El tráfico de explosivos para la minería se ha vuelto tan lucrativo en Antioquia, que a los delincuentes les deja más ganancias monopolizar ese mercado negro que extorsionar a los dueños de los yacimientos.
El fenómeno se incrementó desde 2016 en las subregiones del Nordeste y Occidente, donde el explosivo Indugel, el cordón detonante, la mecha lenta y los detonadores (estopines) se comercian de manera clandestina por un valor hasta cinco veces superior al precio real.
Esto sucede pese a los exigentes trámites que las autoridades imponen al negocio, lo que demuestra el grado de sofisticación de los traficantes, pues por debajo de la vigilancia de entes administrativos y militares están moviendo grandes cantidades de Indugel, una sustancia gelatinosa fabricada por Indumil, destinada a la explotación minera, demoliciones y obras civiles.
En lo que va de este año, el Ejército ha decomisado 3 toneladas en Antioquia y la Policía 4.5, para un total de 7,5 toneladas; significa que, en promedio, cada día se incautan 51,7 kilos de este agente explosivo, que por ley solo pueden comprar a las brigadas las empresas formales que tienen título minero o las de ingeniería que cuentan con permisos legales. ¿Entonces, cómo es que llega a manos de los mineros informales y las bandas criminales?
Monopolio del terror
El 14/9/16 un pelotón detuvo a dos hombres en la vereda Tinajitas, de Buriticá. El arriero Jorge Durango y el minero Harold Quintero transportaban, a lomo de mulas, 1.600 barras de Indugel, 2.000 metros de mecha y 100 detonadores, sin permisos legales. Con esa cantidad, según el informe de los militares, podían excavar hasta 1.200 metros de túnel en una bocamina.
Con base en los seriales con los que están marcados estos elementos, los investigadores repasaron la trazabilidad y determinaron que originalmente fueron vendidos a una empresa de minería formal del municipio de Remedios, el 22/6/16.
El expediente de la Fiscalía indica que “personas que tienen título minero adquieren el explosivo en Indumil y en ocasiones lo revenden de manera ilícita a otros mineros que no tienen ni permiso de explotación ni contratos de cesión de explosivos. Situación que ha generado el control y comercialización de los explosivos por los grupos criminales, dada su gran rentabilidad, entre ellos el ‘Clan del Golfo’”.
El 12 de noviembre siguiente, en una casa del mismo minero Harold Quintero, en el corregimiento Cativo de Santa Fe de Antioquia, la Policía encontró 1.2 toneladas de Indugel y 13.800 metros de mecha lenta. Esta vez les habían borrado el serial, por lo que no fue posible verificar la trazabilidad.
Los descubrimientos continuaron en enero. El día 14, en la finca Playa Rica de Segovia, capturaron a Alberto Botero y Ferney Pérez, con 2.7 toneladas de Indugel, 500 metros de mecha y 3.700 estopines. Les encontraron elementos para borrar seriales: una lámpara fluorescente, para ver las marcaciones “invisibles”, y un cautín, con el que se queman los números, en una riesgosa operación que podría estallar el material.
Y el día 28 en la vereda El Pinguro, de Giraldo, las tropas llegaron a otra guarida, donde en 25 canecas enterradas había 1.6 toneladas del explosivo.
Para las autoridades, los citados hallazgos están relacionados con las actividades de la banda “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo”, que además de narcotraficar delinque en las regiones con yacimientos auríferos. Según investigadores judiciales, desde hace una década cobra a los mineros el 10% de su producción (a esta vacuna le dicen “diezmo”), extorsiona a cada contratista de la obra, cobra por cada máquina, por vigilancia ilegal y hasta exige participación en la sociedad minera, lo que en el argot se denomina “puestos”. Fernely Guevara Pérez (“Manuel”), un cabecilla de la facción en el Nordeste, detenido el año pasado, tenía 12 puestos en minas.
No contentos con este botín, están incursionando en el monopolio del tráfico de explosivos. Por un lado, “vacunan” a los revendedores de este insumo, y por el otro, obligan a los mineros informales o a los “machuqueros” (ladrones de minas) a comprarles únicamente en sus sitios de acopio –bodegas artesanales en el monte-, con los precios fijados por ellos.
Los investigadores conocieron esa contabilidad por datos obtenidos en los operativos de Santa Fe de Antioquia y Segovia. En estas acciones decomisaron cuadernos que registraban reventas a 60 empresas mineras, con ganancias superiores a los $1.000 millones mensuales.
En el mercado negro, la unidad mínima de venta suele ser una “mano”, que consta de 154 barras de Indugel, dos rollos de mecha (500 metros) y dos cajas de detonadores (200 unidades). Cada “mano” los delincuentes la venden a $4’200.000, mientras que en el comercio legal esa cantidad cuesta $750.000 (exceden el precio 5.6 veces más).
“Estos grupos monopolizan ese material. Quien no les compre es expulsado de la región. Los pequeños mineros informales también somos víctimas de ese tráfico ilegal”, indica Rubén Gómez, secretario General de Conalminercol, la agremiación de pequeños y medianos mineros, y de los que están en proceso de formalización.
¿Dónde está la fuga?
Las investigaciones están dispersas en múltiples despachos judiciales, enfocados en la lucha contra las bandas, el terrorismo y el medio ambiente. Hasta ahora no hay ningún traficante o broker (comisionista) detenido, tan solo han arrestado a los transportistas y personas sorprendidas con mercancía; la Policía ha capturado a 47 este año.
La pregunta del millón es: ¿en qué momento de la transacción legal se desvían estos insumos hacia manos ilegales?
“Ese tema es vedado, se maneja con absoluta discrecionalidad”, comenta el asesor jurídico minero Alexánder Restrepo. Y añade: “me genera inquietud que las empresas legales tienen gran dificultad para adquirir ese material, los controles de las Fuerzas Militares son muy amplios, tiene que haber una fuga interna o externa muy eficiente, porque los controles que tienen que evadir son altos”.
Entre las teorías de la Fiscalía, apenas en etapa de indagación, figura que al parecer hay mineros legales, con autorización para comprar el explosivo, que revenden excedentes y falsifican la contabilidad. En otros casos, quienes hacen la reventa son firmas subcontratadas para la explotación, que obtienen el insumo del contratista principal; también se analizan episodios de venta legal a mineros cuyo socavón no está en funcionamiento, y otros en los que compañías sancionadas cambian de razón social para seguir comprando con nueva fachada.
El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, dice que “hay empresas dedicadas a obras civiles que compran explosivos, no puedo dar nombres, y por falta de control, o por lo que sea, se les pierde, o hay más cantidad de lo requerido y esos excedentes llegan al mercado negro”.
Según él, 80% del material decomisado iba destinado a minería ilegal y el resto a actividades terroristas.
Otra modalidad involucra a servidores públicos encargados de destruir lo incautado. El pasado 22 de febrero fue capturado el patrullero Ferley Cardona Cortés, de la Sijín de Antioquia, con el civil Diego Viana López. En un allanamiento a una casa del barrio El Volador de Medellín, les incautaron 288 cartuchos de Indugel, cuatro rollos de mecha, 3.700 detonadores, dos revólveres y 11 granadas.
Los explosivos decomisados al policía provenían de las 2.7 toneladas incautadas en Segovia, de las cuales las autoridades destruyeron un lote el día anterior en Guarne.
No es la primera vez que un miembro de la Fuerza Pública es investigado por desvíos de recursos similares. En 2014, el Grupo de Acción para la Transparencia del MinDefensa abrió un proceso disciplinario contra 19 integrantes de la Cuarta Brigada, presuntamente involucrados en el desvío de dineros que las compañías pagan por la escolta militar al transporte de explosivos. Diez funcionarios fueron relevados del cargo.
Las indagaciones también apuntaban a averiguar qué pasó con 2.156 barras de Indugel adquiridas por Continental Gold, que estaban almacenadas en el batallón Pedro Nel Ospina y se perdieron.
De las diferentes modalidades de abastecimiento del mercado negro, la menos común es el robo en los polvorines de las minas, como solían hacerlo las Farc en la década pasada. Fiscales e investigadores consultados por este diario señalan que no conocen denuncias actuales sobre ese delito en la región.
“Eso no es rutinario – opina el abogado Restrepo -, más bien se dan ‘desangres’ antes que robos, más que todo en pequeñas y medianas empresas. Usurpan remanentes del 5% o 10%, cosa que no afecten mucho los inventarios. O pueden ser imposiciones de bandas, que fijen el pago de la extorsión con explosivos (lo que nadie denuncia)”.
Situación que desborda
El pasado 22 de mayo, en la sede de la Brigada 14 en el municipio de Puerto Berrío, se discutieron estrategias para mitigar el fenómeno, con participación de delegados de Indumil, el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA), Batallón de Contrainteligencia y las Brigadas 4 y 14. EL COLOMBIANO estuvo allí.
La junta se realizó en esa guarnición porque, según el gerente (e) de Indumil, coronel Néstor Espitia, la brigada de Puerto Berrío abastece las empresas de Segovia, “y según los reportes de trazabilidad la mayoría de quejas tienen que ver con el material que se despacha desde aquí hasta allá”.
Varias leyes regulan el comercio de explosivos. El Decreto 334 de 2002 especifica que las compañías deben contar con visto bueno del MinMinas, la autoridad ambiental y el DCCA, un título minero, plan semestral de operaciones, permiso para transportar explosivos, un polvorín que cumpla condiciones de almacenaje y un larguísimo etcétera de papeleo. Mineros consultados cuentan que las diligencias para “tener la carpeta” y comprar el insumo pueden tardar seis meses.
El DCCA finalmente autoriza la venta y a las brigadas les corresponde vigilar el transporte y hacer visitas a los frentes de trabajo para chequear el almacenaje y uso del explosivo, e inspeccionar las actas.
“El problema no es de la guardia hacia atrás, sino hacia adelante. La fuga arranca a partir de las minas, porque las bandas han visto en ellas una fuente de financiación; no sale de la operación comercial, sino de la operación minera”, argumenta el gerente (e) de Indumil. Agrega que no conoce de investigaciones actuales sobre militares implicados en el negocio ilícito.
El coronel Javier Africano, jefe de Estado Mayor de la Brigada 14, señala que hay vacíos en los controles posteriores a la compra y que se requiere un compromiso mayor de otras entidades, porque “estamos supeditados a lo que las empresas nos reporten”. En su jurisdicción solo cuenta con un suboficial capacitado para hacer las visitas a 80 minas y algunos socavones están a nueve horas de camino, y eso dificulta la tarea.
El viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, recuerda que el Ministerio no actúa directamente en el proceso de permisos para uso de explosivos ni cuenta con información sobre los seriales. “Solo se verifica que se cumpla con lo establecido en su plan de trabajos y obras, que existe un polvorín y los procedimientos respectivos, pero el que hace visitas de seguimiento, por competencia y por razones de seguridad nacional, es el sector defensa”, reitera.
En teoría, si una empresa es sospechosa de tráfico ilegal, debe recibir sanciones penales. El artículo 366 del Código Penal contempla cárcel de 11 a 15 años para quien trafique explosivos, pero en la práctica este cargo solo se ha imputado a tenedores de la mercancía. Las compañías indiciadas, cuyos nombres se niegan a suministrar las autoridades, apenas recibieron contravenciones, como el bloqueo para adquirir el Indugel.
“Tuve que bloquear la carpeta a nueve empresas, porque se detectaron irregularidades en la trazabilidad. Esto ha generado malestares en algunos mineros”, narra Africano.
Según Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el mercado negro está afectando el bolsillo de las empresas de mayor tamaño. “El DCCA bloquea el cupo para compra de explosivos, hasta no hacer una investigación, cada vez que encuentra explosivo en minas ilegales, lo que afecta los planes de producción de las empresas formales. Incrementan los costos de transporte y seguridad de estos insumos, para prevenir que lleguen a manos de la ilegalidad”.
Entre las medidas que analiza Indumil para frenar el tráfico, está el diseño de detonadores más sofisticados, difíciles de usar para gente no calificada; mejorar la grabación de seriales y entregar el insumo en el propio frente de trabajo, como hacen algunas cementeras.
El problema social
La amplia informalidad del sector minero es caldo de cultivo para el crecimiento del mercado negro. Según Gómez, de Conalminercol, el Gobierno tiene responsabilidad en esto.
“El Gobierno se ha negado a facilitar este insumo (a pequeños mineros), aun estando en proceso de formalización, que le permitiría identificar quién está usando estos explosivos. Lo que hicieron fue crear un mercado negro, que no solo beneficia a los actores armados, sino también a mineros en condición de informalidad”, aduce.
Frente a la restricción, los informales recurren a explosivos artesanales, como el “polvo loco”, que por su inestabilidad ha provocado decenas de muertes y amputaciones, desde que se popularizó en 2013.
La situación tardará en mejorar, si se tiene en cuenta que la formalización de un minero es engorrosa. Según Gómez, mediante diferentes decretos se iniciaron estos trámites en 1988, 2001, 2010 y 2014, y todavía está pendiente la legalización de los trabajadores. “Nos ofrecen subcontratos de operación, pero a los subcontratistas tampoco les aprueban explosivos, porque las autoridades ambientales no han resuelto el tema de los licenciamientos diferenciados”, se lamenta.
Las quejas también llegan de mineros formales. Uno de ellos, pidiendo la reserva de su identidad por temor a represalias en su territorio, reconoce que “hoy es más fácil conseguir explosivos para los delincuentes, que para los que tenemos un título minero en regla”.
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empresas tienen carpeta en la Brigada 14 y pueden comprar el explosivo Indugel.
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compañías tienen carpeta en la Cuarta Brigada: 25 son mineras y 17 de obra civil.
