Después del 15 de julio, toda la contratación pública funcionará con pliegos-tipo, un modelo estándar para todos los procesos que involucren dinero público. Asimismo, para el primer semestre de 2019, será obligatorio el uso de la herramienta Colombia Compra Eficiente, que pone en línea todos los contratos que tengan las entidades territoriales y abre al público los datos de quienes se postulen como proponentes para ganárselos.
Estas son las dos principales herramientas con las que el Gobierno busca blindar el erario público de carteles y carruseles como los que se han venido destapando en los últimos años en el país y que han ayudado para que anualmente se pierdan 50 billones de pesos, según cifras de la Contraloría, por cuenta de escándalos de corrupción.
Según el Gobierno, en 2017 la contratación estatal fue de 111,9 billones de pesos.
Sin embargo, mientras ambos procesos se implementan y se cumplen a cabalidad, existen varias debilidades encontradas en la forma como el Estado contrata y por las que se pueden generar desfalcos.
EL COLOMBIANO dialogó con Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, quien hizo un balance de cómo está funcionando a la fecha la contratación abierta.
¿Qué tanto se contrata hoy abiertamente en el país?
“En la nueva plataforma que tenemos, el Secop 2, ya hay más de 2.300 entidades registradas. De esas, son nacionales cerca de 230. Eso quiere decir que hay más de 2.000 regionales que quieren y están contratando abiertamente y en línea. En términos de porcentaje, es cerca del 50% de entidades que están migrando al nuevo sistema. En lo que va del año, se han montado en la plataforma procesos por más de 10 billones de pesos y vamos en 50 mil contratos. En estos momentos, estamos haciendo el cambio del Secop 1 al 2, que es una plataforma que mejora la accesibilidad del proceso. Esto permitirá una mayor participación de proveedores y que se impidan actos de favorecimiento en procesos de licitación para alguno de los proponentes”.
¿Por qué aún no es obligatorio contratar de forma abierta y en línea?
“Porque un cambio tecnológico requiere mucha capacitación y en eso es en lo que estamos, haciendo presencia en las regiones para enseñar a las entidades públicas y Cámaras de Comercio cómo inscribirse en esos procesos. A la fecha, van más de 150 mil proveedores de servicios, que quieren contratar con el Estado, ya inscritos. Falta ver qué dispone el nuevo gobierno, pero si nada cambia, entre enero y junio debería ser obligatorio”.
¿Qué indicadores de crecimiento tiene?
“El año pasado se registraron 1.000 entidades nacionales, regionales y locales, y en lo que vamos del año, van más de 800. El crecimiento es exponencial y esperamos terminar el periodo de Gobierno con cerca de 4.000 inscritas. Muy cercano a la totalidad”.
¿Cómo se comportó la contratación estos meses, con la Ley de Garantías?
“Antes de entrar en rigor la ley (que prohibió la contratación estatal seis meses antes de elecciones para evitar participar en política), el 11 de noviembre pasado, se suscribieron cerca de 20 mil contratos por unos 3,7 billones de pesos. Lo que ocurre en estos casos es que la contratación directa se centraliza y se compacta antes de que inicie la prohibición. Eso implica que cuando finaliza, ya hay pocas entidades que salgan a contratar, porque se hizo desde inicio de año, de forma planeada”.
¿Qué garantías dan estas nuevas reglas de juego?
“El gran cambio es que podemos sacar indicadores con sistema de datos abiertos. Podemos ver en qué se está gastando el estado la plata pública, quién cumple con la totalidad de presupuesto y saber si los pliegos de condiciones se modifican. Hoy podemos garantizar que un proceso abierto implica más competencia. Tenemos registrados 150 mil proveedores que quieren ser contratistas, con un indicador de 50 mil contratos celebrados. Es decir que uno de cada tres que usa la plataforma, termina ganando un contrato con el Estado”.
¿Existe un patrón visible en los pliegos de condiciones?
“Cada proceso de contratación tiene cerca de tres o cuatro modificaciones desde que se publica hasta que se adjudica, lo que no significa que sea un indicador negativo. En la medida que se presenten observaciones y solicitudes de los proveedores, los pliegos se cambian”.
¿Qué patrón hay en los proponentes?
“Tenemos una alerta frente a los pliegos de condiciones. Cuando Invías (ente nacional) quiere contratar en una región una vía pequeña, de algunos kilómetros, aparecen unos 60 proponentes. Pero cuando lo hace una gobernación o una alcaldía, en el 86% de los procesos aparece un solo proponente”.
¿Cómo evitar empresas de papel en la contratación?
“Por ley, ya se ha regulado la contratación con fundaciones. Aparte, hemos expulsado a dos empresas de la ‘tienda del Estado’ (donde están todos los que aspiran a ser proveedores) que tenían ese sistema. La contratación pública está estigmatizada, aunque somos uno de los pocos países del mundo que tienen sus datos abiertos al público. De 20 mil fundaciones que contrataron con el Estado en 2017, en lo que va del año solo van 40 y se han protegido 20 billones de pesos en contratación con estas empresas”.
