La Defensoría del Pueblo alertó por la expansión de grupos armados como el ELN o las disidencias de las Farc. “Los alcaldes se sienten solos y a merced de los armados”, reclamó el organismo.
En desarrollo de un encuentro con alrededor de 100 alcaldes y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), este jueves la Defensoría del Pueblo alertó que el Clan del Golfo tiene “presencia e influencia” en 24 de los 32 departamentos del país, lo que indica que su injerencia abarca el 75 % del país.
Según el organismo, el grupo armado delinque además en 392 municipios, especialmente, en el noroccidente y oriente del país. En esa línea, la Defensoría aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también hace presencia en 19 departamentos y 224 municipios, particularmente “en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”.
Adicionalmente, las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’ “hacen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonía y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela”. Finalmente, las disidencias de la Segunda Marquetalia tienen injerencia en 14 departamentos y 69 municipios tanto en el suroccidente del país, como en zonas de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.
De acuerdo con la Defensoría, sumado a estas organizaciones armadas, en el país hay presencia de grupos de crimen organizado con alcance territorial, “que son utilizados por los grupos armados ilegales mediante encadenamientos delictivos, a través de la subcontratación o tercerización de acciones criminales”. A ello se suman grupos de crimen organizado transnacional.
Detrás del fortalecimiento de estas estructuras armadas ilegales, según el organismo, hay aprovechamiento de regiones abandonadas por las antiguas Farc y la expansión de nuevos actores que, a punta de violencia, buscan apropiarse de las economías ilícitas.
El defensor Carlos Camargo manifestó que para poder hacerle frente a esta ola de criminalidad “se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un Gobierno Nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables”.
Camargo reveló que algunos mandatarios locales le han manifestado “que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales”. En ese sentido, reveló que hay 75 municipios en riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes, entre ellos, Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), cuyos alcaldes se vieron obligados a despachar desde las capitales de los departamentos. O los de Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.
Por ello, llamó la atención además por los riesgos que se ciernen sobre las elecciones regionales de octubre próximo. “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, explicó.
