El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras una denuncia del concejal Angelo Schiavenato por presuntos aportes que habrían sido fragmentados por el Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria para eludir el límite legal de financiación de campañas.
En ese sentido, la autoridad electoral señaló que “se avica la apertura de indagación preliminar por la presunta vulneración de los articulos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte del señor Carlos Fernando Galán, identificado con número de cédula en calidad de alcalde electo a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., avalado por el Partido Nuevo Liberalismo, en el marco de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023”.
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La investigación del cabildante determinó que Mercantil Colpatria habría donado $250 millones a la campaña, mientras que el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones, quedando a escasos $5 millones del tope máximo del 2 % de los gastos de campaña. Superar ese umbral inhabilita a las empresas para contratar con las entidades territoriales donde el candidato resultó electo.
El argumento central de la queja apunta a una coincidencia temporal que el concejal considera sospechosa. A los pocos meses de la posesión de Galán, la Alcaldía de Bogotá adjudicó la administración de cerca de $3 billones, correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito (Foncep), al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar. En 2025, Davivienda y Colpatria harían pública su fusión societaria.
Al sumar los aportes de las empresas del Grupo Bolívar, junto con el de Mercantil Colpatria —hoy fusionada con Davivienda—, el monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2 %, lo que podría activar las restricciones de contratación con el Distrito, según el concejal denunciante.
Sobre la investigación, el CNE trasladó copia del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para que, dentro de sus competencias, investiguen posibles delitos o detrimentos al patrimonio público. La decisión del organismo electoral representa un revés para la administración de Galán, quien había mantenido una imagen de austeridad y transparencia desde su llegada a la Alcaldía.
Ante esto, Galán publicó un comunicado de prensa en el que reaccionó a este anuncio. Allí manifestó que en la campaña de 2023 “cumplí con los topes y límites para las donaciones” y que toda la información de su financiación está en el aplicativo Cuentas Claras (a donde los candidatos a cualquier cargo de elección popular tienen que subir sus ingresos y gastos de campaña).
“Mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, agregó.
El alcalde de la capital expresó que no es “ordenador del gasto” de las entidades del Distrito. Sobre estas, aseguró que “de acuerdo a su misionalidad, desarrollan su gestión contractual de manera autónoma”.
“Como ha sido a lo largo de mi vida, estoy listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades, finalizó Carlos Fernando Galán en su comunicado.
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