Alias “Tavo” se derrumbó en el mueble de la sala, mientras veía cómo los celadores entraban y salían del cuarto principal del apartamento, turnándose para torturar a las víctimas. Oía los gemidos ahogados de los esposos y, nervioso, destapó la primera botella de licor. Solo allí supo la cruda verdad: no lo trajeron para cometer un robo, aquello era una invitación a matar.
El testimonio de este hombre, Gustavo Adolfo Vélez Arango, es pieza clave para esclarecer los asesinatos en Medellín del comisionista de bolsa italiano Marco Rallo y su cónyuge, la abogada María Clara Uribe Zárate, y ha derivado en el arresto de otros tres sospechosos.
Los pormenores de la historia fueron narrados por el fiscal 31* de la Unidad de Vida de la Fiscalía, en la audiencia de garantías de Juan David Mejía Vallejo, el último de los detenidos.
Uniendo las pistas
En la madrugada del 8 de noviembre de 2014, una misteriosa mujer llamó a la Línea 123 y alertó a la Policía sobre un carro en el que transportaban un muerto y 500 millones de pesos.
Minutos después, otra llamada informó sobre el avistamiento de un cadáver en la Variante Las Palmas. Era una dama sin identificar, con señales visibles de golpiza y las extremidades amarradas con cinta adhesiva.
A las 8:00 a.m., un nuevo aviso de la comunidad condujo a los uniformados a la Loma de Chuscalito, a 3 k.m. de distancia, donde yacía un hombre sin vida, también maniatado, con una media en la boca y laceraciones por golpes contundentes.
Dos horas más tarde un conductor ebrio colisionó el carro de un vecino y terminó estrellado contra una casa del barrio Loreto. El chofer Gustavo Vélez, con cortadas en el cuero cabelludo, fue trasladado a una clínica, donde en medio del shock confesó que el automóvil Volkswagen Getta negro que manejaba era hurtado.
En la inspección al vehículo, del que se estableció que la propietaria se llamaba María Clara Uribe, las autoridades encontraron rastros de sangre, cinta adhesiva y un calcetín idéntico al que obstruía la boca del cuerpo abandonado en Chuscalito. De súbito, todos los episodios de aquella funesta mañana se conectaron.
Los criminalistas de la Sijín ingresaron posteriormente al apartamento 2002 de la urbanización Massai, de El Poblado, donde residían los esposos asesinados, Marco y María Clara.
Una caja fuerte abierta y todo en aparente orden, no despertaban mayores sospechas. Sin embargo, al aplicar el químico blue star en la escena se reveló un reguero de sangre que alguien trató de limpiar en vano.
Se concluyó que allí había sido cometido un brutal crimen y en breve se expidió una orden de arresto contra Vélez Arango, alias “Tavo”.
El interrogatorio
Vélez no pudo con el remordimiento y en compañía de su abogada relató a la Fiscalía la forma en que, según él, ocurrieron los hechos.
Dijo que una semana antes fue contactado por Juan David Mejía, a quien conocía hacía dos años. Le ofreció participar “en una vuelta” en la urbanización donde laboraba como rondero. El trato consistía en desaparecer un carro del sitio en el que otras personas cometerían un robo.
Por eso le prometió 2 millones de pesos y “Tavo”, que vendía tintos y perros calientes, aceptó.
En la noche del 7 de noviembre, Mejía lo recogió en un taxi en un estadero de El Poblado y lo condujo al conjunto residencial Massai, adonde llegaron a las 8:00 p.m. El portero Jaime Luis Espitia Romero, presunto coautor, los dejó entrar sin anunciarlos.
La empresa de seguridad privada Coopevian, en la cual laboraban los vigilantes implicados, certificó que los cables del equipo que controla las cámaras de vigilancia fueron arrancados, al parecer por Espitia, lo que ocasionó un corto circuito que las inhabilitó minutos antes de que el taxi ingresara.
En ese escenario predispuesto, a “Tavo” y Mejía se sumaron el rondero Pedro Juan Uribe Marín y otra persona por identificar, y subieron hasta el apartamento 2002.
Un celador tocó la puerta con el pretexto de entregar una encomienda y el extranjero, que lo conocía, abrió. En ese instante le rompieron la nariz de un puñetazo, irrumpieron con brusquedad y sometieron a su esposa en la habitación.
Los agresores sabían de antemano que había dos cajas fuertes y preguntaron por ellas. Según el fiscal, desde 8:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. torturaron al comisionista y la abogada. Usaron una macana eléctrica y una navaja para amedrentarlos, al tiempo que los pateaban para que suministraran las claves.
“Tavo” salió del cuarto y se sentó en la sala. Miraba cómo los demás verdugos entraban y salían, asumiendo turnos para propinar el execrable castigo.
Para Vélez fue demasiado. Les dijo que se iba, que ese no era el trato, y sus compinches lo amenazaron. Entonces destapó las botellas de licor que las víctimas conservaban y se entregó a la borrachera.
Cuando abrieron una caja fuerte solo había $9 millones, no los 500 que al parecer esperaban. Su fechoría ya no tenía retorno, la pareja conocía a los celadores y estos no se cubrieron el rostro, por lo que decidieron estrangularlos hasta extinguirles la vida.
Limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cadáveres en sábanas y bajaron 20 pisos por el ascensor. Los montaron en los vehículos de los finados, “Tavo” arrancó en el de María Clara y Mejía en el Volkswagen Getta gris de Marco, el cual no ha sido recuperado a la fecha.
Dos días después del accidente, los dos volvieron a encontrarse. Mejía le dijo a “Tavo” que aún no podía pagarle toda su plata, porque del apartamento sacaron poco y tocaba esperar la venta del carro del italiano.
Con esta confesión, la Fiscalía expidió órdenes de captura contra los tres celadores, que se materializaron este mes, y les imputó cargos por homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
El ente acusador hizo un preacuerdo con “Tavo”, a quien ya no procesará en calidad de coautor, sino de cómplice, lo que implica una eventual condena a 206 meses de cárcel (17 años), es decir, una rebaja cercana a la mitad.
“Gavilla”
En la audiencia de Mejía, realizada el 25 de marzo, este no aceptó cargos y su defensor* lo presentó como un humilde celador de San Javier, padre de cuatro hijos menores de edad.
El abogado desestimó la versión de “Tavo”, quien solo implicó a su defendido “cuando le pusieron las garras encima y buscó beneficios de la justicia. Es lo que hacen los delincuentes de hoy, con la aquiescencia de los investigadores de la Fiscalía”.
Y alegó que en este suceso, el celador Mejía es también “una víctima”: “Todo el Estado, en gavilla, usa sus recursos para perseguir a un ciudadano que se presume inocente, en alianza con la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de comunicación que agrandan las cosas. Ahí la víctima es el presunto victimario, ¿cuál presunción de inocencia? ¿Cómo hace para defenderse de semejante jauría?”.
El término “gavilla” no le cayó en gracia al juez Cuarto Penal Municipal*, quien a su turno profirió: “No fue el Estado el que hizo gavilla, sino el indiciado y otros cuatro, que según el testigo ejercieron violencia contra dos personas indefensas. ¡Ahí está la gavilla que menciona el defensor!”.
Acto seguido, ordenó en contra de Mejía una medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí; Espitia y Uribe Marín, quienes también rechazaron las imputaciones, pernoctan en la prisión de El Pedregal; y “Tavo” está en Bellavista, penando en la celda porque recibió amenazas de muerte.
Los familiares de las víctimas nombraron un par de juristas para que los representen en el caso, en el que hasta ahora han estado conformes con el proceder de la Fiscalía.
Para las autoridades faltan por lo menos dos personas por detener, que les permitan atar los cabos sueltos en este crimen. ¿De dónde salió la información de que en las cajas fuertes había $500 millones? Esa cuestión, que en últimas provocó el asalto a la residencia, es el interrogante clave que falta por despejar.
A la salida de la audiencia los seres queridos rodearon al procesado Mejía. El vigilante de 39 años, que estuvo ensimismado en la diligencia judicial, rompió en llanto junto a su esposa.
Al arrimarse este periodista, uno de los acompañantes expresó que “no vamos a hablar, solo hay tristeza, ya hemos sufrido demasiado”.
Similar apreciación había hecho el fiscal, hablando de los dolientes de Marco y María Clara: “ellos dos, supongo yo, están descansando en santa paz, pero quedan sus familiares sufriendo en Italia y Colombia, esperando justicia”.*Por petición de los
funcionarios se reservan
sus nombres.
$9
millones en efectivo y un carro avaluado en $70 millones fue el botín hurtado.
