Dos letras de cambio por $4.000 millones, una denuncia anónima y 42 pacientes falsos son las piezas clave de la acusación que presentó la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia en contra del exgobernador de Córdoba Edwin Besaile, procesado por el escándalo del “Cartel de la Hemofilia”.
De acuerdo al escrito acusatorio, en poder de EL COLOMBIANO, Besaile le firmó dos pagarés –por $2.100 y $1.900 millones– al condenado exgobernador Alejandro Lyons. La trama criminal tenía como fin que Lyons recibiera, una vez Besaile lo reemplazara en 2016 en la gobernación, “parte de los ‘dividendos’ a conseguir al poner en práctica esos mecanismos diseñados para el desvío de los recursos públicos”.
En efecto, una vez en el poder, de acuerdo a una denuncia anónima que constató la Contraloría, Besaile desvió de forma irregular $1.525 millones del Estado bajo la excusa de asistir a 14 pacientes con hemofilia.
El expediente está en el despacho del magistrado Ariel Torres (Sala de Primera Instancia de la Corte), ante el cual, el pasado martes, la Fiscalía le remitió un texto aclaratorio en torno a su acusación. Ratificó la validez de los pagarés.
La relación Besaile y Lyons
La Fiscalía 12 delegada ante el alto tribunal relató que para consumar los desvíos, los dos exgobernadores contaron, junto con el exsenador Musa Besaile (tuvo aval del Partido de ‘la U’ y procesado por el escándalo de Odebrecht), quien acordó con Lyons la llegada de su hermano (Edwin) a la gobernación para mantener el entramado.
¿El objetivo? Una vez instalado en el cargo, el acusado pasaba a cumplir el trato con Lyons de mover indebidamente recursos públicos a bolsillos privados, una alianza que, según la Fiscalía, se hizo con “pleno consentimiento” de Besaile.
Sin embargo, esa no es la única irregularidad que el ente le relaciona al exgobernador. Durante su mandato, en enero de 2016, la Contraloría le notificó una auditoria para verificar los recursos del Sistema General de Participaciones que había recibido el departamento para la vigencia 2015, destinados a salud pública y población vulnerable.
Los falsos pacientes
Tres meses después del anuncio, el 19 de abril, en plena auditoría, a la Contraloría llegó una denuncia anónima que detallaba que en esa gobernación había “graves irregularidades” en el pago de cuentas para servicios a falsos pacientes con hemofilia. Esta es la génesis del llamado “Cartel de la Hemofilia”
Ante la advertencia, los investigadores corroboraron que hubo maniobras irregulares en el pago de medicamentos a la IPS Unidos por su Bienestar, para asistir a 28 pacientes con la enfermedad.
“Se evidenció, por ejemplo, que los exámenes clínicos que figuran como realizados en el laboratorio Bernardo Espinosa a dichos pacientes eran falsos”, se lee en el escrito, en el que también se hace referencia a que hubo una irregularidad en el pago a la IPS San José de la Sabana para la atención de 14 pacientes, por un monto de $1.525 millones, de los cuales el exgobernador acordó recibir un 10 %.
Por el caso con la primera IPS, el cual constituyó un presunto detrimento patrimonial, Besaile salió a defender a esta empresa que tiene como representante legal a Guillermo Pérez, uno de los creadores de IPS San José de la Sabana, y financiadores de su campaña.
Por estas pruebas, la Fiscalía acusó al exgobernador de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir por su presunta participación en dicho cartel, situación por la que puede enfrentar hasta 31 años y medio de prisión. Actualmente está libre
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