El Juzgado 43 de Conocimiento de Bogotá condenó a 37 años y seis meses de prisión al patrullero de la Policía Wilmer Alarcón, luego de que la Fiscalía lograra demostrar que el uniformado le disparó al grafitero bogotano Diego Felipe Becerra, causándole la muerte en hechos ocurridos en 2011.
En su fallo, el juez ordenó la captura del patrullero, luego que el pasado 18 agosto de 2016 lograra su libertad por vencimientos de términos, tras enfrentar un juicio desde febrero de 2012.
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Inicialmente las versiones de los uniformados implicados en la muerte indicaban que el joven había atracado un bus y los disparos se habían presentado durante la acción policial.
Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar su teoría del hecho, según la cual Alarcón disparó a Becerra después de que fuera encontrado pintando un grafiti. Para el ente acusador, el ataque se habría hecho sin justificación, pues el entonces menor de edad no estaría cometiendo algún hecho delictivo.
Entre las pruebas que tuvo en cuenta el despacho se incluyeron los dictámenes periciales que señalaron que Becerra Lizarazo nunca portó ni accionó un arma de fuego, como lo denunció en su momento el patrullero Alarcón.
En julio del año pasado, el también patrullero Giovanny Tovar aceptó que en la tarde del 19 de agosto de 2011 fue contactado “a través de un intermediario” para que llevara el arma a la escena del crimen y la pusiera al lado del cadáver. En audiencia pública, Tovar contó también que antes de llevar el revólver lo disparó en un humedal.
En una entrevista con Blu Radio, el patrullero confesó que su idea era ayudar al patrullero Wilmer Alarcón, quien disparó al grafitero, porque sus compañeros le vendieron la idea de que el joven era un cirminal, y que decidió hablar porque no pudo “con el cargo de conciencia”.
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Tovar aceptó colaborar con la justicia y servir de testigo en los procesos contra los otros implicados, entre los que se encuentran dos coroneles de la Policía y tres civiles, a cambio de una pena de ocho años de prisión.
Diego Felipe Becerra murió el 11 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá. Según la versión con la que los uniformados intentaron encubrir el crimen, el joven habría atracado un bus en la localidad de Suba y los disparos se habrían presentado durante la intervención de la Policía.
Además de los patrulleros Alarcón y Tovar, otros diez miembros de la Policía Nacional han sido señalados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon el homicidio del grafitero, y ya dos expatrulleros, Nelson Rodríguez y Freddy Navarrete, fueron sentenciados a cuatro años de prisión domiciliaria por alterar la escena del crimen.
Asimismo, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá condenó al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional a indemnizar a los padres de la víctima por los perjuicios causados.
