“Le doy 100.000 pesos por las candongas que sí son de oro y como por colaborarle le recibo este reloj y el iPod por 50.000 pesos más”. Esa fue la oferta del hombre que se encontraba detrás del mostrador de una prendería en Castilla.
Sobre la factura de compra del aparato, que ni siquiera se encontraba en su caja, sino en una bolsita de tela de las que se usan para guardar gafas, no hubo ni el mínimo requerimiento. “¿Y trajo el cargador del iPod?”, fue la única pregunta que añadió. Aunque la respuesta fue negativa, aún así indicó que accedería a recibirlo.
“¿El celular es suyo?”, respondí que sí. “¿Está a su nombre?”, nuevamente indiqué que sí. “¿Tiene la factura?”, dije que no. Poco importó. “¿Pero trajo el cargador?”, se apresuró a preguntar el hombre detrás del mostrador, pero esta vez en una prendería en Moravia. Ofreció 100.000 si era para empeñarlo, y 150.000 si era para vendérselo. La factura no la volvió a nombrar.
“Por las candongas, el reloj y el iPod le doy 150.000 pesos. Eso es lo mejor que puedo arreglarle”. Esa fue la última palabra del sujeto que atendía en una prendería en la carrera Bolívar, en pleno centro de la ciudad. Sobre los recibos de compra de estos tres artículos, ni una sola palabra. Eso sí, a recibir el teléfono móvil se negó inmediatamente. “Con celulares no trabajamos. Eso trae muchos problemas legales. Si usted no trae la factura me embalo yo”, indicó tajantemente. Fue el único.
Un total de 403 elementos de ilegal procedencia han sido incautados por las autoridades en operativos efectuados en prenderías del Valle de Aburrá este año.
El dato fue aportado por el jefe del Grupo Investigativo de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Sijin, capitán Ángelo Vivas.
“Casi a diario se realizan controles en las compra-ventas. Tenemos funcionarios dedicados exclusivamente a estos controles”, explicó.
Vivas admitió que las prenderías son establecimientos que podrían ser utilizados por los ladrones para deshacerse de objetos robados a cambio de dinero.
“Esto se puede combatir haciendo un buen trabajo de concientización a las personas de las compraventas, porque con eso vamos a parar mucho el fenómeno del hurto. El primer control sobre la legalidad de lo que reciben lo pueden ejercer ellos mismos al exigir factura de lo que llevan a empeñar”, dijo.
Estuvo de acuerdo en que también sería de gran ayuda que desde el legislativo se dictara alguna ley que regule la actividad de estos establecimientos y que los obligue a contar con la factura de todo cuanto reciben.
No generalizar
“No se puede generalizar sobre el hecho de que todas las prenderías estén comprometidas con la venta de elementos hurtados, pero siempre hay una preocupación de que estos establecimientos sean legales, que cumplan con los requisitos, que cuenten con todos los soportes y con todo el tema de facturación, que deben poseerlo”, advirtió el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Sergio Vargas Colmenares.
Agregó que en las intervenciones a las prenderías no solo se verifica la legalidad del establecimiento, sino también la licitud de los artículos que reciben.
“Si la Policía llega y encuentra un celular hurtado, inmediatamente el aparato queda incautado y la persona vinculada por el delito de receptación”, dijo.
Según el artículo 447 del Código Penal, comete este delito quien “adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar su origen ilícito”. La pena es de 2 a 8 años de prisión.
Vivas también advirtió que no se debe generalizar, pero no negó que en algunos casos puede haber complicidad entre ladrón y prendería. “Es difícil decirlo, pero sí puede existir”, dijo.
Al ser consultados sobre los controles a los que son sometidos, los encargados de dos prenderías del suroccidente de Medellín, que fueron seleccionadas al azar, se negaron a dar detalles.
Vender lo que reciben
La actividad que se lleva a cabo en las prenderías está prevista en el artículo 1939 Código Civil. “Jurídicamente lo que hay en las prenderías es una venta con pacto de retroventa”, explicó Juan Pulgarín, abogado de Fenalco.
La figura legal en cuestión consiste en que el vendedor tiene la posibilidad de recobrar el objeto que vendió, reembolsándole al comprador la cantidad que de común acuerdo hayan pactado.
En un recorrido efectuado por varios establecimientos de compra-venta ubicados en diversos sectores de la ciudad, se verificó que la prenderías cobran un interés mensual de entre el 5 y el 15 %. El tiempo para recuperar el artículo es en principio de 4 meses.
Si la persona que empeña el artículo no acude a más tardar al cuarto mes a pagar al menos los intereses, entonces pierde el objeto.
El contrato
Antonio* también fue a varias prenderías. No iba a empeñar nada. Fue buscando un objeto que era suyo y lo encontró: halló en uno de estos establecimiento, puesto para la venta, un equipo de sonido de su propiedad, que había vendido a través de un portal en internet y que le pagaron con un cheque sin fondos. Con su factura de compra en la mano, su denuncia ante la Fiscalía y un policía al lado logró que, sin tener que pagar un solo peso por lo que era suyo, le entregaran el aparato.
Las prenderías procuran librarse de responsabilidad en cuanto a la licitud de lo que reciben mediante el contrato que firma la persona que llega frente al mostrador a empeñar o vender algo.
En estos establecimientos usan una especie de talonario, generalmente con no más de 7 cláusulas. Aunque la forma en la que están redactados estos recibos puede variar, siempre se hace referencia a que el artículo entregado “fue obtenido lícitamente por el vendedor, lo poseía de manera regular, pública y pacífica, era de su exclusiva propiedad y está libre de cualquier gravamen”.
En la práctica, con la firma de este recibo, la necesidad de un factura de compra del producto a nombre de la persona que llega con él a empeñarlo o venderlo parece quedar anulada. Probablemente eso fue lo que ocurrió con el equipo de sonido de Antonio, solo así se explica que pudo ser recibido de manos de quien no era su propietario.
*El nombre ha sido cambiada por razones de seguridad.
