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El descubrimiento de una red clandestina que operaba en Medellín, al parecer asociada con el denominado Cartel de los Soles, volvió a poner el dedo en la llaga sobre las actividades conjuntas del crimen organizado paisa con sus pares venezolanos.
Hasta el momento, las investigaciones judiciales dan cuenta de conexiones de narcotráfico, blanqueo de capitales y tráfico de armas, que se han hecho más visibles en los últimos dos años. Esto, sin contar con las incursiones de estos extranjeros en la delincuencia común de Medellín, como robos, riñas y microtráfico local de drogas.
El episodio más reciente fue presentado por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, el pasado fin de semana, al anunciar la captura en Medellín de tres venezolanos, dos colombianos y un español con pasaporte de Venezuela. Son sospechosos de integrar una “organización señalada de mover altas sumas de dinero, producto del envío de cocaína a Venezuela”.
Los investigadores presumen que un grupo narcotraficante de Antioquia, aún no determinado, actuaba en asocio con el Cartel de los Soles, como denominan las agencias internacionales a una estructura compuesta por algunos miembros del gobierno chavista y sus Fuerzas Militares, involucrados en el negocio transnacional de drogas.
Se supone que dicha mafia administra las narcorrutas, tanto terrestres como aéreas, que atraviesan su nación desde Colombia, y que tendría tratos con grupos criminales como las antiguas Farc y sus nuevas disidencias, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “los Puntilleros”, “los Pelusos” y “la Oficina”, entre otros.
Según la Fiscalía, “el estupefaciente salía de los Llanos Orientales y era entregado al Cartel de los Soles, que sería el encargado de ponerlo en Centroamérica y EE.UU. Los pagos por los cargamentos eran recibidos en hoteles y sitios exclusivos ubicados en el sector El Poblado, en Medellín”.
En nuestra ciudad, el dinero era administrado por un español de 66 años. Su banda movía gruesas sumas de dinero en cuentas bancarias y en efectivo, para lo cual algunos de sus integrantes usaban atuendos y maleteros de empresas de domicilio, lo que les permitía transportar los fajos sin despertar sospecha. La Dijín les incautó $1.800 millones, 2.150 tarjetas bancarias, 2.320 facturas de retiro de dinero, dos máquinas para contar plata y cuatro maletas de compañías domiciliarias.
EL COLOMBIANO consultó a la Fiscalía para saber más detalles del caso y en qué negocios estarían invirtiendo el dinero, pero la Institución reservó los datos, aduciendo que se trata de una operación más grande. Al parecer, solo han tocado la punta del iceberg.
Esta red de lavado es la segunda estructura descubierta en menos de dos años, que guardaría relación con presuntos oficiales corruptos del régimen de Nicolás Maduro y mafias venezolanas.
El 30 de marzo de 2019, el entonces fiscal General, Néstor H. Martínez, denunció que “hemos encontrado munición de la Guardia Bolivariana de Venezuela en cuerpos de personas que han perdido la vida en Medellín. Eso nos muestra que hay un tráfico ilegal de munición y por eso el llamado franco, para solicitar la cooperación de las autoridades de Venezuela y que esta actividad no se vuelva recurrente”.
Dos meses después, la Policía y la Fiscalía golpearon a una banda que adquiría armas y balas en el mercado negro venezolano, para venderlas a los combos del Valle de Aburrá y a los grupos residuales de las Farc.
Sus cabecillas, “Elizabeth” y “Juan Pablo”, eran exintegrantes del combo “el Alto de Aranjuez”, y desde Envigado coordinaban la adquisición del arsenal en San Antonio del Táchira.
Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes, incluyendo a “Alfredo”, el encargado de traer las armas hasta Cúcuta, pasándoles por el puente internacional Simón Bolívar, ocultas en acarreos y vehículos con caletas.
John Marulanda, consultor internacional en seguridad, comentó que hay un viraje en las relaciones del crimen organizado colombiano y el venezolano, que en décadas pasadas alimentaba a estructuras ilícitas del mundo rural: “Hoy se acercan más a las capitales, donde les que da fácil ocultar sus actividades en el sistema comercial y bancario. En ese sentido, Medellín es atractiva, pues la ciudad ha sido históricamente un centro de negocios importante para las organizaciones transnacionales”.
Explicó que esos negocios ilícitos se ven favorecidos por la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas, que frenó la colaboración entre agencias de seguridad de ambas naciones.
“Para mitigar esta dinámica ilegal habría que hacer dos cosas: un control más efectivo de los migrantes que ingresen al país, para distinguir a quienes vienen a trabajar legalmente de los que no, y hacer un seguimiento minucioso de aquellos que deseen hacer inversiones; lo segundo, fortalecer la cooperación con agencias internacionales, como las de EE.UU. y Europa, que manejan información relevante sobre mafias internacionales” .