El pasado mes de abril llegó al país un equipo de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la tarea de verificar la situación de derechos humanos en Colombia, sus impactos en el territorio, así como los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
Dos meses después, se conoció un informe preliminar con graves advertencias sobre la normalización de la violencia y la cultura creada en torno a la misma. Esto, a causa de la persistencia del conflicto armado en las zonas rurales y que se expande con fuerza a las urbanas.
En su recorrido por diferentes regiones de Colombia, la CIDH encontró que los gobiernos en el país han invertido más en combatir la guerra con más guerra y no en ofrecer alternativas de crecimiento multidimensional, lo cual, como pueden dar cuenta los campesinos, indígenas y afros, no ha resultado efectivo para consolidar la paz que con esperanza aguardan en cada nuevo gobierno.
“La violencia institucional del Estado se expresa en la negación del reconocimiento de la diversidad étnica, racial, de género y de identidades sexuales existentes en el país; así como en limitados esfuerzos redistributivos”, añade el informe preliminar.
De acuerdo con los expertos, los esfuerzos de los diferentes gobernantes no han desplazado con efectividad la guerra de los territorios más apartados, en cambio, lo que sí pudieron constatar es el crecimiento de la desconfianza en el Estado.
“La desconfianza hacia el Estado son fenómenos complejos que pueden superarse con espacios de diálogo constructivo, que procuren la búsqueda de consensos y un enfoque de seguridad humana”, añade el documento.
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Entre las recomendaciones preliminares, la CIDH invita al Gobierno Nacional y las diferentes autoridades a cargo del orden público y el restablecimiento de la paz, hacer presencia en los territorios de manera coordinada “con las autoridades departamentales y municipales, que asegure la viabilidad de proyectos productivos, el desarrollo de infraestructura, el acceso al agua, la construcción de vías de comunicación, así como la oferta de alternativas reales para todas las personas, especialmente para la juventud”.
Como era de esperarse, la CIDH visitó zonas de alto riesgo donde la guerra ha escalado en los últimos meses como el departamento de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y otros.
Los encuentros incluyeron a comunidades indígenas, afros, raizales y palenqueras, además de campesinas, víctimas de desplazamiento forzado, mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado, defensores de derechos humanos, privados de libertad, periodistas, migrantes, representantes de la academia, de sindicatos, gremios empresariales y partidos políticos.
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“En estos espacios se busca captar la diversidad de perspectivas y experiencias respecto al impacto del continuo de la violencia en la situación de los derechos humanos, facilitando así un entendimiento más profundo y comprensivo de los desafíos y de los avances en esta materia”, aseguró el relator José Luis Caballero.
Finalmente, recomiendan revisar con detenimiento el tema de la sustitución de cultivos ilícitos desde un enfoque humanitario y sostenible para las familias que encuentran su sustento en esa actividad. Eso sí, pide hacer énfasis especial en la situación del narcotráfico y las problemáticas derivadas de esa actividad ilegal.
Próximamente, la CIDH hará entrega del documento final, detallando punto a punto los diferentes hallazgos.
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