En Uribia (La Guajira) más de uno está contestando llamadas, buscando información y dando respuestas por cuenta de una publicación en redes sociales, que —una vez más— pone los ojos del país en ese departamento y no precisamente por aspectos a destacar.
Una foto puso un duda la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese municipio, que tiene encima el ‘sambenito’ de ser el lugar de origen del escándalo más grande que ha surgido del Gobierno del presidente Gustavo Petro: el de la UNGRD y sus carrotanques.
El pasado 20 de mayo, un activista del Pacto Histórico de ese departamento, identificado como Luis Fernando Lobo Barrera, publicó una imagen en su cuenta de Facebook en la que se ve una fila de platos en una mesa. En el interior de cada uno se veía un ‘bollo’ (alimento de origen indígena hecho a base de maíz) y una cucharada de mantequilla. Lobo mostró su indignación por el precario alimento que, según él, están recibiendo los menores de ese municipio.
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“Llamamos la atención para que de manera inmediata mejore su menú (sic) garantizando una alimentación escolar con pertinencia y respetando los derechos de los niños y las niñas”, escribió.
Y responsabilizó a la Unión Temporal Achijirra Wayuu, responsable de la ejecución del contrato con el PAE, de la situación que exponía allí.
Uribia: municipio vulnerable
Vale recordar que este municipio, por la alta presencia del pueblo indígena Wayuu, es uno de los que cobija la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó la protección especial de los derechos al agua, la salud y la alimentación para esas comunidades. Por lo cual, programas sociales como la alimentación escolar son de especial seguimiento para la gente.
Una fuente de Uribia le contó a EL COLOMBIANO que el PAE en esa población, por ser certificada, es manejado directamente por la Secretaría de Educación —así como en Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha—. Por eso tienen presupuesto directo para operar y contratar en ese programa. Así mismo, señaló que políticos de la región tienen intereses en las fundaciones que operan ese programa, entre los que se encuentran el exalcalde y alcalde de Uribia.
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La huella de la UNGRD
Esta situación, sin embargo, no es ajena a otros escándalos de corrupción recordados en ese departamento, sin que signifique que estén intrínsecamente relacionados con la denuncia por los alimentos que están entregando con el PAE.
Las buenas conexiones políticas de la Unión Temporal Achijirra Wayuu son inocultables y legales. Su representante legal, José Gregorio Pinto Berardinelli, es una persona que se codea con los alcaldes de La Guajira en eventos sociales. Así se le ve en unas fotografías publicadas por el portal La Guajira Hoy de la posesión del alcalde de Hatonuevo Hassan David Palmezano en enero de 2024. Allí se le ve junto a los alcaldes de Barrancas, Vicente Berardinelli, y de Dibulla, Alberto Montero.Al mismo evento asistió el entonces mandatario saliente de Uribia, Bonifacio Henríquez, así como a otros alcaldes electos, exalcaldes y hasta gerentes de clínicas.
Esos hechos darían algo de veracidad a lo dicho por la fuente que habló con este periódico, que advirtió la relación de las fundaciones que manejan el PAE con el exalcalde Henríquez.
Es aquí donde entra la huella de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pues Henríquez y su sucesor, Jaime Buitrago, han sido señalados y son reconocidos como socio del exdirector de esa entidad, Olmedo López, y como parte del clan político en esa región liderado por el senador Carlos Trujillo, quien brindó su apoyo electoralmente a ambos.
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Incluso, en febrero de 2024 López compartió en sus redes sociales una foto junto a Buitrago anunciando “soluciones a las Comunidades Wayuú” de ese departamento. Lo curioso es que allí también estaba Bonifacio Henríquez, quien en ese momento no era alcalde.
Entre tanto, sobre Buitrago pesan la presunta asignación irregular de $231.000 millones de la UNGRD, tras mediación de Olmedo López, y también de que en Uribia se entregaba tanques de agua a cambio de votar por él, según denunció la revista Cambio en 2023.
Achijiira Wayuu se defiende
EL COLOMBIANO revisó el contrato celebrado por la UT Achijiira Wayuu y encontró que, efectivamente, se hizo directamente con el Despacho del Alcalde de Uribia y fue firmado el 6 de febrero de 2o25, con un plazo de ejecución de 180 días (seis meses) y tuvo un valor de $755’300.536.
Tenía como objeto la “prestación de servicios para la ejecución del PAE dirigido a pueblos institución etnoeducativa integral rural indígena Puay, durante el calendario escolar 2025”.
Esa UT publicó un comunicado de prensa, firmado por José Gregorio Pinto Berardinelli, refiriéndose a la publicación de Lobo en Facebook. Allí, expresó que esas fotos “no pertenecen a nuestra operación” y que “ha causado graves afectaciones a la integridad de la unión temporal”.
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Así mismo, rechazó lo que llamó “falsas acusaciones” y explicó que han “cumplido al PAE que busca garantizar a los menores de edad el suministro de un alimento balanceado, con el gramaje apropiado para una adecuada nutrición”.
EL COLOMBIANO se comunicó con la secretaria de Educación de Uribia, Yelenca Gutiérrez, para conocer su versión sobre esta denuncia, pero no contestó llamadas ni mensajes. Desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa), que maneja el PAE, aseguraron que estaban trabajando en un pronunciamiento público.
