En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

Sucedió en las afueras de un restaurante de México, y aunque todavía es muy temprano para señalar a los responsables, las agencias de seguridad de Colombia ya empezaron a barajar a los posibles sospechosos. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Santiago Gallón Henao durante su captura en 2018; en el recuadro, la portada del diario irlandés sobre la muerte de “Packie” Moore. Fotos de cortesía.

En esa lista está una organización criminal de Europa, con la cual habría sostenido negocios en el pasado, los cuales terminaron con sangre de por medio. Un caso al cual El Colombiano le ha seguido la pista desde su origen.

La historia comenzó con un macabro hallazgo, el 2 de mayo de 2017, en el sector Santa Clara del municipio antioqueño de Caldas. Allí, según los lugareños, desconocidos bajaron de un automóvil blanco y arrojaron un cadáver a una cañada, cerca a la cuenca en la que nace el río Medellín.

El cuerpo estaba desnudo, atado de pies y manos, y con la cabeza envuelta en papel adhesivo. En la yerba aledaña abandonaron una bolsa plástica, que contenía su ropa.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por agentes de la Sijín del Valle de Aburrá, quienes anotaron en su informe que el occiso era un NN masculino mayor de 50 años, de rasgos extranjeros, que tenía tatuados un Cristo, un pergamino que decía “mom and dad” (mamá y papá) y una bandera de la República de Irlanda, entre otros dibujos.

Con esa pista, la Policía se contactó con sus homólogos irlandeses e iniciaron las pesquisas juntos. Tres meses después, tras analizar las huellas digitales en el laboratorio y cotejarlas con los registros de las autoridades europeas, lograron identificar al finado: Joseph Francis Moore, de 55 años, oriundo de Balyfermont, un vecindario del suroeste de Dublin.

En el bajo mundo era conocido con el alias de “Packie”, y en las bases de datos de la Policía local figuraba como un traficante de drogas al servicio de la principal organización criminal de Irlanda: el Clan Kinahan, conformado por una peligrosa familia con múltiples antecedentes delictivos.

En este lugar fue abandonado el cadáver de Joseph Francis Moore, en Caldas (Antioquia). Foto cortesía Q’Hubo.

“Packie” tenía residencia permanente en España, donde al parecer coordinaba la llegada de cocaína colombiana mezclada con carbón, cemento y otros insumos industriales, la cual era posteriormente separada y embalada en laboratorios clandestinos en suelo español, para luego distribuirla en el Reino Unido y otras plazas de Europa Central.

¿Pero qué fue lo que ocurrió, para que terminara asesinado de manera brutal en un desolado paraje de Antioquia?

LA SOCIEDAD ENTRE GALLÓN Y EL CLAN KINAHAN

Con apoyo de colegas periodistas en Dublin, El Colombiano inició en ese entonces una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía le contaron a este diario que, según el registro migratorio, “Packie” Moore había llegado a Medellín procedente de España, el 1 de mayo de 2017, es decir, un día antes de su hallazgo en la cañada.

Indicaron que el occiso había viajado a Colombia para hacer negocios de narcotráfico, aunque no suministraron más detalles.

La pieza del rompecabezas que faltaba apareció en Dublin, donde el homicidio de “Packie Moore” causó conmoción entre sus allegados de Balyfermont, Uno de ellos se acercó a la Policía dublinesa y les contó que su amigo le había escrito antes de viajar a Suramérica, diciéndole que temía por su vida.

De acuerdo con su relato, el Clan Kinahan tenía una sociedad de narcotráfico con miembros de la familia Gallón Henao, de Medellín, que al parecer tenían negocios de minería de carbón en el municipio de Amagá (relativamente cerca de la escena del crimen).

Dicha actividad servía como supuesta fachada para camuflar cargamentos de cocaína en bultos del mineral, que luego eran exportados a la península ibérica en contenedores.

El problema surgió en febrero de 2016, cuando las autoridades europeas decomisaron un alijo de 130 kilos en el puerto de la ciudad española de Valencia. Los investigadores, además, allanaron un laboratorio clandestino e incautaron otros 300 kilos del alcaloide, desmontando toda la operación ilegal.

En la acción policial fue detenido, con fines de extradición, el supuesto coordinador colombiano de la exportación: William Rafael Vargas Maestre, alias “el Canoso” o, como le decían sus socios irlandeses, “the Grey Man” (el hombre gris).

La pérdida del laboratorio, de la droga y del coordinador, generó una disputa interna entre los implicados. Según el relato del informante, Juan Santiago Gallón Henao les exigió a los clientes el pago de la mercancía, pero Daniel Kinahan, el jefe del clan dublinés, se negó a responder por un cargamento que nunca llegó a sus manos.

La reyerta escaló a tal punto, que comenzaron las amenazas de muerte. Entonces, para tratar de menguar el conflicto y no perder la ruta de droga, Daniel Kinahan le ordenó a “Packie” Moore que viajara a Medellín para dialogar con los proveedores colombianos. La travesía, como ya se ha dicho, terminó mal.

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CAPTURADO POR FINANCIAR UNA RUTA A EUROPA
La declaración del informante se filtró a la prensa irlandesa y el periódico The Irish Sun la publicó el 17 de septiembre de 2017. En sus páginas salieron las fotos de los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao, en calidad de sospechosos de la muerte de Moore.

Con una copia de esa edición, un reportero de El Colombiano fue a la Fiscalía Local de Caldas y conversó con el fiscal que tenía asignada la investigación. El funcionario, un veterano a punto de jubilarse, se asustó al ver las conexiones transnacionales del crimen.

“Yo no tengo muchas evidencias, pero esta es una simple Fiscalía local, aquí no tenemos herramientas para esclarecer un caso así”, contó el jurista. Luego envió un correo a la Dirección Central de la Fiscalía en Bogotá, el expediente fue asignado a otro despacho especializado y, hasta el sol de hoy, no ha habido avances en las pesquisas.

En ese momento, por intermedio de un abogado cercano a los Gallón Henao, este diario envió un cuestionario sobre el asunto, el cual nunca fue respondido.

Joseph Francis Moore (“Packie”), de 55 años, asesinado en Colombia en 2017. Fotos de cortesía.

Juan Santiago Gallón Henao fue capturado el 16 de enero de 2018 en Cúcuta, y enviado a la cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes, tras ser señalado de financiar una ruta de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Según el expediente, era el supuesto patrocinador de una organización que despachaba el alcaloide desde puertos del Caribe, camuflados en insumos veterinarios (concentrado para perros, alimento de gatos y arena), fertilizantes agrícolas y carbón.

Su socio en ese negocio resultó ser otro europeo: el ciudadano inglés Andrew Mark Deamer (“el Mono” o “Marcos”), quien fue capturado en una finca de Rionegro, Antioquia.

El empresario antioqueño se declaró inocente en el estrado y meses después fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Personas de su círculo le contaron a este diario que se fue a vivir a México hace cuatro años, donde tenía estatus de residente y negocios de ganadería e inversiones en la industria de la construcción, en asocio con un empresario de China.

El reportaje publicado en The Irish Sun, en el que se reprodujo la versión del informante que salpicó a Juan Santiago Gallón Henao en la muerte de “Packie Moore” (2017). Foto de cortesía.

¿De dónde vinieron las balas que lo aniquilaron? Aún es pronto para saberlo. Las autoridades mexicanas reportaron que el crimen ocurrió en la tarde del 4 de febrero de 2026, en el municipio de Huixquilucán, en el estado de México.

La prensa local informó que llegó a un restaurante del sector Magnicentro,, y que al bajarse de un vehículo fue abaleado por un sicario. Aunque lo trasladaron a un hospital, no sobrevivió.

La familia tiene una versión distinta de lo ocurrido. “A él no lo acribillaron, como se está diciendo en la prensa. Fue un solo disparo el que lo mató. Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”, contó el abogado Carlos Botero, en representación de los dolientes.

Por su amplio historial delictivo, Gallón Henao podría tener múltiples enemigos. Estuvo implicado en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), aunque no lo sentenciaron por eso; pagó tres años de cárcel por financiar grupos paramilitares en el Suroeste de Antioquia; participó en el montaje de la polémica Convivir Cóndor en los años 90, que cometió varios homicidios; el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton (2015), por lavar dinero de la organización criminal “la Oficina”; y su nombre salpicó varios expedientes por narcotráfico en rutas hacia Europa.

Aunque el crimen de “Packie” Moore no se ha esclarecido, el Clan Kinahan es hoy una de las organizaciones más poderosas en el Viejo Continente. Sus líderes están en los listados de más buscados de la DEA, el FBI y Europol, y se presume que controlan sus tentáculos desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y tienen alianzas con carteles mexicanos.

De momento no hay evidencia para vincularlos a este asesinato, pero investigadores de vieja data consultados por este diario no descartaron una vendetta que tardó nueve años en perpetrarse.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

Su caso también pone sobre la lupa de la opinión pública a otros narcos del negocio transnacional que tuvieron una vida en el deporte, pero que no fueron capaces de rechazar el llamado de la mafia. El siguiente es un informe de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico, es buscado por ordenar la muerte de un testigo del FBI en Medellín. Fotos de cortesía.

La acusación por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de EE.UU. le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.

Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.

Ahora está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el 31 de enero DE 2025 en El Poblado, suroriente de Medellín.

La víctima fue Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombocanadiense de 42 años, quien fue abaleado por sicarios en un mall comercial, cuando departía con otras personas en el restaurante Mi Arepa.

En ese entonces, fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que unos narcos mexicanos y canadienses habían ofrecido un millón de dólares para quien asesinara a Acevedo, pues lo señalaban de estar actuando como “soplón” para el FBI.

La fiscal Bondi comentó que Wedding está viviendo en México, al abrigo de sus socios del cartel de Sinaloa.

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DE FUTBOLISTA A CAPO DE LA COCAÍNA
El otro capo que fue deportista y luego terminó en las listas internacionales de los más buscados es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El extranjero de 34 años es un afiebrado por el fútbol. En 2021, luego de salir de la cárcel, se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, en el cual hizo parte de la nómina de jugadores y disputó varios partidos.

Algo similar hizo luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde compró a Los Leones de El Torno F.C., un onceno de la segunda división, usando una identidad fraudulenta. Estuvo vinculado a ese club hasta 2024, cuando tuvo que salir huyendo de aquel país por la persecución policial.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, el narco uruguayo que fue futbolista. Foto de archivo.

El PCU se dedica al narcotráfico de cocaína, con redes de lavado de activos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La droga se produce en Colombia y tiene como destinos finales a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Al igual que Wedding, Marset es investigado por un asesinato perpetrado en Colombia: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, abaleado en una playa de la isla cartagenera de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, el 10 de mayo de 2022.

La hipótesis del magnicidio es que se trató de una retaliación mafiosa, ya que meses antes el funcionario participó en una operación antidrogas, que terminó con la captura de socios y testaferros de Marset, y el decomiso de millonarios bienes y propiedades.

Por el crimen hay 9 personas condenadas, las cuales participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado. Por información que lleve a la captura de Marset, la Casa Blanca ofreció US$2 millones de recompensa.

DEL CUADRILÁTERO A LA MAFIA
El tercer exdeportista que saltó al mundo del narcotráfico es Marcel Mühlbach, un alemán de 45 años, reseñado en la lista de los 50 más buscados de Europa.

Es un fanático de las artes marciales mixtas, y siendo más joven se hizo popular en ese país por su participación en varios torneos televisados.

Pasó de involucrarse en apuestas de peleas al tráfico local de metanfetaminas; luego se involucró en la recepción de cargamentos de cocaína colombiana en el puerto de Hamburgo.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

Escaló en la red, de la mano de traficantes italianos, al punto de que fue enviado a Suramérica para negociar directamente el despacho de los estupefacientes.

Consiguió una cédula falsa a nombre de Fausto Eduardo Castro y en 2022 se instaló en Colombia. Primero pasó como turista, y luego asumió la fachada de inversionista, adquiriendo una finca en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Las autoridades europeas lo consideran muy violento, llevando al negocio de los narcóticos la furia que lo distinguió antes en el cuadrilátero.

De los tres narcos mencionados en esta lista, es el único que ha sido capturado hasta el momento. La Policía allanó la finca el 27 de septiembre de 2024, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol, y le puso las esposas con fines de extradición.

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El Inspector.

El auge de la cocaína está trayendo toda suerte de criminales extranjeros, algunos de los cuales ven en la capital antioqueña un lugar para establecerse y hacer contactos para la exportación del alcaloide. La siguiente es una investigación de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El sitio en el que fue asesinado el albanés Artur Tushi, en una vía de El Poblado, en Medellín. Foto de cortesía.

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo.
Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, escogió el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el 5 de octubre de 2025 en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país.

Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre pasado que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia.

Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CARTEL
Los traficantes albaneses hacen parte de una mafia que se denomina, de manera genérica, Cartel de los Balcanes. No se trata de una sola organización jerarquizada, como lo fue el Cartel de Medellín en el pasado, sino que el concepto agrupa a un conjunto de estructuras criminales originarias de la Península Balcánica y la antigua Yugoslavia, por lo que también se les llama “la Yugomafia”. Algunas, de hecho, son enemigas entre sí.

Su expansión en Europa comenzó con las Guerras Balcánicas (1991-2001), que finalizaron con la disolución de Yugoslavia. En el éxodo de migrantes por el Viejo Continente se camuflaron delincuentes de Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia, que instalaron redes en los principales puertos y ciudades, lo que facilitó la extensión de los negocios de estos carteles; un modelo similar siguen en la actualidad grupos latinoamericanos, como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador), que aprovechan la migración de sus connacionales para diseminarse.

Artur Tushi, albanés asesinado en Medellín. Cortesía.

Antes se dedicaban al tráfico local de narcóticos, pero entraron a las grandes ligas del juego transnacional de la mano de la mafia italiana, que reclutó albaneses para sus operaciones, en parte debido a su habilidad ampliamente reconocida de dominar varios idiomas. Y estos le aportaron a la alianza su experticia en el negocio atroz de la trata de mujeres, que perfeccionaron explotando sexualmente a las viudas y huérfanas durante la guerra.

De acuerdo con el informe “Redes de cocaína: vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica” (2025), de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización especializada en investigar estos fenómenos, la incursión de los albaneses en nuestro continente empezó en 2009.

Se establecieron primero en Ecuador, enviando delegados que posaban como turistas o inversionistas de propiedad raíz. Los atrajo una economía dolarizada, en la que podían camuflar más fácilmente sus activos; la expulsión de la DEA y del Ejército de Estados Unidos de la base militar de Manta; y un programa instaurado por el presidente de entonces, Rafael Correa, llamado Ciudadanía Universal, que otorgaba facilidades de visado, residencia e inversiones para los extranjeros que quisieran vivir en ese país.

Los delegados de la mafia albanesa usaron documentos falsificados para adquirir varias identidades y contrataron testaferros para comprar empresas navieras, de transporte y logística de exportaciones.

A diferencia de otros grupos, su estrategia de penetración en el bajo mundo nunca fue de confrontación; por el contrario, ofrecieron sus servicios de exportación de cocaína a las organizaciones suramericanas y las contrataron para la vigilancia de las operaciones. Así tejieron fuertes lazos con estructuras narcotraficantes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Según el documento de GI-TOC, cobraron un rol más protagónico cuando las antiguas Farc se desmovilizaron en 2016 y dejaron de monopolizar los cultivos de coca, lo que condujo a los principales carteles del mundo a incrementar su participación en el mercado de la cocaína. A esto se han sumado políticas gubernamentales que, de manera indirecta, incentivaron la siembra de coca al reducir la erradicación manual forzada y la fumigación con glifosato.

La confluencia de esos factores tuvo como consecuencia un incremento desbordante del negocio: Colombia saltó de generar 331 toneladas métricas anuales de cocaína en 2013, a 2.664 en 2023, según la ONU. Esto significa que en estas tierras se produce el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (3.708 toneladas en total), y para los traquetos albaneses es la “tierra prometida”.

Sus rutas marítimas suelen partir de los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador); Buenaventura y Barranquilla (Colombia); Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (Venezuela). Allí contaminan contenedores de banano, camarones e insumos industriales (cemento, arena, pegante), con destino a los terminales del Mediterráneo, la península Balcánica y Europa Central.

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LOS DELEGADOS ECUATORIANOS
Según fuentes de Inteligencia de la Policía y agencias norteamericanas, en Colombia se han detectado operaciones de cuatro facciones del Cartel de los Balcanes: el Grupo Saric, el Grupo Amerika, el Grupo Keka y la Kompania Bello, conformados por integrantes nacidos en Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Alemania y Rumania, más que todo.

Una de sus características es que se asocian con toda clase de grupos que les puedan proveer cocaína de alta pureza, un transporte seguro y protección para moverse de las ciudades a los laboratorios artesanales. Por eso se les conocen sociedades con el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, “la Oficina”, “los Pachenca” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

Al margen de esas alianzas, la más sólida parece ser con la banda “los Choneros”, de Ecuador, al punto de que a veces, en vez de los propios albaneses, quienes vienen a Colombia son los ecuatorianos, actuando como sus representantes directos. Uno de los más conocidos fue Wilder Emilio Sánchez Farfán (“el Gato Farfán”), arrestado en un operativo conjunto de la Policía colombiana y la DEA, el 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Pasto.

Según la investigación, trabajaba en asocio con el albanés Artur Rrapaj, quien articulaba la operación mafiosa desde el puerto de Guayaquil.

Cuando atraparon a “el Gato Farfán” regresaba de una reunión en la selva, con integrantes del frente Oliver Sinisterra de las Farc, con los cuales coordinaba la producción del narcótico en Nariño.

Otros integrantes de “los Choneros” implicados en estas sociedades criminales son Jortman Róbinson Suárez Molina, alias “el Ecuatoriano”, quien murió en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre, en una finca de Rionegro, Antioquia. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.

Las actividades de los albaneses y sus aliados incluso han puesto nervioso al presidente Gustavo Petro.

El 26 de mayo pasado fue capturado en Emiratos Árabes el albanés Dritan Gjika, un narcotraficante radicado en Guayaquil desde 2009, y señalado de coordinar una de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.

Tras conocer la noticia, Petro trinó: “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Fuentes policiales manifestaron que no hay ninguna evidencia de que los albaneses quieran matar a Petro; sin embargo, sí hay preocupación por las crecientes actividades de esa mafia en Colombia.

Esta situación motivó una reunión de alto nivel el pasado 24 de septiembre en La Haya, Países Bajos, entre el general Carlos Triana y el director de la Policía de Albania, Ilir Proda, donde se acordó concretar un plan de acción para desmantelar las tenebrosas alianzas entre las mafias colombianas, ecuatorianas y balcánicas.

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. del viernes 28 de marzo de 2025, en el establecimiento público ubicado en un mall del barrio Villagrande.

En este establecimiento comercial de Envigado fueron asesinadas la periodista María Victoria Correa Ramírez (recuadro) y su hermana. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

Allí estaba en una mesa la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 70 años; su hermana María Norelia, de 75, y dos acompañantes más (otra hermana y un sobrino).

En ese momento llegaron cuatro hombres en dos motocicletas. Todos portaban cascos, y dos de ellos llevaban a sus espaldas el tradicional maletín de domiciliarios.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, uno de los falsos domiciliarios se aproximó a la mesa con una pistola y les apuntó a las comensales, pero el arma de fuego se le trabó. En segundos llegó el otro domiciliario en su apoyo y disparó contra las víctimas.

En el sitio murieron María Victoria y María Norelia; su hermana Berta resultó herida y el sobrino salió ileso.

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Los asesinos huyeron y abandonaron las motocicletas en dos sitios distintos de Envigado; luego abordaron taxis que los condujeron a la Terminal de Transportes del Sur, en la que finalmente tomaron un bus hacia la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, de donde había llegado dos días antes para ejecutar el crimen, según las pesquisas de la Policía.

Al día siguiente hubo un consejo de seguridad, en el que las autoridades ofrecieron $50 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer el caso.

Como hipótesis, los investigadores sospechan que las hermanas fueron asesinadas para arrebatarles unas propiedades valoradas en $3.000 millones, las cuales al parecer estaban en proceso de sucesión.

En el Concejo de Envigado hubo un minuto de silencio por María Victoria Correa Ramírez y su hermana. La primera era periodista, destacada por el cubrimiento radial de temas de política y denuncia social.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

Esta historia comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando Juan Pablo Leal Velásquez, de 27 años y apodado “Pablito Tusi”, invitó a sus allegados a una parranda en una de sus propiedades, localizada en el barrio Santa Cruz de Medellín.

Juan Pablo Leal Velásquez, alias “Pablito Tusi”, y la fachada de su propiedad en el barrio Santa Cruz de Medellín. Fotos de cortesía.

El lugar tenía las particularidades propias de un traqueto: en una barriada de estrato bajo, el dueño invirtió cerca de $4.000 millones para juntar varias casas aledañas con pasadizos secretos entre los muros de separación; le mandó a construir piscina y jacuzzi, sistemas de videovigilancia, un escenario para conciertos en vivo, ventanas de insonorización y múltiples habitaciones de huéspedes.

El día de la rumba contrató al cantante de vallenato Jair Ortiz Pérez y repartió licor y estupefacientes a manos llenas entre los invitados.

A las 8:30 p.m. la mezcla de trago y drogas sintéticas hizo explosión, y el anfitrión “Pablito Tusi” perdió los estribos. Discutió con su amigo y colaborador Cristian Camilo Tobón Londoño, de 31 años, y cuando este intentaba relajarse en el jacuzzi, le propinó varios balazos.

La situación se salió de control y otros de los presentes también abrieron fuego, hiriendo a dos personas más: el vallenatero Jair Ortiz, a quien una bala le perforó la axila y le salió por la espalda; y al invitado Iván Mauricio Moreno Rivera, un expatrullero de la Policía destituido por corrupción, quien sobrevivió de milagro con una herida superficial en la cabeza.

Moreno Rivera fue detenido en 2016, junto a otros cinco uniformados, acusados de vender información reservada a la banda “los Chatas”, a cambio de sobornos. En ese entonces trabajaba en la Sección de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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A los tres lesionados los llevaron a centros médicos, pero a Cristian Tobón no pudieron salvarlo. El expolicía se identificó como “un comerciante” y el cantante dijo que no sabía que era una fiesta de narcos, sino que lo había contratado una persona apodada “The King” (“el Rey”).

El alboroto fue aprovechado por “Pablito Tusi” para escapar por uno de los pasadizos secretos construidos entre las casas, una técnica empleada hace años por los miembros de la banda “los Triana” para burlar los allanamientos en Santa Cruz.

En el bajo mundo se rumora que también huyó uno de sus socios, conocido como “Alejo Tusi”. Este es un mote genérico, atribuido a varios traficantes de la droga 2CB (tusibí) en Colombia, por lo que no es claro cuál de todos era.

Cuando la Policía entró a la vivienda, encontró a la novia de Leal Velásquez incumpliendo una orden de arresto domiciliario. La modelo e influencer Mariana Andrea Gómez Castaño, madre de dos hijos de “Pablito Tusi”, estaba pagando una pena de 4 años de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, dado que en 2o2o fue sorprendida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá transportando 900 gramos de tusi con destino a Punta Cana (República Dominicana). Se suponía que estaba cumpliendo la pena en un apartamento de El Poblado, pero no era así.

Los agentes de la Sijín la pusieron a disposición de la Fiscalía para que solicitara la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria y la procesara por fuga de presos, pero a la fecha no se ha hecho ese trámite y ella continúa en su casa.

Además de la modelo, en el sitio habían otras nueve personas, entre ellas Manuela González Suárez, de 30 años e hija de Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, antiguo jefe de sicarios de las bandas “la Terraza” y “la Oficina” (actualmente en libertad condicional). De momento no se ha esclarecido qué estaba haciendo esta mujer en la fiesta ni quién la acompañaba.

La balacera y la fastuosa propiedad llamaron la atención de las autoridades y la opinión pública. Según fuentes policiales, Leal Velásquez ingresó al mundo criminal de la mando de Elkin Triana, alias “el Patrón”, uno de los fundadores de la banda “los Triana”.

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Se dedicó desde joven al tráfico de drogas y se especializó en la comercialización clandestina de tusi, pero no del compuesto original, sino de una burda y tóxica mezcla de jarabe con ketamina y analgésicos, que en las rumbas y after parties se expende con la marquilla de “Bailarina Negra”.

Como fachada para ocultar sus ganancias, Leal posaba como comerciante de ropa, incluso con su propia marca registrada, aunque los ingresos difícilmente podían justificar sus gastos.

Gracias al dinero conseguido y a las rentas que le entregaba a “los Triana”, la organización le permitió expandir sus operaciones más allá de Medellín, y desde 2020, tras la caída de su novia en el aeropuerto de Bogotá, su nombre comenzó a sonar en los corrillos policiales.

Tras el tiroteo en su propiedad, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar como indiciado del delito de homicidio, así que “Pablito Tusi” huyó hacia el Valle del Cauca. Se refugió en un condominio turístico del municipio de Calima Darién, donde continuó su estilo de vida parrandero, departiendo en los bares de la zona con gente armada.

Así estaba el pasado 11 de marzo, a las 11:00 de la mañana, cuando arribó con un grupo de amigos procedentes de Buenaventura (Valle) a uno de los restaurantes del pueblo. Al parecer iban a comprar comida y licor para una fiesta en una finca, cuando aparecieron varios sicarios en un carro blanco y una moto.

“Pablito Tusi” recibió 15 balazos en diferentes partes del cuerpo, y una bala perdida lesionó en el pie izquierdo a una mesera del restaurante, de 51 años. Los matones lograron escapar, antes de que los acompañantes de la víctima reaccionaran.

Cuando llegaron las patrullas de la Policía, requisaron a los acompañantes y les encontraron tres pistolas 9 milímetros sin salvoconducto, por lo cual los detuvieron. Leal falleció en un centro médico de Calima.

Las autoridades desconocen de momento quién ordenó la muerte del traficante, pero la hipótesis principal apunta a que se relaciona con el incidente en la parranda de Santa Cruz.

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El Inspector.

En cada uno de esos casos, la hipótesis principal es que la propia organización del ejecutó, bajo sospecha de desobediencia, traición o robo de las ganancias. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de “Chiquito Malo” fue en un video del estado mayor del Clan del Golfo, donde su imagen fue insertada en postproducción, quedando con la apariencia de un holograma. Imagen tomada de video.

La vida de placeres mundanos, violencia y riqueza malhabida que presumía José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”, acabó como suelen terminar las historias de la mafia en Colombia: con cadáveres descuartizados en costales, a la vera de un camino.

Al amanecer del pasado 23 de octubre, un olor repulsivo impregnó los sentidos de los transeúntes en cercanías al kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, en el corregimiento Palomino, del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Cuando llegó la Policía encontró dos costales de fique ensangrentados, que contenían los restos humanos de un hombre y una mujer. Los forenses estimaron que los asesinaron unas 24 horas antes, que tenían signos de tortura y que habían sido desmembrados con motosierras.

José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”. Cortesía.

Al día siguiente lograron establecer sus identidades: José Nibardo Marín, de 49 años, y su cónyuge Saudi Karina Cotes, de 40.

Marín era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo. Trabajó para el Clan del Golfo, administrando las rutas de cocaína que salían de los puertos del Caribe, especialmente de Cartagena, y fue capturado en marzo de 2023 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Un juzgado le concedió la libertad y volvió al negocio de la droga, pero con aires de independencia, lo que al parecer ofendió a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), el actual jefe del Clan del Golfo, sellando su cruel destino.

El mismo desenlace tuvo Óscar David García Arenas (“Bloqueo”), de 44 años, quien trabajó como cabecilla del Frente Metropolitano, el tentáculo de la organización criminal en el Valle de Aburrá.

Su cadáver fue encontrado el pasado 11 de octubre, abandonado en una carretera de la vereda La Balsa, en el municipio de Cañasgordas (Antioquia). El reporte policial indicó que tenía 16 heridas de bala en la cara, el torso y los brazos, lo que sugiere que trató de cubrirse con las extremidades cuando lo fusilaron de frente.

La muerte de dos cabecillas del Clan del Golfo en un lapso de 10 días, en aparentes ajustes de cuentas internos, es para los investigadores judiciales una muestra de la severidad con la que “Chiquito Malo” está gerenciando al cartel, y de los intentos de rebelión que aplaca con furia.

Desde que asumió el mando en mayo de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos el capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), han sido ejecutados ocho comandantes y narcos asociados al Clan que, según datos de Inteligencia, osaron desafiar sus designios.

REUNIONES MORTALES
“Chiquito Malo” logró ascender en la jerarquía por su conocimiento de las rutas de narcotráfico que partían de Urabá; sus contactos en el exterior, cultivados desde la época de paramilitar; y por el respaldo que le daba “Otoniel”.

Sin embargo, el mismo Úsuga veía con preocupación un vacío en su liderazgo: “A ‘Javier’ no le gusta hablar con la tropa”, se quejó en un audio interceptado por la Policía, nueve meses antes de su captura en octubre de 2021.

Aún así, apenas cayó a la cárcel le delegó el mando del Clan del Golfo. La decisión no cayó bien entre varios comandantes del grupo, pero Ávila no estaba dispuesto a tolerar desobediencias.

Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”). Cortesía.

El primer muerto de la lista fue Sergio Carrascal Gómez (“Metra”), quien manejaba los negocios del cartel en el sur de Córdoba. El 2 de mayo de 2022 los sicarios entraron a una urbanización en Valledupar, Cesar, y lo acribillaron con un escolta dentro de su residencia.

El segundo crimen fue el 21 de agosto de 2022 en el barrio Olaya, de Cartagena, donde los verdugos abalearon a Alexánder Luis Correa (“el Chichi”), cuando se bajó de su camioneta. Era uno de los delegados para el narcotráfico en Bogotá y la ciudad amurallada.

El siguiente en caer fue Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”), uno de los principales narcos aliados al grupo, quien articulaba negocios ilícitos en los Llanos Orientales y el Caribe; también fue quien involucró en la facción a “Jota Indio”. El 24 de febrero de 2023 lo encontraron tirado en un paraje rural del municipio de Galeras, Sucre, con múltiples orificios de bala.

Luego mataron a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el segundo en la línea de sucesión del cartel. Fue secuestrado y torturado por dos semanas, hasta que el 1 de marzo de 2023 le dieron varios tiros en la cabeza y botaron el cadáver en el sector La Recta, a un lado de la carretera que lleva de Uramita a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.

El 19 de octubre de 2o23 le hicieron lo mismo a Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), quien manejó rutas de narcotráfico desde Urabá y además era sobrino de “Otoniel”. El cuerpo abaleado fue arrojado a un tierrero de la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea, Cesar.

Después asesinaron a Juan Camilo Goez Ruiz (“Dimas”), antiguo jefe del Clan en Medellín y exjefe de “Bloqueo”. El 12 de mayo de 2024 los sicarios le dispararon afuera de un estadero en Dabeiba, Antioquia.

Todos estos crímenes han tenido un elemento en común, más allá de tratarse de miembros de alto perfil del cartel: antes o después del homicidio, fueron citados a reuniones mafiosas.

A algunos los interrogaron y torturaron, lo que sugiere a los investigadores que les sacaron información sobre dinero y propiedades, antes de segarles la vida. Fuentes policiales indicaron que, entre las hipótesis que se manejan, están que las víctimas fueron acusadas de robar plata de la organización, no reportar las ganancias completas o tratar de independizarse sin autorización.

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REGLAS POLÉMICAS
Además de que algunos lo consideran menos experimentado que sus predecesores, las decisiones que toma “Chiquito Malo” al parecer provocan rechazo en un sector de la organización, entendiendo que el Clan del Golfo funciona como un cartel, un conjunto de empresas criminales con un objetivo común.

“Hay una política con ‘Chiquito’ que ha traído inconformismo: en los puertos de Cartagena y Urabá solo puede trabajar su gente de confianza, a los demás narcotraficantes les dicen que tienen que comprarle la droga al Clan, que al parecer no tiene la misma pureza que la que ellos consiguen en Cauca. A quien no les compre la cocaína, le suben el impuesto para sacarla por esos puertos, antes era de $1’200.000 por kilo y ahora de $2’000.000”, explicó un agente que lleva años persiguiendo a esta estructura ilegal.

Esta situación impulsó a varios narcos a buscar sus propias rutas, unos como independientes y otros aliados con bandas rivales. Se presume que eso intentaron “el Chichi”, “Dimas”, “Bloqueo” y “Jota Indio”, cuando los patrones los llamaron a rendir cuentas.

Arley Úsuga Torres “Cero Siete”). Cortesía.

A diferencia de “Otoniel”, que permitía que cada bloque de la estructura administrara finanzas independientes y gestionara la compra de su propia droga y armas, “Chiquito Malo” al parecer está buscando centralizar la contabilidad, para ejercer un mayor control financiero de los cinco bloques, los 28 frentes y 6.016 integrantes de la facción.

“El Clan ha tratado de unificar los cobros de todos los bloques, lo que ha molestado a los diversos comandantes, porque les afecta las rentas. Y ahí mismo los máximos jefes se dieron cuenta de que había más de un comandante que cobraba y luego no reportaba lo que debía al Clan, y eso se ha venido destapando. Cualquier descuadre con la plata, lo pagan con sus vidas”, agregó el agente consultado.

Como retaliación a ese régimen, hay miembros del grupo que, presuntamente, están atacando en la sombra a “Chiquito Malo”, fungiendo como soplones de la Policía para entregar a la gente de su círculo cercano. Así sucedió el pasado 27 de octubre, cuando un informante condujo a las autoridades al escondite de su primo, el narcotraficante John Sepúlveda González (“Media Arepa”), en una cabaña en la selva de Necoclí (Antioquia).

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¿VIVO O MUERTO?
En medio de tanta mortandad, desde octubre comenzó a circular un rumor, según el cual “Chiquito Malo” habría quedado gravemente herido en un enfrentamiento entre integrantes del Clan en el norte de Chocó. La Policía interceptó unas comunicaciones, en las cuales unos miembros del grupo buscaban con desespero a personal médico para transportarlo a la zona, porque “el patrón estaba herido”.

“En cuanto al tema de ‘Chiquito Malo’, no tenemos una confirmación, nuestras agencias de Inteligencia están verificando”, dijo el general Luis Cardozo, comandante del Ejército, cuando se le preguntó sobre la suerte del cabecilla en una rueda de prensa, el pasado 23 de octubre.

Esta no es la primera vez que se esparcen rumores sobre la supuesta muerte de Ávila. Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, cuando los miembros del estado mayor central del Clan (la cúpula) publicaron un video hablando sobre los acercamientos de paz con el Gobierno, en el cual no aparecía “Chiquito Malo”.

Para silenciar las sospechas de divisiones internas y del deceso del comandante, la organización publicó un segundo video en el que sí aparecía, pero mediante un burdo montaje, en el que Ávila parecía un holograma insertado en la imagen, lo que en últimas suscitó más interrogantes.

Los investigadores entrevistados por este diario aseguran que se requiere una confirmación de mínimo tres fuentes para establecer si el capo está vivo o muerto, en particular porque la difusión de este tipo de información también forma parte de una macabra estrategia de “gerencia”.

“Es una medida de contrainteligencia, lanzan informaciones así para ver cómo reaccionan los subalternos, si buscan tomar ventaja o se alegran. Así identifican a los potenciales traidores”, relató un agente.

Desde esa perspectiva, es difícil saber cuál es el presente del cuestionado comandante “Chiquito Malo”, si estará malherido en un cambuche esperando la muerte, o si aguarda al acecho por algún desliz de sus socios, para llamarlos a una última reunión.

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

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Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

La confusa situación se reportó a las 4:00 de la madrugada de ese sábado 8 de junio, en una parcelación de casafincas de la carrera 7 con la calle 23sur, llamada Acuarela, en el municipio de Envigado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El productor musical Daniel Velásquez y su novia, la agente inmobiliaria Sofía Riascos. Fotos de Jaime Pérez y cortesía.

Un patrulla policial llegó hasta la vivienda N° 18 tras una llamada a la Línea de Emergencias 123. En una habitación encontraron el cadáver abaleado de una mujer sobre la cama, con la cabeza cubierta por una sábana; y en otro cuarto de juegos, el cuerpo de un hombre, también con un impacto de bala en la cabeza.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Allí se conoció la primera identidad: Daniel Alejandro Velásquez Franco, de 40 años, un importante productor musical del género urbano, conocido en el mundo artístico como DR Velásquez. La segunda víctima fue identificada posteriormente como Sofía Riascos Valdés, su novia de 23 años.

En un principio, los investigadores no descartaban que se hubiera tratado de un feminicidio – suicidio, en el que uno de los presentes habría matado a la otra y después se quitó la vida.

Esta hipótesis surgió en parte por el último video que DR Velásquez posteó en Instagram, dos días antes de su muerte, con la leyenda “Lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió, pues Dios recupera lo pasado”.

El texto estaba acompañado por un video que mostraba una finca con un lago, patos y un perro, y la lectura de un pasaje bíblico, Eclesiastés 3:1-14, que comienza con estas palabras: “Hay un tiempo para nacer y otro para morir; un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar; un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír; un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría”.

Sin embargo, 24 horas después, el caso fue registrado como un doble homicidio por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

En el lugar de los hechos la Policía encontró al mayordomo Julián Alberto Quintero Agudelo. Según el reporte inicial de la patrulla, al parecer estaba ebrio.

En primera instancia, el mayordomo expresó que en la noche anterior estaba departiendo con la pareja, tomando licor. Sofía Riascos se fue a dormir primero a otro cuarto, y él se quedó conversando con Velásquez, a quien conocía de antes, no solo por su relación laboral de mayordomo, sino porque Quintero es el tío de la exesposa del productor, Juliana Muñoz.

El mayordomo les señaló a los policías que en la madrugada salió a comprar más alcohol, y que a su regreso encontró a la pareja asesinada, con disparos en la cabeza.

Sin embargo, al poco tiempo cambió su versión. Fuentes judiciales le contaron a este diario que el trabajador les entregó a los uniformados una pistola traumática y, al parecer, confesó que había perpetrado el crimen.

Con esta información preliminar, los policías lo llevaron a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, para que entregara su testimonio bajo juramento, en un procedimiento llamado interrogatorio a indiciado, pero esta vez Quintero se negó a hablar.

La situación puso en apuros a la Fiscalía y a los investigadores judiciales, pues una supuesta confesión extrajudicial de un hombre aparentemente borracho, no es una prueba suficiente para presentarlo ante un juez.

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El mayordomo fue llevado a un centro de detención preventiva, mientras los investigadores trataban de reunir evidencias para emitir una orden de captura.

“Los puentes festivos, cuando hay menos personal disponible en Medicina Legal y los despachos judiciales, es más complicado hacer estos trámites”, contó una de las fuentes.

La orden se expidió al amanecer del martes 11 de junio y Quintero fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó el doble homicidio agravado, el cual él rechazó, declarándose inocente.

Frente a los móviles del doble homicidio, en esta etapa de la investigación no se ha esclarecido qué motivó este crimen. Sin embargo, el fiscal del caso indicó en la audiencia que mientras consumían licor, DR Velásquez y el mayordomo comenzaron a discutir “por asuntos familiares”, lo que luego desencadenó en los asesinatos.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo viernes.

LAS VÍCTIMAS

DR Velásquez era muy apreciado en el mundo musical. Inició su carrera como cantante y después se dedicó a la producción, impulsando la carrera de reguetoneros tan famosos como Blessd, y participando en proyectos artísticos con JBalvin, Maluma, Reykon y otros exponentes del género urbano.

En las redes sociales se pronunciaron algunos familiares y allegados a Sofía Riascos, quien era una joven emprendedora, agente inmobiliaria y avaluadora de propiedad raíz.

“Dios, solo tengo una pregunta, ¿y la vida de mi amiga? ¿Dónde quedó esa niña llena de sueños, que cada día salía a la calle llena de amor para ayudar? (…). Una hija abnegada, entregada en cuerpo y alma a su mamá, ¿dónde queda el dolor de esta señora? (…). Apagaron la vida de una mujer y nadie lo está sintiendo. Ella no quería morir, era una mujer de Dios, de oración, de perdón”, opinó la psicóloga Fernanda Olarte.

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El Inspector.

Se trata de Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años y quien fue cedulado en Pueblo Bello, un municipio del Cesar, localizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El cesarense Yovany de Jesús Pérez Estrada estaba solo en el sitio, al parecer esperando a alguien, a las 12:30 p.m. del 30 de mayo de 2024. Constantemente revisaba su celular. Fotos tomadas de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima no tenía antecedentes penales, salvo por una investigación de 2019, en la cual figuró como indiciado del presunto delito de omisión de agente retenedor o recaudador, que aplica para los supuestos evasores de impuestos.

El crimen sucedió a las 12:40 p.m. del jueves 30 de mayo en un establecimiento público del Mall del Indio, sobre la avenida Las Palmas, en el barrio San Diego.

A las 12:42 p.m. los dos asesinos salieron de un automóvil Nissan parqueado en la entrada del establecimiento.

Pérez Estrada estaba sentado, al parecer esperando a alguien que lo había citado. Mientras miraba por celular, fue atacado por dos sicarios que tenían el rostro cubierto por cascos de moto, portaban guantes de caucho y pistolas con silenciador.

Una cámara de seguridad evidenció que los asesinatos estaban dentro de un automóvil Nissan gris estacionado en la entrada del sitio, al parecer esperando la señal para atacar. Salieron del carro y en menos de 30 segundos perpetraron el hecho.

Uno de los sicarios cambió el proveedor de su pistola y de nuevo atacó a la víctima, que estaba en el suelo, disparando directamente a su rostro.

Los agresores le propinaron múltiples disparos a Pérez, quien cayó junto a la mesa. Estando en el suelo, sucedió un hecho llamativo. Uno de los verdugos cambió el proveedor de su pistola por uno nuevo, y luego le descargó varios tiros directamente en el rostro.

Luego lo requisaron en el suelo y le hurtaron el celular, presuntamente para eliminar el rastro de la persona que lo citó a ese lugar. Durante la huida, tomaron algunos elementos del Nissan gris, el cual fue incautado posteriormente por las autoridades.

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El otro asesino se inclinó sobre el cadáver para robarle el celular. Antes le hizo una rápida requisa.

Un compinche los recogió en una motocicleta y los tres escaparon en el vehículo. Algunos de los videos de cámaras cercanas fueron publicados en redes sociales, por lo que el crimen se viralizó.

Cuando los agentes del CTI realizaron la inspección al cadáver, este carecía de documentos de identidad, por lo que tuvo que ser registrado como NN inicialmente.

Afuera del mall los esperaba una motocicleta. Los dos sicarios la abordaron y huyeron a toda velocidad, entrelazando los pies para no perder el equilibrio.

De momento no se conocen los móviles del homicidio. Los investigadores analizan la trazabilidad de las cámaras de la ciudad, para saber cuál fue el recorrido de los sicarios.

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El Inspector.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que se trata de “los Tatas”, cuyas acciones criminales comenzaron en el año 2010 en Popayán, la capital caucana. Esta es la reseña del caso, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los policías motorizados se encontraron con los ladrones disfrazados del CTI y la Sijín, antes del tiroteo. Imagen de cortesía.

Según registros policiales y de la Fiscalía, en un principio comenzaron como una célula de delincuencia común, que se dedicaba a atracar apartamentos y locales de motocicletas. Su nombre se lo deben a alias “la Tata”, una ladrona que dirigió los primeros golpes.

Las autoridades ejecutaron varias operaciones para desmantelar a ese grupo entre 2014 y 2017, pero al caer a las cárceles, sus integrantes establecieron alianzas con otras organizaciones, que les permitieron expandir sus operaciones criminales a diferentes regiones.

En el crecimiento de su operación clandestina fue crucial el apoyo de algunos exagentes de Policía de Pasto y de Popayán, que fueron destituidos de la Institución por hechos de corrupción. De acuerdo con la investigación, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, esos exservidores públicos instruyeron a los asaltantes en una nueva modalidad de atracos: los falsos allanamientos.

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Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”) y a la derecha Germán Vivas Alzate (“Gafas”), ambos fueron los asaltantes heridos en Laureles. El segundo falleció. Cortesía.

Valiéndose de sus contactos en la Policía, conseguían uniformes y documentación oficial para disfrazarse de autoridad e ingresar a las residencias simulando un procedimiento legal. Una vez adentro, proceden a secuestrar a los inquilinos para ejecutar los robos.

También cambiaron el perfil de las víctimas y comenzaron a atracar las viviendas de jíbaros y narcotraficantes que acababan de reclamar sus ganancias, gracias a información obtenida de fuentes del bajo mundo y de los centros de análisis policiales.

En los últimos años se han documentado asaltos perpetrados por “los Tatas”, además de Popayán, en Armenia (Quindío) y Quibdó (Chocó). Fue esa dinámica criminal la que los trajo a Medellín el pasado mes de abril.

Los investigadores creen que analizaron a su objetivo durante varios días, antes de dar el golpe el fatídico 1° de mayo en el barrio Laureles. A las 9:00 a.m. llegaron en varios vehículos al edificio Praga, vistiendo chalecos y otros distintivos de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Con una orden de captura fraudulenta, por el presunto delito de lavado de activos, ingresaron al apartamento de un ingeniero y sustrajeron $17 millones de pesos y joyas, que de antemano sabían que estaban en ese sitio.

A las 9:30 a.m. llegó al edificio una patrulla verdadera de la Policía, para atender un llamado de la ciudadanía por movimientos sospechosos. La motocicleta con los dos uniformados se topó en la calle con tres de los asaltantes, los cuales los intimidaron con pistolas.

El subintendente Juan Esteban Cortés Pérez se les enfrentó y se produjo un tiroteo, en el que él fue asesinado y dos de los ladrones disfrazados quedaron heridos. Los demás se dieron a la fuga en un taxi y varios carros.

Uno de los asaltantes heridos falleció horas después en Policlínica: Germán Vivas Alzate, de 43 años, oriundo de Popayán y apodado “Gafas”, quien tenía varios antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas, entre otros punibles.

Con esta imagen la Policía le rindió un homenaje a su héroe asesinado en Medellín. Cortesía.

El otro herido, quien fue llevado a la Clínica Medellín y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, fue identificado como Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”), también de Popayán y con seis procesos penales abiertos por el delito de hurto. En 2017 había sido capturado y, ahora, por el crimen del policía, le emitieron una nueva orden de captura.

El análisis de las cámaras de vigilancia del vecindario les permitió a los investigadores del caso recuperar una pistola traumática que fue arrojada a un antejardín y localizar dos camionetas Kia Sportage y Renault Duster usadas en el falso allanamiento.

Los agentes de la Sijín también arrestaron a Jhon Steven Cuervo Olarte, de 27 años, sospechoso de conducir uno de los vehículos en los cuales escaparon “los Tatas”.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.

Las autoridades recordaron que sigue vigente la recompensa de $100 millones de pesos para dar con los demás integrantes de la organización.

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El Inspector.

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

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El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

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Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.