El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

A pesar de las 66 capturas, la banda sigue afectando a los habitantes de los barrios Popular N°1 y Granizal, con un control social tan severo que pareciera querer reemplazar a las autoridades legítimas. Esta es la historia detrás de la última operación contra ese grupo, realizada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron algunos de los capturados en el más reciente operativo del Gaula de la Policía Metropolitana, del Gaula Militar Antioquia y del CTI de la Fiscalía, en contra de la banda La 38. Foto cortesía de la Fiscalía.

Decirles “no” a los miembros de la organización criminal La 38 significó firmar la sentencia de destierro para dos vendedores informales del nororiente de Medellín. “Nosotros somos los de la vuelta, y aquí todo el mundo tiene que hacer caso; si no, se van del barrio o los matamos”, advirtieron los delincuentes.

Así de simple y cruel. Los sueños de emprender con el negocio de venta callejera de ollas se esfumaron para el par de amigos, citados a rendir cuentas en una esquina del barrio Popular N°1, en la noche del pasado 8 de marzo.

Los bandidos les cobraron una extorsión por trabajar en los vecindarios controlados por ellos. “Les respondí que apenas estaba empezando y no tenía cómo pagarles, que lo que me ganaba era para el sustento de mi familia. Dijeron que no les importaba, que tenía que darles plata sí o sí”, relató una de las víctimas*.

Al vendedor lo obligaron a ir a su casa y recoger toda su mercancía para entregársela a la banda, como si se tratara de un decomiso. A su compañero le retuvieron la moto y le propinaron una brutal paliza.

En medio de la lluvia de puños y patadas, este logró lanzarse por un barranco y rodar hasta el borde de la ladera. Desde arriba le arrojaron rocas, que por centímetros alcanzó a esquivar, mientras le gritaban “¡te tenés que ir del barrio!”.

Los comerciantes salieron desplazados con sus familias, por temor a la muerte, pero ese hecho reactivó el interés de la Policía y la Fiscalía por atacar a este grupo ilegal.

En los últimos cinco años la Fuerza Pública ha ejecutado tres operaciones contra La 38, capturando a un total de 66 integrantes. A pesar de esto, residentes del área azotada le contaron El Colombiano que la zozobra no disminuye, y las “vacunas” tampoco.

Este diario tuvo acceso al expediente judicial de la tercera y más reciente operación, que entre el 16 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 generó las capturas y encarcelamientos de 21 miembros de la facción. Las revelaciones de las víctimas, por lo menos las que se atrevieron a denunciar, son aterradoras.

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EMPRESA CRIMINAL
La 38 existe desde los años 90 y es una de las bandas más antiguas del nororiente de Medellín. En la actualidad, según el Gaula de la Policía, delinque en los barrios Popular N°1 y Granizal, y en los sectores conocidos como El Plan, El Filo, La Galera, Divina Providencia y Parque de los Lolos.

En ese territorio, de estratos socioeconómicos 1 y 2, el combo exprime la pobreza de sus habitantes cobrándoles extorsiones semanales. No se salva ningún comerciante, ni las tiendas, supermercados, barberías, carnicerías, vendedores ambulantes, bares, rutas de buses ni camiones distribuidores de alimentos.

Las “vacunas” van de $3.000 a $200.000 a la semana y, según los cálculos de los investigadores, les generan cerca de $60 millones mensuales. El tráfico local de estupefacientes y las otras rentas ilícitas producen ingresos de $240 millones al mes.

Estos negocios incluyen la administración de 13 plazas de vicio, el pagadiario y el monopolio de la distribución de productos de la canasta familiar, con precios que rayan en lo absurdo. “Una canasta de huevos de $12.000, ellos la distribuían en las tiendas a $20.000. Los tenderos no podían comprarles a otros proveedores, porque les imponían una exigencia económica o los desplazaban”, indicó un agente del Gaula.

Para mantener aceitada esta máquina de drenar dinero, a pesar de delinquir en barriadas con tantas penurias, La 38 ejerce un severo control social que, pese a la presencia institucional y los operativos, no se ha acabado.

Con frecuencia les repiten a los residentes que ellos son “la autoridad” en la zona y para sostener esa fama están dispuestos a derramar sangre.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, informó que La 38 es investigada por el asesinato de dos hermanos, “porque no quisieron trabajar para esa banda”.

El 3 de noviembre de 2019, cuando caminaba por una calle del Centro, sicarios motorizados acribillaron a Juan Diego Agudelo Ardila, de 23 años. Y el 12 de febrero de 2020 le hicieron lo mismo a su hermano Yoban Estiven, de 31 años, en una esquina del barrio Santa Cruz.

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“AUTORIDAD” ILEGÍTIMA
En los testimonios reunidos en el expediente, y presentados en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, se narraron ocho casos de desplazamiento forzado perpetrados entre 2019 y 2021. La mayoría fue por no pagar extorsiones, aunque se destaca uno derivado de vejámenes sexuales contra una niña de 12 años.

En noviembre de 2020 un secuaz de la banda abusó de la infante y la amenazó con matar a su familia si le contaba a alguien. Sin embargo, la madre la notó extraña y logró sacarle la verdad, después de lo cual formuló una denuncia en la Fiscalía.

Como consecuencia fue capturado el sospechoso de la violación, apodado “el Calvo”.

La retaliación de sus compinches no se hizo esperar. En junio de 2021 hirieron al padrastro de la niña, propinándole una golpiza y dos puñaladas en el hombro y el brazo derecho, a un costado de la estación Popular del metrocable.

Luego le insistieron que su mujer tenía que retirar la denuncia. “Usted vive con esa sapa y a los tres los vamos a desaparecer, ya les dijimos que no los queremos ver en el barrio”, le advirtieron. La familia tuvo que huir.

El reclutamiento de menores también hace parte de las conductas ilícitas de la organización. Un exintegrante, que fungió como testigo de la Fiscalía, recordó que “desde los 11 años empecé a trabajarle al combo, primero como campanero para que la Policía nos les cogiera las plazas de vicio; luego me pusieron a recoger la droga empacada para distribuirla en las plazas. Alos 15 años de edad traté de dejar eso, pero me dijeron que no me podía salir por tener mucha información, y que si lo hacía me asesinaban”.

Los adolescentes son usados igualmente para el cobro de las “vacunas”. Una tendera, a quien le exigían $200.000 semanales, afirmó que a su local siempre iba un joven diferente, de 16 a 17 años, todos los sábados.

En mayo de 2019 tuvo una caída en sus ingresos y ya no pudo seguir pagando la extorsión. “Les dije que no tenía más dinero para darles, porque las ventas estaban muy malas. El muchacho sacó un revólver, me lo puso en la cabeza y dijo que les tenía que pagar o que me fuera del barrio”, narró la afectada, quien huyó de la zona.

El reclutamiento ejercido por La 38 también se suma a las causas de desplazamiento, tal cual le ocurrió a una familia en julio de 2019. Según la denunciante, “un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias’”.

Durante los dos días siguientes, hombres armados fueron de madrugada a golpear la puerta de su casa, llamándola por su nombre. Ella se encerró una semana, aunque fue tal el pánico, que emigró con sus seres queridos.

En algunas ocasiones los delincuentes desalojan a las víctimas sin motivo aparente, en particular a aquellas que pagan arriendo. Los investigadores creen que el interés es ocupar el inmueble con otro arrendatario cercano a ellos.

Así sucedió en octubre de 2020, cuando una mujer llegó de madrugada a la casa que arrendaba en el barrio Granizal, y encontró todos sus enseres en la calle. Trató de ingresar y no pudo, porque le habían puesto un candado a la reja.

En ese momento apareció un coordinador de la banda, aseverando: “A mí me pagaron para sacarla de la casa, y se abre del barrio, porque aquí mando yo”. Después agarró a la víctima a patadas.

Compungida, la señora pidió ayuda en la estación de Policía y regresó al lugar acompañada por unos patrulleros que detuvieron al sospechoso. “Dije que quería denunciarlo, y él delante de los policías repetía que yo me tenía que ir del barrio”, manifestó la desplazada.

Una situación similar acaeció en julio de 2019, en el mismo vecindario, que motivó el destierro de otra familia.

“Un día llegó un muchacho y me dijo que necesitaba que me fuera de la casa. Le pregunté las razones, porque yo estaba al día con el arriendo y con las ‘vacunas’, pero no me dio tiempo de nada. Dijo que la salida mía era inmediata y tuve que irme con lo que tenía puesto. Todas mis cosas quedaron allá adentro, no volví, y luego supe que habían ocupado la casa”, expresó la perjudicada.

En las audiencias de garantías, los 21 capturados se declararon inocentes por cargos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, entre otros.

En los allanamientos, los agentes del Gaula les encontraron una granada de aturdimiento, municiones y 13,6 kilos de marihuana. El juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal a 20 de ellos, y uno más obtuvo la detención domiciliaria.

La noticia causó tranquilidad en algunos sectores de la comuna 1 (Popular), pero sin celebraciones ruidosas, porque otros miembros de La 38 siguen patrullando las calles, cobrando la extorsión e insistiendo en que ellos, como si fueran la autoridad, “son los que mandan”.
*Identidades reservadas por seguridad.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS DETENIDOS

En el operativo de noviembre de 2021 contra la banda La 38, fueron capturadas las siguientes personas: los presuntos cabecillas Johany Santa Franco (alias “Santa”) y Miguel Ángel Mejía Ríos (“Pepo”); y los supuestos integrantes Juan Camilo Henao Jiménez (“Camilito”), Cristian David Marín Palacio (“Berruga”), Ánderson Misas Londoño (“Misas”), Jhon Fredy Contreras Cossio, Francisco David Tamayo Londoño (“El Joe”), Katherin Yulieth Arboleda Castaño (“la Flaca” o “Katy”), Jéferson Andrés López Monsalve (“Chichi”) y Jhojan Stiven Arango Duque (“el Enano”).

La lista sigue con Cristian Camilo Restrepo Botero (“la Guagua”) y su hermano Róbinson Esteban Restrepo Botero (“la Guagua Pequeña”), Wilder Yesid González (“el Calvo”), Diego Andrés Restrepo Rúa (“Godines” o “Gorrión”), Juan Esteban Ceballos Ortiz (“Mañez”), Wilson Ferney Acevedo García (“Tetas”), Jorman Ospina Jiménez (“Calvin” o “Mi Niño”), Adriana María García Pulgarín (“la Mona”), Naren Stic Granada Palacio, Jorman Andrés Rodríguez Varela (“Toto”) y Róbinson Estiven Cardona Vergara.

El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

Esta banda, que delinque hace tres décadas en las comunas 1 y 2 de la ciudad, se dedica, además de las extorsiones, al tráfico de drogas, sicariato, control social y del mercado de canasta familiar, entre otros delitos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los presuntos miembros de “la 38″ capturados en la Operación Hércules, del Gaula. Foto cortesía de la Policía.

En la mañana del jueves 27 de agosto, la Policía y la Alcaldía anunciaron el operativo en su contra, que incluyó 42 allanamientos y 27 capturas, por cargos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y porte ilegal de armas y de estupefacientes. De este grupo, 18 tenían órdenes de captura pendientes, y otros nueve cayeron en flagrancia. En las acciones incautaron cinco armas de fuego, 1.800 dosis de basuco y 8 kilos de marihuana.

El operativo comenzó en la mañana del pasado martes 25 de agosto, cuando decenas de uniformados rodearon varias manzanas en la zona nororiental, en los barrios Popular N°1 y N°2, Granizal y Santa Cruz. Varios integrantes de la comunidad los recibieron a golpes y trataron de armar asonada, para evitar que se llevaran a los integrantes de “la 38”.

El secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Acevedo, indicó que entre los capturados hay dos cabecillas, alias “Pony” y “Choco”, y tres coordinadores de zona: “Ruso” (coordinaba acciones en Santa Cruz), “Chinga” (Popular N°1) y “Pez” (Granizal).

Con estos resultados, las autoridades aseguraron que se lograron esclarecer 16 casos de extorsión en dichos vecindarios, en los que “la 38” cobraba entre $10.000 y $40.000 semanales a los establecimientos comerciales, los vehículos repartidores, el transporte informal y las rutas de buses.

“Se evitó el pago de $87 millones mensuales aproximadamente, que hacen parte de las rentas ilícitas del grupo delincuencial”, informó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía agregó que en lo corrido de este año han sido capturadas 123 personas por casos de extorsión en el Valle de Aburrá, de las cuales 85 fueron solo en Medellín.

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El Inspector.

Fueron 16 los presuntos integrantes de esta organización criminal los capturados este miércoles (6 de julio), de acuerdo con la información policial.

Este es el organigrama de los capturados del combo de “San Francisco” (no aparecen los menores de edad apresados). Cortesía Policía.

El operativo fue ejecutado por el Gaula Antioquia de la Policía, cuyos efectivos realizaron 17 allanamientos en el barrio San Francisco de Itagüí, el vecino corregimiento San Antonio de Prado (Medellín) y el municipio antioqueño de Angostura.

Según el informe policial, la banda de “San Francisco” se dedica a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el desplazamiento forzado, en la frontera de Medellín e Itagüí, perjudicando a los residentes en los barrios San Francisco, Bariloche, Ditaires y El Limonar.

En la actualidad este grupo es apadrinado por la “Odín los Triana” (organización delincuencial integrada al narcotráfico), que desde su base en la comuna 2 de Medellín ha extendido redes a otros municipios en los últimos años, como Itagüí, Bello y Caldas (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades van tras el bolsillo de “los Triana”).

Durante esta investigación de dos años, los agentes determinaron que por lo menos 150 personas eran extorsionadas frecuentemente, entre ellas los conductores de servicio público, los comerciantes y residentes de los barrios afectados. Esta actividad le generaba ingresos mensuales cercanos a los 10 millones de pesos, que se sumaban a las ganancias de usura por los préstamos ilegales de “gota-gota” o “paga diario”.

“Al igual que con la banda ‘El Pedregal’ y ‘San Gabriel’, hoy desmantelamos una de las organizaciones criminales con mayor injerencia en el sur de nuestra ciudad”, celebró Juan Carlos Zapata Pimienta, secretario de Gobierno de Itagüí.

En los capturados están tres miembros de su cúpula: “el Zurdo” o “Dani”, de 29 años y presunto líder de la facción; “Coca”, de 27 y presunto administrador de las finanzas ilícitas; “Tocineto” u “Oconer”, de 25 y supuesto coordinador de plazas de vicio y extorsiones del grupo en San Francisco y Bariloche.

Junto a ellos cayeron “el Zarco”, “Casifu”, “Carepapa”, “la Pecosa”, “Steven”, “Luisca”, “Lucía”, “Chanci” y “Jaminton”, así como cuatro adolescentes apodados “Mateito”, “Brayan”, “Peludo” y “Marimon” o “el Animal”.

En los allanamientos apenas les incautaron dos celulares, un arma cortopunzante, y una mata y 250 gramos de marihuana. Serán procesados por cargos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

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El Inspector.

Según la Policía Metropolitana, de esta manera se mitiga una disputa delincuencial en la zona que venía afectando a la comunidad, entre esos grupos y “los Mondongueros”.

Los capturados junto al fusil Colt 9 milímetros con silenciador. Foto Policía Metropolitana.

Los uniformados del Gaula ejecutaron 21 allanamientos en la mañana de este miércoles (mayo 6), en una acción denominada “Operación Cíclope”. Uno de los arrestados fue alias “Búfalo”, de 21 años, quien actuaba como cabecilla de los combos “la Matecaña” y “la 40″; junto a él cayó su socio “Barbas” o “Jimmy”, de 29.

“Ambos capturados eran reconocidos integrantes de las estructuras ilegales en las comunas del noroccidente de Medellín, donde al parecer coordinaban el cobro de extorsiones al comercio formal e informal, residencias, constructoras y transporte público, la ejecución de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados”, dice el reporte policial.

Otros detenidos fueron “Esneider”, “Yoncito”, “Calvo”, “Pipe”, “Fredy”, “el Viejo”, “Champion” y “el Negro Jimmy”. Y en la cárcel Bellavista le notificaron nuevos cargos a “el Peludo”, quien ya estaba procesado por homicidio y porte ilegal de armas.

Estas personas tendrán que responder ahora por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y extorsión agravada.

Durante los registros a las viviendas fueron detenidos otros cuatro hombres y una mujer de 52 años, a quienes les encontraron un fusil Colt calibre 9 milímetros con silenciador y municiones; cartuchos para fusil 5.56, 800 gramos de marihuana, 14 millones de pesos en efectivo y seis celulares.

La Policía y la Fiscalía le atribuyen a estos dos combos el desplazamiento de 11 familias de la zona y varias asonadas de la comunidad contra la Fuerza Pública, al parecer instigadas por “el Peludo”.

Previo a esta operación, las autoridades habían capturado al máximo líder de “la Matecaña”, José Antonio Giraldo Suárez, alias “Cepillo” (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Cepillo”, líder del combo “la Matecaña”).

“La Matecaña” y “la 40″ conformaron además una alianza, junto a los combos de “Alfonso López”, “Pájaro Azul” y “Nuevo México”, para disputarle el control tradicional a “los Mondongueros” (ver la NOTA RELACIONADA: De pelaos de esquina a mafiosos de alto peligro), lo que genera zozobra en los vecindarios.

El Inspector.

Zapata, un exagente del Gaula de la Policía, apodado “Camilo” o “Carracas”, fue arrestado en la mañana del pasado domingo (noviembre 17) en un puesto de control policial de El Poblado (suroriente de Medellín), cuando conducía un automóvil Volkswagen. Esta es la reseña del personaje, elaborada por el Área de Investigaciones de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de "la Oficina" en el cual aparece reseñado "Camilo", desde el 2007. Cortesía.

La Fiscalía 26 Especializada de Medellín había solicitado su captura para someterlo a un interrogatorio, con fines de aclarar un episodio de homicidio y tortura ocurrido hace más de 13 años.

De acuerdo con el expediente, el finquero Luis Fernando Valderrama Vélez fue secuestrado por el bloque Suroeste de la Auc en el corregimiento Bolombolo, del municipio de Venecia (Antioquia).

El 9 de febrero de 2000, una comisión del Gaula de Medellín, al mando del teniente Nelson Baracaldo, llegó hasta la tienda Tres Esquinas, de Bolombolo, y se enfrentó a bala con los presuntos secuestradores.

En el primer choque armado resultó herido en el pie el agente Carlos Zapata. En los mismos hechos perdió la vida el supuesto captor Fredy Alberto Ospina Espinoza, alias “el Guajiro”.

Tres personas fueron capturadas después del tiroteo. Sin embargo, un fiscal de la época los dejó en libertad argumentando que no tuvieron nada que ver, y se compulsaron copias para investigar una supuesta detención ilegal.

El secuestrado Luis Valderrama había sido asesinado por los secuestradores antes del operativo.

Tiempo después, un delegado de la Procuraduría notó presuntas irregularidades en el hecho. “El Guajiro”, de quien en principio se dijo que había muerto en el tiroteo, presentaba señales de tortura. La necropsia mostró quemaduras y laceraciones en el pecho, las piernas y los genitales.

El caso pasó de la Justicia Penal Militar a la Ordinaria y por eso la Fiscalía ordenó la detención del exagente Zapata.

El interrogatorio, de acuerdo con fuentes judiciales, se realizó ayer (noviembre 19). El detenido de 43 años se presentó como un comerciante y alegó que no sabía de lo acaecido con “el Guajiro”, porque él fue herido y sacado de la zona con antelación.

El despacho no tenía más pruebas para retenerlo, por lo cual decretó su libertad inmediata, sin saber que en otras oficinas hay indagaciones preliminares contra “Camilo”, un personaje que en el bajo mundo es asociado con la organización criminal “la Oficina” y los paramilitares que habrían orquestado la caída de Vicente Castaño.

LAS SOSPECHAS
Un día después de su reciente captura, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, celebró el arresto de “Camilo”, a quien sindicó de ser un supuesto integrante de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con tentáculos en el sur del Valle de Aburrá.

No obstante, sus presuntos nexos con la mafia serían más profundos. Desde el 2007, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) lo incluyó en el organigrama de “la Oficina”. Allí aparece en la misma estructura del hoy condenado Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”, y de dos expolicías presuntamente corruptos que carecen de orden de captura: “Orión” y “Careguayo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alias “Beto” firmó el preacuerdo y será condenado).

Al consultar con investigadores que le han seguido la pista desde hace años, señalaron que “Camilo” fue discípulo de dos exintegrantes de la Dirección Antisecuestro que hoy están tras las rejas: el general (r) Mauricio Santoyo, sentenciado a 13 años en Estados Unidos por sus alianzas con las Autodefensas y “la Oficina”; y el mayor (r) Luis Augusto Manrique, quien purga una pena de 28 años por su participación en la desaparición de cuatro personas en Itagüí (tres colegialas y alias “Veintiocho”, enemigo de “la Oficina”). (Ver la NOTA RELACIONADA: Condenaron al mayor por su obsesión criminal).

El primero que al parecer supo de las extrañas relaciones de “Camilo” y otros colegas, fue su compañero del Gaula, el patrullero Henry Wilson Londoño Pineda, conocido como “Gokú”. “Ese muchacho descubrió lo que estaban haciendo y dijo que los iba a denunciar, pero le taparon la boca”, relató un investigador.

El 12 de noviembre de 2006, a las 6:30 p.m., el policía fue tiroteado por dos sicarios abordo de una moto DT blanca, en la entrada de una papelería de Robledo. En el acta de la diligencia, recepcionada por la Fiscalía 246 Seccional, se agregó que el muchacho de 23 años fue impactado en el cráneo y el hombro izquierdo. “Móviles se desconocen”, precisó la reseña del momento.

El episodio que más sospechas ha arrojado sobre “Camilo” fue la muerte de Vicente Castaño, alias “el Profe”, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, dos antiguos secretarios privados de este capo manifestaron que el ataque se presentó en marzo de 2007, en la finca “Sal si Puedes” del municipio de Nechí.

Los desmovilizados Bayron Jiménez Castañeda (“Gordo Pepe”) y Rodrigo Alberto Zapata Sierra comentaron que en la desaparición de su patrón participó un comando ilegal integrado por secuaces de los jefes paramilitares “don Berna” y “H.H.”. Según su versión, la acción ilegal fue coordinada por “la Oficina”, en particular por sus cabecillas “Rogelio” y “Yiyo” (ambos sometidos a la justicia de Estados Unidos).

“Cuando Vicente vio que se le entraron a la finca en varias camionetas, se encerró en un baño. Sacó un revólver calibre 32 que mantenía en un bolsito y se disparó. Cuando los invasores tumbaron la puerta, sacaron el cuerpo y lo desmembraron para arrojarlo al río”, relató uno de los investigadores consultados.

Las fuentes hicieron referencia a un video que estaría en poder de un despacho de la Fiscalía en Bogotá, el cual habría sido grabado con mano temblorosa por uno de los mercenarios. “Ahí aparece ‘Camilo’ descuartizando a Vicente con un machete”, precisaron.

Toda esta información, que reposa en expedientes de Justicia y Paz, en declaraciones que han hecho “Rogelio” y “Yiyo” en E.U., y en los archivos de la Dijín, no fue compartida con la Fiscalía 26 Especializada de Medellín. Quizá por eso “Camilo” salió tan campante, después de responder su interrogatorio.

El Inspector.

Siempre se ha rumorado que el día de su captura, "don Mario" estaba con una famosa modelo y presentadora colombiana, aunque la Policía guarda silencio sobre eso. Cortesía.

El combate dejó cinco personas asesinadas dentro de una camioneta Toyota Hilux de placa oficial, cuya carrocería fue traspasada por tiros de fusil. De acuerdo con la investigación, los occisos fueron el patrullero Víctor Alfonso Ramírez Osorio y el subintendente Watson Eduardo Rojas, ambos integrantes activos del Gaula en ese momento; también fallecieron el subteniente (r) Wálter Mauricio Martínez Chía, exmiembro del Gaula; el civil Eduar García Arroyo yel desmovilizado Frende Alberto Suárez Ramírez, alias “Camarrenga”.

Durante las audiencias, “don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los mercenarios, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Al final de la audiencia de ayer, a la que asistió por videoconferencia, el condenado pidió perdón a las familias de sus víctimas, y dijo que para él “también era difícil” porque pasaría mucho tiempo en prisión sin sus seres queridos.

Los episodios ocurrieron en las últimas tres semanas en Medellín y el vecino municipio de Envigado.

Esta es la caleta del carro inmovilizado a alias 'Chicho'. Cortesía Policía.

El primer caso comenzó a escribirse el 13 de abril pasado en la carrera 46 con la calle 88, del nororiente de la capital antioqueña. Allí, en un registro de rutina, la Policía detuvo un automóvil de gama alta y matrícula FGM-740, en el cual viajaban dos hombres de 28 años y uno de 31.

Les incautaron una pistola de calibre 9 milímetros, 2’400.000 pesos en efectivo y dosis personales de marihuana. El trío fue puesto a disposición de la Fiscalía, aunque al poco tiempo se les dio la libertad.

El vehículo quedó inmovilizado en el parqueadero de la Sijín (Policía Judicial) y ahí comenzaron las conductas maliciosas. Personas cercanas a la situación, comentaron que se empezaron a recibir llamadas de gente que preguntaba por el carro y ofrecía 7 millones de pesos para recuperarlo. Lo delicado es que había funcionarios públicos entre aquellos que indagaban.

Esto despertó las sospechas de los investigadores y la Sijín solicitó a la Fiscalía que expidiera una orden de registro, para ver cuál era el misterio con ese automotor. A los tres días, un miembro de la Policía de Tránsito, experto en vehículos, encontró una sofisticada caleta en el tablero frontal. Lo hizo gracias a su vista de águila, pues detectó rastros de una silicona negra en el pánel, que no pertenecían a la autoparte original.

Al desprender una pieza airbag, quedó expuesto el escondite de seis pistolas de calibre 9 milímetros (marcas Sig Sauer, Browning, Walter P99 y Pietro Beretta), 97 cartuchos, un silenciador y varios documentos.

La investigación posterior confirmó que uno de los tres detenidos inicialmente, y ya liberados, era alias ‘Chicho’, supuesto cabecilla de la banda ‘La Terraza’. Con las nuevas pruebas, las autoridades se enfocarán en la recaptura, aunque ojalá también averiguen por aquellos funcionarios que tan desesperadamente querían el carro.

EL CASO DE LA FINCA

La otra historia acaeció el 14 de abril anterior, en una finca de Envigado. El Gaula Militar Antioquia, conformado por investigadores del CTI y soldados de la Cuarta Brigada, allanó la propiedad.

Encontraron granadas, armas de largo y corto alcance y un cargamento de relojes valorados en 1.500 millones de pesos. Capturaron a dos hombres, una mujer y un adolescente.

Durante el procedimiento, uno de los arrestados, alias ‘Mao’, ofreció una millonada para que lo dejaran en libertad, según fuentes judiciales. Pero la situación se complicó realmente cuando llegaron varias patrullas de Policía.

Por razones que aún no se han esclarecido, los policías trataron de quitarle el detenido a los del Gaula. “Eso estuvo tan feo, que hasta casi hay disparos y todo”, me contó alguien que conoció el episodio.

Al final, los cuatro fueron sacados de la zona y presentados en los estrados, donde a los dos hombres les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel; a la mujer y al menor se les concedió la libertad.

‘Mao’ es hijo de alias ‘JM’, un integrante del cartel de Medellín, asesinado en los años noventa. También es propietario de una discoteca del Barrio Colombia, la cual había sido allanada por el Gaula Militar Antioquia el 11 de abril.

Ese día decomisaron un revólver Smith and Wesson calibre 38, municiones, 30 galones de escopolamina, una gramera, 10 cigarros de marihuana saborizados (llamados ‘blunt’) y otros estupefacientes como marihuana, popper, drogas sintéticas y demás.

Hay que felicitar a las autoridades por esos operativos, pero tambien exigirles que caven más profundo, pues hay indicios de que en el fondo pueden encontrar varios corruptos.

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El Inspector.

El sujeto se hacía pasar por integrante de ‘Las Águilas Negras’ y las llamaba desde el municipio de Segovia, donde las mujeres tenían propiedades heredadas a la familia.

Alias 'El Panadero' no aceptó el cargo de extorsión y está en Bellavista. Cortesía.

La extorsión comenzó el miércoles 14 de abril, cuando este hombre de 28 años les pidió 2 millones de pesos “para la guerra”, a cambio de no atentar contra sus vidas. Incluso, según la investigación preliminar,  les dijo que si alguien más las llamaba a cobrarles la ‘vacuna’, él les solucionaba el problema.

Las víctimas superaron el miedo y lo denunciaron ante el Gaula Militar Antioquia (Línea 147). Los agentes establecieron que el presunto extorsionador no era de ‘Las Águilas Negras’, sino supuesto miembro de la organización criminal ‘Los Rastrojos’, con injerencia en las localidades de Segovia y Remedios.

El 17 de abril se pactó la entrega de la plata en el Parque de Berrío, en el centro de la capital paisa. ‘El Panadero’ llegó por sus millones y en el acto lo sorprendieron los investigadores. “No voy a decir nada, tengo derecho a un abogado“, exclamó.

La Fiscalía le imputó el cargo de extorsión, que él no aceptó en el estrado. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista, donde hoy permanece hasta que comience el juicio.

Ya es algo común que los delincuentes se hagan pasar como ‘Águilas Negras’ para intimidar a la comunidad, hay registros desde 2008. Esta vez, todo les salió al revés.

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El Inspector.

Este hombre, más conocido como ‘Pepe’, ‘Don Pepe’ o ‘Mono Pepe’, debía haber estado en la cárcel al momento de la aprehensión, pero ya hay muchos casos para demostrar que, cuando de cabecillas de la organización ‘La Oficina’ se trata, la justicia parece tener otra vara para medir.

Así presentó la Dirección Antiextorsión de la Policía a los capturados en El Poblado. El del tope es ‘Don Pepe'; a la izquierda, John Restrepo; en el centro, Óscar Bedoya; y a la derecha, Jaime Quiceno. Cortesía Policía.

La captura la realizó la Dirección Nacional Antiextorsión de la Policía, es decir, agentes del Gaula que llevaban la investigación desde Bogotá. El pasado 11 de noviembre se efectuó el operativo en el parqueadero del almacén Éxito de El Poblado, en el suroriente de Medellín; allí cayeron Correa López, Óscar de Jesús Bedoya García, Jaime Alonso Quiceno Sánchez y John Alexánder Restrepo Londoño.

De acuerdo con el general Humberto Guatibonza, jefe de la citada división policial, el cuarteto estaba extorsionando a un comerciante de la central de abastos La Mayorista, de Itagüí, el cual estaba desaparecido desde el 3 de marzo de este año, cuando viajaba entre los municipios de Envigado y Sabaneta.

La extorsión era por 17.000 millones de pesos y en el instante de la captura, los hoy procesados estaban recibiendo de parte de un familiar de la víctima unas escrituras de propiedades. Les incautaron además una pistola, municiones, teléfonos celulares y les inmovilizaron tres vehículos, entre ellos un automóvil blindado con caleta automática en el interior.

El comerciante de La Mayorista apareció, al parecer sano y salvo, pero la Policía no dio detalles de eso. Tampoco se estableció, de momento, si era una extorsión convencional o una cuenta de cobro de la mafia.

En la audiencia de garantías les dictaron medida de aseguramiento y fueron enviados a la cárcel, por el delito de extorsión.

¿QUIÉN ES Y QUIÉN NO ES ‘PEPE’?

Este apodo salió por primera a la luz pública por el asesinato el 4 de julio de 1997 de Jaime Augusto Piedrahíta Morales, un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI. El funcionario investigaba a una banda denominada ‘Los Pepes’, que delinquía en Itagüí, y de la cual Carlos Augusto Correa López sería el cabecilla.

Aquí está la primera desinformación de la Policía, pues en su boletín indicaron que el referido había sido miembro de la organización ‘Perseguidos Por Pablo Escobar’ (‘Los Pepes’), que le hizo la guerra al Cartel de Medellín a principios de los años 90. Pues no, ‘Los Pepes’ que investigaba Piedrahíta eran otros con denominación similar, una banda de menos envergadura (aunque muy peligrosa).

Por la muerte a bala de Piedrahíta, perpetrada en Itagüí, hubo dos sentenciados: el Juzgado Segundo Especializado del Circuito de Medellín (2001) condenó a 49 años de prisión al sicario Juan Fernando Holguín Ortiz (ya está muerto) y a 51 años a Correa López, en calidad de autor intelectual de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En la segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín modificó la pena contra ‘Pepe’, reduciéndola a 38 años y seis meses. Por eso cabe la pregunta: ¿por qué hace dos semanas Correa no estaba en la cárcel, sino cobrando una supuesta extorsión en El Poblado? ¿Justicia? ¿Qué pensará la familia del investigador del CTI?

‘Don Pepe’ regresó a la palestra pública en 2008 cuando, según registros de Inteligencia, junto a alias ‘Adier’ (de la banda ‘San Pablo’ del nororiente de Medellín) orquestó un paro de transporte en Medellín, como reacción a la inminente extradición de su patrón Diego Murillo Bejarano, ‘Don Berna’ (2008).

Y la última vez que se supo de él fue en septiembre de este año, cuando, de acuerdo con fuentes extraoficiales, participó como intermediario en una reunión entre ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’, dos cabecillas enemigos de ‘La Oficina’, en Argentina.

Tras la reciente captura, Guatibonza declaró que Correa López controlaba las extorsiones en La Mayorista y era miembro de la banda ‘La Unión’, que opera en el sur del Valle de Aburrá.

La confusión más grande ocurrió cuando este personaje fue presentado como alias ‘Mono Pepe’, miembro de un clan familiar que desde hace años lidera el crimen organizado de Itagüí. Son tres hermanos y los otros dos son ‘Tuto’ y ‘El Burro’ (está capturado, en proceso de juicio por crímenes dentro de La Mayorista).

Pues bien, que se aclare: Correa López, apodado ‘Don Pepe’, ‘Pepe’ o ‘Mono Pepe’, no es el mismo ‘Mono Pepe’ del clan familiar; ese es otro, que se llama Wilson y no tiene orden de captura, aunque es bien conocida su influencia delincuencial.

Mientras la mayoría de medios de comunicación replicaban este error, investigadores de los diferentes organismos judiciales se preguntaban por qué la Policía no corregía el enredo. ¿Sería una estrategia mediática? Es algo común, a ver si se pesca algo en río revuelto. ¿O era por desconocimiento? No sería la primera vez, los directivos policiales de Bogotá cometen ‘desfaces’ a menudo sobre la criminalidad de Medellín, como decir que ‘El Cebollero’ era el sucesor de ‘Don Berna’, que ‘La Oficina’ y ‘Los Paisas’ son la misma organización, o no saber quién era ‘Chaparro’ cuando lo apresaron (la salvación fue un documentólogo local, que notó algo raro en las huellas digitales).

PASANDO DE AGACHE

Lo cierto es que ‘Don Pepe’ logró mantener un perfil bajo en los últimos meses, moviéndose de manera desapercibida. Tanto, que su pasaporte registra tres salidas a Curazao, donde según el informe del Gaula “es dueño de prostíbulos clandestinos” (viajando al extranjero, ¿y la condena por el caso de Piedrahíta qué?).

Con un perfil igual de bajo se mueven otros cabecillas. En La Florida, Estados Unidos, hay tres que ya pagaron sus deudas con los gringos y se están dando “la gran vida”, pese a tener casos pendientes en Colombia: el primero es alias ‘Perra Loca’, quien fue socio del paramilitar Vicente Castaño, le figura una investigación en la Fiscalía 33 Especializada de Medellín, pero se la pasa relajado en caballerizas de Miami, de acuerdo con fuentes oficiales.

El segundo es ‘Julián’, enemigo del extraditado paramilitar ‘Cuco Vanoy’ y socio de ‘Chepe’, el líder de la estructura ilegal ‘Los Paisas’. Y el tercero, es ‘Techo’, un narco que tras negociar con E.U., disfruta de buena fortuna.

En la lista de los que pasan de agache también está ‘Colorete’, quien perteneció al Cartel de Medellín, pero está en libertad. Su hijo fue señalado de participar en un triple homicidio en La Mayorista, cometido después de la cabalgata de la Feria de las Flores de 2007 (salió limpio del proceso penal).

También están ‘Orión’ y ‘Careguayo’, dos miembros importantes de ‘La Oficina’. El primero fue agente de la Policía y el segundo llegó hasta el grado de Mayor en el departamento de Pasto; se les señala de ser el enlace con funcionarios corruptos, a órdenes de alias ‘Beto’, pero tampoco tienen orden de captura. Se dice que ‘Orión’ se mueve en Argentina y que ‘Careguayo’ tiene propiedades en Sabaneta.

Ojalá que las autoridades sí estén trabajando en sus casos y a estos les llegue la hora de presentarse ante la ley, igual que ‘Don Pepe’.

El Inspector.