Críticas del propio gabinete de Petro a la reforma a la salud: cuestionan puntos y advierten riesgos

El documento, que fue presentado a Petro por tres ministros y el director de Planeación, alerta que, solo el primer año, el proyecto demandaría $16,91 billones adicionales: casi una reforma tributaria. Se insiste en un modelo mixto de aseguramiento que no acabe las EPS.

De izquierda a derecha: los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. En el círculo la ministra de Salud, Carolina Corcho. FOTOS: COLPRENSA-ARCHIVO PARTICULAR

En un demoledor documento de 17 páginas, en el que detallan uno a uno sus reparos a la reforma a la salud, cuatro altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro llamaron la atención por los costos de la iniciativa y los riesgos que plantea para la estabilidad del sistema. El documento –que presuntamente habría tratado de ser ocultado a la opinión pública–, pone de presente además las fracturas y fricciones que se viven dentro del gabinete por cuenta del controvertido proyecto de la ministra Carolina Corcho.

Detrás del documento, que fue encomendado por el propio Petro, según reveló este domingo la Revista Cambio, se encuentran los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Se trata, justamente, del bloque dentro del Ejecutivo que es considerado más técnico que ideológico y que ha venido formulando sendas críticas a la reforma. (Ver documento al final de este artículo)

En efecto, en el documento –que fue presentado tanto a Petro como a la ministra Corcho–, los cuatro funcionarios advirtieron que el articulado supone dificultades en varios frentes y, en esa línea, alertaron por dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento (es decir, que no se acaben las EPS y no haya un acaparamiento total del Estado), y hasta que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria, pese a que Petro y sus escuderos en el Congreso optaron por el segundo camino.

En primer lugar, desde la cartera de Hacienda, el ministro José Antonio Ocampo alegó que, tal como está planteado, el proyecto “no es compatible” con el marco fiscal de mediano plazo y que es necesario que se precisen los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se requerirá para su financiamiento. Para los ministros, hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el Presupuesto General de la Nación.

“El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis, de ser sancionado como ley, produciría un impacto en las finanzas de la Nación”, reza el documento, que precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en atención primaria en salud crecería, en promedio, $2,5 billones cada año.

Según los cálculos, con la reforma los gastos adicionales por atención primaria pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones. Es decir, un aumento de más de $14 billones. No obstante, explicaron que sin la reforma, el costo sería únicamente de $2 billones. Además, alertaron que el proyecto plantea un aumento de gastos por infraestructura y dotación de más de $1,2 billones entre 2023 y 2030, a lo que se suma un costo de formalización laboral para trabajadores del sector que en 2030 superaría los $4,8 billones.

“En conclusión, de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de $16,91 billones adicionales y, para el segundo, de $21,8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”, alertaron.

“Se debe mantener modelo mixto de aseguramiento”

En segundo lugar, los ministros van a la nuez de la reforma: el futuro de las EPS. En esa línea –en contravía de lo que han planteado Petro y Corcho–, insistieron en que se debe mantener un modelo mixto de aseguramiento social en salud. También, que es necesario precisar la responsabilidad del Estado en la atención integral en salud a través de un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud.

Inclusive, propusieron un artículo en el que no solo ratificaron el modelo mixto de aseguramiento, sino que aterrizaron la función de los denominados Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva (CAPIRS), considerados la columna vertebral del proyecto en tanto se encargarán del cuidado de la salud y prevención de la enfermedad.

“Corresponde a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador (...) La atención primaria en salud se prestará a través de CAPIRS, que son instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público, privado o mixto”, se lee en el artículo redactado por los funcionarios.

Frente al proceso de territorialización de la salud que se busca a través de los CAPIRS, los ministros indicaron que, aunque se debe adelantar en varias regiones y lograr su profundización, se debe mantener la competencia (de las EPS) en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan, por ejemplo ciudades”.

El tercer punto está relacionado con una discusión que el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del Senado, Roy Barreras, habían dado por zanjada: tramitar la reforma como una ley ordinaria y no como una iniciativa estatutaria, que demanda más requisitos, como que haya una mayoría absoluta.

De acuerdo con los ministros, en la medida en que el proyecto modifica normas relacionadas con el derecho fundamental a la salud, debería ser tramitada como una ley estatutaria: “El proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tengan el carácter de leyes ordinarias”.

Por último, además de advertir que en algunos puntos el proyecto implicaría hacer una consulta previa en ciertas comunidades –por ejemplo indígenas–, los ministros califican como innecesario que haya un punto preciso que garantice el acceso a los servicios de salud para extranjeros y turistas, pues generaría un “elevado riesgo financiero para el sistema”.

Según los funcionarios, ya la propia Constitución señala que a nadie se le puede prohibir la atención en salud y el ofrecimiento de servicios, pero con el proyecto se estarían extendiendo garantías a habitantes que no pueden considerarse del territorio nacional. Por ello, sería “necesario y viable” seguirles exigiendo que adquieran seguros de salud.

ESTE ES EL DOCUMENTO COMPLETO