Fuentes cercanas al caso informaron que el sobrino, Sergio Alexánder Tamayo Mesa, conocido con los apodos de “Álex Mentiras” o “Álex Chata”, fue arrestado este 20 de abril de 2026 en el municipio de San Vicente; mientras que el lugarteniente Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”) cayó en Copacabana.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), Sergio Alexánder Tamayo Mesa (“Álex Mentiras”) y, en el recuadro, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”). Fotos de cortesía.

Ambos son cabecillas históricos de la organización criminal “los Chatas”, originaria de Bello, la cual delinque también en Itagüí, Barbosa, Copacabana, Girardota, el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Este grupo se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la urbanización ilegal de lotes, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos, entre otros negocios.

La banda además está integrada a “la Oficina”, la confederación del crimen organizado del Valle de Aburrá, lo que le da influencia sobre decenas de combos de los barrios.

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La pistola Glock con adaptaciones para usar como subametralladora, que le encontraron a “Álex Mentiras”. Foto cortesía de Policía.

El golpe fue dado por agentes de la Sijín y comandos especiales de la Policía, en el marco de la Operación Doble Eje, los cuales allanaron dos escondites de los peces gordos, encontrando dos pistolas, dos escopetas, dos armas traumáticas, municiones de diferentes calibres y $5’000.000 en efectivo.

A los policías les llamó la atención que a una de esas armas, una pistola Glock 9 milímetros, adaptaron dispositivos de disparo en ráfaga, mira táctica y culata de fusil, para usarla como una especie de subametralladora.

Sobre alias “Jonás”, de 47 años, el reporte oficial del caso indica que tiene “una trayectoria criminal de aproximadamente 25 años (…). Ejercía dirección estratégica del componente criminal, con control del narcotráfico y administración de rentas ilícitas estimadas en cerca de $2.000’000.000 mensuales”.

Y en cuanto a “Alex Mentiras”, de 46 años y con una carrera ilegal de dos décadas, que “su cercanía y vínculo directo con alias ‘Tom’ le permitían ejercer mando decisorio, direccionando actividades delictivas y coordinando mandos medios dentro de la estructura”.

Alias “Jonás” es uno de los jefes históricos de “los Chatas” y principal hombre de confianza de “Tom”. Foto cortesía de Policía.

Los dos ya habían sido capturados en 2016, y tras pasar algunos años en prisión cumpliendo una pena por concierto para delinquir, regresaron a las calles a continuar su trabajo ilícito.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, los cuales negaron en la audiencia de control de garantías.

Esta no es la primera vez que familiares y lugartenientes de los voceros de la mesa de la cárcel de Itagüí son judicializados por la presunta comisión de delitos.

En julio de 2025 fueron detenidos el hijo, la exesposa y uno de los lugartenientes de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). Aunque un juez les otorgó la libertad mientras avanza el proceso, están inmersos en un expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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El Inspector.

Con esta frase, pronunciada en la noche de este lunes 13 de abril por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno respondió al escándalo provocado el pasado 8 de abril, cuando varios de los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que participan en una mesa de paz con la Casa de Nariño, se involucraron en una parranda vallenata dentro del establecimiento de máxima seguridad de Itagüí.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La parranda en la cárcel de Itagüí fue amenizada por el vallenatero Nelson Velásquez. Fotos de cortesía.

El jefe de Estado hizo el comentario durante una reunión televisada con miembros del gabinete, en la cual estaba hablando de temas de orden público y narcotráfico.

De acuerdo con las denuncias de dos concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, la fiesta tuvo un valor cercano a los $500 millones y el motivo fue la celebración del inminente regreso a la libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).

“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla, quien en el pasado fue directora de Fiscalías de Crimen Organizado.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó a Murillo Echeverry la sentencia de 18 años y seis meses de cárcel el 27 de septiembre de 2018, tras avalar un preacuerdo que él realizó con la Fiscalía, en el que a cambio de una rebaja de penas aceptó los cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, condenado por homicidio y otros delitos. Foto de Julio César Herrera.

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Luego de la parranda, en la cual participaron decenas de personas, con licor y supuestas prostitutas de por medio, el Gobierno anunció la suspensión de la mesa de paz. Además fueron suspendidos siete funcionarios del Inpec, que al parecer permitieron el ingreso ilícito de esa gente y del trago.

Tras el anuncio de Petro, queda establecer a quiénes afectará dicha sanción. Algunos voceros de la mesa indicaron que no participaron en la fiesta, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias “Douglas”).

Con la decisión, la confianza en la mesa de paz queda más golpeada todavía, y con la incertidumbre de si alcanzarán a retomarse los diálogos antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En la cárcel de Itagüí fueron congregados 23 representantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, desde 2023, con el propósito de llegar a acuerdos para disminuir la violencia y desarmar a las más de 400 bandas que delinquen en la región.

Sin embargo, los avances han sido mínimos, en parte porque el Gobierno no ha presentado el proyecto de ley para el sometimiento de bandas, tras el hundimiento en la primera legislatura del mandato de Petro.

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El Inspector.

Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo, “el Toco”, señalado cabecilla de la banda ‘el Coco’, en cuya contra había una orden de arresto vigente por los crímenes de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tenía en la mira a Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) desde 2018, tardaron ocho años en capturarlo. Foto cortesía de la Policía.

La investigación fue adelantada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que durante varios meses le siguieron la pista al sospechoso, quien se movía de manera frecuente entre la capital antioqueña, la Costa Caribe y República Dominicana.

Hasta que lo ubicaron en la noche de este lunes 6 de abril, en una finca de lujo del municipio de San Roque, valorada en 2.500 millones de pesos. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas Remington, ocho celulares, un computador y una cédula con una identidad falsa. Estaba en compañía de varios allegados, quienes no fueron detenidos.

Fuentes judiciales contaron que Gómez Restrepo ingresó al mundo delincuencial a finales de los años 90, en la banda ‘el Coco’, que delinque en la frontera de las comunas de La América y San Javier, en el occidente de Medellín.

Allí estuvo involucrado, presuntamente, en actos de sicariato, extorsión, tráfico local de narcóticos, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras conductas. De hecho, en 2018 fue incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

Se ganó la confianza del jefe de la organización, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), con quien ascendió en la jerarquía delincuencial hasta terminar de cabeza, al parecer, en negocios transnacionales de narcotráfico.

Esta es la finca de $2.500 millones de pesos en la cual fue capturado “el Toco”, en San Roque, Antioquia.

La Policía rastreó sus viajes a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, así como a República Dominicana, donde presuntamente coordinaba el despacho de cargamentos de cocaína a través de los puertos.

Una de las líneas investigativas apunta a comprobar si tenía nexos con Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo criminal de la Costa Atlántica.

La mujer heredó los contactos para el narcotráfico transnacional de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), gracias a que su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”) fue el subcomandante.

Estuvo al frente del negocio entre 2006 y 2022, cuando se entregó a la DEA en México, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

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Esta situación convirtió a “el Toco” en un objetivo prioritario para las autoridades, en especial desde que el gobierno de Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar Caribe en septiembre de 2025, con el propósito de frenar a punta de misiles y artillería el paso de las lanchas cargadas del alcaloide.

Una de las rutas que los estadounidenses pretenden desmantelar es la que parte del Caribe colombiano, pasa por Venezuela, República Dominicana y Las Bahamas, con destino final en el estado de Florida.

A la fecha, la Fuerza Naval de EE.UU. ha lanzado 47 ataques contra embarcaciones, en los cuales han muerto 147 tripulantes, según la Fundación Insight Crime.

En el marco del seguimiento, los agentes se enteraron de que “el Toco’” tenía seis hijos, aunque no los veía con mucha frecuencia; uno de ellos es cantante y DJ.

En Colombia se transportaba en camionetas blindadas 4Runner y Prado, y solía contratar a un chef famoso para que le cocinara tanto a él como a su jefe, “Julián Machete”. También se documentaron algunos de sus encuentros con influenciadoras de redes sociales y modelos antioqueñas.

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La diferencia de aspecto entre el momento de la captura de “el Toco” y su foto del cartel de los más buscados. Cortesía de Policía.

“En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a ‘Toco’ en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no soltamos a los criminales. El 6 de abril de 2026 saldamos ese pendiente”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, expresó que “alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Su rol articulaba estructuras locales con redes transnacionales, consolidando un engranaje criminal que hoy empieza a desmoronarse”.

Agregó que “desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, este cabecilla coordinaba el envío de hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores. Además, dinamizaba homicidios, desplazamientos forzados y extorsión en el Valle de Aburrá, afectando directamente la seguridad de nuestras comunidades”.

En las audiencias de control de garantías, el juzgado legalizó el allanamiento y la captura; la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por los cuales Gómez Restrepo se declaró inocente.

Actualmente avanza la discusión entre las partes para definir el tipo de medida de aseguramiento que le impondrán.

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El Inspector.

¿A qué otros peces gordos favoreció esa decisión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Antioquia? Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según fuentes policiales, “el Montañero” viajó a Francia y España en septiembre de 2025. ¿Cumplía funciones de vocero de paz? Fotos de cortesía.

La opinión pública se enteró de la situación el 31 de marzo de 2026, por una primicia de El Colombiano, que obtuvo la Resolución N° 00072 del ente acusador, fechada el 27 de marzo anterior, la cual otorgó el beneficio a los voceros de las bandas del área metropolitana de Medellín que participan en el espacio de diálogos sociojurídicos instalado en la cárcel de Itagüí.

El documento ordenaba “suspender todas y cada una de las órdenes de captura, que se hayan dictado o llegaren a expedir en contra de los voceros principales de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía luego de una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro y delegados de su gabinete, realizada en Bogotá el pasado 26 de marzo. En ella se analizó “el cumplimiento de los compromisos para estar en las mesas de diálogos”, según uno de los funcionarios que asistió, y se estimó que la del Valle de Aburrá tenía avances importantes.

De los 23 favorecidos inicialmente, hay siete que ya habían salido de prisión por pena cumplida en los últimos meses, y solo “el Montañero” tenía una orden de captura vigente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Él es el fundador de la organización criminal “el Mesa”, surgida en el municipio de Bello en los años 90, y actualmente tiene tentáculos en Medellín, Bogotá, el Oriente y el Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha (Cundinamarca).

El grupo, con cerca de 400 integrantes, se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo, entre otros delitos.

En las bases de datos judiciales, “el Montañero” figura con tres nombres y con cada uno registra antecedentes penales distintos: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (de nacimiento), Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó a la mesa de “paz total” con el Gobierno, en 2023.

Su última captura fue en 2019 y lo condenaron a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Recobró la libertad el 14 de marzo de 2024, es decir, apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia.

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“EL MONTAÑERO” ESTABA A PUNTO DE SER CAPTURADO OTRA VEZ
Durante el tiempo en el que estuvo en prisión, “el Montañero” resultó involucrado en un asesinato. Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo en ese momento, ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, un cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025, por lo cual las agencias de seguridad le estaban siguiendo la pista.

Fue así como se enteraron de que en septiembre del año pasado estuvo de viaje en París, Francia, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; luego se movió hacia Madrid, España, aunque no fueron claros los motivos de la aventura. ¿Qué hacía un vocero de paz del Valle de Aburrá en la Ciudad Luz? ¿Qué tenía que ver ese paseo con las funciones que le otorgó el Gobierno? ¿O estaba de negocios?

Esta era una de las cuestiones a resolver si se concretaba su captura, pero tras la resolución expedida por la Fiscalía, los investigadores quedaron con las manos atadas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, “el Montañero” al parecer ya regresó al país, aunque con un bajo perfil, pues “el Mesa” está en guerra contra el Clan del Golfo por el dominio del bajo mundo en el Oriente de Antioquia, razón por la cual pesa sobre él una amenaza criminal.

Otras fuentes aseguran que sigue en España, pendiente de las elecciones del 31 de mayo, para ver quién será el próximo presidente de Colombia.

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LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

La medida de la Fiscalía causó un fuerte rechazo a nivel nacional y regional, en particular porque sucedió en plena época electoral, lo que despertó múltiples sospechas.

El candidato presidencial Roy Barreras, antiguo asesor del presidente Gustavo Petro, señaló que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos.

El comentario se registró durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.

“No solo en Antioquia”, respondió Barreras. “Estoy seguro que sí (…). Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que la Fiscalía revocara su decisión.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto del ley al Congreso para derogar la Ley de Paz Total, en la cual se basan las gabelas que el Gobierno les da a los capos con los que negocia.

Frente a toda esta presión, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, expidió una nueva resolución este 6 de abril (N°00079), en la cual modificó parcialmente la medida anterior, suspendiendo solo las órdenes de captura a quienes ya han salido de la cárcel.

Lo insólito del hecho es que la funcionaria admitió en una entrevista con Caracol Radio que no conocía los apodos de estos personajes, los cuales ocupan los titulares de prensa hace más de una década.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado (que le compartió el Gobierno) hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, dijo que no sabía quién era “el Montañero”, a pesar de que le suspendió la orden de captura. Fotos de cortesía.

LOS VOCEROS DE BANDAS INVOLUCRADOS

Además de “el Montañero”, los favorecidos con la suspensión de las órdenes de captura fueron seis peces gordos que también están libres:  Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”) y su hermano Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de la banda “Pachelly; Jhon Fredy Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”; Mauricio de Jesús Morales Múnera (“el Abogado”) y Fredy Alexander Henao Arias (“Naranjo”), de “los Triana”; y Andrés Dimaría Oliveros Correa (“Mundo Malo”, de “la Silla”. Curiosamente, casi todos estos grupos delinquen en el municipio de Bello.

Los otros 16 voceros seguirán en prisión, hasta terminan de cumplir sus penas vigentes. Ellos son: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23″), de “Niquía Camacol”; Dayron Alberto Muñoz Torres (“el Indio”), de “Trianón”; Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”), de “Altos de Aranjuez”; Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.

La lista sigue con Carlos Augusto Correa López (“Mono Pepe”) y Wálter Alonso Román Jiménez (“el Tigre”), de “la Unión”; Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), de “Barrio Antioquia”; Jesús David Hernández Grisales (“Chaparro”), de “la Milagrosa”;  Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”), de “el Mesa”; José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”) y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (“el Compa”), de “la Terraza”.

Además de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas”; Paulo Andrés Torres Flórez (“Pocho”), de “la Agonía”; y Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de “Caicedo”.

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 El Inspector.

En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

Esta historia comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando Juan Pablo Leal Velásquez, de 27 años y apodado “Pablito Tusi”, invitó a sus allegados a una parranda en una de sus propiedades, localizada en el barrio Santa Cruz de Medellín.

Juan Pablo Leal Velásquez, alias “Pablito Tusi”, y la fachada de su propiedad en el barrio Santa Cruz de Medellín. Fotos de cortesía.

El lugar tenía las particularidades propias de un traqueto: en una barriada de estrato bajo, el dueño invirtió cerca de $4.000 millones para juntar varias casas aledañas con pasadizos secretos entre los muros de separación; le mandó a construir piscina y jacuzzi, sistemas de videovigilancia, un escenario para conciertos en vivo, ventanas de insonorización y múltiples habitaciones de huéspedes.

El día de la rumba contrató al cantante de vallenato Jair Ortiz Pérez y repartió licor y estupefacientes a manos llenas entre los invitados.

A las 8:30 p.m. la mezcla de trago y drogas sintéticas hizo explosión, y el anfitrión “Pablito Tusi” perdió los estribos. Discutió con su amigo y colaborador Cristian Camilo Tobón Londoño, de 31 años, y cuando este intentaba relajarse en el jacuzzi, le propinó varios balazos.

La situación se salió de control y otros de los presentes también abrieron fuego, hiriendo a dos personas más: el vallenatero Jair Ortiz, a quien una bala le perforó la axila y le salió por la espalda; y al invitado Iván Mauricio Moreno Rivera, un expatrullero de la Policía destituido por corrupción, quien sobrevivió de milagro con una herida superficial en la cabeza.

Moreno Rivera fue detenido en 2016, junto a otros cinco uniformados, acusados de vender información reservada a la banda “los Chatas”, a cambio de sobornos. En ese entonces trabajaba en la Sección de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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A los tres lesionados los llevaron a centros médicos, pero a Cristian Tobón no pudieron salvarlo. El expolicía se identificó como “un comerciante” y el cantante dijo que no sabía que era una fiesta de narcos, sino que lo había contratado una persona apodada “The King” (“el Rey”).

El alboroto fue aprovechado por “Pablito Tusi” para escapar por uno de los pasadizos secretos construidos entre las casas, una técnica empleada hace años por los miembros de la banda “los Triana” para burlar los allanamientos en Santa Cruz.

En el bajo mundo se rumora que también huyó uno de sus socios, conocido como “Alejo Tusi”. Este es un mote genérico, atribuido a varios traficantes de la droga 2CB (tusibí) en Colombia, por lo que no es claro cuál de todos era.

Cuando la Policía entró a la vivienda, encontró a la novia de Leal Velásquez incumpliendo una orden de arresto domiciliario. La modelo e influencer Mariana Andrea Gómez Castaño, madre de dos hijos de “Pablito Tusi”, estaba pagando una pena de 4 años de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, dado que en 2o2o fue sorprendida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá transportando 900 gramos de tusi con destino a Punta Cana (República Dominicana). Se suponía que estaba cumpliendo la pena en un apartamento de El Poblado, pero no era así.

Los agentes de la Sijín la pusieron a disposición de la Fiscalía para que solicitara la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria y la procesara por fuga de presos, pero a la fecha no se ha hecho ese trámite y ella continúa en su casa.

Además de la modelo, en el sitio habían otras nueve personas, entre ellas Manuela González Suárez, de 30 años e hija de Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, antiguo jefe de sicarios de las bandas “la Terraza” y “la Oficina” (actualmente en libertad condicional). De momento no se ha esclarecido qué estaba haciendo esta mujer en la fiesta ni quién la acompañaba.

La balacera y la fastuosa propiedad llamaron la atención de las autoridades y la opinión pública. Según fuentes policiales, Leal Velásquez ingresó al mundo criminal de la mando de Elkin Triana, alias “el Patrón”, uno de los fundadores de la banda “los Triana”.

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Se dedicó desde joven al tráfico de drogas y se especializó en la comercialización clandestina de tusi, pero no del compuesto original, sino de una burda y tóxica mezcla de jarabe con ketamina y analgésicos, que en las rumbas y after parties se expende con la marquilla de “Bailarina Negra”.

Como fachada para ocultar sus ganancias, Leal posaba como comerciante de ropa, incluso con su propia marca registrada, aunque los ingresos difícilmente podían justificar sus gastos.

Gracias al dinero conseguido y a las rentas que le entregaba a “los Triana”, la organización le permitió expandir sus operaciones más allá de Medellín, y desde 2020, tras la caída de su novia en el aeropuerto de Bogotá, su nombre comenzó a sonar en los corrillos policiales.

Tras el tiroteo en su propiedad, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar como indiciado del delito de homicidio, así que “Pablito Tusi” huyó hacia el Valle del Cauca. Se refugió en un condominio turístico del municipio de Calima Darién, donde continuó su estilo de vida parrandero, departiendo en los bares de la zona con gente armada.

Así estaba el pasado 11 de marzo, a las 11:00 de la mañana, cuando arribó con un grupo de amigos procedentes de Buenaventura (Valle) a uno de los restaurantes del pueblo. Al parecer iban a comprar comida y licor para una fiesta en una finca, cuando aparecieron varios sicarios en un carro blanco y una moto.

“Pablito Tusi” recibió 15 balazos en diferentes partes del cuerpo, y una bala perdida lesionó en el pie izquierdo a una mesera del restaurante, de 51 años. Los matones lograron escapar, antes de que los acompañantes de la víctima reaccionaran.

Cuando llegaron las patrullas de la Policía, requisaron a los acompañantes y les encontraron tres pistolas 9 milímetros sin salvoconducto, por lo cual los detuvieron. Leal falleció en un centro médico de Calima.

Las autoridades desconocen de momento quién ordenó la muerte del traficante, pero la hipótesis principal apunta a que se relaciona con el incidente en la parranda de Santa Cruz.

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El Inspector.

En cada uno de esos casos, la hipótesis principal es que la propia organización del ejecutó, bajo sospecha de desobediencia, traición o robo de las ganancias. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de “Chiquito Malo” fue en un video del estado mayor del Clan del Golfo, donde su imagen fue insertada en postproducción, quedando con la apariencia de un holograma. Imagen tomada de video.

La vida de placeres mundanos, violencia y riqueza malhabida que presumía José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”, acabó como suelen terminar las historias de la mafia en Colombia: con cadáveres descuartizados en costales, a la vera de un camino.

Al amanecer del pasado 23 de octubre, un olor repulsivo impregnó los sentidos de los transeúntes en cercanías al kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, en el corregimiento Palomino, del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Cuando llegó la Policía encontró dos costales de fique ensangrentados, que contenían los restos humanos de un hombre y una mujer. Los forenses estimaron que los asesinaron unas 24 horas antes, que tenían signos de tortura y que habían sido desmembrados con motosierras.

José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”. Cortesía.

Al día siguiente lograron establecer sus identidades: José Nibardo Marín, de 49 años, y su cónyuge Saudi Karina Cotes, de 40.

Marín era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo. Trabajó para el Clan del Golfo, administrando las rutas de cocaína que salían de los puertos del Caribe, especialmente de Cartagena, y fue capturado en marzo de 2023 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Un juzgado le concedió la libertad y volvió al negocio de la droga, pero con aires de independencia, lo que al parecer ofendió a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), el actual jefe del Clan del Golfo, sellando su cruel destino.

El mismo desenlace tuvo Óscar David García Arenas (“Bloqueo”), de 44 años, quien trabajó como cabecilla del Frente Metropolitano, el tentáculo de la organización criminal en el Valle de Aburrá.

Su cadáver fue encontrado el pasado 11 de octubre, abandonado en una carretera de la vereda La Balsa, en el municipio de Cañasgordas (Antioquia). El reporte policial indicó que tenía 16 heridas de bala en la cara, el torso y los brazos, lo que sugiere que trató de cubrirse con las extremidades cuando lo fusilaron de frente.

La muerte de dos cabecillas del Clan del Golfo en un lapso de 10 días, en aparentes ajustes de cuentas internos, es para los investigadores judiciales una muestra de la severidad con la que “Chiquito Malo” está gerenciando al cartel, y de los intentos de rebelión que aplaca con furia.

Desde que asumió el mando en mayo de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos el capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), han sido ejecutados ocho comandantes y narcos asociados al Clan que, según datos de Inteligencia, osaron desafiar sus designios.

REUNIONES MORTALES
“Chiquito Malo” logró ascender en la jerarquía por su conocimiento de las rutas de narcotráfico que partían de Urabá; sus contactos en el exterior, cultivados desde la época de paramilitar; y por el respaldo que le daba “Otoniel”.

Sin embargo, el mismo Úsuga veía con preocupación un vacío en su liderazgo: “A ‘Javier’ no le gusta hablar con la tropa”, se quejó en un audio interceptado por la Policía, nueve meses antes de su captura en octubre de 2021.

Aún así, apenas cayó a la cárcel le delegó el mando del Clan del Golfo. La decisión no cayó bien entre varios comandantes del grupo, pero Ávila no estaba dispuesto a tolerar desobediencias.

Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”). Cortesía.

El primer muerto de la lista fue Sergio Carrascal Gómez (“Metra”), quien manejaba los negocios del cartel en el sur de Córdoba. El 2 de mayo de 2022 los sicarios entraron a una urbanización en Valledupar, Cesar, y lo acribillaron con un escolta dentro de su residencia.

El segundo crimen fue el 21 de agosto de 2022 en el barrio Olaya, de Cartagena, donde los verdugos abalearon a Alexánder Luis Correa (“el Chichi”), cuando se bajó de su camioneta. Era uno de los delegados para el narcotráfico en Bogotá y la ciudad amurallada.

El siguiente en caer fue Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”), uno de los principales narcos aliados al grupo, quien articulaba negocios ilícitos en los Llanos Orientales y el Caribe; también fue quien involucró en la facción a “Jota Indio”. El 24 de febrero de 2023 lo encontraron tirado en un paraje rural del municipio de Galeras, Sucre, con múltiples orificios de bala.

Luego mataron a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el segundo en la línea de sucesión del cartel. Fue secuestrado y torturado por dos semanas, hasta que el 1 de marzo de 2023 le dieron varios tiros en la cabeza y botaron el cadáver en el sector La Recta, a un lado de la carretera que lleva de Uramita a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.

El 19 de octubre de 2o23 le hicieron lo mismo a Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), quien manejó rutas de narcotráfico desde Urabá y además era sobrino de “Otoniel”. El cuerpo abaleado fue arrojado a un tierrero de la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea, Cesar.

Después asesinaron a Juan Camilo Goez Ruiz (“Dimas”), antiguo jefe del Clan en Medellín y exjefe de “Bloqueo”. El 12 de mayo de 2024 los sicarios le dispararon afuera de un estadero en Dabeiba, Antioquia.

Todos estos crímenes han tenido un elemento en común, más allá de tratarse de miembros de alto perfil del cartel: antes o después del homicidio, fueron citados a reuniones mafiosas.

A algunos los interrogaron y torturaron, lo que sugiere a los investigadores que les sacaron información sobre dinero y propiedades, antes de segarles la vida. Fuentes policiales indicaron que, entre las hipótesis que se manejan, están que las víctimas fueron acusadas de robar plata de la organización, no reportar las ganancias completas o tratar de independizarse sin autorización.

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REGLAS POLÉMICAS
Además de que algunos lo consideran menos experimentado que sus predecesores, las decisiones que toma “Chiquito Malo” al parecer provocan rechazo en un sector de la organización, entendiendo que el Clan del Golfo funciona como un cartel, un conjunto de empresas criminales con un objetivo común.

“Hay una política con ‘Chiquito’ que ha traído inconformismo: en los puertos de Cartagena y Urabá solo puede trabajar su gente de confianza, a los demás narcotraficantes les dicen que tienen que comprarle la droga al Clan, que al parecer no tiene la misma pureza que la que ellos consiguen en Cauca. A quien no les compre la cocaína, le suben el impuesto para sacarla por esos puertos, antes era de $1’200.000 por kilo y ahora de $2’000.000”, explicó un agente que lleva años persiguiendo a esta estructura ilegal.

Esta situación impulsó a varios narcos a buscar sus propias rutas, unos como independientes y otros aliados con bandas rivales. Se presume que eso intentaron “el Chichi”, “Dimas”, “Bloqueo” y “Jota Indio”, cuando los patrones los llamaron a rendir cuentas.

Arley Úsuga Torres “Cero Siete”). Cortesía.

A diferencia de “Otoniel”, que permitía que cada bloque de la estructura administrara finanzas independientes y gestionara la compra de su propia droga y armas, “Chiquito Malo” al parecer está buscando centralizar la contabilidad, para ejercer un mayor control financiero de los cinco bloques, los 28 frentes y 6.016 integrantes de la facción.

“El Clan ha tratado de unificar los cobros de todos los bloques, lo que ha molestado a los diversos comandantes, porque les afecta las rentas. Y ahí mismo los máximos jefes se dieron cuenta de que había más de un comandante que cobraba y luego no reportaba lo que debía al Clan, y eso se ha venido destapando. Cualquier descuadre con la plata, lo pagan con sus vidas”, agregó el agente consultado.

Como retaliación a ese régimen, hay miembros del grupo que, presuntamente, están atacando en la sombra a “Chiquito Malo”, fungiendo como soplones de la Policía para entregar a la gente de su círculo cercano. Así sucedió el pasado 27 de octubre, cuando un informante condujo a las autoridades al escondite de su primo, el narcotraficante John Sepúlveda González (“Media Arepa”), en una cabaña en la selva de Necoclí (Antioquia).

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¿VIVO O MUERTO?
En medio de tanta mortandad, desde octubre comenzó a circular un rumor, según el cual “Chiquito Malo” habría quedado gravemente herido en un enfrentamiento entre integrantes del Clan en el norte de Chocó. La Policía interceptó unas comunicaciones, en las cuales unos miembros del grupo buscaban con desespero a personal médico para transportarlo a la zona, porque “el patrón estaba herido”.

“En cuanto al tema de ‘Chiquito Malo’, no tenemos una confirmación, nuestras agencias de Inteligencia están verificando”, dijo el general Luis Cardozo, comandante del Ejército, cuando se le preguntó sobre la suerte del cabecilla en una rueda de prensa, el pasado 23 de octubre.

Esta no es la primera vez que se esparcen rumores sobre la supuesta muerte de Ávila. Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, cuando los miembros del estado mayor central del Clan (la cúpula) publicaron un video hablando sobre los acercamientos de paz con el Gobierno, en el cual no aparecía “Chiquito Malo”.

Para silenciar las sospechas de divisiones internas y del deceso del comandante, la organización publicó un segundo video en el que sí aparecía, pero mediante un burdo montaje, en el que Ávila parecía un holograma insertado en la imagen, lo que en últimas suscitó más interrogantes.

Los investigadores entrevistados por este diario aseguran que se requiere una confirmación de mínimo tres fuentes para establecer si el capo está vivo o muerto, en particular porque la difusión de este tipo de información también forma parte de una macabra estrategia de “gerencia”.

“Es una medida de contrainteligencia, lanzan informaciones así para ver cómo reaccionan los subalternos, si buscan tomar ventaja o se alegran. Así identifican a los potenciales traidores”, relató un agente.

Desde esa perspectiva, es difícil saber cuál es el presente del cuestionado comandante “Chiquito Malo”, si estará malherido en un cambuche esperando la muerte, o si aguarda al acecho por algún desliz de sus socios, para llamarlos a una última reunión.

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El Inspector.

¿A qué se debe esta dura verdad? Este es un análisis de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, que busca aproximarse a la realidad de ese oscuro negocio.

En este carro iba el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, cuando fue asesinado en el barrio Fátima de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

La lista de casos es inagotable. Uno de los más recientes sucedió en el barrio Fátima, del suroccidente de Medellín, donde la víctima fue el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, de 36 años.

El pasado martes 12 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. conducía un automóvil Toyota en compañía de su esposa, y justo cuando pasaba frente a la Clínica Medellín de Occidente fue interceptado por cuatro asesinos a bordo de dos motos de bajo cilindraje. Una de las motos obstruyó el paso del carro, mientras desde la otra le dispararon a través de la ventanilla.

Los asesinos escaparon, al tiempo que la esposa y otra mujer bajaron del vehículo al herido y lo llevaron a la clínica, donde finalmente falleció. Zambrano era nacido en Maracaibo, Venezuela, y tenía cédula expedida en Barranquilla; al parecer se dedicaba al comercio, aunque hubo un incidente que tiene especulando a las autoridades sobre su verdadero oficio.

En la reseña del caso elaborada por el CTI de la Fiscalía, quedó consignado que la esposa del occiso entró a un baño de mujeres en el centro médico y tiró a la basura un celular marca Iphone, el cual fue recuperado luego por los investigadores. ¿Qué secretos quería ocultar la cónyuge?

Y hay más en la capital antioqueña. El 7 de marzo fue asesinado Édinson Rojas (“Pichi Gordo”), un cabecilla de la banda “la Terraza”. Lo acribillaron junto a un parque del barrio Los Balsos. En el hecho también murió su socio Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”) y quedó herido en una pierna el exfutbolista John Lovert Córdoba.

El 13 de febrero anterior, en la Transversal Intermedia del vecino municipio de Envigado, otros sicarios ejecutaron a José Berrío Zorrilla, un caleño de 38 años que se movilizaba con su esposa en un automóvil Mazda. El finado había sido extraditado a Estados Unidos en 2012, donde pagó cárcel por exportar cocaína a ese país.

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CRÍMENES DE ALTO PERFIL

Bogotá tampoco ha sido ajena a las operaciones sicariales de alto perfil. El pasado 21 de febrero hubo un ataque letal en las inmediaciones del Parque de la 93, donde la víctima fue Hernán Franco Charry, un auditor empresarial.

En la urbanización Bosques del Marqués, en Bogotá, fue asesinado por un francotirador el empresario Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”). Fotos de cortesía.

Justo cuando entraba al edificio en el que trabajaba, un sicario le disparó por detrás. El homicida tenía tan estudiado su objetivo, que el asalto duró menos de cinco segundos y alcanzó a entrar y salir del garaje corriendo, antes de que el portón automático se cerrara.

El 7 de agosto de 2024 los asesinos a sueldo dejaron otra truculenta huella en Bogotá. El objetivo fue el empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y apodado “Pedro Pechuga”.

En su juventud fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín. Actualmente, era un presunto integrante de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn), un cartel con redes en los Llanos Orientales, la zona esmeraldera, Bogotá y Medio Oriente.

Lo mató un francotirador con un certero disparo desde un cerro, junto a la urbanización residencial Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén, donde Aguilar residía.

Tuluá (Valle) es otro de los municipios golpeados por la acción de esta clase de criminales. El 31 de diciembre de 2023, en una casa del barrio Victoria, le dispararon al político Eliecid Ávila, quien aguantó dos días en cuidados intensivos y falleció el 2 de enero siguiente, antes de posesionarse por tercera vez como concejal.

Otro atentado que tuvo mucha repercusión ocurrió el 8 de octubre del año pasado en la avenida 30 de Agosto con la calle 48 de Pereira, a plena luz del día, donde fue aniquilado Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), uno de los principales jefes de la organización criminal “la Cordillera”.

Los sicarios lo sorprendieron con su esposa en las afueras de una iglesia y se enfrentaron a sus escoltas. Además de “Berny”, murieron su guardaespaldas Óscar Giraldo (“Osama”) y el agresor Santiago Bedoya, de 19 años y proveniente de Medellín; otro de los atacantes quedó lesionado.

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EL NEGOCIO DE LA MUERTE
El sicariato como servicio criminal se consolidó en Colombia en la década de los 80, con el auspicio de los carteles de Medellín y Cali, las nacientes Autodefensas paramilitares y las guerrillas. Estas organizaciones contrataban jóvenes de las ciudades, la mayoría de escasos recursos, para que ejecutaran atentados en contra de sus enemigos, de la Fuerza Pública y de los políticos que se atravesaban en su camino.

Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), jefe de la banda “la Cordillera”. Cortesía.

En ese periodo se popularizaron las “escuelas de sicarios”, instaladas en fincas de cabecillas y en algunos casos con la participación de agentes corruptos de las fuerzas de seguridad, que fungían como asesores e instructores.

Algunos de los cursos más famosos fueron dictados en el Magdalena Medio entre 1989 y 1991 por Yair Klein, un exmilitar israelita que regentaba una empresa de seguridad fachada para instruir a mercenarios y asesinos en diferentes partes del mundo.

A sus clases asistieron “estudiantes” pagados por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Clan Castaño Gil y el precursor de las autodefensas, Henry Pérez, entre otros. Les enseñaban manejo de armas, explosivos y tácticas ofensivas y contrainsurgentes.

Estos servicios se han especializado tanto en el país, que organizaciones mafiosas del exterior suelen contratar matones colombianos para ejecutar sus conspiraciones.

Un ejemplo fue el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en el que participaron autores materiales colombianos y venezolanos. Sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), durante su luna de miel.

Otro contrato internacional fue el del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abaleado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un coliseo de Quito.

La Policía dio de baja a uno y arrestó a otros seis colombianos sospechosos del crimen; sin embargo, todos fueron asesinados misteriosamente en motines carcelarios ocurridos dos meses después.

Aunque hay células de sicarios independientes que se ofrecen al mejor postor, también existen bandas expertas y con larga tradición en ofrecer estos servicios letales.

Según fuentes policiales, las más peligrosas son: “la Oficina” y sus bandas asociadas (Valle de Aburrá); la banda de “Satanás” y “Tren de Aragua” (Bogotá); “la Cordillera” (Eje Cafetero); “los Costeños” y “los Pepes” (Barranquilla); “los Flacos” (Cartago); “la Inmaculada” (Tuluá); “los Pachenca” (Santa Marta); “los Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura); y el Clan del Golfo (nacional).

Su existencia es el recordatorio de que en Colombia todavía hay mucha gente que resuelve sus problemas mandando a matar a los demás.

¿Y qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo? ¿Por qué luego de cuatro décadas el sicariato sigue siendo un oficio criminal tan solicitado?

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El Inspector.

El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

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En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

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En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

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El Inspector.