Más de 12 mil expedientes que involucran a terceros en el conflicto armado reposan en la Fiscalía General de la Nación. Allí hay incluidos políticos, empresarios, ganaderos, agricultores y civiles de todo nivel que, presuntamente, habrían incurrido en colaboración a los actores armados ilegales, especialmente a los paramilitares.
A algunos ya les han terminado sus investigaciones, muchos han obtenido condenas desde la justicia ordinaria, la justicia transicional (Justicia y Paz) y algunos aforados por la Corte Suprema de Justicia.
Pero la inmensa mayoría hoy hacen una enorme fila en juzgados congestionados, a la espera de un juicio. A estos últimos se refirió el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, cuando anunció frente a varios empresarios “una muy buena noticia” porque “todos ellos (civiles), si tienen algún temor, pueden ir y aclarar su situación y ya es cosa juzgada ante este Tribunal Especial” para la Paz.
Justicia para todos
“Si personas que cometieron crímenes atroces como ‘Timochenko’ y el resto de directivos de las Farc van resultar beneficiados con la Justicia Transicional, es apenas lógico que muchos empresarios, que muchas personas de la sociedad civil que financiaron grupos paramilitares, o financiaron grupos que sembraron el terror en muchas regiones tengan el mismo tratamiento”, explicó el exministro del Interior, Armando Estrada Villa.
El exfuncionario agregó que carece de toda lógica un “Timochenko” libre después de los delitos cometidos y un empresario, obligado a financiar cualquier grupo armado, tuviera que pagar varios años de cárcel.
No obstante, el presidente Santos especificó que el Tribunal Especial actuará contra un tercero civil si éste se reunió con el paramilitar o el guerrillero y juntos planearon una masacre y dijeron “vamos a desaparecer a este pueblo, vamos a cometer esta atrocidad”.
“Solamente en esos casos un tercero podrá ser objeto de sanción por parte del Tribunal Especial”, puntualizó el Jefe de Estado colombiano.
Al respecto, Pablo Emilio Angarita, docente de la Universidad de Antioquia, explicó que frente a delitos graves que hayan cometido no combatientes también deben tener un castigo que puede negociarse,” porque las normas internacionales no dicen que no se puedan negociar, lo que dicen es que no puede haber impunidad como tal”.
Esos anuncios han generado cierto temor por parte del empresariado. EL COLOMBIANO conoció que el Consejo Gremial Nacional prepara un pronunciamiento y por eso ningún gremio por separado ha entregado declaraciones al respecto.
Beneficios para los políticos
En Justicia y Paz, que actúo como justicia transicional de los paramilitares, los políticos no obtuvieron un tratamiento diferenciado, a excepción de congresistas que gozaban de un fuero constitucional.
Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó que era ese alto tribunal el encargado de investigar a los aforados y que allí muchos congresistas perdieron su investidura y hasta fueron condenados a penas de cárcel. De acuerdo con Estrada Villa, si estos excongresistas se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz y dicen toda la verdad pueden obtener muchos beneficios, entre ellos, podrían volver a participar en política y serían elegidos popularmente, como lo serán los guerrilleros.
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