viernes
9
9
Por Jessica Quintero Serna | Publicado el 31 de agosto de 2021
En el departamento, 19.000 personas han recibido algún tipo de reparación. Víctimas piden a la JEP la apertura del macrocaso sobre este flagelo.
Antioquia, el departamento que registra más casos de personas desaparecidas a causa del conflicto armado que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica asciende 20.279 entre 1958 y 2016, es a su vez el departamento que más reparaciones ha entregado por este hecho victimizante. En total, 19.000 personas han recibido algún tipo de reparación, de acuerdo con la Unidad de Víctimas.
Los datos fueron revelados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, que ayer recibió en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, el informe Rayo de Luz sobre las sombras de la Impunidad, en el que organizaciones civiles del departamento documentaron 408 casos de este flagelo.
Al respecto, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado por la desaparición de su esposo Julián Emilio Cataño, en febrero de 2001, indicó que la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada de Antioquia, percibe que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, funciona al revés.
“El sistema está esperando que las víctimas se acerquen. Hay 30.000 personas para buscar en Antioquia y solo hay 1.200 solicitudes”.
Afirma Velásquez que para levantar el informe se dieron a la tarea en 2020 de buscar e identificar uno a uno estos casos y así documentarlos para entregarlos, entre otros, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Con el documento entregado a las instituciones, las entidades de víctimas les hicieron peticiones: “la apertura del macrocaso sobre desaparición forzada a la JEP, y un trabajo integral con todo el Valle de Aburrá con la UBPD”, explica Velázquez.
Así mismo, la representante de las víctimas afirma hay una problemática que, a juicio de las entidades, es muy peculiar por la apreciación de la Ley que se debe analizar. “La persona que declara la muerte presunta por desaparición de un familiar, recibe un registro civil de defunción que dice que murió por muerte presunta (sic) y en el sistema lo convierten en homicidio porque ya hay un certificado de defunción y es muy distinto. No es lo mismo ser víctima por homicidio que ser víctima por desaparición, así me hayan entregado a mi familiar”.
“Es fuente de información”
Luz Marina Monzón, directora general de la UBPD, sostiene que aportes como estos les sirven a la entidad para “orientar investigaciones extrajudiciales que sustenten no solamente las líneas de investigación, sino también los planes regionales de búsqueda”.
Solamente en Antioquia, la UBPD cuenta con planes de búsqueda en regiones como Urabá, Oriente, Suroeste, Valle de Aburrá y Bajo Cauca, territorios en los que el informe será de utilidad para identificar si “hay víctimas que comparten patrones como los actores armados victimizantes, la desaparición forzada, entre otros”, explica.
Tras recibir el informe de las entidades de las víctimas, Monzón hizo un llamado a reactivar en Antioquia la Mesa Interinstitucional de Desapariciones desde el 9 de septiembre, acción que llevará a un trabajo conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas entre familiares de víctimas e instituciones.
“Que no le quede a nadie duda de nuestro inequívoco compromiso de querer y poner toda la voluntad en la búsqueda, y por eso quisiera comprometer y le pido a las instituciones que se comprometan con la UBPD y las víctimas a tener una Mesa Interinstitucional de Desaparición en Antioquia el 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos”.
JEP también recibió informe
La Mesa Departamental de Víctimas del conflicto armado en Antioquia se unió al llamado de la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada para que la JEP de apertura al “Macrocaso Regional Antioquia” que además de priorizar la situación de Antioquia, también recoja los casos ocurridos en Caldas y Risaralda
Contexto de la Noticia
radiografía desaparición continuÓ en este año
La Defensoría del Pueblo ha recibido 32 declaraciones de desaparición forzada entre el primero de enero y el 31 de julio de 2021, lo que ha generado la alerta entre las autoridades. “La desaparición forzada es un delito y una violación a los derechos humanos que merece la mayor atención del Estado”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien agregó que en la última década la entidad recibió 9.631 declaraciones sobre desaparición forzada, siendo 2015 el año en que más reportes se obtuvieron con 1995. La Defensoría creó una Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas en 2016 y desde entonces la Delegada ha asumido dos tareas de gran envergadura: acompañamiento psicojurídico a las víctimas, y la recepción de las declaraciones.
Cuyabra. Comunicadora social-periodista de la Universidad del Quindío. Redactora del área de Contenidos Digitales.
