Previendo la llegada del Papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre, el Congreso de la República inició sesiones sobre dos iniciativas que tienen el mismo propósito: buscar la reducción de penas a colombianos que se encuentran pagando penas en prisión, como es costumbre en los países de mayorías católicas cuando un sumo pontífice realiza una visita.
Una de las propuestas es de origen parlamentario, específicamente del Partido de La U. su presidente, Armando Benedetti, aseguró que lo que quieren es reducir las condenas de determinados prisioneros en una sexta parte y también “para las personas que están imputadas, siempre y cuando los delitos no sean de lesa humanidad o de los Estatutos de Roma, nada de violación, de secuestros, de asesinatos”.
La otra propuesta es del Gobierno. El ministro de Justicia, Enrique Gil, fue el encargado de radicarlo y explicó cuántas personas podrían verse beneficiadas con la iniciativa.
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“Podrían salir de manera racional, paulatina y progresiva entre 20 mil y 30 mil personas. No es una salida masiva de las cárceles como podría entenderse, sino desde unos criterios de judicialización donde habrá que hacer una solicitud, e igualmente quedan proscritos los delitos de lesa humanidad, genocidio y conductas de naturaleza muy grave como la corrupción”, dijo el Ministro.
Las iniciativas se presentan de manera separada porque aunque tienen el mismo objetivo, tienen diferencias que esperan concertar en el trámite legislativo.
“Tenemos dos diferencias: uno es que nosotros estamos proponiendo una rebaja de la sexta parte de la pena y el Gobierno está proponiendo una rebaja de la quinta parte. Y la otra diferencia es que la iniciativa parlamentaria está proponiendo a los imputados”, explicó el senador Roy Barreras.
En la iniciativa de los congresistas, dice Barreras, son cerca de 40 mil colombianos y en los dos proyectos se excluyen los delitos graves, incluidos los que tienen que ver con narcotráfico.
Ante las críticas porque Colombia es un Estado laico, el Ministro de Justicia explicó que tiene una razón fundamentada en la política criminal.
“Se trata de una medida de política criminal fundamentada desde un punto de vista del Derecho Internacional, de factores humanísticos y la razón de la venida del Papa no es una razón suficiente sino una razón convergente, porque estamos en un Estado laico y es muy saludable que convengan. Pero la razón suficiente es una política criminal fundamentada en aspectos humanitarios”, dijo Gil.
El Centro Democrático también tiene su propia iniciativa que pretende lograr el mismo objetivo.
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