Con la resolución presidencial que revocó las designaciones de los negociadores de paz con el Clan del Golfo, quedaron en ascuas las comunidades de cuatro departamentos, cuatro países observadores y un monto cercano a los $20.000 millones que el Estado había invertido en esas conversaciones fallidas.
El presidente Abelardo de la Espriella le puso esta semana el punto final a los diálogos sociojurídicos con ese cartel narcotraficante, cuya sede era la lejana ciudad de Doha, en Catar.
Los acercamientos preliminares entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo comenzaron en 2022 y tuvieron una segunda fase en julio de 2024, con una resolución oficial que autorizó las conversaciones.
La mesa de paz se concretó en septiembre de 2025, con los cataríes como anfitriones y representantes de España, Suiza y Noruega, en calidad de mediadores.
Aunque nunca se logró tramitar un cese el fuego en dicho espacio, sí alcanzó a producir dos ciclos de conversaciones, en los cuales ambas partes llegaron a unos acuerdos preliminares.
Uno de ellos fue la creación de tres zonas de ubicación temporal (ZUT) para concentrar a los combatientes, con miras a un eventual desarme. Los lugares seleccionados estaban en los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba).
También anunciaron un mecanismo de monitoreo al proceso y una lista de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, según uno de los comunicados distribuidos luego del segundo ciclo, a finales del año pasado.
Dichos municipios serían Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó).
Esos anuncios generaron expectativas y cuestionamientos en las comunidades de esos 15 municipios y en las autoridades regionales de los cuatro departamentos afectados por el conflicto armado, que le pidieron al Gobierno Nacional un mayor acompañamiento para la implementación.
Las partes anunciaron que la primera ZUT, en Tierralta, empezaría a funcionar el 1° de marzo de 2026, pero el gobierno de Petro, en plenas elecciones presidenciales, retrasó la implementación para el 25 de junio. El plan era concentrar allí a 400 combatientes de Clan del Golfo, mas tampoco se cumplió con ese plazo.
Finalmente Gustavo Petro dejó el poder el 7 de agosto, la mesa de conversaciones quedó en el aire y De la Espriella le dio la estocada final esta semana.
Además de las promesas incumplidas, que habían inflado en vano las esperanzas de las comunidades, se perdió la gestión de los cuatro países garantes.
Colombia, por su parte, invirtió $125.174 millones en su política de “paz total”, entre agosto de 2022 y junio de 2026; de ese monto, según fuentes cercanas al proceso, unos $20.000 millones correspondieron a la iniciativa con el Clan del Golfo.
Esto sin contar con que esa estructura ilegal aprovechó los acercamientos y negociaciones con la Casa de Nariño para extender sus tentáculos por todo el país. Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en reportes de las FF.MM., el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 10.268 integrantes durante el cuatrienio anterior (152% más).
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Pésima negociación: grupos criminales crecieron un 90% en el marco de la “paz total” y suman 28.802 integrantes.
Regístrate al newsletter