El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

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La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

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La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

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El Inspector.

Los señalamientos en contra del ciudadano de 58 años, oriundo de Bello, comenzaron el 03/5/16, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la Lista Clinton, aplicándole sanciones financieras a él, su núcleo familiar y cuatro empleados, al igual que a once empresas que posee en Colombia, Panamá, Argentina y Guatemala.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano. Revelaciones del Bajo Mundo la comparte, por considerarla de interés para sus lectores.

José Byron Piedrahíta, empresario antioqueño, señalado por el gobierno de EE.UU. de ser patrocinador de la banda “la Oficina”. FOTO: Donaldo Zuluaga.

La Ofac reveló en ese entonces que en su contra también había un expediente en la Corte del Distrito Oeste de Virginia, desde 1997, por el supuesto delito de lavado de activos.

La decisión causó sorpresa en la subregión del Bajo Cauca, donde las compañías de Piedrahíta generan cerca de 600 empleos directos, por medio de las firmas Subasta Ganadera de Caucasia, Frigorífico del Cauca y Arrocera Contadora, entre otras.

Aunque el propietario siempre ha defendido su inocencia, la sanción impuesta por EE.UU. derivó en la apertura de un proceso judicial en Colombia.

Así lo explicó el 18/10/16 Andrea del Pilar Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio: “dentro de las investigaciones que se adelantaron a partir de esa inclusión (en la Lista Clinton), la Fiscalía detectó incrementos patrimoniales injustificados desde 1997, que trajeron como consecuencia la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio, en contra de 18 bienes (incluyendo una sociedad)”, que fueron ocupados entre el 12 y el 14 de octubre pasados en Antioquia, Córdoba y Bogotá, los cuales tendrían un valor cercano a los 13 millones de dólares, según el ente judicial.

EL FALLO DEL JUZGADO
Las medidas en contra de las propiedades de José Piedrahíta y su familia fueron aplicadas por la Fiscalía 10 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio (05/9/16), que basó varias de sus argumentaciones en los informes de la Ofac y la DEA.

La defensa del empresario, liderada por la exfiscal Fanny Leal Granados, interpuso ante el juzgado un recurso de control de legalidad, logrando demostrar que el organismo acusador se excedió en sus determinaciones, según el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), proferido el pasado 28 de marzo.

En el proceso, la defensa explicó que la Fiscalía incurrió en varias anomalías: dijo que los afectados no declaraban renta, cuando su cliente posee la documentación que certifica dichos pagos; que los informes de la Ofac y la DEA – autoridades extranjeras- no se pueden constituir en prueba judicial de un ilícito, tal cual lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-468 de 2003; que no existía la urgencia para decretar tales medidas, porque no había riesgo de que Piedrahíta comercializara los bienes, pues están hipotecados con el banco, sometidos a la Ley de Reorganización Empresarial (producto de afectaciones económicas por un paro camionero) y porque la misma sanción en Lista Clinton impide su venta.

“La fiscal señaló que la familia Piedrahíta no declaraba renta y que era sospechoso que hubiera adquirido bienes costosos sin dichas declaraciones, algo que no solo constituye una falta de prueba sino una falsedad, porque se probó que él y su familia declaran renta desde hace 30 años”, indicó Wilton Hernández, investigador privado al servicio de la defensa.

La argumentación de los abogados del empresario también cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiese tomado un artículo de prensa sobre el cartel de Cali para anexarlo entre las pruebas, sin la documentación de soporte, y que en la diligencia de embargo hubiera participado un agente de la DEA, quien personalmente registró la habitación de Piedrahíta, sin tener orden para ello y configurando una posible intromisión en la soberanía judicial de Colombia.

Estas situaciones llevaron a la Procuraduría a contemplar la constitución de una Agencia Especial para estudiar el caso, ante una posible afectación de la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales (informe de la Procuraduría 114 Judicial II Penal del 12/12/16).

Así las cosas, el Juzgado resolvió “declarar la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía” y ordenó a la Sociedad de Activos Especiales la entrega inmediata de los bienes, pero validó la legalidad de la medida de suspensión del poder dispositivo de Piedrahíta sobre los mismos, mientras continúa el proceso.

Ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si continúa adelante con el proceso de extinción de dominio (fijar las pretensiones), o si archiva las diligencias. Sobre la decisión del Juzgado, la entidad no formuló apelación.

“COMERCIALMENTE ESTOY DESTRUIDO”
José Byron Piedrahíta Ceballos es subteniente retirado del Ejército (1983). Estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y llegó a ser director del colegio militar José María Córdova.

Según él, comenzó a crear su fortuna en los años 80, cuando compró un par de ferreterías en el centro de Medellín; luego las vendió y se mudó al Valle del Cauca, donde con un socio invirtió en la tecnificación de plantas de sacrificio, con la empresa FrigoYumbo.

En la década del noventa, con la bonanza cafetera, ingresó a la Federación de Cafeteros, adquirió fincas en Sevilla (Valle) y Anserma (Caldas), donde llegó a sembrar más de un millón de matas. Al llegar el siglo XXI, montó empresas en el Bajo Cauca y se especializó en el sector de la ganadería.

Con su compañía DistriPanamá (sucursales en Ciudad de Panamá y Argentina), se convirtió en el segundo exportador de pieles de ganado más grande de Colombia, llevando la mercancía hasta China.

Ahora Piedrahíta dice que, tras la inclusión en la Lista Clinton y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, está “comercialmente destruido”.

Se reitera en su inocencia y afirma que sus abogados están aportando las pruebas para demostrarla en los estrados de Estados Unidos. El Colombiano lo entrevistó en su residencia, en Envigado.

¿Cuáles eran los bienes afectados con las medidas cautelares y cuánto valen?
“La Subasta Ganadera de Caucasia, la casa donde vivo (Envigado), una finca en Barbosa (Antioquia), unas bodegas en Bogotá y unas fincas en Arboletes. No tengo exactamente el avalúo comercial, pero tenían hipotecas con Bancolombia de alrededor de 18 mil millones de pesos”.

Como empresario, ¿qué perjuicio le han generado las investigaciones en su contra?
“Me afectó en todos los aspectos, porque yo comercialmente estoy destruido, no tengo posibilidad de vender, mis bienes quedaron con el INRI en sus certificados de libertad, donde aparece que fueron afectados por un proceso de extinción de dominio, y así queden desafectados nadie va a comprarlos. Yo genero unos 600 empleos directos en Bajo Cauca y Antioquia. La empresa DistriPanamá la tuvimos que cerrar, era exportadora de cueros para Asia, ya no podemos exportar, no tenemos cuenta corriente ni vínculos comerciales con nadie. Teníamos unas 25 personas, que fueron despedidas, y en las otras empresas en Colombia tuvimos que despedir otras cien”.

¿Qué salidas ve desde lo empresarial?
“Es complicado, ya en la parte empresarial es muy difícil recuperar el prestigio que tenía antes, hay que volver a empezar con empresas nuevas, sociedades diferentes, porque las de antes ya están prácticamente acabadas”.

Teniendo en cuenta el fallo del juzgado, ¿por qué cree que la Fiscalía le embargó los bienes sin tener pruebas suficientes?
“Considero que hay muchos factores externos y que la Fiscalía se apresuró a hacerlo por la intromisión de entes del gobierno americano”.

Pero adicional a este proceso, hay otros dos en EE.UU., uno penal de 1997 y otro administrativo por la Lista Clinton de 2016, ¿esos en qué van?
“Yo me presenté a la Embajada americana y estoy en el proceso de demostrar mi inocencia con mi abogado, el doctor Luis Guerra”.

El proceso en la justicia colombiana se deriva de las investigaciones en EE.UU., donde afirman que usted financió a “la Oficina” y al cartel de Cali. ¿Eso es verdad?
“Falso”.

¿Y entonces de dónde salió una acusación tan grave?
“Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”.

¿Cómo fue ese asesinato?
“Llegaron a una finca mía en San Pedro de Urabá, se apoderaron de la casa, entre ellos alias ‘Mi Sangre’, Henry López Londoño. Entró a beber con unas mujeres y puso a atender al casero de la finca. Dijo que el muchacho miró a una de las mujeres de él y lo mataron. Yo denuncié eso en su momento y ni siquiera se hizo una investigación”.

¿Usted ha recibido amenazas?
“No he recibido amenazas, pero sí siento temor, porque veo que en el sector donde yo me muevo las cosas no están bien, en Caucasia estos grupos todos los días cogen más fuerza y el mando lo tienen todavía las personas que están recluidas en cárceles de Estados Unidos y Colombia, entonces mi vida va a estar en peligro. Temo que haya una conspiración en contra mía en cárceles de Estados Unidos”.

NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.

El Inspector.

El político costeño es una de las piezas clave para entender el escándalo de corrupción detrás de la firma brasileña Odebrecht, pero también las presuntas movidas de “la Oficina” para lavar el dinero de los activos conseguidos a punta de violencia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Al excongresista Otto Bula le ocuparon bienes con fines de extinción de dominio, por su presunta relación con “la Oficina”, entre otros motivos. En el recuadro aparece Wilmar Metaute, alias “Pichi Calvo”. Fotos de Colprensa y cortesía.

Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias “Pichi Calvo”, llegó a cumplir una cita de negocios a las 9:00 a.m. del 12 de junio de 2014, en un bar-discoteca de la vía Las Palmas, en Medellín.

Estacionó su camioneta 4Runner blanca y blindada en el parqueadero externo, y descendió en compañía del conductor Iván Darío Ciro Muñoz.

Apenas abrió la puerta, un sicario se aproximó empuñando una pistola y los acribilló a ambos. Metaute, de 42 años, falleció en el acto; Ciro, de 26, pereció cuatro días más tarde en una camilla de hospital (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Las autoridades reportaron que “Pichi Calvo”, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, era un presunto cabecilla de la banda “la Oficina”, encargado de los asuntos financieros y los contactos de narcotráfico entre Antioquia y Centroamérica.

Han pasado dos años y ocho meses desde aquel incidente y, aunque la hipótesis principal apunta a que Metaute fue ejecutado por su propia organización, el doble asesinato está en la impunidad, sin una sola captura efectuada.

Pese a esto, los hallazgos en la escena del crimen permitieron abrir otra investigación por lavado de activos.

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, señaló que en la camioneta 4Runner de “Pichi Calvo” fueron halladas agendas y documentos que permitieron inferir una presunta relación comercial entre el excongresista Otto Bula Bula y miembros de “la Oficina”.

Uno de los apuntes, revelado este lunes 27 de febrero por las autoridades, dice: “Guillermo Arango le debe a Otto Bula para pagar en feb 15/2014. $ 5’400.000.000 en propiedades, le dará Garantías Hipotecarias”.

Las pesquisas de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, allegaron más indicios sobre esta conexión, con aparentes acciones de blanqueo de capitales mediante la compra, venta y traspaso de bienes en el triángulo turístico del Occidente antioqueño (San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia), Córdoba y Sucre.

Las averiguaciones se aceleraron tras la captura de Bula en enero, por su participación en la red de corrupción y sobornos de la compañía brasilera Odebrecht, contratista del Estado en obras de infraestructura. En el marco de ese expediente, el político costeño aceptó cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho impropio por dar u ofrecer.

A la evidencia recaudada en estos dos procesos, se sumó una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta (16/2/16), que compulsó copias para investigar una presunta usurpación de tierra. “En 2008, en Montes de María se concentraron tierras en cabeza de una sola persona. Se intimidaron a los propietarios de la unidad agrícola familiar para vender 433 hectáreas a precios irrisorios, registrados a nombre de Agropecuaria el Central, de propiedad de Otto Nicolás Bula Bula”, precisó la Fiscalía sobre el fallo judicial.

La directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, declaró que por estas razones se ordenó la ocupación y embargo de 34 inmuebles, cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado ligadas al político, sus familiares y supuestos testaferros.

Los bienes están en Medellín, Cartagena, Bogotá, la subregión de los Montes de María y en los municipios cordobeses de Montería, Sahagún, Lorica, Cereté y San Jacinto. El valor aproximado es de 53.000 millones de pesos.

MÁS INVESTIGADOS
Bula no es el único sospechoso de participar en las redes financieras de “la Oficina”. El Departamento del Tesoro de EE.UU. presentó el 10 de noviembre de 2014 un organigrama de 10 personas y 14 empresas supuestamente relacionadas con “Pichi Calvo” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Los ciudadanos y entidades implicadas recibieron sanciones financieras al ser incluidos en la Lista Clinton. Entre ellos están el equipo de fútbol Envigado F.C. y sus propietarios, así como un supervisor de guardas de tránsito de Envigado, NelsonDarío Isaza Sánchez (“Omega”).

Las averiguaciones del Gobierno estadounidense apuntan a determinar si Metaute lavó dinero por medio de transacciones con futbolistas, en cuyas maniobras era secundado por su socio Jorge Pérez Marín (“Morro”), asesinado en la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado (2012). Por esa matanza, igualmente impune, “Pichi Calvo” también era investigado.

NOTA RELACIONADA: Ocupan 35 bienes de “Pichi Calvo”, cabecilla asesinado de “la Oficina”.

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ANEXO: OTRO MIEMBRO DEL CLAN BULA PROCESADO
Otto Bula no es el único miembro del clan familiar implicado en presuntas acciones de corrupción, lavado de activos y usurpación de tierras.
En noviembre de 2014, la Dijín de la Policía arrestó a su hermano Adalberto José Bula Bula, en el marco de una investigación que permitió desmantelar una red de corrupción que adjudicaba lotes baldíos en Sucre de manera ilegal. Entre los detenidos hubo nueve funcionarios y exempleados del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El Inspector.

El caso fue revelado este lunes (agosto 31), tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos en cuatro departamentos de Colombia.

Esta es la reseña del hecho elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las propiedades ocupadas a alias “Tata”. Cortesía Fiscalía.

La acción judicial consistió en el embargo y secuestro de 69 bienes e inmuebles con fines de extinción de dominio, los cuales habrían sido gerenciados en su momento por Juan Diego Arango Cano, alias “Tata” o “Tatanacho”, asesinado en 2013.

“Él era un miembro reconocido de ‘la Oficina de Envigado’, encargado de cobrar ‘vacunas’ a sus víctimas para sustentar económicamente a la banda”, declaró Andrea Malagón, directora de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio. Añadió que los bienes ocupados estaban a nombre de personas de su núcleo familiar y de testaferros.

El coronel Norberto Mujica Jaime, subdirector de la Policía Antinarcóticos, detalló que dichos bienes están valorados en 10.417 millones 353.000 pesos, divididos en 34 inmuebles, 12 vehículos, 19 cuentas bancarias y cuatro locales comerciales.

“Tata” los usaba, según el informe policial, para darles apariencia de legalidad a los dineros obtenidos mediante cobros ilegales, usando maniobras clandestinas “a través de las inversiones en compra de bienes y grandes extensiones de tierra en el sector rural y urbano”.

La mayoría de los inmuebles (apartamentos, casas, fincas y locales) están ubicados en Antioquia: Medellín (9), Envigado (7), Sabaneta (7), Mutatá (3), Maceo (2), y de a uno en Rionegro, Santa Bárbara, Itagüí, Bello, Caucasia y Puerto Berrío.

Entre las propiedades de Envigado hay un apartamento en Palo de Rosa, una urbanización que fue escenario de una masacre atribuida a “la Oficina” el 7 de agosto de 2009. Aquel día, mercenarios vestidos con prendas de la Sijín entraron a un apartamento y a punta de fusil mataron a dos mujeres y dos hombres, apodados “Yayo” y “Soldado”, quienes actuaban como asesinos a sueldo para la mafia.

La Fiscalía no especificó si el apartamento ocupado fue el mismo donde sucedió la matanza (ver la NOTA RELACIONADA: Acribilladas cuatro personas cuando dormían).

También se ocupó una propiedad en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), una en Pereira y otra en Bogotá.

El asesinato de Arango Cano ocurrió a la 1:30 p.m. del 15 de noviembre de 2013, en el sector Mayorca de Sabaneta. El comerciante de 46 años y padre de tres hijos, estaba en una fonda que había sido de su propiedad en el pasado, ubicada en la carrera 45A con la calle 72sur, cuando un sicario le disparó en la cabeza.

En esta fonda de Sabaneta ocurrió el asesinato de alias “Tata”. Archivo Q’Hubo.

La víctima fue trasladada al hospital de la localidad, donde no fue posible salvarle la vida, mientras que el agresor escapó en un automóvil Renault 19 con sus compinches.

El secretario de Gobierno de Sabaneta de ese entonces, Sebastián López, comentó que “algunas versiones de la gente indican que hacía días lo venían buscando”.

Sobre las causas del homicidio, la Fiscalía informó que todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis que se ha manejado en el bajo mundo es que algunos cabecillas de “la Oficina” ordenaron su muerte, acusándolo de haberse cambiado de bando para “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: Con “Patetigre” continuaría la racha de ataques al ala financiera).

NOTA RELACIONADA: Ocupan 35 bienes de “Pichi Calvo”, cabecilla asesinado de “la Oficina”.

El Inspector.

La Dirección Antinarcóticos (Dirán) de la Policía ocupó con fines de extinción de dominio 28 bienes de Carlos Mario Triana Vásquez, uno de los máximos jefes de la “Odín Los Triana” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que opera en las comunas 1, 2, 4 y 7 de Medellín, y en el corregimiento San Antonio de Prado, así como en los municipios de Bello, Caldas e Itagüí. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las viviendas ocupadas a "Mario Chiquito". Cortesía Dirección Antinarcóticos.

De acuerdo con el reporte oficial de la operación, los bienes intervenidos están valorados en $1.102 millones 250.000. Los principales fueron: 16 vehículos ($220 millones), 5 casas ($560 millones 615.000), 5 apartamentos ($188 millones 390.000) y 2 parqueaderos ($20 millones).

Las ocupaciones se realizaron en las últimas dos semanas en Medellín (barrios Trinidad, La Colina y Aguacatala, y corregimiento San Cristóbal), Itagüí, Bello, Envigado, Rionegro, Bogotá y Bucaramanga.

Según el director Antinarcóticos, general Luis Pérez Alvarán, los bienes figuraban a nombre de testaferros. “Es el primer proceso de extinción de dominio contra el clan de ‘los Triana’”, comentó.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la banda de “los Triana” comenzó a delinquir para el capo Pablo Escobar en los años 80, y desde entonces ha sobrevivido por su habilidad para hacer pactos con los patrones de turno, desde “los Pepes” hasta “la Oficina”. Su principal base de operaciones siempre ha sido la comuna 2 (Santa Cruz).

Carlos Mario Triana Vásquez, alias "Mario Chiquito".

El 09/2/11, la Dirán arrestó a “Mario Chiquito” y a otros 22 integrantes de la organización, lo que se constituye en el golpe más fuerte hasta ahora. Entre los detenidos hubo seis miembros de la Policía Metropolitana, incluyendo al entonces comandante de la estación del municipio de Caldas, teniente Johny Villegas. A los 23 los condenaron a penas de 5 a 12 años (ver la NOTA RELACIONADA: La justicia condenó a varios “trianas” y a sus corruptos).

De los fundadores de la banda, solo Elkin Triana Bustos (“el Patrón”) está en libertad condicional, tras pagar 11 años de una condena de 40 (por homicidio y porte ilegal de armas). Su hermano John Fredy (“el Gordo”) fue detenido en Bucaramanga en 2008, y su primo “Mario Chiquito” en 2011. Otro líder de la banda en libertad condicional es
Nelson Correa (“Bolillo”) (ver la NOTA RELACIONADA: Los cogen por peligrosos, los sueltan por buena conducta).

En la presentación del último operativo, el general Pérez precisó que “los Triana” estarían implicados en la muerte del reclamante de tierras Iván Darío Restrepo, abaleado en Bello (04/5/13), quien los había denunciado por la usurpación de unas propiedades.

Agregó que “Mario Chiquito” tiene además un pedido de extradición de España, por su supuesta participación en el homicidio de un ciudadano colombo-español.

A su turno, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, agregó que su institución no solo se conforma con capturar a los cabecillas, “ahora vamos por sus bienes”.

El Inspector.

El operativo más importante se concentró en el municipio de Bello, donde la Policía aprovechó un descuido de los delincuentes y dentro de una casa apresó a tres presuntos jefes de la banda ‘Pachelly': alias ‘Alber’, ‘Lancha’ y ‘El Gordo’.

Los siete hombres capturados en los tres operativos fueron enviados a la cárcel. Cortesía Policía.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que los capturaron cuando dormían y calificó el hecho de que estuvieran en la misma residencia como un “error estratégico”, teniendo en cuenta que todos tenían órdenes de captura por concierto para delinquir y otras conductas ilícitas.

A la banda ‘Calatrava’, que ejerce influencia en el municipio de Itagüí, también le detuvieron tres integrantes en medio de un tiroteo: ‘Caballo’, ‘El Vampi’ y ‘La Chinga'; el primero de ellos sería cabecilla, según el informe policial.

Para completar el oscuro panorama de esta estructura, la Fiscalía inició una serie de ocupaciones con fines de extinción de dominio, contra los bienes de su máximo jefe, el hoy condenado Fabio Édison Gómez Ruiz, alias ‘Riñón’. Las propiedades, avaluadas en 1.200 millones de pesos, constan de seis inmuebles, dos locales comerciales, 11 motos y ocho cuentas bancarias a nombre de  ‘Riñón’ y su familia, localizadas en el Valle de Aburrá.

Así figuraban en el cartel de los más buscados, los tres capturados de la banda 'Pachelly'.

Los operativos también llegaron hasta el corregimiento Altavista de Medellín, donde delinque la banda ‘Los Chivos’, en asocio con ‘Los Urabeños’. Su cabecilla, alias ‘El Chivo’, fue capturado por la Sijín para que responda por el asesinato a bala de su novia Leidy Alejandra Ramírez Cano, cometido el 28 de noviembre de 2010.

El sujeto, llamado Bernardo de Jesús Suaza Ramírez, aceptó ante el juez los cargos de homicidio agravadoy porte ilegal de armas, y hoy permanece en la cárcel a la espera de la sentencia.

A estos golpes propinados por la Fuerza Pública debemos sumarles otros dos operativos realizados este mismo mes: las capturas de 14 presuntos integrantes de ‘Los Mondongueros’ (noroccidente de Medellín), vinculados con el sicariato, y de 17 supuestos miembros de la banda ‘San Pablo’ (nororiente de la capital paisa).

NOTA RELACIONADA: Operativo contra ‘Pachelly’ y 4 presuntos corruptos.

El Inspector.