Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

La víctima fue identificada como Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, prófugo de la justicia de su país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Junior Alexánder Roldán Paredes, alias “Junior” o “JR”, cabecilla de la banda ecuatoriana “los Choneros”. Foto: cortesía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el cadáver fue encontrado por habitantes de la vereda El Mango, del municipio de Fredonia, a las 5:15 p.m. de este sábado 6 de mayo de 2023.

Estaba en una zona boscosa, aledaña a la vía, en un sector conocido como Puente Máquina. Tenía una herida de bala en la cabeza.

Aunque no portaba documentación y en principio fue registrado como NN, una fuente les informó a las agencias de Inteligencia que podría tratarse de un ecuatoriano llamado Junior Alexánder Roldán Paredes.

Según la prensa ecuatoriana, este hombre era señalado de ser uno de los presuntos cabecillas de “los Choneros”, una de las organizaciones criminales hegemónicas del país vecino, involucrada en negocios de narcotráfico, sicariato, extorsión, terrorismo y contrabando.

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“Junior” estaba en libertad vigilada desde el pasado 14 de febrero, debido al polémico fallo de un juez que ordenó su excarcelación. Luego resultó herido en un atentado de una facción enemiga el 16 de marzo, en el cantón El Triunfo, de la provincia de Guayas. Fue lo último que se supo de él.

En diálogo con El Colombiano, el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán Maldonado, contó que la víctima al parecer fue asesinada en otro sitio y luego arrojada por sus verdugos en Puente Máquina.

“Esta es una zona fronteriza con el municipio de Santa Bárbara, por donde pasa el río Poblanco. Seguro él estaba en otro lado, y los asesinos lo tiraron allá, porque la gente de la vereda no lo había visto antes”, precisó.

Agregó que “la Policía me reportó que estaba indocumentado, pero llegaron comentarios de que podría tratarse de un extranjero, un señor Junior Roldán, alias JR. Me preocupa que ocurran estas cosas, es muy extraño que suceda por aquí”.

El lunes siguiente (8 de mayo), el ministro del Interior de Ecuador, Juan Ernesto Zapata Silva, confirmó los hechos en una rueda de prensa. “Luego del cotejamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida”, comentó.

La investigación será adelantada por un fiscal de Antioquia, en cooperación con la Policía de Ecuador.

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El Inspector.

Uno de ellos fue Ricardo Ayala, alias “Cabuyo”, un joven con la guerra tatuada en la piel, que se dispuso a reconquistar los territorios abandonados por la insurgencia en el Norte del departamento de Antioquia. En su sangrienta cruzada con la disidencia del frente 36 arrasó con la paz de las comunidades y entró a la lista de los terroristas más buscados del país.

Ya está al aire la historia del terrorista alias “Cabuyo”, en el podcast de Revelaciones del Bajo Mundo. Ilustración de Tomás Giraldo.

Yo soy El Inspector y esta es la historia que abordaré en el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano, titulado “Las 11 vidas de ‘Cabuyo’, el traidor del proceso de paz”.

En este episodio les presentaré audios y hechos inéditos alrededor de la persecución contra el violento disidente. Para capturarlo, la Fuerza Pública tuvo que lanzar 11 operaciones, que incluyeron bombardeos, francotiradores y espionaje con una adolescente de 15 años que el terrorista pretendía en amores.

Ya pueden escucharlo en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas digitales de Spotify, Google Pódcast, Spreaker y Apple Pódcast.

Allí también están disponibles las otras historias de la primera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, a las que puedes acceder de forma directa dando click en estos enlaces:

1). Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín.

2). Los conjuros siniestros del Clan del Golfo.

3). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 1).

4). “Otoniel”, el monstruo de las mil guerras (parte 2).

5). Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal.

6). La conspiración contra el fiscal Pecci, un crimen que destruyó un sueño de amor.

7). Raptada por un duende (parte 1).

8). Raptada por un duende (parte 2).

9). Las once vidas de “Cabuyo”, el traidor del proceso de paz.

Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico que mezcla el estilo narrativo de la crónica con la ambientación sonora de las radionovelas.

El Inspector.

Este es uno de los hallazgos durante las primeras averiguaciones de las autoridades, tras la muerte de cuatro personas en la vereda Las Beatrices, del municipio de Santo Domingo. Este es el relato del hecho elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta finca del municipio antioqueño de Santo Domingo fue perpetrada la matanza. Foto de cortesía.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que, al procesar la escena del crimen, encontraron el rastro de la moto. Los asesinos pasaron el portón, se aproximaron a la casa del predio y abrieron la puerta disparándole a la chapa.

Se cree que el ataque ocurrió en la noche del pasado lunes 17 de enero, pues los dolientes informaron que perdieron la comunicación con sus seres queridos un par de horas antes. Los cuerpos fueron encontrados a la 1:00 p.m. del día siguiente, cuando entró a la propiedad un empleado de una empresa de tratamiento de aguas.

Por su posición final, se presume que las víctimas estaban descansando y no alcanzaron a reaccionar. A todas las ejecutaron con uno o tres disparos, propinados de cerca.

En la finca, a una hora de distancia del casco urbano del pueblo, no hubo testigos. “Los asesinos no robaron nada. Solo iban a matar y no dejaron sobrevivientes”, relató uno de los investigadores.

Los difuntos fueron identificados como Víctor Alfonso Gómez Laverde, agricultor de 50 años; su hijo Luis Miguel Gómez Álvarez, de 26 años y también campesino; la novia de este último, María Belén Agudelo Pineda, de 20 y ama de casa; y un amigo de los tres, Andrés Felipe Ochoa Velásquez, de 29 y agricultor.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que estas personas provenían del vecino municipio de Donmatías. Hacía tres semanas ocupaban la finca en la que fueron asesinadas.

Al parecer en las bases de datos policiales le figuran anotaciones por porte de estupefacientes a Luis Miguel Gómez, aunque no le aparecen condenas por delito alguno.

Una de las hipótesis que exploran los investigadores es que tuvo un problema con una estructura narcotraficante de Donmatías, razón por la cual huyó de esa localidad con sus allegados.

En dicho poblado el tráfico de narcóticos es controlado por las bandas del municipio de Bello, en especial las de “el Mesa”y “Pachelly”, según los investigadores.

Las expansión de las redes ilegales de las organizaciones bellanitas es uno de los más grandes desafíos para las autoridades antioqueñas.

“El Mesa”, “Pachelly”, “los Chatas” y “los Triana” extendieron sus tentáculos a las subregiones del Nordeste, Norte, Bajo Cauca, Suroeste y Oriente, donde protagonizan enfrentamientos con los grupos locales por el control de las plazas de vicio.

En esa dinámica, las facciones bellanitas han establecido alianzas con organizaciones de alcance interdepartamental, como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc.

Otro reto lo representan los homicidios cometidos en áreas rurales, que en 2021 fueron el 54% del total de casos (1.135 de 2.083).

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES
Luego de un consejo de seguridad, el director Operativo de Seguridad de la Gobernación, Sergio Alfonso Vargas, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a capturar a los responsables de la masacre.

“Invitamos a la comunidad a que venza el miedo y nos dé la información”, manifestó el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia.

Añadió que en las veredas de Santo Domingo habrá patrullajes mixtos de la Policía y el Ejército, para devolverle la tranquilidad a la población.

El general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de la Policía, indicó que la investigación le fue asignada a un grupo élite de funcionarios de la Dijín, que viajaron desde Bogotá para asumir la misión en compañía de la Fiscalía y agentes del departamento.

El Inspector.

El mandatario regional hizo esa afirmación este martes 16 de julio, después de un consejo de seguridad.

El gobernador Luis Pérez haciendo el anuncio, luego del consejo de seguridad en Bello. Foto cortesía de la Gobernación de Antioquia.

Según Pérez, la información inicial provino de un hombre sobreviviente a una tortura, quien afirmó a la Fiscalía que los restos de las víctimas de los combos eran arrojados a los marranos, para que los devoraran. El gobernador no dio más detalles, pero pidió colaboración a la ciudadanía para añadir información a esta denuncia y sacar adelante el caso.

El anuncio de Pérez cogió fuera de base a los investigadores judiciales, pues apenas se trata de una versión preliminar que no ha sido verificada; no obstante, puso la alerta sobre los casos de secuestrados y desaparecidos.

El mandatario regional seguirá liderando los consejos de seguridad sobre la situación de Bello, una tarea que asumió desde que el alcalde César Suárez Mira fue condenado en primera instancia por haber cometido fraude con un diploma de bachiller falsificado (ver la NOTA RELACIONADA: Por fraude capturan al alcalde del municipio de Bello).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el consejo de seguridad se resaltó que Bello llevaba 11 días sin homicidios, aunque eso no implica el fin de la oleada de violencia. El pasado 12 de julio, una mujer y dos hombres fueron heridos a bala cerca al Hospital Mental; cuatro días después, otros dos hombres quedaron lesionados en una balacera en el barrio Buenos Aires.

Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”. Cortesía.

Este año se han registrado 91 asesinatos en la localidad, por lo que las autoridades pretendían imponer el cierre temprano de los establecimientos comerciales, a la medianoche. Los comerciantes agremiados protestaron y, tras un día de deliberación, la Alcaldía tumbó la medida.

Las que sí están vigentes son la prohibición del porte de armas y de la circulación de pasajeros en motocicletas, así como el toque de queda nocturno para los menores de edad.

El más reciente logro en contra del crimen organizado de Bello fue la captura de Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”, cabecilla de la banda “el Mesa”. Los comandos de la Policía lo apresaron el 1 de julio en una finca de Copacabana y le hallaron una pistola 9 milímetros con dos proveedores.

La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado y un juez lo envió a la cárcel como medida de aseguramiento.

“Piolo” es señalado de dirigir una célula de “el Mesa” en Medellín, la cual tiene su centro de operaciones en el barrio Palermo de la comuna 4 (Aranjuez). También es sospechoso de liderar el aparato sicarial de la organización, por lo cual habría ordenado varias ejecuciones. Hasta el momento no le han imputado ninguna.

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El Inspector.

Esta es una investigación elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, que presenta cuáles son los nuevos escenarios en el juego del crimen organizado regional.

En la Operación Fénix (2018) capturaron en La Ceja a 34 miembros del combo “Palenque”, patrocinado por “los Chatas”. Foto de cortesía.

Los pueblos de Antioquia se están convirtiendo en un botín para las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, que de manera silenciosa se están propagando para traficar drogas, extorsionar e infectar como una plaga los negocios de aquellos municipios.

El Colombiano indagó con fuentes de inteligencia, judiciales y de la comunidad, y pudo establecer que nueve estructuras ilegales del área metropolitana tienen influencia directa o indirecta en las subregiones del Oriente, Occidente, Suroeste, Norte y Nordeste.

Se trata de “la Terraza”, “los Chatas”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión”, “Limonar 1”, “los Triana”, “la Miel” y “Picacho”; aunque habría otras implicadas, estas son las más documentadas en expedientes y operaciones de la Fuerza Pública en el último lustro.

Participan en el tráfico de armas y drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal, pagadiario y lavado de activos, principalmente. En algunos casos actúan por medio del patrocinio o subcontratación de combos locales.

Boris Castaño, analista del conflicto urbano, opina que los lazos entre las bandas del Aburrá y las de los pueblos se fortalecieron por una relación comercial. A Medellín llegan los estupefacientes de mejor calidad para abastecer mercados mayoristas y minoristas de las subregiones, y las crecientes visitas de turistas extranjeros al departamento incrementaron la demanda por nuevos alucinógenos y drogas sintéticas, como 2CB y éxtasis.

A partir de allí, la presencia en los pueblos se fortaleció, aprovechando que no había combos con un poder militar suficiente para enfrentar a las facciones de la metrópoli. Les tocó formar alianzas y aceptar que “los de la ciudad” irrumpieran en la vida de los poblados semirurales.

AMENAZA PARA EL ORIENTE
La banda “los Chatas”, cuya base de operaciones es el municipio de Bello, extendió sus redes de microtráfico de drogas hacia la subregión del Oriente antioqueño, con énfasis en El Retiro y La Ceja. Sus actividades en la zona son monitoreadas desde 2014 y a la fecha la Policía ha ejecutado seis operativos en su contra.

Uno de los primeros fue la Operación Andrómeda, el 25 de septiembre de 2014, cuando capturaron a 31 integrantes que actuaban en los barrios Manantial, Tahami y Obreros de Cristo, de La Ceja. Recibían apoyo logístico de “los Chatas” y en esos vecindarios se hacían llamar “los Bellanitas”.

Con el arribo de este grupo, el pueblo comenzó a atestiguar crímenes truculentos en la zona urbana. El 23 de enero de 2017 “los Chatas” secuestraron a un adolescente de 17 años, consumidor de vicio, a quien acusaron de ser un “sapo” que trabajaba para un combo rival.

En ese entonces había una disputa ilegal por las plazas de los barrios Palenque y San Cayetano. El informe del caso indica que a la víctima la hirieron con arma blanca en el cuello y la espalda, “y al parecer con la intención de incinerarlo fue cubierto con aserrín y Acpm. Cuando lo encontraron, eran evidentes los signos de tortura, entre ellos una cruz marcada en la espalda”. Por ese crimen fueron detenidos cuatro mercenarios de “los Chatas”.

Los sicarios de la estructura mataron a tiros a otro adolescente de 16 años en la vereda La Milagrosa, el 11 de abril de 2018, al parecer por un motivo similar: tráfico de droga.

En los últimos dos años se conformó un combo en La Ceja, con el patrocinio de “los Chatas”, llamado “Palenque”. Según la Policía, ese grupo puede generar narcoingresos anuales cercanos a los $2.800 millones. En 2018 le arrestaron a 34 integrantes, incluyendo a sus cabecillas “el Burro” y “Porcelana”.

En ese municipio también ejerce influencia la banda “Pachelly”, de Bello, en los barrios Manantial y La Aldea.

Las vecinas localidades de El Retiro y Marinilla padecen el influjo de “la Unión”, procedente de Itagüí. Esta facción patrocina con medios logísticos y estupefacientes al combo “los Guarceños”.

La droga es acopiada en el sector Barrio Antioquia, de Medellín, y después enviada a esos socios en El Retiro, quienes se encargan de distribuirla a domicilio en sitios de recreo y senderos ecológicos. Sus ganancias al año rondan los $1.950 millones, de acuerdo con el análisis policial, tras una operación que en abril de 2018 produjo 61 capturas.

En Marinilla, “la Unión” apadrina al combo “los Gavilanes”, también dedicado a la venta de narcóticos a domicilio, con ingresos mensuales de $600 millones.

La trama fue expuesta el 29 de enero pasado, con la detención de 27 sospechosos. El cabecilla de “los Gavilanes”, alias “Jorge Pamplona”, les ofreció $20 millones a los policías para que lo dejaran escapar, sin lograr su cometido.

Sobre dicho combo, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Sierra, declaró que “impactamos los alrededores de dos colegios en Marinilla, donde estas personas aprovechaban para vender los estupefacientes a los menores de edad”.

En los municipios de Guarne, Granada y Sonsón las autoridades han registrado acciones de la banda “los Triana” de Medellín.

En El Peñol, Guatapé y Rionegro circulan drogas y mercenarios de “la Terraza”. En este último lugar tienen una alianza con la banda “los Pamplona”, para el comercio ilícito de marihuana y cocaína.

En Rionegro, su combo rival es “el Laberinto”, que recibe apoyo de otra estructura de Medellín: “Limonar 1”. Esta organización, cuya base es el corregimiento San Antonio de Prado, está a su vez enlazada con el cartel narcotraficante Clan del Golfo.

El pasado 25 de octubre la Fuerza Pública capturó a 15 miembros de “el Laberinto”. En el respectivo informe, consignaron: “se pudo establecer que algunos de sus integrantes iban a cometer los hechos delictivos (en Rionegro) y posteriormente tomaban camino hacia Medellín, barrio El Limonar, para no ser ubicados por la Policía”.

Miembros del combo “los Guarceños”, capturados en El Retiro en abril de 2018. Están aliados con la banda “la Unión”. Cortesía de la Policía.

EN EL OCCIDENTE Y SUROESTE
Delegados de la banda “Picacho”, procedentes del noroccidente de Medellín, incursionaron desde 2015 en el municipio de Buriticá. Según la Fiscalía, estarían participando en el negocio de la minería ilegal, tanto para el lavado de activos como para el comercio clandestino de oro.

En Ebéjico hay nodos de microtráfico de “los Triana” y en Heliconia opera una célula de “Limonar 1”, que además de asuntos de droga se dedicaría a la extorsión.

Los jefes de “Limonar 1”, al parecer, envían jóvenes desde Medellín para actividades delincuenciales en Ciudad Bolívar, en el Suroeste.

En dicha subregión existen células al servicio de “la Terraza”, en Támesis, Jardín y Andes; y de “los Triana”, en Titiribí y Amagá, donde incide por medio de un combo local conocido como “el Hueco”.

En Fredonia, la venta de alucinógenos es liderada por “la Miel”, una banda del cercano municipio de Caldas.

REDES EN NORTE Y NORDESTE
En estas dos subregiones hay una creciente influencia de tres grupos delictivos de Bello: “Pachelly”, “los Chatas” y “el Mesa”.

Su arribo inició con la desmovilización de las Farc, que tenía el monopolio de la actividad ilícita en una extensa área.

Cuando emergieron las disidencias guerrilleras en 2017, se estableció una alianza que le permitió a las bandas bellanitas articular plazas de microtráfico, secuestros y sicariato por mandato de los otrora subversivos.

Esta plaga perjudica a los pobladores de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Cisneros, Yolombó, Yalí, Vegachí, Amalfi y Anorí (ver el mapa).

En las montañas, estas bandas coordinan el procesamiento de cocaína en laboratorios y las ganancias se comparten con las disidencias.

En Segovia y Remedios están involucradas en la minería aurífera, y no siempre de manera ilegal, pues investigaciones judiciales señalan que algunos cabecillas figuran como dueños de sociedades mineras o a través de testaferros.

DINÁMICA CRIMINAL
Otra razón por la que ocurre este fenómeno es que “los territorios en Medellín ya están copados y repartidos. Si una banda quiere crecer, se genera una confrontación inmediata con los barrios vecinos, por lo que resulta más conveniente y menos costoso buscar espacio en otros municipios”, dice el analista Castaño.

En este punto coincide con Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Ella afirma que “se ha incrementado la influencia de las organizaciones del Valle de Aburrá en otros municipios, porque la ciudad ya está cooptada por ellas mismas, se han dividido las zonas para la venta de estupefacientes y extorsionar, mientras que en esos pueblos hay un mercado sin dueño, porque la distribución la han tenido algunos bandidos de poca monta”.

El auge de estas mafias en los cascos urbanos va de la mano del crecimiento del consumo en Antioquia. Según el Observatorio de Drogas de Colombia, que depende del Gobierno, nuestro departamento tiene un nivel de consumo de alucinógenos por encima del promedio nacional (Reporte de Drogas de Colombia 2017).

Y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas en Población Escolar (2016) arrojó que en esta región uno de cada cinco estudiantes consume droga.

Castaño asevera que la presencia de las bandas del Aburrá en los pueblos se explica porque en esos lugares la actividad investigativa y judicial de la Fuerza Pública suele ser más débil. De hecho, en muchos pueblos no hay agentes de Sijín, CTI o Sipol (policías judiciales y de inteligencia) y apenas cuentan con las unidades de vigilancia tradicional.

“Los entes investigativos locales no están acostumbrados a enfrentar una criminalidad tan sofisticada. Esas labores toca hacerlas desde Medellín”, concluye el analista.

Jeremy McDermott, codirector de la fundación Insight Crime, que estudia el proceder del crimen organizado, acota que el mundo del narcotráfico se ha democratizado.

Expresa que “los carteles que ostentaban monopolios de cultivos y plazas de vicio se han ido debilitando, entre ellos el Clan del Golfo, lo que permite la entrada de nuevos grupos pequeños al negocio del narcotráfico fuera de las ciudades”.

Las autoridades tratan de contrarrestar el problema, pero los lugareños temen que se tarden demasiado. Cada día aumenta el riesgo de que sus hijos se vuelvan adictos, de cuenta de las drogas que les llueven desde el Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Las fuerzas del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

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ANEXO: Cabecillas del Aburrá capturados en pueblos de Antioquia

· En Urrao: Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, de la banda “Robledo” (2013).
· En Támesis: Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza” (2014).
· En El Peñol: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas” (2017).
· En Titiribí: Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de la banda “los Triana” (2018).
· En San Jerónimo: Giovanni Cataño (“Cataño”), de “la Oficina del Doce” (2018).
· En Guarne: Fernando Rivera (“Nano”), de “la Oficina de Manrique” (2018).
· En Toledo: Fernando Jiménez (“Caníbal”), de la banda “el Tapón” de Bello (2018).
· En San Carlos: Alejandro Mazo Pulgarín (“Titi”), de la banda “Pachelly” (2019).

El Inspector.

Su captura se produjo en una zona rural, desde donde al parecer coordinaba negocios de droga, sicariato y secuestro, entre las disidencias de las Farc y las bandas del municipio de Bello.

Fernando Alberto Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, al momento de su traslado a Medellín, desde el norte de Antioquia. Foto cortesía de la Cuarta Brigada.

La Cuarta Brigada del Ejército informó que este sábado 25 de agosto, un puñado de delincuentes hostigaron con disparos una patrulla militar, en límites de los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia. Los uniformados persiguieron por el monte a los sospechosos, hasta encontrarlos y capturarlos en un sector conocido como Loma Grande.

Entre los detenidos estaba “el Caníbal”, acompañado por un grupo de cinco escoltas, extintegrantes de los frentes 18 y 36 de la guerrilla de las Farc. Les incautaron dos fusiles, una escopeta, dos pistolas, una granada, municiones, tres libras de pasta de coca y equipos de comunicación.

Inteligencia Militar y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada llevaban una investigación sobre Jiménez Ruiz. señalándolo de ser un socio narcotraficantes de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”, el jefe de los subversivos que siguieron delinquiendo en nuestra región.

Así figuraba “el Caníbal” en el cartel de los más buscados de 2005. Foto cortesía de la Policía.

La historia criminal de “el Caníbal” comenzó en el municipio de Bello, en los años noventa. Allí llegó a ser cabecilla de la banda “el Tapón”, en el sector del mismo nombre, una zona que la mafia convirtió en el principal centro de acopio y distribución de drogas del norte del Valle de Aburrá.

En los archivos judiciales le figuran investigaciones por el asesinato de dos agentes del Gaula (2002) y fuga de presos (2004); incluso estuvo en el cartel de los más buscados de la Policía (2005).

Perteneció a los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y se desmovilizó de este último grupo en 2005. Fue procesado por la ley de Justicia y Paz y salió de la cárcel en octubre de 2015, para volver a la ilegalidad.

Este personaje, según las autoridades, tendría a su cargo la administración de laboratorios de cocaína, con los cuales no solo suple la demanda de exguerrilleros, sino también de las plazas de “el Tapón” y otras facciones de Bello, como “el Mesa” y “Pachelly”. Adicionalmente, estas tres bandas prestan servicios de sicariato, extorsión y secuestro para disidentes.

“Alias ‘el Caníbal’ está abriendo plazas de vicio en Yarumal, Ituango y San Andrés de Cuerquia. No sabemos si lo está haciendo en alianza con los disidentes o si les está pagando un impuesto ilegal”, indicó el general Carlos Rodríguez, comandante de la Región N°6 de Policía, en un informe publicado por El Colombiano el mes pasado. Y agregó: “ese convenio entre ellos debe existir, sino él no podría llegar hasta esos lados”.

El convenio ilícito entre los reseñados grupos de Bello y los “farianos” se ejecuta en Ituango, Briceño, Valdivia, Toledo, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Anorí, Amalfi, Vegachí y, por supuesto, Bello.

Tras la captura, “el Caníbal” fue trasladado en helicóptero a Medellín. El domingo 26 de agosto en la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

NOTA RELACIONADA: “El Mesa”, la empresa del crimen que nadie toca.

El Inspector.

Esta oleada de violencia ya ajustó un mes, dejando víctimas de disparos y explosiones en Antioquia, Cesar, Chocó, Sucre, Córdoba, Bolívar, Meta, Norte de Santander y Santander. En los hechos también fueron dados de baja seis presuntos delincuentes y ocho civiles quedaron lesionados.

¿Las autoridades deben seguir confrontando a “los Urabeños” de la misma manera? Estas son algunas lecciones que deja el fenómeno criminal, recopiladas por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la patrulla en la que iban unos policías de la Operación Agamenón, atacados con explosivos en Arboletes (Antioquia), el 13 de mayo; hubo dos heridos. Foto de cortesía.

En varios momentos esta situación incrementó la zozobra de la ciudadanía, pues las autoridades dieron a conocer que la banda planeaba atentar con un carrobomba en Urabá y asesinar a personalidades políticas en Bogotá y Medellín. De igual manera, circularon en las calles varios panfletos apócrifos mencionando amenazas de muerte, limpiezas sociales y toques de queda.

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a la fecha han sido capturadas 39 personas involucradas en estos atentados. Sostiene que la Fuerza Pública nunca ha estado a la defensiva, sino a la ofensiva contra ese grupo.

Analistas e investigadores policiales fueron consultados sobre el fenómeno, para determinar qué lecciones deja hasta ahora la forma en que se desarrolla el plan pistola y la respuesta de las autoridades.

“La capacidad del Estado es inmensa, eso no se niega, pero estas acciones son imposibles de mitigar hasta el punto cero”, opina Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

1. OTRO ENFOQUE EN EL COMBATE A ESTE GRUPO
Para Ávila, “el Estado se dio cuenta muy tarde de lo que significa el ‘Clan del Golfo’. Venían acostumbrados a pelear con la guerrilla, pero esta banda no emplea grandes contingentes de personas, sino pequeños grupos urbanos con armas cortas, ejerce el control en sus zonas de otra manera”.

Jaime Jaramillo Panesso, exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dice que es necesaria la intervención de las Fuerzas Militares en este tema, que hasta ahora se viene interpretando como un problema de orden policial.

Al respecto, el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, comentó hace una semana que están diseñando la Operación Agamenón 2, que contará con esfuerzo militar.

2. ¿DETRÁS HAY UN ACTO DE PRESIÓN POLÍTICA?
Hace tres años “los Urabeños” están buscando que el Gobierno los tenga en cuenta para negociar un sometimiento a la justicia que los beneficie, y una de las razones del plan pistola sería ejercer algún tipo de presión política, según investigadores consultados.

Jaramillo ve posible que algún día se tienda un puente entre el Gobierno y este grupo, para sentarse a dialogar, mas no será en el corto plazo, ya que “la Casa de Nariño está ocupada en las negociaciones con las dos guerrillas”.

El Acuerdo de Paz con las Farc planteó que el Gobierno debe construir un proyecto sobre el acogimiento a la ley de bandas criminales, pero este no ha sido presentado al Congreso y ya se vencieron las facultades especiales que tenía el presidente Juan Manuel Santos para tramitar decretos con debates abreviados (fast track).

3. EL TERRORISMO NO MURIÓ CON LAS FARC
Tal cual afirmó Ávila, la operatividad de esta facción es menos aparatosa que las organizaciones terroristas del pasado en Colombia, sin embargo, consigue efectos similares amedrentando a la población y enfrentando a la Fuerza Pública. De hecho, ha organizado tres paros armados a punta de sembrar el miedo con panfletos y uso de redes sociales (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas que dejó el paro terrorista de “los Urabeños”)

Vale la pena preguntarse si, como lo reitera el Gobierno, “los Urabeños” son una simple banda de narcotraficantes. “El Estado no ha dimensionado el problema”, acota Ávila.

4. ES POSIBLE UN ESPIRAL DE LA VENGANZA
Los delincuentes, por medio de comunicados, dicen que sus acciones se deben a que “se están defendiendo” de la violencia de la Policía, en cuyos operativos han muerto cabecillas como alias “Pablito” (02/5/17), otro de los móviles para haber ordenado el plan pistola.

A juicio de Jaramillo, esta dinámica de muertos de lado y lado “podría ocasionar un círculo de venganzas”, cuya duración es difícil de predecir.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS 10 POLICÍAS ASESINADOS

1). Patrullero Carlos Armando López Gómez, en Carepa (Antioquia).
2). Subintendente Elkin Echeverry López, en Chigorodó (Antioquia).
3). Mayor Carlos Augusto Hurtado, en Valledupar (Cesar).
4). Patrullero Jéferson Saavedra Pabón, en Acandí (Chocó).
5). Patrullero Edwin Jackson Mosquera, en Medio Baudó (Chocó).
6). Patrullero César Orlando Chávez González, en Montería (Córdoba).
7). Patrullero Geiner Sanabria Montenegro, en San Martín (Meta).
8). Subintendente Wilber Muñoz Rodas, en Segovia (Antioquia).
9). Patrullero Deivis David Cárdenas Díaz, en Sincelejo (Sucre).
10). Patrullero Alejandro Caro Jave, Pueblo Rico (Antioquia).

El Inspector.

Las causas de la matanza son difusas: a guerrilleros, “urabeños” y hasta al Ejército han señalado de esta atrocidad, que nos hace recordar que las masacres son una maldición que está lejos de abandonar nuestra región.

Esta es la finca en la que ocurrieron los hechos, en Amalfi, Antioquia. Foto de Juan Antonio Sánchez.

La investigación preliminar sugiere que el crimen fue perpetrado a las 2:00 a.m. del viernes 12 de diciembre, en una finca con piso de tierra, en el sector El Silencio de la vereda Monos, en Amalfi.

Los sanguinarios les arrebataron la vida a dos hombres y cinco mujeres, varios de ellos mientras dormían: los esposos Margarita Herrera Rendón, de 55 años, y Adelmo de Jesús  Castrillón Arroyave, de 65; también a Mónica García Jaramillo, a las hermanas Mariana y Melisa Castrillón Herrera (menores de edad y nietas de la pareja) y dos NN masculino y femenino, ambos adultos. Sobrevivió una bebé de 45 días de nacida, al parecer hija de la occisa Mónica García, cuyo paradero se desconoce, aunque se rumora que un familiar se la llevó luego de la tragedia.

En la inspección a la escena del crimen, los técnicos forenses encontraron, según el reporte de la Policía Antioquia: un morral de campaña verde, que guardaba 3 hamacas, un par de botas negras, un uniforme dril pixelado (camuflado militar), un machete y elementos de aseo personal. También hallaron un chaleco arnés color negro, un radio de comunicaciones, 4 baterías de Blackberry, 2 proveedores con 62 cartuchos de calibre 5.56, 6 cartuchos 38 largo, 3 granadas de mano IM26 de fragmentación, una cantimplora, un oncho, una chapuza para revólver, un proveedor para pistola 9 mm, 4 celulares, 5 Sim Card, 17 tarjetas prepago, 2 placas para motocicleta, 4 cargadores para celular, 18 panfletos alusivos a la guerrilla del Eln (en una casita contigua a la vivienda principal, sobre la cama) y 2 libretas con “información de actividades delictivas”.

Al parecer las víctimas fueron ejecutadas en estado de indefensión. Foto de Juan Antonio Sánchez.

¿POR QUÉ OCURRIÓ?

Son varias las hipótesis que se han tejido sobre el incidente. Para comenzar, los esposos Castrillón Herrera y sus nietas menores de edad eran parientes de los excomandantes paramilitares Daniel y Fredy Rendón Herrera, alias “don Mario” y “el Alemán”. Aunque una retaliación contra los familiares de estos capos es la teoría más débil, ellos lo han aprovechado para solicitar protección del Estado a su núcleo familiar e insinuar que las muertes ocurrieron por las confesiones que ellos han hecho en sus versiones ante la Fiscalía.

El segundo móvil apunta a que en la vereda se presentó un enfrentamiento armado entre los subversivos del Eln y la organización criminal “los Urabeños”, dos grupos que llevan varios años de enemistad en la región. Se cree que dos guerrilleras recibieron refugio en la vivienda de los Castrillón Herrera, lo que motivó la masacre de todos los habitantes del lugar.

De ser cierta esa versión, encierra una paradoja: “los Urabeños” habrían asesinado a los seres queridos de su propio fundador, “don Mario”.

La tercera hipótesis sugiere que fue un ajuste de cuentas interno entre miembros del frente Capitán Mauricio del Eln, que delinque en esta zona del nordeste antioqueño.

Algunos pobladores manifestaron a la Defensoría del Pueblo que en el enfrentamiento armado previo a la masacre participó el Ejército, versión que fue desmentida de forma categórica por la Institución castrense, que aseguró que no tenía operaciones en curso en el área.

Entre las víctimas hubo una niña de 11 años, que soñaba con ser policía. Foto de Juan Antonio Sánchez.

LAS MASACRES QUE HACEN LLORAR A ANTIOQUIA

El funesto episodio de Amalfi recordó que Antioquia ha sido una región azotada por los asesinatos múltiples en el último cuatrienio.

A diferencia de las dos décadas pasadas, cuando los actos terroristas de los carteles, las guerrillas y los paramilitares sacudían los cimientos de la población civil, las masacres de la actualidad – entendidas como un acto que deja cuatro víctimas y más – se deben en su mayoría a disputas de bandas de crimen organizado, seguidas de actos de intolerancia y venganzas personales.

Sin contar lo sucedido en Amalfi, que aún está en etapa preliminar de investigación, estas son las 21 matanzas que han hecho llorar a Antioquia desde 2010, de acuerdo con la recopilación elaborada por El Colombiano:

1. Explosión en albergue de indigentes
Cuatro habitantes de calle muertos y 16 heridos, entre ellos varios policías, dejó la detonación de un artefacto explosivo en la entrada de un albergue del sector La Minorista, en el centro de Medellín. Acaeció en la madrugada del 22 de marzo de 2014, cuando los mendigos eran conducidos por los uniformados y uno de ellos cargaba la bomba en un costal. Las autoridades endilgaron el crimen a las disputas de bandas del microtráfico de drogas.

2. Masacre en El Peñol
El 12 de enero de 2014 fueron hallados los cadáveres de cuatro jóvenes de 15, 16, 17 y 18 años, en un sendero rural de la vereda El Morro, del municipio de El Peñol. Las víctimas tenían señales de tortura y estaban degolladas. La hipótesis preliminar apunta a que se trató de una retaliación por supuestos robos a fincas de la zona.

3. Ataque a una familia en Medellín
Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, fueron asesinados a machetazos en su vivienda del barrio Villa Laura, en el occidente de Medellín. Ocurrió el 14 de julio de 2013, cuando las víctimas fueron descubiertas por un infante de 11 años que entró a la casa.

4. La masacre de Envigado
En la madrugada del 31 de diciembre de 2012, un comando de sicarios incursionó en una finca alquilada de la vereda El Salado, en el municipio de Envigado, asesinando a tiros a cinco hombres y cuatro mujeres. El ataque estaba dirigido contra un occiso en particular: el desmovilizado Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro”, cabecilla de la organización criminal “la Oficina”.

5. Matanza en San Roque
El 16 de noviembre de 2012, en la vereda Trinidad de San Roque, fueron acribillados cinco presuntos integrantes de la banda “los Pechilisos”, cuando al parecer se encontraban hurtando madera y metal de los antiguos rieles del ferrocarril. La autoría se endilgó a la organización “los Urabeños”.

6. Cacería y linchamiento en San Jerónimo
El asesinato a machetazos del campesino guitarrista Nolberto Bedoya, el 11 de noviembre de 2012, desató la ira de la comunidad en el municipio de San Jerónimo. Armados con palos y machetes, buscaron a los cuatro sospechosos por el monte de la vereda Alto Colorado, y en las dos horas siguientes los lincharon. La Policía solo llegó a recoger los cadáveres.

7. Hallazgo en la Curva del Diablo
En la madrugada del 10 de noviembre de 2012, cuatro cadáveres fueron arrojados desde una camioneta en el barrio Moravia de Medellín, justo en el sector conocido como la Curva del Diablo. Los tres hombres y la mujer estaban envueltos en sábanas y con señales de asfixia mecánica. La teoría del caso apunta a una pugna de combos de la zona nororiental de la ciudad.

8. Masacre en Santa Rosa de Osos
Debido a que el patrón de una finca no quiso pagar una vacuna extorsiva, integrantes de la banda “los Renacentistas del Norte” fusilaron a 10 de sus trabajadores y los remataron con granadas. Sucedió el 7 de noviembre de 2012, en la finca La España de la vereda Aguaditas, en el municipio de Santa Rosa de Osos.

9. Feroz enfrentamiento en la comuna
Tres policías asesinados a punta de fusil y granadas, un supuesto sicario abatido y un vecino muerto a bala en la confusión de los hechos, fue el resultado de un enfrentamiento entre las autoridades y el anillo de seguridad de alias “el Gomelo”, el delincuente más buscado de la comuna 8 de Medellín. Ocurrió el 4 de noviembre de 2012, en el barrio Villatina, donde fue arrestado el criminal herido.

10. Un carro abandonado en Marinilla
El 1 de noviembre de 2011 las autoridades encontraron un automóvil abandonado en una carretera del municipio de Marinilla. Adentro yacían los cadáveres de cinco hombres, todos oriundos de Bello. La hipótesis del caso fue un disputa entre bandas delincuenciales.

11. Tragedia en la cancha La Maracaná
Cinco personas muertas y seis heridas dejó un ataque armado en la cancha La Maracaná, en límites de las comunas 5 y 6 de Medellín. El crimen fue perpetrado cuando se jugaba un partido de futbol aficionado, en la noche del 26 de julio de 2012, y fue motivado por una pugna entre combos delincuenciales.

12. La masacre de Sopetrán
El 24 de abril de 2011, en plena celebración de la Semana Santa, un comando sicarial de “los Urabeños” ingresó a una finca de recreo en la vereda El Rodeo del municipio de Sopetrán y secuestró a 10 personas. El 21 de mayo siguiente, las autoridades encontraron una fosa común en la vereda El Pomar, con 9 cadáveres. Uno de los secuestrados sigue desaparecido.

13. Horror en un taxi
En la noche del 1 de abril de 2011, dos integrantes de un combo fueron dejados en libertad en una estación policial de la comuna 6 de Medellín. Fueron recogidos en un taxi por tres mujeres, una de ellas embarazada, y unas cuadras más adelante los interceptaron sicarios motorizados. Las cinco personas fueron masacradas, solo sobrevivió el taxista.

14. Tragedia familiar en La Pintada
Un expolicía asesinó a bala a su esposa, a su pareja de suegros y a su hijo de 9 años de edad. Después se enfrentó a tiros con la Fuerza Pública, hasta tomar la decisión de autoeliminarse. Sucedió el 14 de marzo de 2011, en una vivienda del casco urbano del municipio de La Pintada. La comunidad iracunda quiso asaltar la morgue para hurtar el cadáver del expolicía y arrojarlo al río Cauca, pero las autoridades lo impidieron.

15. La matanza de Caucasia
En una carretera polvorienta de la vereda La Arenoza, en el corregimiento Cuturú de Caucasia, fueron hallados los cadáveres descompuestos de 10 campesinos y cultivadores de hoja de coca. Los encontraron el 13 de marzo de 2011, maniatados y repartidos a lo largo de un kilómetro de la vía. El móvil fue la guerra entre las bandas “los Urabeños” y “los Rastrojos”.

16. Asalto sicarial en un apartamento
Cuatro hombres asesinados a tiros y cinco más heridos dejó una incursión sicarial en el sector San Rafael, del barrio Guayabal de Medellín. Ocurrió cuando integrantes de la banda “la Unión” celebraban una reunión en el sitio, en la noche del 11 de marzo de 2011.

17. Ataque de mercenarios en lancha
Cuatro hombres procedentes del Valle de Aburrá fueron acribillados por sicarios en una finca de la vereda El Marial, en el municipio de El Peñol. Según la Policía, los agresores atravesaron la represa de Guatapé en una lancha, en la madrugada del 9 de febrero de 2011, y se hicieron pasar por miembros del CTI de la Fiscalía.

18. Masacre en un rancho de La Sierra
El 9 de febrero de 2011, en un rancho de tablas del barrio La Sierra de Medellín, fueron asesinadas cuatro personas a punta de disparos, incluyendo una pareja de esposos. La causa fue el enfrentamiento de combos de la ciudad.

19. La masacre del Día del Amor y la Amistad
Cinco muertos y ocho heridos dejó un ataque de sicarios a un bar del sector Miramar, en la comuna 6 de Medellín, cuando los asistentes disfrutaban del Día del Amor y la Amistad, el 19 de septiembre de 2010. El motivo fue una disputa de combos delincuenciales.

20. Noche de terror en Uramita
El 6 de julio de 2010 fue hallado un cadáver envuelto en bolsas, abandonado en un paraje rural del municipio de Uramita. Al día siguiente sus familiares viajaron desde Medellín para la velación, en el corregimiento Las Juntas. Cuando iban de regreso, a bordo de un taxi y un campero, fueron agredidos con granadas y tiros de fusil, a la altura de la vereda El Chupadero. Murieron siete personas, entre ellas una bebé de 2 años. La hipotesis policial del caso fue una retaliación entre bandas criminales.

21. Masacre en la zona rosa de Envigado
En la noche del 2 de julio de 2010, dos facciones enemigas de la organización criminal “la Oficina” se enfrentaron en el bar Gurú, ubicado en el centro del municipio de Envigado. Murieron 8 personas inocentes, entre ellas un ciudadano estadounidense, y 12 más resultaron heridas.

El Inspector.

La Fiscalía tiene un 90 por ciento de certeza sobre el hallazgo de unos restos en el Urabá antioqueño, que pertenecerían al comandante paramilitar nacido en Amalfi. Esta es la reconstrucción de la historia, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los restos óseos de Fidel Castaño estaban dentro de una caneca, en esta fosa. Cortesía de la Fiscalía.

El director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestroza, anunció que la evidencia más fuerte es la carta dental, aunque está pendiente un cotejo de ADN para estar plenamente seguros de la identidad.

En sus versiones libres, el desmovilizado Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, había prometido entregar la ubicación de la tumba de su antiguo jefe. Los datos fueron recepcionados por la Fiscalía 179 de Justicia y Paz, que tuvo que aplazar la diligencia varias veces por el clima y el orden público.

El pasado jueves (septiembre 26) salió una comisión de funcionarios desde Montería, rumbo al municipio de San Pedro de Urabá, donde el 6 de enero de 1994 fue asesinado Fidel en un supuesto choque con una escuadra del Epl.

En la biografía “Mi Confesión”, del escritor Mauricio Aranguren Molina, Carlos Castaño relata que su hermano tuvo una primera sepultura en la finca Las Tangas, de Córdoba. A los cuatro meses, él y un par de primos lo desenterraron y transportaron a otro lugar del Nudo del Paramillo.

La razón para tanto sacrilegio era que “el misterio convierte a los guerreros en mitos que se alimentan de la incredulidad de los hombres”, una estrategia de distracción en plena guerra con las Farc.

La delegación judicial, en la que también estaba “Monoleche”, centró la búsqueda en la vereda La Cejita del corregimiento Santa Catalina. En la mañana de este sábado (septiembre 28) encontraron la fosa en un predio de la finca Casaloma.

Fuentes judiciales relataron que un ciudadano llamado Manuel Castaño Gil, quien asegura ser hermano del finado, les comentó que su familiar se había realizado un tratamiento odontológico. La pista coincide con la carta dental de un cráneo desenterrado.

El procedimiento, coordinado por el Grupo de Exhumaciones de Justicia y Paz, también pretende establecer si dos de los cadáveres restantes son de los hermanos Jorge y Jimmy Lucena Brito, procedentes de la Costa Atlántica y excabecillas de las Accu, y alias “el Salado”, exescolta de Carlos Castaño. De igual manera, se investiga si otros restos son de una campesina de la región y su hijo.

Hasta ahora han registrado seis fosas, no solo en Casaloma, sino en las finca La 30 y Puente Maturana. Las inspecciones continúan.

“Después de la identificación por ADN, los restos serán entregados a la familia, no sé cuánto se demora el proceso”, afirmó Hinestroza.

HISTORIA DE TRAICIONES

Los devenires de la familia Castaño Gil están estrechamente ligados a la historia de la violencia en Colombia.

Fidel Castaño Gil, alias "Rambo". Archivo El Colombiano.

El clan, de ascendencia campesina y ganadera, formó su primera estructura de autodefensa tras el secuestro y asesinato de su patriarca Antonio de Jesús Castaño González, a manos de las Farc (1979).

Ese fue el germen de lo que luego se llamaría Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), una organización con influencia en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre.

Los negocios ilícitos condujeron a los hermanos Castaño hacia el cartel de Medellín a finales de los 80, pero las traiciones mafiosas acabaron enemistándolos con el capo Pablo Escobar y conformando la banda “los Pepes”.

Al frente de ese grupo, el clan orquestó una conspiración en la cual participaron integrantes del cartel de Cali, la Fuerza Pública, los gobiernos de Colombia y E.U. y exmiembros de la cofradía de Escobar.

La disputa entre ambos bandos derivó en la peor racha de homicidios en Medellín, que dejó 17.756 víctimas de 1991 a 1993, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía (Sisc).

La capacidad de liderazgo de Fidel impulsó las primeras alianzas para concretar el proyecto nacional antisubversivo, pero no viviría para ver materializada la unión de todos los bloques paramilitares.

Junto a una carretera destapada de San Pedro de Urabá encontró su final, tal cual han narrado varios reinsertados. Un balazo en el pecho extinguió su aliento en una supuesta escaramuza con la guerrilla. El tiempo, sin embargo, desenterraría una teoría más macabra.

Fidel, Carlos y Vicente, los Castaño más conocidos, compartieron el mismo destino: terminaron traicionados por su propia sangre y sepultados en parajes indómitos, sin un cura que los santiguara ni mujer que los llorara.

Una venganza por un lío de faldas habría provocado que Carlos orquestara la muerte de Fidel, disfrazándola de tiroteo con la subversión, han dicho algunos exparamilitares. En la operación participaron, entre otros, “Monoleche” y alias “Salvador” o “Santomano”, un antiguo escolta de Pablo Escobar que luego se pasó a la filas de la Casa Castaño.

“Visitamos ese sitio con unos expertos y no encontramos evidencia de que allí hubiera ocurrido un combate”, contó un investigador, quien pidió la reserva de su nombre.

El 16 de abril de 2004, en una operación fraguada por Vicente en San Pedro de Urabá, los “paras” acribillaron a Carlos, cuyos acercamientos con agentes de E.U. y tropeles con otros comandantes lo habían convertido en estorbo. Su despojo fue exhumado en agosto de 2006 en Valencia (Córdoba).

El 12 o 17 de marzo de 2007 (hay dos versiones), un comando de las Auc le arrebató la vida a Vicente en una finca de Nechí. El anecdotario dice que lo descuartizó alias “Camilo”, un expolicía del Gaula.

Los restos no han sido hallados, el río o el monte los debe estar consumiendo, como a los de su hermano Fidel.

El Inspector.

Culminamos el año 2012, el quinto desde la creación de Revelaciones del Bajo Mundo, con la publicación de 352 artículos y 8.048 comentarios de ustedes.

Les deseo un 2013 cargado de éxitos, en lo familiar, laboral y personal. Los invito a seguir contribuyendo con sus opiniones y comentarios a la seguridad de Medellín, Antioquia y Colombia.

Espero seguir mejorando para ofrecerles a ustedes, los ciudadanos, información completa y verificada sobre los hechos que afectan el orden público y nuestra seguridad, para aportarles datos que les permitan tomar mejores decisiones en su cotidianidad. Felicidades y próspero Año Nuevo.

El Inspector.

Así lo dio a conocer el comandante de la Región 6 de la Policía Nacional, general José David Guzmán, aunque lo más preocupante es que en apenas 15 días se han presentado cinco masacres en la región.

Panorámica del casco urbano de San Roque, Antioquia. Foto de Julio César Herrera.

El último episodio ocurrió antes de la medianoche del pasado viernes (noviembre 16), en la vereda La Trinidad de San Roque. Allí, de acuerdo con la información preliminar, había un puñado de personas tratando de robar la madera y el metal de unos antiguos rieles del ferrocarril.

En esas circunstancias fueron sorprendidos por presuntos integrantes de la banda ‘Los Urabeños’ y murieron abaleados. Las víctimas, que al parecer conformaban una agrupación de delincuencia común denominada ‘Los Pechilisos’, fueron: Luis Salazar, Jorge Gómez, Elkin Úsuga y los hermanos Julián y Wilder Márquez, con edades de 22 a 29 años.

Una hipótesis de las autoridades es que ‘Los Pechilisos’ habrían participado en la muerte de un ‘urabeño’ hacía tres meses, razón por la cual fueron masacrados como venganza.

El mes de noviembre ha sido nefasto en cuanto al orden público en Antioquia. Tal cual ha venido registrando Revelaciones del Bajo Mundo, con el caso de San Roque ya son cinco las masacres ejecutadas en el departamento.

El pasado 4 de noviembre murieron cinco personas en Medellín, en el operativo de captura de alias ‘El Gomelo'; a los tres días mataron a 10 campesinos en Santa Rosa de Osos; el 10 de noviembre estrangularon a cuatro ciudadanos y los botaron en la Curva del Diablo, en Medellín; y al día siguiente fallecieron cinco personas en San Jerónimo, cuando la vecindad linchó a cuatro sujetos que le quitaron la vida a un guitarrista a punta de machete.

El Inspector.

Con las autoridades lejos del área, la turba iracunda transformó la justicia en venganza y decretó el veredicto para los sospechosos: pena de muerte.

El cementerio de San Jerónimo, en el occidente de Antioquia. Foto tomada del portal oficial del municipio.

Esta historia tiene como antecedente el pleito entre las familias Bedoya y Suárez, que al parecer se inició décadas atrás y ha dejado varios muertos de lado y lado, por razones que no han sido precisadas.

Según la investigación de la Policía Antioquia, continuando ese espiral de violencia, Francisco Javier Suárez Moná, de 21 años y apodado ‘El Mico’, regresó a su vereda desde Medellín, donde vivía actualmente. En su propósito lo acompañaron Balbored Juan de Jesús Tobón de Osorio, de 56 años; Carlos Andrés Restrepo, de 20; y Johnny Ramírez Varela, de 18.

A las 9:00 a.m. de ayer (noviembre 11) localizaron a Nolberto Bedoya y le segaron la vida a machetazos. La vecindad se enteró de lo ocurrido y en la hora siguiente comenzó a gestarse la retaliación.

No le avisaron a la Policía, sino que comenzaron a llegar de diferentes puntos de la vereda, armados con palos y herramientas. Entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. los pobladores recorrieron el monte y cazaron uno a uno, en diferentes lugares, a los cuatro sospechosos llegados de Medellín, que extrañamente no habían huído de la zona después del asesinato. A todos los lincharon, garrotazo tras garrotazo.

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, en su cuenta de Twitter calificó la matanza como un “horror“; el comandante policial del departamento, coronel José Acevedo, declaró que “fue un acto de intolerancia”. Mucha gente de ese pueblo, sin embargo, pareció aprobar la venganza.

Este fin de semana estaban en las fiestas municipales de San Jerónimo, una localidad turística, y la parranda no se interrumpió por estas cinco muertes. Al contrario, todos siguieron bailando y bebiendo en el parque principal, como si nada hubiera pasado.

El Inspector.

Los matones les apuntaron y soltaron ráfagas que derribaron a los campesinos y recolectores de tomate de árbol. Después, para remarcar el terror de su acción, arrojaron una granada que mutiló los cadáveres abaleados. El resultado fue de 10 muertos.

En el corredor de la entrada de la finca fueron fusilados los campesinos. Foto de Manuel Saldarriaga.

Sucedió a las 6:00 p.m. de ayer (noviembre 7), al final de la jornada en el campo. Los labriegos fueron sorprendidos cuando estaban arrumando los bultos de tomate en la finca La España de la vereda Aguaditas, en el corregimiento San Isidro del municipio Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia.

Los occisos se llamaban Pompilio de Jesús Gómez, de 59 años; Óscar Augusto Taborda Vanegas, de 42; Manuel Berna Hernández, de unos 25; Enrique de Jesús Duque Henao, de 48; Gloria Zenaida Chavarría Posada, de 29; Fernando Arley Viana Granda, de 27; y Víctor Alfonso Correa Gómez, quien estaba celebrando ese mismo día su cumpleaños número 25.

Tambien perecieron Adrián Alberto Uribe Barrientos, de 33 años y administrador de la finca; William Alberto Espinoza Viana, de 23 y habitante de la propiedad, y su padre Joel Espinoza, de 58.

A la matanza sobrevivieron dos personas: un trabajador que huyó cuando los criminales estaban reuniendo a sus víctimas, y uno de los que fueron fusilados, el cual cayó herido y los verdugos creyeron que había muerto.

La hipótesis que maneja la Policía es que los perpetradores pertenecen a una disidencia de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, la cual opera en la vecina subregión del Nordeste y estaría en proceso de expansión hacia el Norte. Como todo grupo armado que recién llega a una zona, se ha dedicado a sembrar el terror, buscando la obediencia de los pobladores y el consecuente pago de las ‘vacunas’ extorsivas.

Los cabecillas de la disidencia en Antioquia son Wálter Manuel Ramos Soto, alias ‘Alex 15′, y Miguel Ángel Ospina Guerrero, apodado ‘Palagua’. Ambos aparecen en la lista de los más buscados.

Otra teoría sugiere que los perpetradores del múltiple asesinato tienen otro origen, es decir, un grupo nuevo conformado por puñados de gente de múltiples lados: desmovilizados, exrastrojos, delincuentes comunes y demás. Esta acción sería su primer golpe, el que los sacó del anonimato.

Tal parece que el dueño de la finca donde masacraron a los trabajadores es un hacendado con varias propiedades, el cual se ha resistido a las presiones de los delincuentes.

Hoy se produjo el desplazamiento forzado de unas 200 personas de las veredas de Santa Rosa de Osos, las cuales llegaron al casco urbano temiendo que se repita la matanza en otras fincas que todavía no pagan el ‘impuesto’ ilegal. La Alcaldía los albergó en el coliseo.

Esta es la masacre más numerosa que ha ocurrido en Colombia en 2012, tristemente en una localidad con un historial pacífico en los últimos años. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, visitará la región mañana, en medio del luto colectivo.   

El Inspector.

El doble homicidio fue el capítulo final de una triste semana, en la cual también asesinaron pequeños en los municipios de Abejorral y Frontino, para un saldo de cinco menores de 11 años muertos de forma violenta en Antioquia.

La comunidad de Abejorral colaboró con el transporte de los cadáveres de la familia, en la vereda La Volcana. Foto de Hernán Vanegas.

El primer episodio se presentó a eso de las 9 p.m. del miércoles 3 de octubre, en la vereda La Volcana de Abejorral, en el oriente del departamento. Según las indagaciones iniciales, dos o cuatros sujetos encapuchados y armados, llegaron hasta la finca de la familia Valencia Alzate, dedicada a la agricultura. “¡Salí, arreglemos por las buenas!”, le gritaron a Nicolás de Jesús Valencia Chalarca, pero este no salió.

Los matones forzaron la puerta y entraron a la vivienda. Uno de ellos fue herido de un machetazo por el campesino de 41 años, quien luego perdió la vida a balazos. Los delincuentes no se conformaron con esta víctima y entraron hasta una de las habitaciones, buscando al resto de la familia. En la cama, la esposa Dalila Catalina Alzate Urrea, de 28 años, abrazó a sus hijos de 8 y 11, tratando de protegerlos. Esto no generó piedad en los invasores y los tiros atravesaron a la progenitora y a sus criaturas.

Treinta minutos después del hecho, la Fuerza Pública capturó a un sospechoso en el monte, al seguir un rastro de sangre desde la finca. El sujeto de 41 años estaba inconsciente en el suelo y le faltaba el pulgar derecho, al parecer por el machetazo recibido; a su lado había un changón hechizo, de doble cañón y calibre 16. La hipótesis de la Policía es que el móvil del cuádruple homicidio es una deuda de dinero, relacionada con la venta de una propiedad.

El siguiente caso sucedió el viernes 5 de octubre en Frontino, en el occidente de Antioquia. En la mañana, el conductor Mauricio Úsuga, de 43 años, abordó su camión rumbo a la vereda La Herradura, en compañía de su hijo de 4 abriles y un sobrino de 14. Se presume que lo habían citado para contratarlo para un trasteo.

En el camino fueron interceptados por un grupo de malvivientes, los cuales abrieron fuego contra la cabina del vehículo. El adolescente, que sobrevivió al ataque, relató a las autoridades que su tío les suplicó a los criminales que no dispararan más, porque él ya estaba muerto. Sin embargo, hicieron un último tiro, siendo este el que mató al niño.

El alcalde de la población, Jorge Hugo Elejalde, señaló que la teoría inicial del caso es que se trató de una venganza contra el conductor, por la pérdida de un ganado. La Policía ya tiene un sospechoso individualizado.

La última atrocidad acaeció el sábado 6 de octubre en la vereda Ajizal de Itagüí. La pareja de padres, conformada por un empleado de una tienda y una trabajadora de confecciones, salió desde temprano a comprar regalos por motivo de la celebración del Amor y la Amistad y el cumpleaños del mayor de su hijos. Los hermanitos de 9 y 11 años quedaron al cuidado de su tío materno, de 24.

Cuando los esposos regresaron a las 4 p.m., encontraron al adulto amarrado en una cama. Tenía múltiples golpes en todo el cuerpo, que le generaron fracturas en costillas y una pierna, aunque seguía consciente. En la otra cama estaban el niño de 11 años y su hermana menor, aún con las pijamas. Un uniformado que contempló la escena se declaró “triste y consternado” por lo que vio. 

A los infantes los mataron a punta de golpes con algún objeto contundente, también se cree que al mayor, quien mañana cumplía años, lo asfixiaron. A los investigadores les llamó la atención que los agresores no robaron nada de la casa y que ni la reja ni la puerta hubieran sido forzadas.

El tío sobrevivió y está hospitalizado. De acuerdo con su narración, dos afrodescendientes con el rostro encapuchado cometieron el crimen, cuyo móvil es un misterio hasta ahora.

NOTA RELACIONADA: Mataron a un niño y… como si nada.

El Inspector

El plan criminal contra su vida, denunciado ante los medios de comunicación por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, despierta todo tipo de interrogantes.

Sergio Fajardo dijo que esta era la primera amenaza seria contra su vida. Foto cortesía de la Gobernación.

El mandatario explicó ayer en una rueda de prensa que Inteligencia Militar tenía información sobre personas que estarían fraguando un atentado, y que altos mandos militares y policiales le notificaron esa situación el sábado anterior.

El miércoles lo llamaron de nuevo, para que tuviera cuidado porque la acción ilegal se iba a ejecutar ese día. “Las autoridades me dijeron: ‘lo quieren asesinar’“, narró el funcionario. Pero no pasó nada, por fortuna.

Las medidas preventivas que se han tomado hasta ahora incluyen cambios en el personal que escolta a Fajardo, ajustes a su esquema de seguridad y al de la sede de la Gobernación en Medellín, donde los periodistas, por ejemplo, deben enviar todos sus datos de identificación con antelación para poder entrar. Pese a la alerta, el político aseguró que no modificará su agenda.

El Gobernador no dio los detalles del caso, aunque dijo que ya estaban en manos de la Fiscalía para iniciar la investigación. Sin embargo, en su discurso dio a entender que había pistas sobre los posibles autores materiales, mas no de los intelectuales, que son los que más le preocupan.

Según el funcionario, el problema “se podria relacionar con las denuncias contra la corrupción, que es una empresa criminal tan difícil de combatir como la guerrilla. En ese terreno se mueven muchos intereses, sé que estamos tocando fibras muy poderosas”.

Son múltiples las quejas que ha hecho sobre los corruptos, mas para nadie es un secreto que las más complejas y  sonadas han sido contra la anterior Gobernación (2008-2011), encabezada por Luis Alfredo Ramos. En febrero publicó el famoso Libro Blanco, señalando numerosas presuntas irregularidades de la administración pasada, varias de ellas retomadas por organismos de control como la Contraloría. Fajardo, no obstante, se ha cuidado de no acusar a nadie por la amenaza.

En el mundo político de Antioquia hay dos bandos bien diferenciados, de lado y lado van y vienen denuncias, contradenuncias e insultos maquillados entre las frases de cada discurso. Las diferencias de estos clanes han trascendido de lo político a lo legal, con investigaciones penales y disciplinarias de por medio para miembros de parte y parte.

Uno de esos grupos de pensamiento divergente lo integran el gobernador Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el exalcalde Alonso Salazar, además de los gabinetes y escuderos de cada cual. En la otra esquina están el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez y el excandidato a la Gobernación Álvaro Vásquez, con sus respectivos simpatizantes.

No es prudente, por la falta de pruebas, señalar a unos u otros por las amenazas, pero la denuncia de Fajardo arroja más sombras a una situación política ya muy tensionante en la región.

Este es el clima que favorece al crimen organizado, el de la inestabilidad, porque las bandas ilegales entran a patrocinar, favorecer u obstruir los intereses, y siempre encuentran a alguien dispuesto a “dejarse colaborar”. El supuesto plan contra Fajardo es lo que está por encima, ¿pero qué se estará cocinando por debajo?

El Inspector.

La analogía explica la manera en que se esparció por Colombia el paro ilegal impuesto a la comunidad por la organización narcoparamilitar ‘Los Urabeños’, que hoy, a punta de intimidaciones, puso en jaque la seguridad nacional.

Este es el bus incinerado en los límites de los corregimientos San Cristóbal y Palmitas, en el occidente de Medellín. Foto de Edwin Bustamante.

En la madrugada los criminales repartieron panfletos y se aparecieron armados en los establecimientos públicos y fincas, obligando a la gente a cerrar los negocios, paralizando la actividad comercial, financiera, turística y de transporte en las subregiones antioqueñas de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Occidente. Afectó los departamentos ya citados y a eso de las 2:00 p.m. comenzó en la metrópoli paisa.

La nociva influencia de esta agrupación, autodenominada también ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, se sintió particularmente en la comuna 13 de Medellín, donde hasta la Línea J del Metrocable cesó de funcionar. Las tiendas, farmacias, panaderías y demás locales fueron sometidos por el miedo y no abrieron sus puertas. La situación también afectó al barrio vecino Santa Lucía y los buses dejaron de subir al corregimiento San Cristóbal.

Precisamente, en la frontera de San Cristóbal con Palmitas, los delincuentes detuvieron un bus de servicio público, bajaron al conductor y a los pasajeros y después lo incineraron; lo mismo hicieron con otro bus en el corregimiento San Antonio de Prado. En la vía que conduce del barrio Belén Las Violetas a la vereda Aguasfrías quemaron dos taxis; no hubo heridos en estos casos.

En La Sierra y la comuna 1 (Popular) también se vio afectado el comercio, según las denuncias de la vecindad.

La Policía y el Ejército reaccionaron como un enjambre sofocado por el fuego y más de 6.500 efectivos se movilizaron en toda Antioquia, según la Gobernación.

En Medellín capturaron a dos menores de edad y un adulto implicados en las intimidaciones, y en el Centro inmovilizaron un taxi con 2.000 panfletos alusivos a la jornada de paro. El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, señaló a la banda ‘La Agonía’ y en particular a alias ‘Pipemono’ de promover la situación en la comuna 13, siguiendo instrucciones del cabecilla ‘urabeño’ apodado ‘Mi Sangre’.

En el poblado La Tablaza, del municipio La Estrella, arrestaron a cuatro sujetos que portaban bombas molotov (botellas con combustible y una mecha), al parecer con la idea de incendiar más vehículos. No lo lograron, pero en las localidades de Briceño y Salgar, los malvivientes incineraron otros dos buses.

En Urabá, el Norte y el Bajo Cauca capturaron a 12 personas relacionadas con la distribución de pasquines, las amenazas y la elaboración de gratifis con la marca de ‘Los Urabeños’.

Me pregunto cuántas horas durará esta gente detenida, pues todo apunta a que la ciudadanía (víctima del miedo) no formulará una denuncia formal contra ellos. ¿Qué hará la Fiscalía?

¿Qué harán el nuevo gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, respectivamente, ante el primer reto de sus mandatos en materia de orden público?

LAS CAUSAS

¿Qué generó este fenómeno delincuencial de tan grandes proporciones? La razón más obvia es una retaliación por la muerte de uno de los líderes de ‘Los Urabeños’ el pasado 1 de enero, en una finca de Acandí, Chocó.

Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovany'.

La Policía la allanó y en un enfrentamiento dio de baja a Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovany’, junto a un supuesto secuaz; quedaron heridos tres hombres más, quienes fueron judicializados. También murió un integrante de la Fuerza Pública e incautaron un arsenal, que incluye dos pistolas FiveSeven (de fabricación belga, cuyos proyectiles traspasan los chalecos blindados). Esto sucedió cuando el cabecilla celebraba con familiares y allegados una tremenda fiesta de Año Nuevo.

En su panfleto, ‘Los Gaitanistas’ se quejan porque, según ellos, los uniformados capturaron vivo a Úsuga, mas no lo llevaron ante la ley, sino que lo ejecutaron delante de los suyos. Calificaron el hecho como “un acto violatorio del Derecho”.

El paro armado se esparció por las diferentes regiones mientras ‘Giovany’ era sepultado en el municipio de Necoclí. A manera de antecedente, el 21 de julio de 2009 murió de una enfermedad un cabecilla de la banda ‘Los Triana’, conocido como ‘Chorizo’, y sus compinches provocaron al otro día un cese de actividades similar en el nororiente de Medellín.

Pese a este motivo, hay otras hipótesis que apuntan a que el incidente va más allá de la mera retaliación por la muerte del patrón  y se inserta en un elaborado plan criminal.

El paro sucedió el jueves previo al puente festivo de Reyes Magos, y logró detener el flujo de viajes en las terminales de transporte terrestre. Esto significa un enorme impacto negativo en la economía, ya que esta temporada genera grandes dividendos por concepto de comercio y turismo. Ahora la gente se pregunta si puede viajar tranquila a la Costa Atlántica, a Coveñas o cualquer destino en las zonas afectadas. ¿Los delincuentes habrán calculado esto para amplificar el efecto de su acción?

Dos conocedores del conflicto coinciden en que ‘Los Urabeños’ buscan demostrar un vasto poderío a nivel nacional, con el fin de forzar al Gobierno a concertar otra desmovilización masiva. Los miembros de la organización ya han participado en varias (algunos son guerrilleros reinsertados del Epl y la gran mayoría exparamilitares) y han regresado a la guerra al cabo de algún tiempo.

De esta manera, el fenómeno intimidatorio supondría que, sin importar la muerte de uno de sus jefes, siguen siendo fuertes y no están a punto de ser desmantelados, como lo auguró la Policía tras el operativo en Acandí.

Entretanto, el general Yesid Vásquez dijo que había que desmitificar la presencia de ‘Los Urabeños’ en Medellín. Según él, lo de hoy fueron acciones solidarias de pillos locales con esa estructura. Para el alto oficial, la influencia de la organización en nuestra urbe es “una fábula”. ¿Pensarán lo mismo los propietarios de los vehículos quemados, o los comerciantes que perdieron dinero por el cierre, las víctimas de este tsunami?

NOTA RELACIONADA: ‘Los Urabeños’ llegaron a Medellín y con ellos la muerte.

El Inspector.  

Una imagen que hacía presagiar lo peor para los campesinos de la zona, tal cual lo confirmó después la Policía. En la silla de atrás yacían tres cadáveres y en la maleta del carro otros dos, con heridas de bala y arma blanca. Un crimen brutal.

En este automóvil fueron dejados los cinco cadáveres. Foto de Esteban Vanegas.

El automotor fue inspeccionado a las 6:00 a.m. de ayer por los criminalistas. La primera impresión fue que las víctimas no eran del área, que al parecer los mataron en otro lado y después los condujeron en un vehículo de uno de ellos hasta ese paraje de la vereda La Planta, en el sector ‘La Ye’.

El coronel José Gerardo Acevedo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó hoy que lograron identificar a cuatro de los occisos: Alfaro Luis Pinto Trillo, de 22 años; James Gabriel Tobón Duque, de 26; José Albeiro Gómez Gutiérrez, de 31; y un adolescente de 16 años. Todos estos residían en el municipio de Bello, según Acevedo.

El quinto es por ahora un NN de 20 a 25 años de edad. De acuerdo con el alto oficial, los identificados tenían antecedentes penales, uno de ellos por el delito de homicidio.

La hipótesis de la masacre es que se deriva de una retaliación entre estructuras del crimen organizado, aunque no se ha esclarecido cuáles son.

NOTA RELACIONADA: Así ejecutaron una masacre frustrada.

El Inspector.

Lo cierto es que el caso de Sopetrán deja demasiadas dudas, desde cómo un comando armado ilegal pudo esfumarse con tanta gente y pasar los retenes durante la ‘Operación Retorno’ de Semana Santa, hasta por qué las pistas conducen hacia Medellín, a hora y media de distancia.

Este es el hombre capturado con el arsenal incautado en un apartamento de la Loma de los Bernal. Foto cortesía Cuarta Brigada.

En la noche del pasado Domingo Santo 24 de abril, más de 20 personas departían en una finca alquilada de la vereda El Rodeo, en la citada localidad del Occidente antioqueño. De repente un grupo de cerca de 15 hombres irrumpieron en el predio y retuvieron por más de una hora a los presentes, dividiéndolos en grupos.

Los invasores vestían atuendos de la Sijín (Policía Judicial) y con teléfonos de alta gama tomaron fotos de algunos retenidos, para enviarlas a una persona que al parecer las identificaba.

La finca de la vereda El Rodeo donde se presentó el rapto. Cortesía.

Respecto a esto, hay que decir que no es una modalidad nueva. La comunidad ya ha denunciado en 2011 este modus operandi en los corregimientos Altavista y San Cristóbal de Medellín, así como en la Comuna 3 (Manrique).

Al concluir el operativo ilícito, los delincuentes se llevaron la decena de personas y utilizaron los vehículos de las propias víctimas. Las familias, quizá por miedo, no quisieron denunciar pronto estos hechos. Tuvo que hacerlo el  aterrado mayordomo, cuando ya los bandidos iban lejos.

A las 3:00 p.m. del día siguiente, tres camionetas empleadas para el rapto aparecieron estacionadas en cercanías al Parque Norte, en la capital paisa. Dos Toyota Prado y una Toyota Hilux estaban recién lavadas, lo que sugiere que se borraron las evidencias.

Ante la presión de los medios de comunicación, las autoridades, hasta ese momento calladas, dijeron que las desapariciones (insisten en no llamarle secuestro) se debían a una retaliación entre organizaciones criminales. Explicaron que los bandidos llegaron preguntando por ‘Barney’ y ‘El Gomelo’ (no estaban), y que entre los extraviados está alias ‘El Gordo’, un supuesto cabecilla de la banda ‘Pachelly’ de Bello.

Algunas familias rechazaron la insinuación (no publicamente) y dijeron que sus seres queridos son muy sanos. Aquí debo decir que el silencio de lado y lado es extraño, porque cuando alguien es secuestrado, una primera medida es exhibir su fotografía en los medios o en la vía pública para que quien lo haya visto suministre información; eso no ha sucedio en este caso.

El 29 de abril en una zona rural del municipio Santa Fe de Antioquia (vecino de Sopetrán) encontraron abandonada e incinerada una camioneta Ssangyong, la cual era de otra de las víctimas.

Una de las motos inmovilizadas en el parqueadero de una urbanización de la Loma de los Bernal, al parecer de un desaparecido.

El 2 de mayo, el Gaula capturó en una urbanización de la Loma de Los Bernal, en el suroccidente de Medellín, a una pareja sospechosa de participar en el secuestro. Al sujeto de 29 años y a la chica de 17, según las autoridades, les encontraron dos motos de alto cilindraje, al parecer de los plagiados, y un tremendo arsenal: un fusil AK-47, una subametralladora Mini Uzi, cuatro pistolas, municiones, un silenciador, una granada, dos celulares, dos portaSimCard, cinco portacarnés con logos de la Policía y tres gorras con las insignias de la Sijín, entre otras cosas.

No es la primera vez que encuentran armas de grueso calibre en un apartamento de la exclusiva Loma de Los Bernal. Hace cuatro meses la Policía sorprendió a tres hombres y una mujer con una pistola y un fusil belga Herstal PS90, de calibre 5.7 x 28 milímetros, un arma demasiado inusual y peligrosa (traspasa chalecos antibalas). Hay que ponerle cuidado a este sector.

Al detenido le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel (la audiencia fue a puerta cerrada) y la adolescente quedó a disposición de un fiscal de menores. Ellos son ahora la pista más fuerte sobre este crimen tan misterioso.

Los rumores son muchos: que entre los plagiados estaba alias ‘Chaparro’ (de ‘La Oficina’), cuestión no confirmada (al menos su nombre no coincide con los perdidos), que también había un ‘duro’ de Itagüí, que la Fuerza Pública facilitó el escape y demás. Aún no hay nada concreto.

Los desaparecidos son: Diego Alejandro Gavilanes Agudelo (de 28 años y residente en el barrio Niquía de Bello), Juan Camilo Úsuga Lopera (33 años y residente en el barrio Las Cabañas de Bello), Tatiana Monsalve Ortega (colombiana residente en España, estaba aquí de vacaciones), Andrés Vélez Torres (apodado ‘El Gordo’, de Bello), Juan Esteban Gómez Martínez, Frank Ramírez Galvis, Carlos Ramírez Cardona, Jonatan Zapata Gañán, Camilo Gallego Meneses y Diego González Rodríguez.

El Inspector.