Un ultimátum le dio la Corte Constitucional a las autoridades y al Gobierno Nacional para que tome de una buena vez las medidas necesarias para garantizar los derechos de los reclusos de la cárcel de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, y si no lo hace en 12 meses ordenará el cierre del penal.
En un nuevo fallo de tutela sobre la situación en ‘La Tramacúa’, la Corte ordenó al Inpec frenar el ingreso de nuevos por falta de agua en el penal. Y, mientras se toman medidas para garantizar que el vital líquido esté disponible todo el tiempo, la Corte estableció que debe haber un mecanismo para que los internos puedan acceder a un mínimo de agua, así sea por horas.
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“Deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el desperdicio del mismo”, señala la sentencia.
Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, la Corte señaló que es inadmisible que los guardias del Inpec incurran en tratos crueles e inhumanos contra los presos, según denuncias recibidas, y estimó que no entiende “cómo el Inpec no ha iniciado investigaciones serias y profundas para eventualmente imponer las sanciones que fueran del caso, además de capacitar y enseñar a todos sus funcionarios sobre la necesidad de que todas las personas privadas de la libertad sean tratadas como seres humanos”.
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“(...) pues el hecho de estar cumpliendo con una medida de aseguramiento o de haber sido condenado a una pena privativa de la libertad, no significa que queden despojadas de su dignidad humana y por lo tanto deben ser respetadas”.
En ese sentido, la Corte explicó que “no es posible mantener en funcionamiento el Establecimiento Penitenciario demandado, es decir, la única solución que al parecer es viable para que cese la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran allí recluidas es cerrar definitivamente dicho lugar”.
No obstante, la Corte señaló que no puede perder de vista la actual crisis carcelaria por la que atraviesa el país, las condiciones de hacinamiento de la mayoría de las cárceles y los problemas de salubridad y seguridad que aquejan a la gran mayoría de la población penitenciaria.
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Por lo tanto, el Ministerio de Justicia deberá apersonarse del caso para resolver la crisis en 12 meses. “Si al concluir este plazo la situación continúa, el establecimiento deberá clausurarse hasta tanto no garantice una estadía en condiciones dignas para quienes deban pagar sus condenas allí”.
El Inpec, la Defensoría y ONG’s deberán citar una nueva visita para verificar los avances de la situación y, de no haber cambios para una estadía en condiciones dignas para los reclusos, el penal “deberá ser clausurado”.
“Si de la visita mencionada se concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las directivas del mismo tendrán ocho (8) días para diseñar un plan de evacuación, en el cual se tenga en cuenta que las primeras personas que deberán salir de ese sitio de reclusión son aquellas que tienen necesidades especiales, tales como enfermos terminales o con enfermedades de alto costo, personas mayores de 65 años de edad, personas con enfermedades psiquiátricas, y aquellas personas en condición de discapacidad”, agregó la Corte.
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