Este martes, el presidente Gustavo Petro dio una alocución presidencial improvisada justo al inicio de los noticieros de los canales privados. Como es usual, tocó varios temas. Uno de ellos fue el atentado ocurrido en la frontera entre Jalisco y Michoacán el pasado 28 de mayo en el que fueron asesinados seis uniformados de la Guardia Nacional de ese país.
“Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán con unos muertos ahí. El ejército fue y capturó a los posibles autores del explosivo, la mayoría son unos exmilitares colombianos y hay unos activos (...) estamos exportando mercenarios a la mafia”, dijo el mandatario.
Un par de horas después, el ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que “expresa sus condolencias a las familias de los uniformados” e informa: “La respuesta de las autoridades mexicanas terminó en la captura de 17 personas, 11 de ellas de nacionalidad colombiana, a quien se señala de ser responsables de los hechos delictivos”.
El comunicado agrega, además que “la captura de nuestros connacionales fue notificada por las autoridades. A partir de ese momento, nuestra misión Consular en México adelantó las gestiones de verificación de las identidades de las personas señaladas, dando como resultado que 11 de los 12 nombres presentados por la fiscalía general de la República de México son colombianos y tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado”.
La Cancillería no habla en el comunicado de militares activos, como lo hizo el presidente.
¿Qué ocurrió?
Tanto la explosión como el operativo posterior ocurrieron en el municipio de Los Reyes, zona limítrofe de Michoacán con el estado de Jalisco, donde opera una de las mafias más poderosas de México, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este grupo fue designado como “organización terrorista” por el gobierno de Estados Unidos en febrero, junto con otros cinco cárteles mexicanos.
Además de las detenciones, el Ejército decomisó 41 explosivos y armas largas.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el uso de “artefactos explosivos” contra las fuerzas de seguridad, pero evitó atribuir el hecho a algún grupo del crimen organizado.
Michoacán ha sido escenario de ataques con dispositivos similares por parte de grupos narcotraficantes, en algunas ocasiones detonados mediante drones.
Entre 2018 y 2024 al menos seis soldados mexicanos murieron debido a minas antipersonas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa.
Desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar contra el narco, la tasa de homicidios en México se triplicó hasta 24 por 100.000 habitantes.
