El pasado 9 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, que permitió la liberación de algunos integrantes de la primera línea que estaban encarcelados por delitos que habrían cometido en medio del paro nacional del 2021.
Este decreto estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.
Una de las funciones de esta comisión es “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.
Para miembros de la oposición, como el representante a la cámara Hernán Cadavid, ese decreto agrede la independencia de la justicia en Colombia. Por eso presentó una denuncia ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad del decreto, cuya revisión fue aceptada ayer.
El Consejo de Estado reconoce que: “Como se observa, la nulidad por inconstitucionalidad procede contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución, así como contra los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno nacional, siempre y cuando tales actos infrinjan directamente la Constitución Política, lo que significa que entre la disposición demandada y el texto constitucional no media una norma legal de la cual dependa el reglamento general objeto del proceso”.
En su cuenta de Twitter, el representante celebró la aceptación de su demanda: “Seguimos dando la lucha en todo frente”, escribió.
Lo que sigue ahora, tras haber aceptado la demanda, es que el Consejo de Estado analizará su contenido para determinar si es viable anular el decreto del Gobierno.