La instalación de minas antipersonal en caminos o campos abiertos es una de las herramientas que utilizan los grupos armados ilegales en Colombia para la disputa de territorios. Esa táctica no solo afecta a los combatientes, también a los civiles que habitan en esos puntos. Ese escenario lo sufren las personas que viven en el área rural de Bojayá, Chocó.
En la intervención del Gobierno y el Ejército en esa zona del norte de este departamento, las autoridades han recibido la denuncia de algunos pobladores de la mayoría de corregimientos de ese municipio (ver mapa), en donde la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo, aparentemente, instalaron explosivos improvisados.
Sobre esta situación, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó que se utilizará la misma estrategia que se aplica en otras zonas del país en la que se trabaja de con ayuda de la comunidad para minimizar los riesgos con ese tipo de explosivos.
“Vamos a trabajar de la mano con la oficina del Alto Comisionado de Paz para avanzar con las campañas de educación en el riesgo de minas. Lo haremos de la mano con las diferentes comunidades para que ellas mismas sean las multiplicadoras de enseñanza de cómo nuestros menores y personas en general, puedan prevenir accidentes en esas zonas”, dijo el funcionario durante su visita a este municipio.
¿Qué tipo de desminado?
En el país, según explica el Ejército Nacional, hay dos tipos de desminado: el militar y el humanitario. Su diferencia está en que una se hace en zonas que están consolidadas en materia de seguridad y puede ser ejecutado por las Fuerzas Armadas o por organizaciones civiles (humanitario), mientras que el otro lo debe hacer el Ejército o la Armada con sus equipos antiexplosivos.
La situación de Bojayá obliga a que sea militar. “Vamos a acompañar al Ejército a realizar el desminado porque todavía no hay condiciones de seguridad suficientes para trabajar en un desminado humanitario”, agregó Ceballos.
Sobre la intervención militar que adelanta el Ejército en la zona norte de Chocó, el comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez, le explicó a EL COLOMBIANO que dentro del trabajo a ejecutar se hará desminado en las zonas donde la tropa ubique los artefactos y donde la comunidad denuncie su presencia.
“Cada pelotón tiene un grupo antiexplosivos que ayuda a descontaminar al área. Esto se hace es cuando avanza la tropa en las zonas donde los ilegales han instalado minas, pero también estamos donde la comunidad denuncia este tipo de problemática”, explicó el general, quien también visitó esta zona del Chocó.
Entre 2018 y 2019, solo en área rural de Bojayá, el Ejército ubicó y destruyó siete minas antipersonal, mientras que tres soldados han resultado heridos por la explosión de estos artefactos instalados por los grupos ilegales.
Por su parte, líderes sociales de Bojayá, que pidieron reserva de sus nombres, expresaron que el desminado es solo uno de los problemas a superar en ese municipio. “Debemos lograr que el pueblo y sus habitantes queden por fuera de la confrontación, de lo contrario no sirve de nada desminar una zona para que los ilegales sigan poniendo explosivos en otra”.
Sobre la actual intervención, en ese poblado de Chocó aspiran a que se pueda dar un cambio del panorama ya que para ellos, “la respuesta se demoró mucho tiempo, pues la primera alerta sobre esta situación se dio en abril del año pasado, mientras que la presencia integral del Estado, inversión social, reactivación de la economía y electricidad para todo el municipio, es un pedido que lleva años”.
Ante esto, el general Ramírez afirmó que las operaciones sostenidas en el norte de Chocó iniciaron desde marzo del año pasado, las cuales hasta el momento dejan más de 60 capturados del Clan del Golfo, 30 del Eln 54 desmovilizados o sometimientos a la justicia y se han registrado, al menos, 35 combates con esos grupos armados ilegales.
“En ese entonces se inició con operaciones profundas, es decir en las partes más lejanas de Bojayá. Ahora con el pedido de las comunidades, esas acciones son cercanas a los cascos urbanos. Las tropas no se irán de esos puntos ni de los poblados. Allí, a parte de los controles y labores de inteligencia, necesitamos que las comunidades también denuncien a los miembros de esos grupos”, añadió el comandante de la Séptima División.
70
soldados llegaron a reforzar los centros poblados del municipio de Bojayá.
