La Corte Constitucional solicitó al Ideam y a la Registraduría información precisa sobre la forma cómo el huracán Matthew habría podido afectar la jornada del plebiscito por la paz el pasado 2 de octubre.

En ese sentido, la Registraduría tiene diez días para certificar a la Corte “el número de mesas de votación que no pudo instalar en las poblaciones del departamento de la Costa Atlántica afectados por efectos del Huracán Matthew”, así como la hora en que se instalaron y cerraron cada una de las mesas de en esas zonas.

Igualmente, debe informar las votaciones registradas en las elecciones regionales de 2015 en toda la Costa Atlántica precisando municipio, departamento, ceso electoral, total de votos válidos y porcentaje de participación.

Lo mismo deberá hacer con los resultados de la primera y segunda vuelta presidencial de 2015 y con los resultados del plebiscito para la aprobación o no del Acuerdo Final, precisando además el número de mesas no instaladas y el número de votantes registrados en esas mesas.

Además, la Registraduría deberá entregarle a la Corte el acto de escrutinio final de los resultados del plebiscito y copia de los informes parciales y finales expedidos por la convocatoria y realización del plebiscito.

¿Hubo diálogo con el Gobierno sobre el huracán?

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, tiene cinco días para explicar a la Corte si hubo o no comunicaciones dirigidas al Presidente de la República y a los Gobernadores de la Costa Atlántica “informándole de la presencia y potenciales afectaciones del Huracán Matthew”.

El Instituto deberá enviar además los registros de lluvias presentadas en los departamentos de la Costa Atlántica entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre y un comparativo con el año anterior.

Igualmente, deberá informar los niveles de inundación que se presentaron en las poblaciones afectadas por el huracán como Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Uribia, Manaure, Luruaco, Manatí, Barranquilla, Puerto Colombia, Repelón, El Retén, Pueblo Viejo, El Carmen de Bolívar, Clemencia, Aracataca, Fundación, Zona Bananera y Algarrobo.

Por otro lado, la Gobernación del Magdalena debe informar el número de personas damnificadas en cada municipio por el Huracán y Medicina Legal deberá señalar si hubo personas fallecidas “por inmersión y con ocasión del Huracán Matthew” en La Guajira y en el Magdalena.

Corte estudia la demanda

La petición la hizo el magistrado Alberto Rojas Ríos quien admitió una demanda que presentó Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola en contra del Decreto 1291 de 2016 por el cual se convocó al plebiscito; contra la resolución 8124 de agosto que estableció el calendario electoral para el mismo; y contra el Boletín Nacional número 53 que expidió la Registraduría el dos de octubre con resultados de la jornada.

La Corte admitió la demanda por la presunta vulneración del artículo 265 de la Constitución porque supuestamente el Consejo Nacional Electoral no habría hecho lo suficiente para dar garantías en la jornada pues el plebiscito se llevó a cabo “a pesar de los efectos notorios del huracán” en la Costa Caribe.

Igualmente, se alega la vulneración del artículo 40 de la Constitución porque el Presidente de la República y el CNE habría afectados los derechos políticos de los habitantes de de esos departamentos por no haber suspendido o aplazado la jornada.

El demandante asegura que hubo una vulneración al artículo 104 de la Constitución porque se convocó al pueblo y no solo a una parte que no puedo votar por fuerza mayor y a pesar que allí se había declarado ya la alerta roja.

Rodríguez Felizzola alega además que hubo un vicio de procedimiento y una vulneración del derecho a la igualdad porque al no suspender las votaciones, “los electores de la Costa Caribe recibieron un trato discriminatorio en relación con aquellos de otras regiones”.

El magistrado además solicitó las respectivas posiciones y conceptos sobre esta demanda al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio del Interior y al de Justicia, al CNE, la Registraduría, a las Gobernaciones de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena y a los partidos Liberal, de La U, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Polo Democrático, Alianza Verde, Opción Ciudadana y Alianza Social Independiente.

También deberán entregar concepto la Procuraduría y las Facultades de Derecho de doce Universidades de todo el país.