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¿Se caerá el decreto que da libertad de miembros de Primera Línea? Consejo de Estado revisará demanda de nulidad
La demanda fue presentada por el representante a la Cámara antioqueño Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
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Desde el Centro Democrático han emprendido una lucha jurídica para tumbar el decreto que le da facultades al Gobierno para liberar a los capturados del paro nacional del 2021. Foto: Manuel Saldarriaga
18 de febrero de 2023
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El pasado 9 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, que permitió la liberación de algunos integrantes de la primera línea que estaban encarcelados por delitos que habrían cometido en medio del paro nacional del 2021.
Este decreto estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.
Una de las funciones de esta comisión es “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.
Para miembros de la oposición, como el representante a la cámara Hernán Cadavid, ese decreto agrede la independencia de la justicia en Colombia. Por eso presentó una denuncia ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad del decreto, cuya revisión fue aceptada ayer.
El Consejo de Estado reconoce que: “Como se observa, la nulidad por inconstitucionalidad procede contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución, así como contra los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno nacional, siempre y cuando tales actos infrinjan directamente la Constitución Política, lo que significa que entre la disposición demandada y el texto constitucional no media una norma legal de la cual dependa el reglamento general objeto del proceso”.
En su cuenta de Twitter, el representante celebró la aceptación de su demanda: “Seguimos dando la lucha en todo frente”, escribió.
Lo que sigue ahora, tras haber aceptado la demanda, es que el Consejo de Estado analizará su contenido para determinar si es viable anular el decreto del Gobierno.
Gracias a este decreto, siete jóvenes fueron liberados de sus lugares de reclusión antes de la Navidad pasada y, en medio de duras críticas al ejecutivo por pasar por encima de la rama judicial, fueron nombrados como voceros de paz. Sin embargo, la aplicación del mismo ha estado marcada por los choques que los jueces han tenido con la decisión del Gobierno.
Por ejemplo, en pasado 20 de enero, una juez de control de garantías se negó a autorizar la libertad de tres jóvenes procesados por delitos durante el paro nacional de 2021, quienes habían sido postulados por el gobierno para asumir el rol de “voceros de paz”.
La procuradora Margarita Cabello ha sido una de las más vehementes opositoras a entregarle estas facultades de liberación de retenidos al gobierno. Para ella, es el Congreso de la República quien debe reglamentar las condiciones para autorizar órdenes de libertad.
