En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. del viernes 28 de marzo de 2025, en el establecimiento público ubicado en un mall del barrio Villagrande.

En este establecimiento comercial de Envigado fueron asesinadas la periodista María Victoria Correa Ramírez (recuadro) y su hermana. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

Allí estaba en una mesa la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 70 años; su hermana María Norelia, de 75, y dos acompañantes más (otra hermana y un sobrino).

En ese momento llegaron cuatro hombres en dos motocicletas. Todos portaban cascos, y dos de ellos llevaban a sus espaldas el tradicional maletín de domiciliarios.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, uno de los falsos domiciliarios se aproximó a la mesa con una pistola y les apuntó a las comensales, pero el arma de fuego se le trabó. En segundos llegó el otro domiciliario en su apoyo y disparó contra las víctimas.

En el sitio murieron María Victoria y María Norelia; su hermana Berta resultó herida y el sobrino salió ileso.

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Los asesinos huyeron y abandonaron las motocicletas en dos sitios distintos de Envigado; luego abordaron taxis que los condujeron a la Terminal de Transportes del Sur, en la que finalmente tomaron un bus hacia la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, de donde había llegado dos días antes para ejecutar el crimen, según las pesquisas de la Policía.

Al día siguiente hubo un consejo de seguridad, en el que las autoridades ofrecieron $50 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer el caso.

Como hipótesis, los investigadores sospechan que las hermanas fueron asesinadas para arrebatarles unas propiedades valoradas en $3.000 millones, las cuales al parecer estaban en proceso de sucesión.

En el Concejo de Envigado hubo un minuto de silencio por María Victoria Correa Ramírez y su hermana. La primera era periodista, destacada por el cubrimiento radial de temas de política y denuncia social.

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El Inspector.

El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

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En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

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En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

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Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

Aunque aún se desconocen los móviles y autores, el crimen sucedió en medio de un escenario de alta tensión por una disputa criminal entre la banda “el Mesa”, el Clan Oriente y el Clan del Golfo.

En esta vivienda del sitio Alto del Perro, en la vereda Llanogrande de Rionegro, ocurrió la matanza. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un grupo de diez hombres armados con fusiles de calibre 5.56 y pistolas irrumpió en una casa del sector conocido como el Alto del Perro, en la vereda Llanogrande, a las 7:30 p.m. de este martes 25 de junio.

Adentro acribillaron a siete personas, de las cuales seis fallecieron en el sitio y una más en un centro asistencial, posteriormente. Los asesinos escaparon en dos camionetas (una blanca y una negra) y dos motocicletas, en dirección a la vereda El Capiro, del vecino municipio de El Carmen de Viboral.

Rionegro, y en general el Oriente antiqueño, está siendo afectado por varios conflictos entre organizaciones criminales del Valle de Aburrá que buscan expandir allá su mercado de drogas, y facciones locales que defienden sus plazas de vicio a sangre y fuego.

Uno de los enfrentamientos más severos se da entre la banda “el Mesa”, originaria del municipio de Bello, y el Clan Oriente, una estructura heredera de las Autodefensas del Magdalena Medio.

Desde 2019 “el Mesa”, que ya tenía un amplio dominio en la distribución de drogas del Oriente cercano (Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guarne), decidió expandirse hacia el Oriente lejano (Sonsón, Argelia, San Francisco, San Luis y Nariño). En esta zona hay una hegemonía tradicional del Clan Oriente.

La situación empeoró cuando este grupo estableció una alianza con el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que en esa subregión ejerce presencia por medio del frente Gener Morales. Esta organización, de alcance transnacional, le exigió a “el Mesa” que desalojara el Oriente.

Ante la negativa, el cartel ordenó el asesinato de Edwin Fernando Morales Londoño (“el Crespo”), de 38 años y presunto coordinador de “el Mesa” en el municipio de Sonsón. Un sicario le propinó once disparos el 27 de mayo de 2o24, cuando manejaba un automóvil Renault rojo por una calle del barrio Buenos Aires, de Medellín.

En este carro se transportaba alias “el Crespo” por una calle del barrio Buenos Aires de Medellín, cuando fue acribillado por un sicario. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Según fuentes judiciales, “el Mesa” contraatacó a los tres días. El 30 de mayo mataron en el mall El Indio, ubicado en el barrio San Diego de Medellín (junto a la vía Las Palmas), a Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años.

La víctima fue citada a un establecimiento público del mall, y estando en una silla fue sorprendido por dos homicidas que llegaron con el rostro cubierto con cascos de moto, guantes de caucho para no dejar huellas y pistolas con silenciador. Aniquilaron a Pérez con múltiples disparos y luego escaparon en una moto.

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Varios videos del ataque circularon por redes sociales y la noticia se viralizó. Aunque el finado solo tenía antecedentes por evasión de impuestos, al parecer los delincuentes lo relacionaron como supuesto socio financiero de sus enemigos.

Los dos sicarios que mataron a Yovany de Jesús Pérez Estrada en el mall El Indio de Medellín, huyeron en la misma foto. Cortesía.

El 11 de junio el Clan del Golfo distribuyó un panfleto por diferentes chats de WhatsApp de la zona, firmado por el frente Gener Morales. En su comunicado declararon objetivo militar a los miembros de “el Mesa” y a su máximo cabecilla, Rodrigo Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), también llamado Gustavo Pérez Peña, según un cambio de nombre en la Registraduría.

“En algunos municipios se han presentado homicidios y amenazas a la población civil, por conflictos internos entre las bandas delincuenciales, que son lideradas por alias el Montañero, quien cambió su nombre por el de Gustavo Pérez Peña, sujeto que por décadas, y aún estando encarcelado, ha liderado a ‘los Mesas’ (sic), que ahora se identifican como los 2-13 (o los del 13), atacando con sevicia a la población civil que no se alinee con sus propósitos. Estos son los grupos que combatimos sin descanso”, dice el panfleto.

Rodrigo Rodríguez o Gustavo Pérez, alias “el Montañero”. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” salió de la cárcel de Itagüí el 14 de marzo de 2024, tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de una sentencia de ocho años, por cargos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Es uno de los siete voceros principales de las bandas del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional desde el 2 de junio de 2023.

La disputa de “el Mesa” contra el Clan Oriente y el Clan del Golfo es una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre la masacre perpetrada en Rionegro.

El coronel Carlos Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, comentó que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el crimen.

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El Inspector.

Se trata de Yovany de Jesús Pérez Estrada, de 51 años y quien fue cedulado en Pueblo Bello, un municipio del Cesar, localizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El cesarense Yovany de Jesús Pérez Estrada estaba solo en el sitio, al parecer esperando a alguien, a las 12:30 p.m. del 30 de mayo de 2024. Constantemente revisaba su celular. Fotos tomadas de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima no tenía antecedentes penales, salvo por una investigación de 2019, en la cual figuró como indiciado del presunto delito de omisión de agente retenedor o recaudador, que aplica para los supuestos evasores de impuestos.

El crimen sucedió a las 12:40 p.m. del jueves 30 de mayo en un establecimiento público del Mall del Indio, sobre la avenida Las Palmas, en el barrio San Diego.

A las 12:42 p.m. los dos asesinos salieron de un automóvil Nissan parqueado en la entrada del establecimiento.

Pérez Estrada estaba sentado, al parecer esperando a alguien que lo había citado. Mientras miraba por celular, fue atacado por dos sicarios que tenían el rostro cubierto por cascos de moto, portaban guantes de caucho y pistolas con silenciador.

Una cámara de seguridad evidenció que los asesinatos estaban dentro de un automóvil Nissan gris estacionado en la entrada del sitio, al parecer esperando la señal para atacar. Salieron del carro y en menos de 30 segundos perpetraron el hecho.

Uno de los sicarios cambió el proveedor de su pistola y de nuevo atacó a la víctima, que estaba en el suelo, disparando directamente a su rostro.

Los agresores le propinaron múltiples disparos a Pérez, quien cayó junto a la mesa. Estando en el suelo, sucedió un hecho llamativo. Uno de los verdugos cambió el proveedor de su pistola por uno nuevo, y luego le descargó varios tiros directamente en el rostro.

Luego lo requisaron en el suelo y le hurtaron el celular, presuntamente para eliminar el rastro de la persona que lo citó a ese lugar. Durante la huida, tomaron algunos elementos del Nissan gris, el cual fue incautado posteriormente por las autoridades.

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El otro asesino se inclinó sobre el cadáver para robarle el celular. Antes le hizo una rápida requisa.

Un compinche los recogió en una motocicleta y los tres escaparon en el vehículo. Algunos de los videos de cámaras cercanas fueron publicados en redes sociales, por lo que el crimen se viralizó.

Cuando los agentes del CTI realizaron la inspección al cadáver, este carecía de documentos de identidad, por lo que tuvo que ser registrado como NN inicialmente.

Afuera del mall los esperaba una motocicleta. Los dos sicarios la abordaron y huyeron a toda velocidad, entrelazando los pies para no perder el equilibrio.

De momento no se conocen los móviles del homicidio. Los investigadores analizan la trazabilidad de las cámaras de la ciudad, para saber cuál fue el recorrido de los sicarios.

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El Inspector.

Este doble homicidio se suma al asesinato de un abogado en el municipio de Andes, Antioquia, perpetrado en menos de 24 horas y también con el sello del crimen organizado. Aunque no hay indicios de que estén relacionados, ambos apuntan a encargos de la mafia.

En este vehículo iban los dos hermanos asesinados por sicarios en la avenida Las Palmas, en Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El primero de los hechos ocurrió el pasado 4  de octubre en el corregimiento Tapartó, de Andes. El abogado Rafael Darío Zapata Ospina conducía una camioneta en compañía de otra persona, cuando fue interceptado por delincuentes motorizados en una vía de la vereda La Siria.

Los criminales dispararon en movimiento e impactaron a Zapata, quien perdió el control del volante y acabó estrellado contra una ladera. El parrillero se bajó de la moto y remató al conductor de múltiples disparos, dejando también herido a su acompañante.

Rafael Zapata había sido agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en los años 90. Luego se desempeñó como secretario de Educación de Andes. Miembro de un clan familiar con raíces en la política, poseía una finca ganadera en Tapartó y uno de sus hermanos es Jaime Zapata, director de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia.

Quienes lo conocían, indicaron que Zapata también litigaba como abogado defensor en procesos penales y que hace 15 años sobrevivió a un ataque sicarial en el centro de Andes.

En esta camioneta iba el abogado Rafael Zapata, cuando fue asesinado en una carretera de Andes, Antioquia. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

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Al día siguiente (octubre 5) se presentó otro ataque en el barrio San Diego, de Medellín, sobre la avenida Las Palmas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los hermanos Ángel Enrique y Didier Julián Galindo Agudelo, de 42 y 32 años respectivamente, viajaban en un carro por la citada avenida, que conecta a la capital antioqueña con el aeropuerto de Rionegro.

A las 4:20 p.m. fueron interceptados por dos matones en motocicleta, quienes abrieron fuego contra el automotor. Los hermanos, heridos de muerte, trataron de huir saltando el separador vial, quedando en contravía sobre la calzada opuesta.

Allí se produjo una colisión que involucró una camioneta, un automóvil y un bus de servicio público. Tres personas que viajaban en esos vehículos resultaron heridos.

En cuanto a los hermanos, que fallecieron en el ataque, la Fiscalía señaló que eran del municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

En la base de datos judiciales, Ángel Enrique aparecía reseñado como presunto indiciado por los delitos de estafa, amenazas, hurto y extorsión, cometidos por fuera de Antioquia. En cuanto a Didier Julián, figuraba como testigo en un caso de homicidio perpetrado en Barrancabermeja, Santander.

En ambos casos los sicarios lograron darse a la fuga.

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El Inspector.

Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

Brujería, santería, satanismo, esoterismo y tarotismo conforman el equipaje de muchos de los narcos conocidos, junto a los kilos de coca y el arsenal bélico.

Este informe periodístico, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, recoge algunos de los casos más sonados, que involucran a peces gordos de la mafia con prácticas mágicas.

En 2016 la Policía allanó una casa que funcionaba como plaza de vicio en Barrio Antioquia, suroccidente de Medellín. Encontraron un altar de santería con ramas, velas y calaveras. Foto cortesía de la Policía.

Alias “Matamba”, “Gavilán”, “Mocho Vives”, “Morro” y “Pijarvey” ocuparon múltiples titulares de prensa, no solo cuando cayeron en operativos policiales, sino cuando los investigadores revelaron los extraños rituales que hacían. Estos se pueden clasificar de tres maneras:

1). El uso de talismanes mágicos para protegerse de los enemigos. Esto incluye collares, cadenas, brazaletes, tatuajes y medallones.

2). Conjuros para agredir a los rivales y la Fuerza Pública, entre los que se incluye el uso de muñecos de vudú, tierra de cementerio, fotos maldecidas y prendas del oponente.

3). Ritos para “cerrarse” el cuerpo y hacerlo impenetrable contra toda clase de armas.

A pesar de eso, estos personajes suelen terminar encarcelados o muertos, por lo que los investigadores creen que, en el fondo, son embaucados por los hechiceros.

A continuación, algunos ejemplos:

Las garras embrujadas de “Gavilán”
Roberto Vargas Gutiérrez (“Gavilán”), fue paramilitar y subcomandante del cartel Clan del Golfo. Según desertores del grupo, ordenó amputarle las garras a un gavilán, las mandó a disecar y con ellas se fabricó un collar, el cual fue rezado por una bruja. Lo usaba como talismán, para protegerse de los enemigos, pero lo perdió escapando de un operativo en la ciénaga de Tumaradó el 11 de agosto de 2017. Sin esa protección, fue dado de baja por la Fuerza Pública el 31 de agosto siguiente, en Urabá.

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La cabeza reducida de “Mocho Vives”
Norvey Palacio Hernández (“Mocho Vives”), cabecilla de la banda “la Terraza”, fue capturado en octubre de 2020 en Medellín. Recurría a prácticas de santería para protegerse de los rivales y blindar sus operaciones. Los investigadores que allanaron uno de sus escondites en el barrio Manrique, encontraron un altar hecho con una bandeja de frutas, sal, dulces, arroz, un velón y “una cabeza reducida”: un pedazo de árbol al cual le tallan la forma de un rostro humano, para usarlo en ritos de santería.

Este fue el altar de santería que encontraron los investigadores en el allanamiento a la casa de Manrique. Foto de cortesía.

El blindaje mágico de alias “Morro”
Jorge Pérez Marín (“Morro”) era cabecilla de “la Oficina”. Se decía que estaba “cerrado”, refiriéndose a un conjuro que le blinda el cuerpo ante toda clase de ataques. Esta práctica se basa en el mito griego de Aquiles, el guerrero invulnerable, salvo por un punto débil en su talón. En el caso de “Morro”, ese punto estaba justo en la coronilla. Cuando lo mataron en 2012, los sicarios lo arrodillaron, le acercaron la pistola a la coronilla y le dispararon justo ahí para “desbloquearle” el hechizo. Luego lo remataron.

El gato de la suerte de “Pijarvey”
Martín Farfán Díaz (“Pijarvey”), líder de la banda “Libertadores del Vichada”, murió en un operativo policial en 2015. Recibía el consejo frecuente de pitonisas chocoanas, quienes le recomendaron usar el “talismán del gato negro”. Se trataba de un tatuaje, que exhibía en uno de los brazos, al cual le atribuían poderes mágicos. Según las brujas, “Pijarvey” debía mirarlo fijamente durante tres minutos, y luego cerrar los ojos. Así, tendría una visión que le traería suerte.

La adicción de “Matamba” por una bruja

Juan Castro Estupiñán (“Matamba”), líder de la banda “Cordillera Sur”, era adicto a los consejos de una bruja del Pacífico. Se sentía seguro cuando ella le recetaba pócimas para ser exitoso en los negocios, el amor y la salud. Era tal su dependencia por esos remedios que en mayo de 2022, cuando la persecución en su contra era más fuerte por su fuga de la cárcel, se arriesgó a contactarla en Venezuela, exponiendo su propia ubicación. La Policía lo localizó por eso en Santander y lo dio de baja.

Y ustedes, ¿conocen algún otro caso en el que los delincuentes se escuden en la brujería para actuar?

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El Inspector.

El crimen sucedió este 12 de julio en el estadero Angus Brangus, ubicado en la carrera 42 con la calle 34 de El Poblado, y la víctima fue identificada como Jesse Marcel Canarrino.

La inspección a la escena del crimen, en el restaurante de El Poblado, fue realizada por agentes del CTI. Foto de cortesía.

Según las declaraciones de testigos, el extranjero de 32 años llegó acompañado de otro canadiense a las 4:30 p.m., a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser. Se ubicaron en la mesa 29 y pidieron dos copas de vino blanco.

No se percataron de que eran observados de manera incisiva por otros dos hombres, que estaban en la mesa 27 bebiendo cervezas Club Doradas. Habían arribado al sitio 30 minutos antes, señalándole al mesero que esperaban a dos más.

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Uno de los forasteros se paró de la mesa y fue al baño. El momento fue aprovechado por los observadores, que se levantaron y uno de ellos le disparó en la sien derecha y en el cuello a Jesse Marcel Canarrino. Salieron corriendo y afuera del local los esperaban dos motos negras, una de marca AKT NKD y una Yamaha SZ, tal cual quedó registrado en los videos de vigilancia. Junto a sus compinches motociclistas, los sicarios escaparon por la carrera 42.

La víctima murió en el lugar de los hechos. Su acompañante, al regresar del baño, quedó en shock al ver lo sucedido, relataron los investigadores del caso. Solo hablaba inglés y se negó a que los agentes revisaran su celular, por lo que tuvieron que incautárselo con una orden judicial de un fiscal.

Una de las motos implicadas en la fuga fue abandonada por los delincuentes minutos después, en el sector Niquitao, del centro de la ciudad.

“De este caso ya tenemos un importante material probatorio, que está siendo analizado por nuestra Policía Judicial”, comentó el coronel Rolfy Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por ahora las pesquisas se centran en identificar al propietario de la moto incautada, así como en establecer qué hacían los norteamericanos en Medellín.

Sobre el acompañante, trascendió que hace una década estuvo en prisión en su país natal, involucrado en un fraude en el que resultaron estafadas unas empresas de venta de tiquetes para shows de entretenimiento.

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El Inspector.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la familia, cuando se produjo el ataque sicarial en el Occidente de Medellín, Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

El coronel José Galindo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, relató que el hecho se presentó a las 6:41 a.m. del pasado 3 de febrero, cuando la familia se movilizaba en un automóvil Chevrolet Spark por las vías del barrio Córdoba.

En la transversal 78 con la calle 65 fueron interceptados por dos hombres a bordo de una moto Pulsar NS negra, desde la cual hicieron múltiples disparos al carro. Los impactos entraron por las ventanillas laterales de la izquierda y el parabrisas trasero, durante una rápida persecución en la que el Spark chocó contra un taxi.

El conductor de 28 años logró maniobrar el vehículo para escapar y llegar con vida al hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue ingresado en el área de urgencias con su pareja de 29. Según el parte médico inicial, él tiene cuatro heridas de bala (en tórax y abdomen) y su cónyuge tres (abdomen y mano izquierda); al bebé que cargaban no le pasó nada.

“La Policía hizo un Plan Candado y los delincuentes abandonaron la moto en el barrio Moravia. Lamentamos lo que le sucedió a esta familia, ya desplegamos nuestras capacidades institucionales para esclarecer los hechos, estamos analizando cámaras y haciendo entrevistas”, dijo Galindo.

El oficial pidió información a la comunidad y recordó que existe una recompensa de hasta $40 millones para quien ayude a esclarecer este tipo de casos violentos.

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El Inspector.

Este es uno de los hallazgos durante las primeras averiguaciones de las autoridades, tras la muerte de cuatro personas en la vereda Las Beatrices, del municipio de Santo Domingo. Este es el relato del hecho elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta finca del municipio antioqueño de Santo Domingo fue perpetrada la matanza. Foto de cortesía.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que, al procesar la escena del crimen, encontraron el rastro de la moto. Los asesinos pasaron el portón, se aproximaron a la casa del predio y abrieron la puerta disparándole a la chapa.

Se cree que el ataque ocurrió en la noche del pasado lunes 17 de enero, pues los dolientes informaron que perdieron la comunicación con sus seres queridos un par de horas antes. Los cuerpos fueron encontrados a la 1:00 p.m. del día siguiente, cuando entró a la propiedad un empleado de una empresa de tratamiento de aguas.

Por su posición final, se presume que las víctimas estaban descansando y no alcanzaron a reaccionar. A todas las ejecutaron con uno o tres disparos, propinados de cerca.

En la finca, a una hora de distancia del casco urbano del pueblo, no hubo testigos. “Los asesinos no robaron nada. Solo iban a matar y no dejaron sobrevivientes”, relató uno de los investigadores.

Los difuntos fueron identificados como Víctor Alfonso Gómez Laverde, agricultor de 50 años; su hijo Luis Miguel Gómez Álvarez, de 26 años y también campesino; la novia de este último, María Belén Agudelo Pineda, de 20 y ama de casa; y un amigo de los tres, Andrés Felipe Ochoa Velásquez, de 29 y agricultor.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que estas personas provenían del vecino municipio de Donmatías. Hacía tres semanas ocupaban la finca en la que fueron asesinadas.

Al parecer en las bases de datos policiales le figuran anotaciones por porte de estupefacientes a Luis Miguel Gómez, aunque no le aparecen condenas por delito alguno.

Una de las hipótesis que exploran los investigadores es que tuvo un problema con una estructura narcotraficante de Donmatías, razón por la cual huyó de esa localidad con sus allegados.

En dicho poblado el tráfico de narcóticos es controlado por las bandas del municipio de Bello, en especial las de “el Mesa”y “Pachelly”, según los investigadores.

Las expansión de las redes ilegales de las organizaciones bellanitas es uno de los más grandes desafíos para las autoridades antioqueñas.

“El Mesa”, “Pachelly”, “los Chatas” y “los Triana” extendieron sus tentáculos a las subregiones del Nordeste, Norte, Bajo Cauca, Suroeste y Oriente, donde protagonizan enfrentamientos con los grupos locales por el control de las plazas de vicio.

En esa dinámica, las facciones bellanitas han establecido alianzas con organizaciones de alcance interdepartamental, como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc.

Otro reto lo representan los homicidios cometidos en áreas rurales, que en 2021 fueron el 54% del total de casos (1.135 de 2.083).

ACCIONES DE LAS AUTORIDADES
Luego de un consejo de seguridad, el director Operativo de Seguridad de la Gobernación, Sergio Alfonso Vargas, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a capturar a los responsables de la masacre.

“Invitamos a la comunidad a que venza el miedo y nos dé la información”, manifestó el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía Antioquia.

Añadió que en las veredas de Santo Domingo habrá patrullajes mixtos de la Policía y el Ejército, para devolverle la tranquilidad a la población.

El general Gustavo Franco, comandante de la Región N°6 de la Policía, indicó que la investigación le fue asignada a un grupo élite de funcionarios de la Dijín, que viajaron desde Bogotá para asumir la misión en compañía de la Fiscalía y agentes del departamento.

El Inspector.

El crimen sucedió a las 10:45 a.m. del jueves 30 de septiembre, después de que la jurista de 51 años saliera de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tras realizar unas diligencias en compañía de su sobrino Ricardo Rojas Becerra.

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este carro viajaban las víctimas, cuando se produjo el ataque sicarial en el municipio de La Estrella. Foto de cortesía.

Abordaron un automóvil Chevrolet Sonic, sin percatarse de que los seguían cuatro sicarios en dos motocicletas. Videos de cámaras de vigilancia, conocidos por este diario, muestran la persecución de los homicidas durante dos cuadras, haciendo disparos a las ventanillas delanteras.

Rojas, quien estaba al volante, perdió el control del vehículo en el barrio Villa Mira de La Estrella. Se salió del carril en la calle 77sur con la carrera 57, y terminó estrellado contra un kiosko.

El informe preliminar de la Policía señaló que el conductor, quien estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, falleció dentro del carro por 35 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El domingo 3 de octubre cumplía 23 años de edad.

Su tía, contra quien se presume que iba dirigido el atentado, según las autoridades, sobrevivió con cuatro heridas en el tórax, la escápula derecha, el antebrazo izquierdo y el muslo derecho, atravesado por un proyectil.

CASOS DE RELEVANCIA
La noticia del ataque se esparció por los pasillos de la Fiscalía y los despachos judiciales de Medellín, en donde la penalista es reconocida por representar jurídicamente a varios de los principales cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá. Entre sus clientes están Julián Andrey González Vásquez (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”), líderes de “la Terraza” y “la Oficina”; los primeros dos están actualmente en libertad condicional, mientras terminan de pagar sendas condenas por homicidio.

Precisamente, la abogada los estuvo asesorando – junto a otros colegas – en un sonado caso de cooperación con la justicia entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. A cambio de beneficios legales, los cabecillas (que estaban presos en ese momento) se acercaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín, y prometieron suministrar información para esclarecer varios asesinatos y ayudar a disminuir los conflictos entre combos.

Para demostrar su compromiso, le entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas de fuego en una finca del corregimiento Santa Elena y facilitaron el sometimiento de alias “la Pecosa”, un mando medio de su organización que tenía orden de captura pendiente.

El proceso no llegó a buen término, pues suscitó enfrentamientos dentro de la misma Fiscalía, por la forma en que se estaba llevando a cabo la negociación, y fue cancelado desde la Dirección Central del organismo. Los cabecillas no obtuvieron las rebajas de pena que buscaban.

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Becerra también ha sido defensora de Mauricio Asprilla, un líder comunitario del sector Zafra, arrestado en 2017 por supuestos nexos con la banda “los Pájaros”, de Belén. Durante el juicio, este hombre se declaró inocente y hoy está pendiente del fallo del juez.

La misma litigante ha sido investigada por la Fiscalía por algunas de sus actuaciones. En mayo de 2016 le imputaron el cargo de extorsión, por su presunta participación en el cobro de una vacuna al alcalde de Carepa, Antioquia, Agapito Murillo (2012-15).

De acuerdo con el ente acusador, en 2012 a este mandatario le pidieron $50 millones a cambio de archivarle una investigación por homicidio, la cual se demostró luego que era falsa; Murillo alcanzó a entregar $19 millones. Becerra no aceptó la imputación y está a la espera de la lectura del fallo.

HIPÓTESIS DEL ATAQUE
Sobre las causas del atentado, fuentes judiciales manifestaron que se estudian dos hipótesis. La primera está relacionada con una disputa interna en “la Terraza”, que hoy tiene enfrentados a varios de sus cabecillas por el poder.

Este pleito es el principal causante del incremento en el índice de homicidios del 157% en Manrique y del 45% en Aranjuez (al comparar 2021 con el año anterior), las dos comunas de Medellín con más injerencia de esta organización.

La otra teoría de los investigadores tiene que ver con un presunto desacuerdo entre la litigante y la banda “los Triana”, por el pago de los honorarios de una gestión judicial.

La clave para esclarecer lo ocurrido está en el supuesto sicario capturado en La Estrella, momentos después del ataque. En los videos se ve que una patrulla policial llegó a los pocos segundos de que el carro de las víctimas se estrellara contra el kiosko, y persiguió a los sospechosos.

Tres hombres fueron detenidos de manera preventiva, y uno de ellos presentado ante la Fiscalía. Según la Policía, se trata de Milton Andrés Gómez Ochoa alias “Milton”, de 19 años, quien en su intento de escape dejó tirada una moto NKD negra, un casco y un bolso que contenía una pistola con silenciador.

En la audiencia de control de garantías no aceptó los cargos en contra, por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y fue enviado a la cárcel por un juez,

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ANEXO: OTROS ATAQUES CONTRA ABOGADOS
- Óscar Iván Gómez Zuluaga: muerto por asfixia mecánica en su oficina del centro de Medellín, el 18 de julio de 2021. Fue fiscal, juez y al momento de su muerte era litigante.
- Jaime Alfredo Bustamante Valencia: asesinado por sicarios en el centro de Bello, el 12 de febrero de 2016. Defendía en estrados a miembros de bandas de ese municipio.
- Fabio Edilberto Orozco Atehortúa: decapitado en su apartamento del barrio Florida Nueva, de Medellín, el 16 de marzo de 2012. Fue defensor público y luego litigante.
- Edquir José López Londoño: asesinado por sicarios el 5 de mayo de 2011, en un restaurante del barrio Las Cabañas, en Bello. Representó a varios excomandantes de las Auc y las Farc en audiencias de Justicia y Paz.

El Inspector.

El crimen ocurrió a las 8:30 p.m. de este domingo 26 de septiembre, cuando dos hombres en una motocicleta NKD blanca llegaron a una edificación de la carrera 30A con la calle 30, según el reporte inicial de las autoridades. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este apartamento del barrio Loreto, en el oriente de Medellín, ocurrió el doble homicidio de los venezolanos. Foto de Santiago Olivares Tobón.

Los vecinos contaron que vestían jeans, chaquetas negras y cascos negros, y subieron hasta el apartamento 301. Allí vivían en alquiler los venezolanos David José Andrade, de 36 años, y Freymar del Carmen Mesa Figueroa, de 23, en compañía de la niña.

Los visitantes tocaron la puerta e ingresaron. Luego de un par de minutos, se escucharon dos detonaciones en el recinto, y los hombres de negro salieron rápidamente.

Una patrulla de Policía llegó al poco tiempo, alertada por la comunidad, y encontró los cadáveres de los extranjeros, junto a su hija. Cada uno tenía un disparo tipo ejecución en la sien derecha.

Las víctimas llevaban un mes arrendando el apartamento en el que ocurrió el crimen. De momento se desconocen las razones del ataque.

Este fue el segundo doble homicidio ocurrido en una vivienda del oriente de Medellín en un lapso de apenas 48 horas. A las 11:00 a.m. del pasado 24 de septiembre fueron encontrados otros dos cuerpos en una casa de la carrera 2Este con la calle 55G, del barrio La Sierra, con múltiples impactos de bala.

Los finados carecían de documentos de identidad, y al parecer habían sido acribillados en la madrugada. Posteriormente se supo que eran hermanos y se llamaban Alfonso y Felipe Ortiz Mejía, de 34 y 35 años, respectivamente. Ambos eran oriundos del municipio de Maicao, en La Guajira.

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El Inspector.

El crimen ocurrió en el mismo lapso de tiempo en el que otros cuatro uniformados fueron acribillados en otras localidades del país. ¿Habrá conexión entre los hechos?

En primer plano, el patrullero Wilder Romo Durango, asesinado en Medellín. Las muertes ocurrieron entre el 5 y el 7 de mayo en distintos municipios de Colombia. Foto: cortesia.

El caso en cuestión ocurrió el 6 de mayo de 2021, a las 7:30 p.m., en la vereda Media Luna, del corregimiento Santa Elena de Medellín. El reporte de las autoridades señaló que cinco hombres que portaban armas cortas y largas llegaron hasta la urbanización EcoAldea, y tocaron la puerta en la vivienda del patrullero Wilder Alexánder Romo Durango.

El policía de 35 años estaba en compañía de su esposa e hijos de ocho y 14. Apenas abrió la puerta, recibió múltiples disparos por parte de los delincuentes.

Los tiros alertaron a un vecino, Mauricio Valencia Sánchez, de 44 años, quien salió de una casa contigua para ver qué sucedía. Los criminales lo vieron y también le dispararon, quitándole la vida. Después se introdujeron en el bosque, y a pesar de la persecución de la Policía, lograron huir.

El patrullero Wilder Romo trabajaba en la estación de Policía de Buenos Aires, en el oriente de Medellín, y estaba adscrito al CAI del barrio La Milagrosa. Llevaba 15 años en la Institución.

Mauricio Valencia era un ecologista, coordinador de comunicaciones de la corporación Nuestra Tierra, que desarrolla proyectos medioambientales. Hablaba tres idiomas y contaba con un diplomado en Negocios Internacionales de la Northeastern University en Boston (Estados Unidos).

¿Por qué los mataron? ¿Quién ordenó ese ataque? Son las dudas que rondan a los investigadores. El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ofreció hasta $100 millones de recompensa para quienes ayuden a esclarecer el caso.

“No vamos a descansar un solo minuto hasta lograr la ubicación y captura de estos delincuentes”, sentenció.

El doble homicidio sucedió en tiempos en los que se desarrollan múltiples protestas sociales en Colombia, en contra de las políticas gubernamentales. Sin embargo, las autoridades descartaron inicialmente que tuviera alguna relación con esa coyuntura.

Lo que despierta el interés de los detectives es que en la misma semana en la que mataron a Romo en Medellín, en un lapso de apenas tres días, asesinaron a cuatro policías más en otros municipios.

En la noche del 5 de mayo, en el corregimiento Jardín de Tamaná, en el municipio antioqueño de Cáceres, dos policías de vigilancia fueron atacados a bala por desconocidos. Los uniformados respondieron al fuego y se refugiaron en la subestación policial, pero un proyectil le quitó la vida al patrullero José Armando Contreras Suárez, de 22 años.

En el hecho resultó herida una mujer que caminaba cerca de la sede de la Institución.

El 7 de mayo a las 5:00 p.m., sicarios en moto acribillaron al patrullero Gabriel Eduardo Lengua Serpa, de 36 años, en el corregimiento Albania, del municipio de Betulia (Sucre). Trabajaba como secretario en la estación policial de Sincé, cuyo comandante le encomendó la misión de reunirse con un informante y recibirle unos datos.

Lengua, que iba de civil, recogió al soplón en un carro y cuando iban por la vía principal al corregimiento, fueron interceptados, bajados del vehículo y ejecutados a un costado del camino. La identidad del civil muerto no fue revelada por la Policía, aunque en principio genera sospecha que le hallan asignado una tarea de ese tipo a un policía que ni era de la Sijín ni trabaja en la Seccional de Inteligencia (Sipol), y que se dedicaba a labores administrativas.

Ese mismo día, a las 7:30 p.m., el capitán Carlos Venegas y los patrulleros Edward Torres Caicedo y Deybi Mora Araque, adscritos a la Sipol, estaban con atuendo de civil en una tienda, cerca del parque principal del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Prestaban servicio vigilando una velatón, que varios manifestantes realizaban en el parque de manera pacífica, cuando un grupo de hombres llegó disparándoles. Torres y Mora, de 28 y 32 años, respectivamente, murieron en el acto. El oficial se enfrentó a tiros con los agresores, y sobrevivió herido.

Por el momento no hay personas capturas por esta inusual racha, que dejó en total cinco policías y dos civiles muertos, así como un uniformado y una civil heridos.

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El Inspector.

Los hechos se presentaron en Medellín, Caldas e Itagüí, y aunque al parecer no guardan relación entre sí, son el reflejo de que febrero será un mes con preocupantes niveles de violencia en la región.

En este automóvil viajaban los hombres acribillados, presuntamente, por sicarios de “los Mondongueros” en el barrio Altamira de Medellín. Foto de cortesía.

El 9 de febrero comenzó esta mala racha, en la vereda Salinas del municipio de Caldas, donde abalearon a Diego Alejandro Zapata Gil (“Lechera”), de 33 años, y a Sebastián Herrera Restrepo (“Ruffo”), de 30.

Los dos acababan de salir de una reunión con otras personas, en cercanías al peaje que conduce a la vecina localidad de Amagá, cuando fueron atacados; uno murió en la vía y el otro, que abordó una moto, fue perseguido varias cuadras por sicarios motorizados, que le dieron alcance y lo aniquilaron.

Los investigadores creen que los difuntos participaron en una junta de traficantes de drogas del Suroeste antioqueño, la cual terminó con desacuerdos.

El 10 de febrero a las 6:00 p.m., en el barrio Altamira del noroccidente de Medellín, tres hombres viajaban en un automóvil. Cuando se detuvieran cerca del hospital Pablo Tobón Uribe, fueron interceptados por asesinos en motocicleta, quienes acribillaron a dos de los ocupantes.

Los muertos fueron Johnatan Camilo Ayala Calvo (“Viru”), de 25 años, y Breiner David Bedoya González (“Piercing”), de 21. El sobreviviente relató a los investigadores que todos eran de Castilla, y que antes del crimen venían de vender oro en el barrio Conquistadores.

Ayala Calvo tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. De acuerdo con la teoría inicial de la Policía, el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas interno en la banda “los Mondongueros”.

Las autoridades ofrecieron $20 millones de recompensa para quien ayude a esclarecer ese doble homicidio y entregue información que permita capturar a varios integrantes de esa organización, como Juan Guillermo Parra Molina, quien fue reseñado en un cartel de los más buscados, junto a los alias “Chichón”, “el Tío”, “Víctor M”, “Mortadelo”, “Frentón”, “Pezuti”, “Beata”, “Cepillo”, “Gaitán” y “Cuquis”.

El nuevo volante de los más buscados de la banda “los Mondongueros”, repartido por la Policía la semana pasada. Foto cortesía.

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A las 7:00 a.m. del 16 de febrero, en calle 85D con la carrera 34, en el barrio Las Granjas de la comuna de Manrique, dos hombres murieron a bala. De acuerdo con la investigación preliminar, varias personas estaban bebiendo licor desde la noche anterior y la hipótesis es que hubo una fuerte discusión entre los borrachos, después de la cual uno de ellos le disparó a otro.

El coronel Daniel Mazo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, narró que después de esto apareció un tercer hombre, quien asesinó a otro de los presentes.

Perdieron la vida Jeferson Osorio Ramos, de 25 años y conocido como “Huevo”, quien conducía un vehículo particular adscrito a las APP de transporte informal; y Gregory José Cortés Ruiz, de 38, empleado de una empresa de seguridad en el trabajo.

Como presunto responsable fue capturado el tercer hombre, un reconocido consumidor de droga del vecindario, de 36 años, quien trató de huir del lugar, sin éxito. En su escape arrojó un buzo que tenía una pistola envuelta; luego se metió a una casa, y cuando los uniformados ingresaron, le encontraron otra pistola y un arma de fogueo.

El mismo 16 de febrero, en la vereda El Ajizal, del municipio de Itagüí, asesinaron a otro par de jóvenes. Sucedió a las 11:00 p.m., cerca de una parroquia, y las víctimas fueron Luis Gerardo Urán Ortiz, de 21 años, y Yerixon Stiven Figueredo, de 22, ambos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con testigos, cuatro hombres armados entraron a una casa y les dispararon; en el hecho, otro inquilino resultó con una herida leve en el rostro. Los vecinos trataron de llevar a los lesionados a un centro médico, pero en el camino se percataron de que habían muerto, así que decidieron dejarlos en la calle hasta que llegara la Policía.

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El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ataque sucedió el pasado 4 de enero, en el barrio El Trapiche. Héctor Fabio Zapata Gil (“Hache”), de 42 años, quien residía en una urbanización del vecindario, salió en compañía de su esposa hacia un local de comidas, ubicado en la calle 56 con la carrera 67B.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina del barrio El Trapiche, en Bello, sucedió el ataque sicarial que terminó con la vida de alias “Hache”. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Cuando estaban en la entrada del establecimiento, a las 7:30 p.m., aparecieron dos hombres en motocicleta, quienes dispararon con pistola en contra de Zapata. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la víctima recibió ocho impactos en el pecho, los brazos, la pierna derecha y el mentón.

Los agresores lograron escapar y al poco tiempo llegó una patrulla policial, que se encontraba cerca del sitio y escuchó los gritos de angustia. Los uniformados ayudaron a transportar al herido hacia el hospital Marco Fidel Suárez, de Bello; posteriormente fue remitido de urgencia al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde falleció al mediodía del 7 de enero.

La noche que ocurrió el ataque, su cónyuge, aún en estado de shock, les dijo a los investigadores que no sabía nada de posibles enemigos o amenazas en contra de su pareja. Sin embargo, en el bajo mundo al parecer había un precio por su cabeza.

En 2018 ocurrió una ruptura en la línea de mando de “la Terraza”, una de las bandas más antiguas del Valle de Aburrá. Tras la captura de varios de los cabecillas principales, los líderes que quedaron en las calles se fueron a la guerra por el poder.

Las investigaciones de la Fiscalía indicaron que de un lado estaba Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y del otro Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), quien era secundado por su socio “Hache”. Estos dos últimos lideraron, presuntamente, una disidencia de “la Terraza”, que se enfrentó a sus antiguos compañeros por el control de plazas de vicio, territorios para la extorsión y contratos para el cobro de deudas mafiosas.

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En esta contienda, los disidentes pidieron apoyo a la banda “los Chatas”, de Bello, que rivaliza desde hace años con “la Terraza”, lo que añadió más leña al fuego.

“Hache” era uno de los objetivos pendientes de capturar por la Policía Metropolitana, los cuales aparecen en este organigrama. Cortesía de la Policía.

Tal cual informaron El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo en su momento, los atentados selectivos dejaron 14 muertos y ocho heridos de bando y bando, en Medellín, Sabaneta y Envigado, entre mayo de 2018 y enero de 2019. Algunas de las víctimas fueron ciudadanos inocentes, que recibieron balas perdidas en medio de los ataques.

“Chicho” fue capturado por la Policía el 3 de abril de 2019, en una urbanización de El Poblado. A “Tréllez” lo arrestaron el 11 de febrero de 2020, cuando acababa de salir de una reunión entre criminales, en el barrio bellanita El Porvenir.

La única pieza que quedaba pendiente de aquel conflicto era “Hache”. En los reportes judiciales figuraba sin antecedentes penales y carecía de orden de captura, aunque su rostro aparecía en los organigramas de los objetivos de alto valor estratégico de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El propósito era detenerlo este año, pero los criminales se adelantaron.

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El Inspector.