Durante las últimas dos semanas, varios sectores del país han decidido detener sus labores e incluso la actividad de sus ciudades. Los primeros en anunciar paro fueron los chocoanos, quienes desde el 10 de mayo se declararon en cese: se paró el comercio, el transporte, las escuelas y la atención no prioritaria en hospitales.
A este departamento le siguió Buenaventura, puerto que optó por lo mismo, generando pérdidas por más de 3.800 millones de pesos, debido a las dificultades que han tenido 1.100 empresas transportadoras de carga por la inmovilización de sus vehículos.
Hasta ayer, los avances de las negociaciones en los dos departamentos han ido lentas y su desenlace no parece cercano, debido a que los líderes están decididos a que el Gobierno materialice las peticiones. En Chocó reclaman recursos y en Buenaventura la declaratoria de emergencia.
Chocó, a la espera
Una comisión designada por el Gobierno llegó a Quibdó en la tarde de ayer. La encabezaba el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, y con él estaban los ministros de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo y Transporte, Jorge Eduardo Rojas. También participó el director de Invías, Carlos García, entre otros funcionarios.
El grupo se reunió, y según Dilon Martínez, coordinador del comité que lidera el paro cívico en Chocó, si bien consideran que Prada es un funcionario idóneo para retomar las conversaciones con el Gobierno, “tenemos algún grado de escepticismo, porque no sabemos si nos traen solución a lo que pedimos”, agregó.
Aunque aseguró que su grupo estuvo en una actitud de escucha, teme que sigan enfrascados en peticiones que para los chocoanos son prioritarias: que se cumpla un acuerdo al que se llegó con el Gobierno en 2016, y en el que se pactó el desembolso de 720.000 millones de pesos para la terminación de las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira, otros recursos para la construcción de 158 sedes educativas, la construcción de un hospital de tercer nivel, la actualización del mapa del departamento, la reducción en las tarifas de energía y la exigencia de agua potable.
El puerto paralizado
Los líderes del paro cívico en este distrito vallecaucano estaban ayer a la expectativa por la llegada también de una misión del Gobierno compuesta por el viceministro de Vivienda encargado, Carlos Correa; el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, y el director del Plan Pazcífico, Luis A. Escobar.
Adriel Galbán, párroco de la Iglesia del barrio Lleras y uno de los líderes del comité que encabeza el paro, dijo que en las conversaciones con el ente nacional se mantuvo la petición que desde hace dos semanas ha solicitado la comunidad: declarar la emergencia social, económica y ambiental en Buenaventura, que según la Constitución le da facultades extraodinarias al presidente para buscar recursos y soluciones a problemas excepcionales.
Para el caso del puerto, los líderes insistieron en la necesidad de agilizar los recursos y disposiciones para adecuar el hospital de segundo nivel y construir uno de tercero.
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