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Carlos López | Publicado el 11 de octubre de 2021
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, afirmó en la noche de este lunes que el escándalo entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es de impacto nacional.
Esta categoría le permite a dicha entidad ponerle lupa a todos los contratos que las empresas que conforman la Unión Temporal hayan firmado desde el año 2014 a la fecha. Las firmas que pasan a revisión son Omega Buildings Constructora, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa y Funtics (ahora Novotic).
De acuerdo a Córdoba, los contratos que han logrado estas cuatro empresas a lo largo de este tiempo ascienden a $1.1 billones de pesos, casi el mismo monto del que formó la polémica con MinTic, al presuntamente haberse perdido $70.000 millones de anticipo para llevar Internet a 15 departamentos del país.
La decisión adoptada se basó en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.
Para la respectiva supervisión e interventoría de los contratos, la Contraloría dispuso de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para que proceda a abrir las indagaciones preliminares correspondientes a las empresas.
Uno de los mayores salpicados por el escándalo, el contratista Emilio Tapia, fue trasladado la semana pasada a la cárcel La Picota, de Bogotá. La orden la emitió el Juez 35 de Control de Garantías al rechazar la solicitud de Alejandro Sánchez, abogado de Tapia, de que lo dejara recluido en La Modelo, de Barranquilla, alegando que su vida corre riesgo en Bogotá.
El juez regañó tanto al abogado como al contratista, pues le dijo que a él no lo puede estar trasladando a donde quiera.
“No podemos estar trasladando a este ciudadano a todos los establecimientos carcelarios del país (...) cometemos delitos, nos condenan, reincidimos, nos ponemos en riesgo, nos vuelven a judicializar, nos imponen una medida de aseguramiento y entonces señor Estado, a manera de hotel, mándeme para Barranquilla, no mejor para Bogotá, no mejor en Cómbita, porque hace más frío, no, realmente eso es disposición del Estado”, concluyó.
Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.