Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN obligó a decenas de familias a huir hacia Tibú tras quedar en medio del fuego cruzado, una situación que ya desborda la capacidad del municipio.
Por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander, este viernes la Defensoría del Pueblo reportó que 250 personas han sido víctimas de desplazamiento.
Según el organismo, ante el recrudecimiento del conflicto varias familias resolvieron desplazarse forzosamente hacia el casco urbano de Tibú, situación que ya habría desbordado la capacidad administrativa del municipio.
Los enfrentamientos arrancaron sobre las 3:00 de la madrugada en la vereda Palmeras, en inmediaciones de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, donde el fuego cruzado dejó a la población civil en medio de las hostilidades y obligó a los habitantes a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al ELN y al Frente 33 de las disidencias a “cesar de inmediato los combates” y permitir el ingreso de personal médico para evacuar a los heridos.
Mientras las instituciones analizan las medidas de protección, las autoridades locales advirtieron que en las próximas horas podrían llegar más familias desplazadas al casco urbano, dado que la continuidad de las confrontaciones en la zona rural impide el retorno y amenaza a quienes aún permanecen en el territorio.
El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó la gravedad de los hechos y detalló que “anoche algunas familias del sector lograron salir desplazadas hacia el casco urbano”, tras quedar atrapadas en los enfrentamientos, por lo que la administración local procedió de inmediato a caracterizar a los afectados y activar los protocolos de emergencia.
Un censo preliminar realizado por las autoridades locales arrojaba un saldo de 60 núcleos familiares desplazados conformados por 187 personas, grupo poblacional dentro del cual se encuentran 69 menores de edad entre los cero y los 17 años.
Sin embargo, la recurrencia del conflicto armado en la zona durante el último año desató una crisis financiera en la administración, pues el mandatario local reveló que el municipio ya no cuenta con presupuesto para responder a esta nueva emergencia.
“A la fecha ya no contamos con estos recursos, se nos hace bastante complicado poder tener una capacidad para atenderlos, por eso activamos los protocolos, las solicitudes de subsidiariedad a la unión del departamento, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y al Gobierno Nacional”, explicó Claro a la emisora W Radio.
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El funcionario enfatizó que el llamado de auxilio se extiende a “cualquier entidad que se quiera sumar a esta atención humanitaria”, con el objetivo urgente de brindar y garantizar los derechos a una ciudadanía que, tras múltiples desplazamientos en el año, se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad.
Más de 101.000 personas fueron desplazadas de manera forzada en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, en un contexto de persistencia del conflicto armado que también obligó a más de 110.000 habitantes a permanecer confinados en distintas regiones del país, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Durante ese periodo se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, situaciones que impactaron de manera directa a hombres, mujeres y menores de edad, y que evidencian el deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del territorio nacional.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentraron el mayor número de casos de desplazamiento forzado, mientras que Chocó, Cauca y Huila presentaron los índices más críticos de confinamiento.
La Defensoría advirtió que estas cifras muestran un aumento sostenido frente a años anteriores y reflejan la persistencia de la crisis en los territorios más vulnerables.
Ante este panorama, el organismo de control hizo un llamado a la adopción urgente de políticas de prevención y respuesta con enfoque territorial, que garanticen la presencia efectiva del Estado y la protección de la población civil.
El reporte oficial también dio cuenta de otros fenómenos asociados a la movilidad humana. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país. De ese total, el 40,41 % fueron mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % niños, niñas y adolescentes. La mayoría de estas personas provenían de Venezuela, con 136.950 casos, seguidas por ciudadanos de Ecuador, Perú y República Dominicana.
En el mismo periodo se registró un flujo de migración inversa. Al menos 19.134 migrantes ingresaron a Colombia por la ruta La Miel, desde Panamá hacia el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó. De ellos, el 55,8 % fueron hombres, el 25,3 % mujeres y el 19 % menores de edad. Venezuela encabezó también este flujo, con 18.787 personas.
La Defensoría del Pueblo alertó que estos fenómenos continúan vulnerando derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el acceso al agua potable, la educación, la vivienda y otros servicios esenciales, y reiteró la necesidad de respuestas integrales frente a una crisis humanitaria que se mantiene activa en varias regiones del país.
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