El sonido de las gotas en la vereda Quebrada del Medio, en San Pedro de Urabá, se escucha lejano cuando caen sin constancia en los techos de eternit y de paja. La esporádica lluvia es conducida sin aspaviento —como para no espantarla— hasta los aljibes. Allí permanece un par de meses hasta que su rastro se evapora y solo queda esperar que de nuevo se presienta a lo lejos.
La falta de agua es aún más notoria cuando hay clases en las tres subsedes de la institución educativa Buchadó Medio. Con los aljibes secos, los al menos 300 estudiantes tienen que cargar su termo, comprar bolsitas de agua por doscientos pesos o confiar en que algún profesor lleve un tanque repleto en la moto.
“Prácticamente los sanitarios no se usan en época de verano”, cuenta el docente Luis Guido Germán Royo. “Los aljibes funcionan con las lluvias pero el agua no es que dure mucho”, añade. Esa institución, a cinco kilómetros del casco urbano, es una de las 495 sedes educativas en Antioquia que no cuentan con agua (son 4.335 en los 117 municipios no certificados), y fue una de las razones para que el regreso de los niños a las aulas fuera inviable en lo que resta del año.
Es que la cobertura residencial de agua potable en el departamento aún se ve impactada por problemas en la infraestructura, la operación y la gestión de algunos municipios. Según la Gobernación, con corte a 2018 la cobertura en las cabeceras municipales llegó a 97,2 % pero en las zonas rurales solo alcanzó el 32,3 %. Este último dato se traduce en que en solo una de cada tres viviendas campesinas de Antioquia no se debe hervir el agua para consumirla.
Una cotidianidad turbia
Pero el problema en Quebrada del Medio no es el mismo en otras zonas del departamento. El grado de fragilidad para mantener una oferta en el abastecimiento de agua ante amenazas climáticas se mide con el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH). Según un estudio de la Universidad de Antioquia (2018), de las 26 subzonas hidrográficas, cuatro tienen IVH muy bajo; 16, bajo; y 6, medio. Es decir que en el departamento no hay urgencias con el líquido.
Los líos en otras zonas son de potabilidad y suministro constante. A Alexander Orrego, habitante del corregimiento San Pablo, en Santa Rosa de Osos, la lluvia le juega al revés. Los aguaceros taponan la bocatoma con palos, tierra y arena, por lo que apenas amaina el agua coge una pala, un machete y camina un cuarto de hora con sus cuatro perros. Desarena la captación, vuelve a conectar las mangueras y espera que el grifo se convierta en milagro. Además de hervir el líquido en los fogones de leña, utiliza un filtro portátil que purifica el agua empleada en la preparación de alimentos.
En cambio, José Argemiro Mazo Ardila, rector de la Institución Educativa Rural La Caucana, en Tarazá, cuenta que los salones de primaria tienen agua potable, gracias a un tanque instalado por EPM, pero que los muchachos de bachillerato llevan bolsitas de agua para bajar el calor en las soleadas tardes del Bajo Cauca.
Es que la cobertura de agua potable, además, se ve afectada por problemas de calidad, los cuales pueden ser evidenciados en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua que para 2018 presentó 106 municipios suministrando agua sin riesgo, 11 en riesgo bajo, uno en riesgo medio, cuatro en riesgo alto, uno clasificado como inviable sanitariamente y dos municipios del departamento que no reportan datos al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Por otro lado, el acceso al agua potable y al saneamiento básico son determinantes en la capacidad del desarrollo territorial. Estos dependen de bienes ambientales (recursos forestales, hídricos y suelo), infraestructura de soporte y áreas con suficientes servicios ecosistémicos, entre los que se destacan la regulación del clima, sumideros de residuos, asimilación de contaminantes, entre otros, capaces de absorber impactos ambientales negativos.
No es solo abrir el grifo
La cadena de suministro en el Valle de Aburrá es robusta. La Gerencia de Provisión de Aguas de EPM explicó que 92 % del sistema interconectado metropolitano se abastece de tres embalses: La Fe, Río Grande II y Piedras Blancas. El restante 8 % se alimenta de 27 fuentes hídricas. Dos de estas —Santa Elena y La Iguaná— presentaron niveles bajos en el primer semestre.
El Valle de Aburrá registró para 2018 una cobertura de agua potable de 94,2 %, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Antioquia. Pero ese porcentaje restante no es solo una cifra aislada de viviendas que colonizaron las goteras metropolitanas. El caso más dramático es el de la vereda Granizal de Bello, el asentamiento de población desplazada más grande de Antioquia y el segundo más grande del país, superado únicamente por Altos de Cazucá en Soacha, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, con al menos 25.000 habitantes. Desde su fundación en 1995 ha tenido una problemática relacionada con la inexistencia de agua potable y de redes de alcantarillado.
Estudios fisicoquímicos del Laboratorio de Estudios Ambientales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en 2015 arrojaron que el agua consumida por los pobladores de Granizal tenía coliformes fecales de origen animal y humano, lo que puede producir graves enfermedades, especialmente en niños menores de cinco años, madres gestantes y adultos mayores. Además de la contaminación del agua, su suministro es potestad de los ilegales. Habitantes de la zona nos contaron en abril de 2019 que las juntas comunales administraron el precario suministro de agua hasta 2018, cuando los criminales les arrebataron el manejo y empezaron a cobrar una cuota semanal de hasta $5.000. En marzo pasado, el Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, ordenó al Municipio de Bello y a EPM iniciar los estudios necesarios para la construcción de las redes de acueducto. Desde entonces, han llevado agua en carrotanques. Sin embargo, pese a un periodo de gracia por la cuarentena, el cobro de los ilegales se reactivó.
Pero Medellín también tiene comunidades periféricas sin agua potable. Según el informe de Calidad de Vida 2018 de Medellín Cómo Vamos, la cobertura alcanzó 97,3 %, mientras que la meta local a 2030 es de 99,74 %.
Uno de esos barrios sin agua potable en la ciudad se llama El Faro, en la ladera oriental, justo debajo del cerro Pan de Azúcar. En un reportaje en febrero pasado, el líder comunitario Óscar Darío Zapata nos dijo: “Tenemos un tanque de agua potable encima, como si lo tuviéramos en la nuca, pero no podemos tomar de ahí porque estamos por fuera del perímetro urbano, como si uno tuviera derechos hasta una cuadra y más arriba no”.
Por eso cuando usted vuelva a escuchar la lluvia caminando en el techo o resbalándose por la ventana, recuerde que ese es el sonido de la esperanza en Quebrada del Medio.
