La desgastada frase de “no hablo de eso porque soy funcionario público”, el “no me tome fotos” en pleno acto político y el esfuerzo que hacen los gobernantes para pedir la continuidad sin mencionar a su candidato, podrían llegar a su fin este año.
Aunque para este periodo de sesiones del Congreso tal vez no alcance su aprobación, el proyecto de ley estatutaria número 12 de 2015 del Senado, que reforma el artículo 127 de la Constitución, fue aprobado hace mes y medio por la Comisión Primera del Senado, en el primero de cuatro debates.
El objetivo es permitir, con algunas restricciones y sanciones, que los servidores públicos participen en política. Si bien en el pasado iniciativas similares no prosperaron, y puede que la actual, de autoría del senador Roy Barreras (La U), tampoco, sí abre un debate que políticos y académicos consideran que es necesario.
“Vamos a acabar con la doble moral y la hipocresía nacional que supuestamente prohibe a los más sencillos servidores públicos participar en política porque no hay uno solo que no haga política. Lo que haremos es prohibir que abusen de sus cargos”, dijo Barreras en abril de este año.
El proyecto permite a los servidores públicos, cuatro meses antes de las elecciones, expresar opiniones de apoyo u oposición a una campaña política, asistir a reuniones y portar prendas electorales, siempre y cuando lo hagan en horas extralaborales y por fuera de la oficina. Quienes quieran dedicarse de tiempo completo a una campaña podrán solicitar licencia no remunerada hasta por 120 días.
Entre las prohibiciones a los servidores está utilizar bienes del Estado, recursos públicos o programas oficiales para favorecer un candidato. Tampoco podrán hacer campaña a través de medios de comunicación, coaccionar a los empleados a cargo, darles bonificaciones, ni recibir remuneración por su actividad política.
De igual manera, les queda negado ofrecer beneficios a los ciudadanos para influir en la intención del voto, inaugurar obras públicas o iniciar programas sociales a partir de la inscripción de candidaturas. Tampoco tienen permiso para ocupar cargos de dirección en el partido, o influir en el nombramiento de jurados.
En otras palabras, una normatividad casi para ángeles, como calificaron los críticos en 1991 la nueva Carta Política, por considerar que era utópica e inaplicable en el país.
La ponencia aclara que se mantienen las prohibiciones para empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad (Ejército y Policía). En cuanto a los miembros de corporaciones públicas, que sí pueden participar en política, no los cobija este proyecto.
El apoyo de los partidos
Aparte del respaldo del Centro Democrático (ver recuadro a la derecha) y del propio Partido de la U, los liberales también están apoyándolo.
Según el congresista y codirector de ese partido, Jhon Jairo Roldán, este proyecto es importante porque hoy el empleado público hace campaña en ejercicio de sus funciones, a escondidas, lo que lo hace casi un delincuente, mientras que “legalizarlo hará más transparente el actuar del servidor público”.
Por su parte, la senadora Nidia Marcela Osorio (Partido Conservador), afirmó que es hora de dejar la doble moral, puesto que los funcionarios públicos están llamados a hacer política, porque no es algo malo y porque todos la hacen al escondido.
“No tiene sentido que un alcalde o gobernador no puedan participar en política, cuando es su esencia. A través de las leyes nosotros mismos estamos enseñándoles a los jóvenes y la comunidad que uno tiene que ser tramposo. Es que cuando se prohibe es que la gente saca réditos debajo de la mesa. Con ese proyecto daremos ejemplo de transparencia política”, afirmó Osorio.
Quienes no están muy tranquilos son los partidos minoritarios y que no hacen parte de la Unidad Nacional.
Para el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), hasta que no se reforme de una manera seria el sistema político, cualquier medida parcial que implique que haya mayores relaciones clientelares, puede ser inútil y fomentar la corrupción en las elecciones.
Por su parte el director del Partido Verde, Antonio Sanguino, dijo que en un régimen presidencialista, que favorece al Poder Ejecutivo, quitar esas restricciones es aumentar su capacidad de injerencia y el desequilibrio en la competencia política.
“Si con las restricciones la mermelada deambula en cantidades alarmantes, sin estas los gobernantes inclinarían la balanza hacia los candidatos de su preferencia. Lo que hay que hacer es corregir el sistema para evitar los desequilibrios entre los partidos que no gozan de las prerrogativas del Estado y quienes controlan el presupuesto público”, agregó Sanguino.
“Es peligroso”: académicos
Juan Antonio Zornosa, docente de Ciencia Política y doctor en Historia de la Universidad Nacional, indicó que esta práctica ocurre con frecuencia y, por eso, es mejor que esté reglamentada.
En contraposición el profesor de la Universidad Externado, Sergio Barbosa, doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), argumentó que este proyecto es peligroso porque puede permitir un auge del clientelismo y atentaría contra la misma profesionalización de la administración pública.
“Es repetir la historia antes del Frente Nacional, cuando todo funcionario estaba adscrito a un directorio político. El país no está preparado para ese tipo de cosas. Distinto es que se permita a los funcionarios públicos hacer campaña para la paz, porque sería un tema de carácter nacional”.
Al respecto Juan David García, docente y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, sostuvo que la iniciativa no es conveniente, pues convierte a las entidades estatales en plataformas para la propaganda política.
“Puede terminar ocurriendo lo mismo que en Venezuela y en otros países con gobiernos populistas, en donde tanto las empresas estatales como los distintos niveles de la administración pública, actúan como una gran plataforma de intereses del partido dominante”, explicó García.
De otro lado, Miguel García Sánchez, codirector del Observatorio de Democracia de la Universidad de Los Andes y doctor en Filosofía de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), manifestó que le parece una propuesta razonable, porque mantiene restricciones jurídicas, podría resolver el problema de la doble moral y la hipocresía.
“Estas iniciativas no surgen en abstracto, y ahora el tema central de la agenda es la paz y este proyecto está pensado, de manera implícita, en función de su promoción.
El riesgo que le ve al proyecto es algo que en Ciencia Política se conoce como ‘La ventaja del gobernante’, pero que también puede jugar en contra cuando les va mal.
“El que está por fuera del Gobierno está en desventaja porque habla de una promesa y no está entregando subsidios ni casas. Pase o no pase la ley, el gobernante tiene una ventaja porque tiene el poder en las manos y los funcionarios tienen la camiseta puesta, como en todas las democracias”, agregó García.
Para Diana Carolina Sánchez, docente y magíster en Derecho Público de la Universidad de Antioquia, si bien todo servidor tiene derechos de participación política (el voto), lo importante es que no se pierdan los principios de la función pública y administrativa, como la imparcialidad, la moralidad y la prevalencia del interés ciudadano.
Denuncias por participación en política recibió el año pasado la Procuraduría.
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