese pueblo hacía cuatro días, esperando un helicóptero que lo trasladaría a Medellín. Por tal motivo, le pidió al abogado costeño que le recomendara unos buenos defensores en la capital antioqueña.
Así fue que el sujeto llegó hasta el par de víctimas de esta trama, quienes de entrada creyeron los embustes porque venía referido de un colega de la Costa. El embaucador repetía con frecuencia “por plata no se preocupen” y les expresó que tenía múltiples contactos en altas esferas, que un senador le debía favores y que él lo estaba buscando para que le ayudara en esta situación.
Hizo un recuento de su fortuna y propiedades, para dar la impresión de que era millonario, pero de muy bajo perfil. Los abogados se fueron enganchando en la mentira, porque este tipo de clientes pueden llegar a pagar hasta $500 millones por una defensa penal.
Para reforzar el cuento, a los pocos minutos llamó el supuesto administrador de los bienes del coronel. Les pidió un número de cuenta bancaria para consignar al día siguiente $15 millones, para sus gastos logísticos y de representación en la primera etapa de la defensa.
Y en breve se unió un tercer personaje al complot. Llamó otro hombre, presuntamente desde Cali, dijo ser asesor legal del coronel y se identificó como exmagistrado, de apellido Grajales. Les pidió a los juristas la dirección de una oficina para enviarles los CD con los audios de las audiencias de control de garantías que le habían hecho al militar pensionado.
“Este señor hablaba con muchísima propiedad del tema y era conocedor de la terminología jurídica”, contó uno de los perjudicados a EL COLOMBIANO.
En un lapso de tres horas, los penalistas recibieron al menos 10 llamadas, en las que el coronel, el tal exmagistrado y su supuesto administrador se alternaron, para intercambiar información. En una de esas ocasiones, el falso militar les dijo: “Miren, yo los estoy llamando porque un vendedor de minutos me está ayudando, pero él dice que por todo esto y una comida que me trajo, me cobra $250.000 y no tengo efectivo porque me sacaron de la finca sin nada”.
Los abogados, pensando en el servicio al cliente y sus ganancias futuras, le consignaron el dinero a través de un puesto de Gana, a nombre de la mujer del supuesto vendedor de minutos, según datos entregados por el administrador. Después le transfirieron $20.000 en recargas de minutos de celular, con lo cual su cliente se sintió muy complacido.
El engaño continuó y el coronel advirtió que lo iban a trasladar en un helicóptero, pero que gracias a sus contactos en el Senado, logró que lo llevaran a un patio decente de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Su delegado pidió que les consignaran otros $694.000, a nombre de la supuesta dueña de un caspete en las afueras de la prisión, para la compra de colchonetas, cobijas y elementos de aseo personal.
Antes de hacerlo, los abogados contactaron al Inpec para que les informara la celda de reclusión, y desde la entidad les informaron que no había registro para el ingreso de un interno de esas características. Las víctimas sospecharon. Hicieron una búsqueda en internet y tampoco hallaron rastro del personaje que los estaba “contratando” ni del operativo de captura.
Y al analizar el récord de llamadas, notaron que algunas de las que hizo el exmagistrado provenían del mismo teléfono que usaba el militar, cuando les habían dicho que uno estaba en Cali y el otro en Amalfi. “Nos tumbaron”, dedujeron, mientras el teléfono seguía sonando con insistencia.
Al contestar, le dijeron al administrador que lo iban a denunciar. “No pues, qué miedo, hijueputas”, los desafió el timador.
La hipótesis de los afectados es que se trata de una estafa carcelaria, fabricada por internos de alguna prisión, un fenómeno criminal que se multiplica en Colombia.
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