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Publicado el 26 de enero de 2022
En los siete meses que le quedan de Gobierno a Iván Duque –y en el periodo de quien lo reemplace en la Presidencia–, una de las principales tareas será sumar más labores en la lucha contra un problema del que ni las potencias mundiales se salvaron en 2021.
Se trata de la corrupción en el sector público, la cual expertos evalúan como uno de los grandes flagelos a nivel local. Al menos así lo revela el último Índice de Percepción de Corrupción, que tras tomar varias fuentes y voces de especialistas ubica al país en el puesto 87 de 180 evaluados, posición que se traduce en una nación con serios problemas en dicha materia.
Transparencia Internacional, la ONG que realizó el estudio, destaca que entre las principales causas de corrupción está la violación a los derechos humanos, pues es la piedra angular que si no se aplica bien, desemboca en episodios desfavorables.
No obstante, para Andrés Hernández, su director en Colombia, si bien esta lucha no ha surtido mayores efectos en el país en los últimos 10 años –desde 2012 el fenómeno es similar–, 2022 es una fecha importante para sumar esfuerzos que llevan a revertir la mala percepción.
Uno de esos es recordar cuáles son los patrones y tendencias que más daño han hecho. Por ejemplo, “mirar que hay una corrupción con alta capacidad de influencia en la forma en la que se asignan recursos y presupuestos públicos”, destaca Hernández.
Para trabajar en ello, la pelota cae en manos del Ejecutivo y del Congreso, los cuales a través de sus funcionarios deben velar por una absoluta transparencia en sus procesos. Varias recomendaciones en ese sentido, sumadas al escalafón mundial en el que el país sacó 39 de 100 puntos, fueron incluidos en un informe al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.
En el documento de 22 páginas se deja claro que los países más cercanos al número tienen una mala percepción en la lucha anticorrupción, mientras que los que se aproximan al 100, gozan de buena reputación. Además, se da cuenta de que pese a los compromisos adquiridos, otros 130 países –de los 187 analizados– pasan por lo mismo que Colombia: están estancados en sus esfuerzos por acabar con el problema.
Las causas a atacar
De acuerdo a Transparencia por Colombia, garantizar los derechos humanos es pilar fundamental para detener la corrupción en el sector público, pues con ellos se le da a la ciudadanía el poder de alzar la voz ante alguna injusticia.
Sin embargo, esa no es la única raíz de esto. El clientelismo y las movidas irregulares dentro del alto poder, según el informe, llevan a que se incumpla la ley y se termine en episodios que no calan bien en la percepción de la gente.
Aunque no lo mencionan en el documento, un ejemplo de ello es la pérdida de $70.000 millones del anticipo de MinTIC a Centros Poblados, escándalo que tras una póliza falsa ha causado revuelo en el país. De hecho, a día de hoy no se ha recuperado ese monto ni se ha esclarecido del todo quiénes estuvieron detrás.
Volviendo a lo presentado por la ONG, Hernández dice que “sigue preocupando que esté vigente la extensión de tiempos de respuesta a derechos de petición que hace la ciudadanía a las instituciones”, pues eso es otro síntoma a atender y mejorar.
Por último destacan que el robo transfronterizo de fondos públicos a gran escala, y la impunidad judicial, generan daños a víctimas que no son reparados debido a prácticas de trampa y corrupción.
La labor de gobernantes
Así como se identifican las causas, en la entrega de Transparencia por Colombia se hacen una serie de consideraciones a tener en cuenta por parte del poder Ejecutivo y el Legislativo. Y más porque este año es meramente electoral, lo cual genera un escenario propicio para el cambio.
Las sugerencias no son una novedad, pero debido a que hace una década el país no mejora considerablemente su percepción, la ONG reiteró estos puntos claves.
En cuanto al trabajo al interior de la Presidencia, el director de la ONG destaca que “se deben buscar estrategias más agresivas, más ambiciosas para atacar la corrupción a nivel sectorial”. Para surtir frutos, estas deben venir articuladas desde las diferentes entidades que tengan como responsabilidad atender esta problemática.
Paralelo a ello, la ONG sugiere que desde el Congreso de la República debe pactarse una agenda anticorrupción enfocada a tres conceptos que se relacionan entre sí.
El primero es adelantar reformas de fondo en materia de contratación pública y fortalecimiento de la justicia. Como segunda medida está incorporar mecanismos para que haya transparencia en el presupuesto del Estado; y en tercer lugar sugieren asegurar la independencia de las autoridades en el ámbito electoral.
Todas estas recomendaciones se reúnen en que el cambio no será posible si no se recupera la confianza en las instituciones, ya que según Hernández, “es muy importante poder asegurar los más altos niveles de ética e integridad en las más altas esferas del ámbito público-estatal”, las cuales permanentemente se ven afectadas por escándalos de corrupción.
Así está la corrupción en américa
Contexto de la Noticia
radiografía venezuela, el vecino peor calificado
En el informe recientemente entregado, Venezuela aparece como el país con la percepción de corrupción más alta en todo el continente. De hecho, junto a Sudán del Sur y Siria es uno de los peores calificados a nivel mundial. Una de las causas para estar en el fondo de la tabla es que la nación gobernada por Nicolás Maduro hace parte de un régimen autoritario del que no hay buena reputación. Para Delila Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, “el autoritarismo pone la labor anticorrupción a merced de los caprichos de una élite”, por ende, la ruta para no tener corrupción allí debe pasar por garantías a medios de comunicación y obligar al establecimiento a rendir cuentas.
Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.