El Senado de la República inició la revisión de las condiciones de seguridad para la sesión del Congreso en la que está prevista la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca.
Hay que tener en cuenta que la seguridad en el Cauca atraviesa una crisis marcada por más de 11 masacres en lo corrido del año. Eso sin contar ataques con explosivos y presencia de múltiples grupos armados ilegales, lo que lo convierte en el departamento más violento del país.
Con el propósito de conocer el panorama de seguridad, Diego Alejandro González, secretario general del Senado, remitió comunicaciones oficiales al general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares; al general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional; y al general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional, para conocer si existen las condiciones necesarias que permitan desarrollar el acto con todas las garantías de seguridad.
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Las misivas fueron enviadas el 24 de julio de 2026 por instrucción del presidente del Congreso y hacen referencia al traslado aprobado de la sede del Congreso al departamento del Cauca para la sesión en la que se realizará la posesión presidencial.
Se debe tener en cuenta que recientemente el Senado aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en el departamento del Cauca, y no en Bogotá como es tradición.
La decisión aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes para que el traslado sea definitivo, mientras continúa la incertidumbre sobre la intención del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar.
La solicitud de información del Congreso
En los oficios, el secretario general solicita que las autoridades informen si existen medidas de seguridad “suficientes, idóneas y necesarias” para proteger la vida, la integridad personal y la seguridad de los senadores, representantes a la Cámara, servidores públicos y demás funcionarios que participarán en la sesión.
Asimismo, la comunicación señala que, debido a la trascendencia constitucional e institucional del evento, las autoridades del Estado deben adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y garantizar el normal desarrollo de las actuaciones del Congreso.
El documento también solicita que las instituciones precisen si, con base en las evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades competentes, cuentan con las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad requeridas para asegurar que la sesión pueda desarrollarse en condiciones plenas de seguridad.
La respuesta será clave para las decisiones del Congreso
En caso de que las autoridades consideren que no están dadas las condiciones, el Senado pidió que se informen las circunstancias o factores que podrían comprometer la realización de la sesión prevista para el 7 de agosto.
En los documentos se lee que la información requerida es indispensable para que la Mesa Directiva del Congreso cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar las decisiones correspondientes y determinar si la posesión del presidente electo puede desarrollarse con todas las garantías de seguridad para los asistentes.
Las comunicaciones concluyen solicitando una pronta respuesta, teniendo en cuenta la cercanía de la fecha prevista para la sesión del Congreso, y señalan que se adjuntó la proposición número 4 aprobada por el Senado.
Firma de contratos logísticos
En las últimas horas, a su vez, se han conocido otros preparativos para el traslado de mando. El Gobierno suscribió los dos primeros contratos para organizar la posesión del nuevo jefe de Estado. Entre la logística del evento y la transmisión televisiva, el costo conjunto ascenderá a $5.950 millones, cerca de $950 millones más que la ceremonia de 2022, lo que representa un incremento aproximado del 19%.
El contrato firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) contempla la organización logística de la posesión y de otros actos protocolarios relacionados con la transición presidencial. Aunque el documento establece que la ceremonia será “ante el Congreso de la República”, no define el lugar exacto donde se realizará, en medio del debate sobre la posibilidad de trasladarla al departamento del Cauca.
De forma paralela, el Gobierno suscribió un convenio con Inravisión, antes conocida como RTVC, por $2.450 millones, destinado exclusivamente a la producción y transmisión televisiva del acto. La logística estará a cargo de la Corporación para el Desarrollo Regional, que también coordinará actividades diplomáticas como la recepción de delegaciones extranjeras y la presentación de cartas credenciales.
La aprobación del traslado de la posesión al Cauca por parte del Senado aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el sitio definitivo de la ceremonia, ya que el presidente electo ha manifestado su intención de realizarla en una guarnición militar, una propuesta que sigue generando discusión política e institucional.
Entérese: Se firman los contratos de logística y transmisión televisiva para la posesión de Abelardo, ¿cuánto costarán?
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué autoridades deberán responder la solicitud de seguridad enviada por el Senado?
- La solicitud fue enviada al comandante general de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército Nacional y al director general de la Policía Nacional. Estas entidades deberán informar si existen las condiciones de seguridad para realizar la sesión del Congreso programada para el 7 de agosto en el Cauca.
- ¿Qué ocurrirá si las autoridades consideran que no existen garantías de seguridad?
- Las cartas piden que, si no están dadas las condiciones, las autoridades expliquen cuáles son las circunstancias o factores que podrían comprometer la realización de la sesión. La noticia no indica cuál sería la decisión posterior del Congreso.
- ¿Quién ordenó solicitar el informe de seguridad para la posesión presidencial?
- Según las cartas oficiales, la solicitud fue enviada por Diego Alejandro González, secretario general del Senado de la República, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el presidente del Congreso.
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