Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

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En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

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En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y del Gobierno estadounidense le confirmaron a El Colombiano que estas son las organizaciones internacionales que más recursos invierten en los cultivos de coca, insumos químicos, laboratorios de producción de cocaína, bodegaje, transporte marítimo y aéreo de la mercancía. Eso, en otras palabras, significa que son las principales financiadoras de estas actividades ilícitas en el país y, de manera indirecta, de la violencia que eso genera.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre estas sociedades de crimen organizado transnacional que afectan la seguridad de Colombia, Antioquia y Medellín.

Ismael “el Mayo” Zambada (arriba) y Nemesio “el Mencho” Oseguera, jefes de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Fotos de cortesía y archivo El Colombiano.

El cartel de Sinaloa, también conocido como “la Federación”, es el que lleva más tiempo en el negocio. Se forjó en 1989 y estableció alianzas con los carteles de Medellín y de Cali; y cuando estos fueron desmantelados en los años 90, supo conservar los contactos con los herederos del narcotráfico colombiano.

El de Jalisco, en cambio, es una estructura más nueva, creada a sangre y fuego en 2010, pero con una capacidad de expansión que ya supera a sus competidores.

CARRERA CRIMINAL
Al cartel de Sinaloa lo conforman tres grandes empresas confederadas: la de Joaquín “el Chapo” Guzmán, extraditado en 2017 y condenado a cadena perpetua en EE.UU.; la de Juan Esparragoza (“el Azul”), que algunos suponen muerto desde 2014, pero no hay cadáver para confirmarlo; y la de Ismael “el Mayo” Zambada.

Ante las desgracias de sus socios, cuyos negocios quedaron en manos de familiares, “el Mayo” se convirtió en el máximo líder de la organización. A sus 74 años de edad, es uno de los narcos activos más antiguos, y esa experiencia le ha servido para sostener una federación con tentáculos en los cinco continentes.

El cartel de Sinaloa domina pasos fronterizos y plazas de vicio en territorio estadounidense, en los que por décadas ha posicionado la cocaína colombiana como un producto de “alta calidad”.

Su principal enemigo en la actualidad es el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Surgió en 2007 como un comando sicarial al servicio de otras facciones, distinguiéndose por sus métodos sanguinarios de intimidación. En ese entonces se hacían llamar “los Mata Zetas”, porque estaban en guerra contra el cartel de “los Zetas”.

Con este cartel el gobierno de EE.UU. ofrece recompensa contra “el Mencho”. Foto: cortesía.

En 2010, luego de las capturas y muertes de varios capos en dicho pleito, el grupo heredó rutas y contactos de narcotráfico, y se transformó en el CJNG. Su jefe es Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, un cultivador de aguacate que se convirtió en asesino.

Bajo su mandato, el cartel de Jalisco desplazó a las organizaciones rivales dentro de México y en EE.UU., al punto de pelearle las plazas de tú a tú a Sinaloa.

La DEA calculó en 2019 que la fortuna ilegal de “el Mencho” rondaba los US$1.000 millones. Aunque el negocio más lucrativo para él es el tráfico de metanfetaminas y opioides como el fentanilo y la heroína, que están de moda entre los consumidores globales, la cocaína significa un rubro importante.

En el mercado colombiano, indicaron fuentes policiales, el CJNG reemplazó al cartel del Golfo y a “los Zetas”, que hasta 2016 eran los financiadores mayoritarios junto a Sinaloa. Dichos grupos cedieron terreno tras los arrestos y asesinatos de sus máximos líderes.

La Casa Blanca ofrece US$10 millones de recompensa por información que lleve a la captura de “el Mencho” y US$15 millones por “el Mayo”.

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INTERESES EN COLOMBIA
Agentes de Inteligencia indicaron que en nuestro país, los carteles de Sinaloa y Jalisco financian los cultivos y la producción en los enclaves cocaleros de Nariño (eje Tumaco-Barbacoas), Cauca, Putumayo, Norte de Santander (Catatumbo) y Antioquia (triángulo de Valdivia, Anorí y Tarazá).

Su preocupación es lograr una cocaína de alta calidad, pues esto es lo que les permite posicionar su marca entre los consumidores de EE.UU., Europa, Asia y Australia.

El cartel con la millonaria recompensa contra “el Mayo” Zambada. Foto de cortesía.

Eso explica por qué cada vez es más común encontrar a sus delegados negociando en persona en Colombia, tal cual analizó El Colombiano en un reportaje anterior. El último capturado en Cali, hace dos semanas, fue Brian Olguín Berdugo (“Pitt”), representante de Sinaloa.

“Los mexicanos están pagando la producción por adelantado. ¿Qué otro agrocultivo tiene la venta garantizada antes de la cosecha? Ninguno”, reflexionó un agente judicial.

Estos narcos también patrocinan laboratorios clandestinos, insumos químicos y refinerías ilegales. De manera indirecta fomentan el robo de combustible de los oleoductos de Ecopetrol, pues el crudo se usa como disolvente de la hoja de coca, para darle mejor consistencia; en dicho proceso, se contamina el medioambiente.

Estos estímulos a la fabricación de cocaína han mantenido un nivel constante en la producción colombiana, a pesar de la reducción en las hectáreas cultivadas.

Según el último monitoreo de cultivos de la ONU, en 2019 había 154.000 hta, que mermaron a 143.000 hta en 2020. A pesar de esto, en ese mismo periodo la producción potencial de hoja de coca fresca subió de 993.100 toneladas métricas a 997.300 tm; y la producción potencial de clorhidrato de cocaína aumentó de 1.137 tm a 1.228 tm.

¿Cómo es posible que con menor cantidad de hectáreas, se produjera más cocaína? Pues los mexicanos, en compañía de sus aliados colombianos, lograron un mayor rendimiento en el proceso. Según la ONU, en 2019 los narcos obtenían 6,7 kilos de cocaína por cada hectárea sembrada, mientras que en 2020 ese rendimiento subió a 7,9 kilos.

De esta bonanza también se han beneficiado carteles de otras naciones, como los italianos, españoles, neerlandeses, balcánicos y marroquíes, que surten sus plazas con el producto colombiano.

Entre los principales socios de Sinaloa y el CJNG están el Clan del Golfo, “los Pachenca”, disidencias de las Farc, la nueva “Junta Directiva del Narcotráfico”, “los Puntilleros”, “los Pelusos”, el ELN, “la Oficina” y “la Cordillera”, así como el cartel de los Soles (venezolano).

Con ellos pactan los pormenores de la producción, el transporte interno y la exportación a EE.UU. por vía marítima, aérea o terrestre. Estos acuerdos suelen hacerse en reuniones en apartamentos de Miami, Ciudad de México, Acapulco, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Caracas.

Uno de los asuntos que llama la atención a los investigadores es que la guerra que sostienen Sinaloa y CJNG por las plazas de México y EE.UU. no se ha trasladado a los centros de producción en Colombia. Por el contrario, aquí “mercan” en paz, sabiendo que la despensa alcanza para todos.

Más allá de esta situación, el dinero que pagan los mexicanos se convierte en armas y recursos logísticos con los que los grupos locales sostienen conflictos en Chocó y el litoral Pacífico, Bajo Cauca, Catatumbo, Arauca y los Llanos. A pesar de esto, en Colombia no hay un solo proceso judicial contra “el Mayo” y “el Mencho”, quienes a la sombra instigan el negocio que pone a sangrar a Colombia.

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ANEXO: OTROS CARTELES MEXICANOS EN EL NEGOCIO

- Aunque el CJNG y Sinaloa son los carteles predominantes en el mercado transnacional de la cocaína colombiana, hay otros grupos mexicanos que también participan de este negocio y les compran directamente a los productores colombianos. Entre ellos están: el cartel del Golfo, el cartel Arellano Félix, el cartel de Oaxaca y la organización Beltrán Leyva, principalmente.
- También hay facciones mexicanas que comercializan cocaína colombiana, pero no adquieren la mercancía en nuestro país, sino que se la compran a los carteles más poderosos, que al importarla a México actúan como distribuidores mayoristas. Entre los minoristas están “los Viagras”, “los Cuinis”, “Plaza Nueva” y “Santa Rosa de Lima”.

El Inspector.

Los uniformados, detenidos el mes pasado, prestaban servicio en la estación Belén, a la cual le corresponde la vigilancia de la zona. No obstante, en vez de frenar la delincuencia, la favorecían mediante la omisión de sus deberes y la venta de información clasificada, a cambio de sobornos; incluso, algunos llegaron a venderles droga a los propios criminales y a extorsionarlos para no capturarlos.

Esta no es la primera vez que miembros de la Fuerza Pública han resultado involucrados en el remolino de estupefacientes de Barrio Antioquia, un lugar que, sin el ánimo de estigmatizar, padece un problema histórico. El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagó con fuentes de la Policía, el CTI, la Fiscalía y la Alcaldía, al igual que con algunos residentes, para entender cómo funciona hoy el narcotráfico en la zona, por qué ha sido tan difícil manejar esa situación y qué se debería hacer para superarla.

A pesar de la vigilancia policial, el tráfico de drogas en Barrio Antioquia campea de día y de noche. Foto de Manuel Saldarriaga.

El Barrio Antioquia es una denominación imaginaria, no aparece en el mapa oficial de la ciudad, pero los lugareños y visitantes saben que es un espacio localizado en la comuna 15 (Guayabal), al costado oriental del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que abarca varias cuadras de los barrios Santa Fe y Trinidad.

“Debido a su historia, ahí se presenta un enquistamiento de la cultura de la ilegalidad en forma de mafia, es decir, cuando las estructuras ilícitas tienen la capacidad de delinquir en una comunidad sin que esto afecte la cotidianidad de las personas”, expresó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia.

El exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19), Andrés Tobón, recordó que los fenómenos de ilegalidad se instalaron en la primera mitad del siglo XX, cuando las primeras familias fueron reubicadas junto al aeropuerto, debido al paso del ferrocarril.

“Allí aprovecharon la cercanía con la terminal aérea para dedicarse al contrabando de cigarrillos y licor. Ya en los años 60 y 70, con el cultivo de marihuana en fincas de El Poblado, ingresaron al narcotráfico”, narró.

En esa época el negocio adquirió alcance transnacional con personajes como Griselda Blanco, una residente del barrio que coordinó las primeras rutas de exportación a EE.UU.

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UN NEGOCIO DE TRES NIVELES
El narcotráfico que campea en el sector se da en tres niveles: el primero, es el espacio local. En Barrio Antioquia delinquen seis bandas tradicionales, conocidas como “la 24”, “el Quinto”, “Alexpin”, “el Coco”, el “combo de Ratón” y “la Cueva”. Se trata de grupos con territorio definido, armamento y estructura de jerarquía piramidal con cabecillas, que administran plazas de vicio y ejecutan actividades de sicariato, vigilancia y extorsión.

Adicionalmente, hay plazas de vicio independientes, que no pertenecen a un combo como tal, sino que son regidas por familias dedicadas al negocio por generaciones, o por un traficante inversionista, como las plazas de “Sancocho”, “Miami”, “el Triángulo”, “Maema” y “la Licorera”.

Estos grupos y plazas distribuyen alucinógenos al menudeo. Por lo general, los consumidores provienen de otros barrios o son turistas. “Se les vende con la condición de que consuman por fuera, aquí no, para no atraer a la Policía”, señaló un habitante, quien solicitó la reserva de su identidad.

Tanto los combos como las plazas independientes, de acuerdo con los investigadores consultados, suelen tener patrocinios y alianzas de grupos de crimen organizado más grandes y de otros lugares del Valle de Aburrá, como “la Oficina”, “la Terraza”, “la Unión” y “San Bernardo”; o de narcotraficantes como “Iván el Barbado” y el Clan Osorio.

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Esos patrocinios son los que definen cuál de las bandas de Barrio Antioquia impone su hegemonía sobre las demás, aunque según los residentes consultados, en la actualidad no hay conflictos y “cada quien está traqueteando en su parche sin problemas”.

En el segundo nivel de esta actividad, están las operaciones como centro de acopio de grandes cantidades de droga, para surtir a otras bandas y plazas del área metropolitana. En Barrio Antioquia se almacenan los estupefacientes enviados desde el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, y los departamentos de Nariño y Cauca, para servir de despensa a otras estructuras y traficantes.

Es así como al sitio llegan delegados de combos del Centro, Doce de Octubre, Itagüí y Belén, entre otros sitios, para comprar mercancía más barata al por mayor y expenderla en sus propios barrios.

Y en el tercer nivel está el tráfico internacional de narcóticos, en especial hacia La Florida (EE.UU.), España, Holanda y Suramérica. Algunos narcos de Barrio Antioquia, a lo largo de los años, ascendieron en la cadena y hoy son exportadores. “Cada que coronan un cargamento, arman fiestas aquí en la cuadra y tiran pólvora”, detalló un residente.

LOGÍSTICA Y CONTROL
Semejante actividad ilícita sucede las 24 horas del día y a la vista de todo el mundo. Para minimizar la intervención de las autoridades, además de la trama de sobornos, los traficantes han desarrollado un complejo sistema de vigilancia.

En cada esquina hay “campaneros” con celular, que avisan sobre la circulación de vehículos y personas extrañas. Algunos lo hacen de forma tan desfachatada, que sacan sillas y muebles destartalados, y se explayan a media calle.

Los administradores de las plazas instalaron sistemas cerrados de TV y sus trabajadores han vandalizado las cámaras de la Alcaldía (instaladas apenas en 2018), para evitar ser grabados en su “jibareo”.

Un suboficial de Policía señaló que “por su cercanía con el aeropuerto, no podemos elevar drones para los seguimientos”.

En las casas en las que se almacena la droga, hay puertas y ventanas blindadas, para retardar el ingreso de las autoridades en los allanamientos.

Algunas viviendas están interconectadas por pasadizos y agujeros, creando una suerte de laberinto por donde se mueven los traficantes.

En la vía pública, el mobiliario ha sido adaptado para camuflar las dosis en postes de luz, materas, bancas de cemento, aceras, árboles y contadores de agua y energía.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín (2016-17), indicó que en los operativos que lideró al frente de esa entidad, “descubrimos más de un búnker para el almacenamiento de droga y caletas sofisticadas, como una matera en un antejardín, que se abría con un mecanismo automático”.

Castaño señaló que “se ha instalado una economía circular ilícita, que beneficia al expendedor, el vigilante y el comprador. La mayoría de los involucrados tienen arraigo familiar en la cuadra, por lo que nadie los delata. Las llamadas al 123 para denunciar movimientos de droga en Barrio Antioquia son mínimas”.

“Hoy tenemos cuatro o cinco familias grandes, con señoras de bastante edad, que dedican a sus hijos y nietos al tráfico de estupefacientes, con un control de zona que ha devenido en prácticas de corrupción”, acotó Tobón.

En cuanto al abastecimiento de la mercancía, un investigador del CTI contó que “la droga la traen en buses intermunicipales, que llegan a la Terminal de Transportes del Sur, y después van al Barrio Antioquia con la excusa de lavar los vehículos. En esa zona hay muchos lavaderos de buses, y algunos son solo fachadas para descargar la droga”.

En este sector los traficantes tienen mercancía en caletas para surtir a la clientela por dos meses. Ese inventario les permitió sobrevivir al aislamiento social de marzo y abril de 2020, cuando la cuarentena por la covid-19 fue severa, disminuyó el transporte intermunicipal y el abastecimiento de la mercancía.

Según el investigador judicial, “cuando la marihuana que tienen almacenada se pone vieja, le rocían melaza con un spray, la secan con ventiladores y la guardan en peceras. Eso le da un apariencia fresca, y aunque pierde su olor y sabor natural, ellos la venden como marihuana saborizada. En cuanto a la cocaína, la hacen rendir mezclándola con otras sustancias, como lactosa y cafeína”.

PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO
Tobón expresó que debe continuarse una línea de investigación que comenzó en la Administración pasada y ha rendido frutos, como la captura del cabecilla “Ratón” y de los 22 policías de diciembre.

“Es un asunto que no solo se puede quedar en capturas, sino que debe incluir planes de renovación urbana. El aeropuerto Olaya Herrera debe convertirse en un gran parque, con Barrio Antioquia de un lado y Belén del otro”, dijo.

Para Castaño, la estrategia que usa la Policía no es suficiente: “El plan de vigilancia por cuadrantes está basado en el apoyo de la comunidad para repeler el delito, pero como eso no se da, se requiere una intervención diferente. El Estado debe comprometerse, con todas sus instituciones, a focalizar acciones por varios años en ese territorio, con el propósito de derrumbar los mitos de la droga y lograr la confianza de la gente. Así se hizo hace 10 años con las famosas cuevas de Barrio Triste, y se logró transformar esa zona”.

En esto coincide la exfiscal Carrasquilla: “Debe haber una acción prolongada en el tiempo, donde a través del trabajo de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía puedan detectarse los puntos de expendio, los días y horas de ingreso de la droga y quiénes financian la actividad, para después hacer allanamientos, en una operación sostenida, acompañada de las autoridades administrativas para atender desde lo social a la comunidad”.

Además de esto, agregó, “hay que realizar extinciones de dominio de inmuebles y con acciones administrativas destruir esas casas destinadas a las plazas de vicio”.

El actual secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, contó que el propósito es cambiarle la cara a Barrio Antioquia. “Tenemos una estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común para toda la ciudad, articulada con la Fuerza Pública y los organismos de justicia, y eso incluye a esa zona”, aseveró.

Ya fue adjudicado el contrato para la construcción de la estación de Policía de Guayabal, un servicio por ahora se presta desde Belén.
“Con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana (general Pablo Ruiz) acordamos compromisos frente a este barrio. La idea no es estigmatizarlo, porque hay gente muy buena allí, pero ya es hora de superar esa situación y normalizarla”, puntualizó.

Acevedo enfatizó en que este trabajo en seguridad estará acompañado de programas sociales que desarrollan otras secretarías, como las de Juventud, Cultura e Inclusión, para ver si entre todos logran exorcizar los fantasmas del narcotráfico que rondan en Barrio Antioquia.

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El Inspector.

Sin embargo, al día siguiente un juez de control de garantías lo dejó en libertad, al parecer por falta de pruebas. ¿Qué ocurrió? Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Pedro Pistolas” estaba desarmado al momento de su captura, en el barrio Belalcázar de Medellín. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el operativo fue realizado por agentes de la Dijín, Goes y Sipol, que a las 6:30 a.m. de este martes 3 de diciembre incursionaron en un lugar del vecindario conocido como La Finquita.

Los uniformados portaban una orden de captura emanada de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, por el cargo de concierto para delinquir agravado, para apresar a José Eliécer Montoya Correa (“Pedro Pistolas”), un comerciante del sector El Hueco, de 63 años de edad.

La investigación judicial indica que la banda “la Aurora” o “los Carabanudos” tiene su base de operaciones en el Centro y sus principales actividades son la venta de estupefacientes y la extorsión. Al parecer tendría conexiones con “La Terraza”, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de la ciudad.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, precisó que los sitios en los cuales esta estructura tiene injerencia son los alrededores de La Pesquera, Pichincha, El Hueco, Los Marinillos, La Aurora, Los Puentes, La Paz y Titanic, en la comuna 10 (La Candelaria).

José Eliécer Montoya Correa (“Pedro Pistolas”). Cortesía.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, añadió que el capturado al parecer estaría relacionado con el incremento de los homicidios en esa zona en el primer semestre del año. “Tuvimos afectaciones porque este grupo estaba confrontando (con otros) por las rentas de la droga. Ejecutaban internamente a las personas que tenían desacuerdos dentro del grupo criminal”.

A pesar de esto, por considerar que la Policía y la Fiscalía no recopilaron evidencia suficiente para soportar una medida de aseguramiento, el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de Antioquia dejó en libertad a Montoya Correa.

La decisión fue tomada en la tarde de este miércoles 4 de diciembre, durante la audiencia de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, pero “Pedro Pistolas” se declaró inocente en el estrado.

Fuentes judiciales explicaron a El Colombiano que el juzgado determinó que, con las pruebas inicialmente aportadas, no se podía inferir de manera razonable la participación del procesado en ese delito. La Fiscalía no apeló la decisión.

Tras decretar la libertad, Montoya Correa seguirá vinculado al expediente y queda a la espera de una acusación formal de la Fiscalía y del eventual juicio oral.

UN ALIAS PERSEGUIDO
El apodo de “Pedro Pistolas” se dio a conocer a la opinión pública en 2016, cuando el alcalde Federico Gutiérrez reveló que, según información recibida por la Fiscalía, había un plan para atentar contra él.

Dicho plan, de acuerdo con el informante, fue mencionado durante una reunión de cabecillas en un hotel del centro de Medellín, entre los cuales estaría “Pedro Pistolas”. El motivo, expresó el alcalde en su momento, era su proyecto para reformar este sector de la metrópoli y expulsar de allí a la delincuencia.

La Policía comenzó las pesquisas del caso, determinando que en el bajo mundo había, por lo menos, tres presuntos delincuentes con ese mismo mote, lo que dificultó la judicialización (ver el anexo).

Uno de ellos dio la cara en septiembre de 2016, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual afirmó que no tenía nada que ocultar y que no había ninguna evidencia en su contra.

Por el momento no se ha determinado que Montoya Correa sea el autor de las amenazas contra el mandatario, por lo que el ente acusador no le imputará ese cargo.

El alcalde Gutiérrez, quien está fuera del país, señaló que no haría pronunciamientos al respecto, hasta que la investigación judicial concluya.

Fuentes policiales afirmaron que continuarán la búsqueda de los otros “Pedro Pistolas”, hasta que todos estén tras las rejas.

Durante los últimos años ese apodo se ha relacionado con personajes vinculados al lavado de activos por medio de locales y centros comerciales de La Candelaria, así como con una amplia red de corrupción de uniformados y funcionarios públicos, que a cambio de dinero facilitan sus operaciones fraudulentas.

LA CRIMINALIDAD DEL CENTRO
“Pedro Pistolas” fue el tercer supuesto cabecilla del Centro arrestado en los últimos dos años. El primero fue Eladio Correa (“Ramón”), principal abastecedor de marihuana tipo cripa traída desde Cauca; y luego cayó Ómar Mazo (“don Ómar”), jefe de la “Convivir del Bronx”, que controla las plazas de vicio de la avenida De Greiff.

Ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “don Ómar”, el zar de las drogas en el Centro.

Aunque de suma importancia, por tratarse de delincuentes veteranos y con amplia experiencia en el negocio, esas capturas no han afectado de manera contundente las dinámicas de narcotráfico en el corazón de Medellín.

Según los análisis de la Policía, en la capital antioqueña hay 247 expendios de estupefacientes (53 fijos y 194 móviles). De esos, el 80 % están concentrados en el Centro.

Los principales puntos de acopio se ocultan en los recodos de Niquitao, El Chagualo, San Benito, Villanueva y Prado Centro, desde donde se distribuye la mercancía a las demás comunas.

La demanda de los consumidores es tan alta, que no pasará mucho antes de que el trono de “Pedro Pistolas”sea ocupado por alguien más.

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ANEXO: LA TRAMA DE LOS “PEDRO PISTOLAS”
En septiembre de 2016, El Colombiano entrevistó a uno de los “Pedro Pistolas”, identificado como Pedro Javier Piedrahíta, quien señaló que ese apodo se lo pusieron en los años 80, pero que era inocente de los señalamientos y amenazas contra el alcalde. Agregó que estaba dispuesto a presentarse en el despacho de Federico Gutiérrez para aclarar esa situación. Según el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, por el momento “no hay evidencia de que Piedrahíta esté relacionado con organizaciones ilegales del centro de Medellín”.

El funcionario explicó que otro de los “Pedro Pistolas”, llamado Fredy Alexánder Londoño, fue asesinado a bala en 2008 en el Centro. A su juicio, hay tantos personajes con el mismo apodo solo para enredar a la justicia.

NOTA RELACIONADA: “Pedro Pistolas” dice que se presenta, el alcalde lo quiere capturado.

El Inspector.

En el lugar, ubicado al final de un callejón sin salida, las autoridades encontraron algunas dosis de marihuana y base de coca, dos grameras y dos cajas de envolturas para cigarrillos de yerba, por lo cual se cree que allí expendían droga.

En una casa, al fondo de este callejón sin salida, se presentó el ataque armado que dejó tres muertos y un herido. Foto de cortesía.

El asalto armado se presentó a las 4:30 p.m, de este viernes 31 de mayo, cuando un puñado de hombres irrumpió en la casa empujando la puerta. Adentro había cuatro personas departiendo desde el mediodía, las cuales fueron acribilladas con armas de calibre 9 milímetros.

Los agresores escaparon en un taxi, mientras los vecinos socorrían a las víctimas. En otro taxi las llevaron a la clínica Las Américas, donde los médicos confirmaron la muerte de tres de ellas: el empleado de construcción Denis Fabián García Calle, de 40 años y apodado “Frank” o “Cucaracho”, quien recibió siete balazos; el comerciante Carlos Fabián Ledesma (“Carlos Cacha”), de 31 y con seis impactos de bala; y el adolescente de 16 y estudiante de noveno grado J.E.B.J. (“Juanchis”), que recibió ocho tiros.

El sobreviviente fue un amigo de ellos, de 24 años, con una herida en la espalda y otras cuatro en las piernas.

El coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana, declaró que los afectados tenían anotaciones delincuenciales. “Frank”, “Carlos Cacha” y el herido están reseñados en las bases de datos judiciales por tráfico de estupefacientes, mientras que el menor de edad figura indiciado por el delito de amenazas.

En el barrio El Bolo los habitantes viven en tensa calma, debido a rencillas recientes entre combos delincuenciales por el mercado ilegal de drogas.

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El Inspector.

En el caso más reciente, 16 personas, entre ellas nueve policías, fueron capturadas durante una operación en contra del crimen organizado en el centro de la capital antioqueña. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los policías implicados fueron suspendidos de sus cargos. Foto de archivo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado y la Dijín de la Policía, los capturados en la mañana de este viernes 27 de julio fueron un intendente y ocho patrulleros adscritos a la estación Candelaria, cuya jurisdicción es la comuna 10 (el Centro).

Las autoridades aseguraron que los uniformados al parecer recibían sobornos para permitir el tráfico de drogas en la zona. Además, cargaban con estupefacientes a algunas personas para presentarlas como capturados y subir su calificación ante sus superiores. Estas irregularidades quedaron al descubierto gracias a un agente encubierto, que registró durante el último año estas fechorías.

Otro que cayó durante la operación de la Fuerza Pública es alias “Kevin”, presunto coordinador de la organización criminal “Caicedo”, según fuentes judiciales. A este hombre le fueron incautadas una camioneta Toyota Fortuner, un automóvil Mercedes y una moto de alto cilindraje. También le decomisaron dólares.

Los demás capturados son presuntos integrantes de los combos conocidos como “Convivir”, que trabajaban para “Caicedo” y “la Terraza”, y presuntamente se dedicaban a administrar plazas de vicio ubicadas en las cercanías de la Plaza de Botero. Con ellos fue apresado un comerciante de la zona, que participaba en las finanzas de los negocios ilícitos.

El coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, dijo que su Institución rechazaba estos actos de corrupción y que fue precisamente de la Policía de donde partió la denuncia contra los uniformados sospechosos.

Los capturados serán presentados este sábado ante un juez de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín. La Fiscalía les imputará cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y falsedad procesal, entre otros.

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Policías encarcelados por apropiarse de cocaína.

El Inspector.

Se trata del combo “la Paralela”, que delinque en los barrios Toscana, Héctor Abad Gómez, Plaza Colón y la Paralela, el cual perdió 21 integrantes en una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con la ayuda de perros entrenados, los policías hallaron las drogas y las armas de la banda. Cortesía Policía Metropolitana.

En la acción, ejecutada esta semana, los uniformados realizaron 33 allanamientos, arrestando a 19 personas con orden de captura y a dos más en flagrancia. Les incautaron cuatro armas de fuego, 201 balas de distintos calibres,  17.575 gramos de marihuana, 123 gramos de cocaína y $1’360.000 en efectivo.

Según el informe oficial del caso, entre los capturados hay dos coordinadores de zona, apodados “La Marrana” y “Colas”, al igual que 10 traficantes de alucinógenos conocidos como “Cristina”, “La Macha”, “El Culo”, “Juanpa”, “Luis”, “Huevo”, “Farmaton”, “Pegaso”, “Yuliana” y “El Perro”.

También arrestaron a cinco recolectores del dinero ilícito:  “El Mecánico”, “El Bajito”, “El Burro”, “El Espa” y “Albino”; y a cuatro “campaneros” (vigilantes) denominados “El Zarco”, “Cucaracho”, “Kevin” y “Mompi”.

Estas personas tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y cohecho por dar y ofrecer.

La Fiscalía informó que las plazas de vicio de esta banda “funcionan las 24 horas del día y reciben aproximadamente 150 millones de pesos al mes, producto de la venta de alucinógenos. Integrantes de la mencionada banda ofrecían dinero a los policías del sector para que se alejaran del lugar y así poder vender los estupefacientes”.

El general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, reconoció que aunque este fue un golpe duro para ese combo, quedó pendiente de capturar su cabecilla principal, cuyos datos no entregó.

Lo que sí está claro, de acuerdo con la investigación judicial, es que “la Paralela” rinde cuentas a la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas con influencia en las comunas 5 y 6 de Medellín (Castilla y Doce de Octubre) y la frontera suroccidental del municipio de Bello (barrios París, La Maruchenga y Nueva Jerusalén).

Su líder es alias “Soto”, un delincuente de alto perfil al que las autoridades no han podido seguirle el rastro. Se sabe que tiene alianzas con otros grupos criminales, como “los Chatas”, “la Oficina” y “los Urabeños”. Su ascenso en el bajo mundo ha estado de la mano de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, extorsiones y venta de drogas, pero ni siquiera le han expedido una orden de captura.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial y policial contra combos del Valle de Aburrá.

El Inspector.

De lunes a lunes, Revelaciones del Bajo Mundo recopiló los incidentes más graves, los cuales demuestran que, pese a que el índice de homicidios va a la baja, estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad.

La Alcaldía ofreció recompensa por dos casos de homicidio de menores, reportados la semana pasada. Archivo.

Lunes 20 de enero

La Policía reportó el decomiso de 5.1 toneladas de marihuana en un parqueadero del barrio El Chagualo, del centro de Medellín. Allí fueron arrestados cuatro hombres. La mercancía provenía de los departamentos de Cauca y Valle y su destino eran las ollas de vicio de las bandas “los Chatas”, “el Plan de Calatrava” y los combos de “Ratón” y “Alexpín” de Barrio Antioquia.

El informe policial indicó que el cargamento “pertenecería a alias ‘la Tía’, hermana de alias ‘el Indio’ (cabecilla de la banda delincuencial ‘el Indio’), el mayor traficante de estupefacientes en grandes cantidades del Valle de Aburrá”.

Martes 21 de enero

A solo dos metros de la entrada del colegio Samuel Barrientos Restrepo, en el barrio San Javier de Medellín, mataron a bala a un muchacho de 19 años. Se llamaba Stiven Arley Ciro Posada.

El crimen ocurrió cuando los alumnos de la jornada nocturna salían de clases, lo que sembró el terror en la comunidad educativa.

Miércoles 22 de enero

Un civil armado murió en un enfrentamiento contra dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, en el barrio Moravia (ver la NOTA RELACIONADA: Tiroteo en la Curva del Diablo dejó un muerto).

Jueves 23 de enero

Un niño de 13 años murió abaleado en el barrio Kennedy de Medellín, cuando le estaba lavando el taxi a un vecino en las afueras de la casa. El pequeño, que cursaba séptimo grado, fue atacado delante de su hermano mayor.

Otro menor de 15 años, también estudiante de séptimo, fue asesinado a tiros en el barrio Campo Valdés. Según sus familiares, fue a visitar a unos amigos en una motocicleta de alto cilindraje, la cual le fue hurtada junto a su billetera. El adolescente residía en Los Colores.

Viernes 24 de enero

En una vía pública del centro del corregimiento San Cristóbal de Medellín, acribillaron a tiros a Luis Guillermo Morales Duque, quien trabajaba como guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

A balazos también mataron a Jair Alonso Londoño Ospina, de 35 años y apodado “Yayo”. Este crimen ocurrió en el barrio Belén Rincón, en el suroccidente de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes policiales, el difunto sería integrante de la “Odín Belén” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y al parecer coordinaba el bajo mundo en el vecindario donde lo mataron, siguiendo órdenes de su patrón “Tuto”.

La investigación inicial sigue la tesis de que a “Yayo” lo asesinó su propia organización, por un ajuste de cuentas relacionado con la distribución del dinero obtenido en las actividades ilegales.

De otro lado, tres hombres fueron asesinados en el socavón de una mina de oro, en el municipio de Barbosa. Sucedió en la vereda Filo Verde, cuando las víctimas extraían la piedra preciosa de manera artesanal.

Por heridas de armas de fuego murieron James Esneider Echavarría Roldán, de 25 años; Pedro Pablo de Jesús Cataño Foronda, de 57; y un NN de 45 a 50 años de edad.

Sábado 25 de enero

Una turba iracunda linchó hasta la muerte a Johanis Villamizar Barbosa, de 34 años, a quien señalaron de haber cometido un hurto. Sucedió en el barrio Belén Rincón de Medellín, donde una veintena de personas lo atacó con palos, piedras y cuanto objeto había a la mano.

Vecinos de la zona indicaron que el occiso en compañía de otro hombre persiguieron a una señora y le quitaron el bolso. En la huida se separaron, pero uno de ellos se golpeó con un carro que pasaba por la calle. El instante fue aprovechado por el gentío para quitarle la vida.

Domingo 26 de enero

Un adolescente de 16 años, hincha del Atlético Nacional, fue asesinado cuando se dirigía a presenciar el partido de su equipo del alma contra el Independiente Medellín. Viajaba en un bus de servicio público portando una bandera del club, cuando, según la información preliminar, un sujeto trató de arrebatársela.

Una hipótesis dice que el agresor atacó desde afuera, por la ventanilla, y otra que estaba dentro del vehículo. Lo cierto es que cuando el bus pasaba junto a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe, el atacante le propinó una cuchillada letal al muchacho. La Administración Municipal ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información sobre el victimario.

Lunes 27 de enero

Una colegiala de 16 años fue asesinada por sicarios en moto, cuando apenas se bajaba del bus, a las 5:40 a.m.. Sucedió en el barrio Boston de Medellín, donde la menor cursaba décimo grado en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez.

La adolescente abaleada residía en el barrio La Sierra y hacía poco había cambiado de colegio. La Alcaldía dispuso una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información sobre los responsables.

Por otra parte, ocurrió una tragedia en el batallón de Instrucción y Entrenamiento N°4 de la Cuarta Brigada, ubicado en el corregimiento Llanos de Cuivá, del municipio antioqueño de Yarumal. Allí el soldado Manuel Arboleda Asprilla asesinó con su fusil de dotación al teniente Ronald Colmenares Bermúdez, al sargento segundo Freddy Prieto Espinosa y al soldado profesional Edilberto Cusma.

El agresor fue detenido y la institución militar se reservó las causas de lo ocurrido, tan solo indicó en un comunicado que se trató de “un acto de intolerancia”. Al parecer había antecedentes de pleitos entre el asesino y una de sus víctimas.

El Inspector.