La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González. Esto es lo que implica.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González. Se trata de un fallo en segunda instancia del alto tribunal.
Se trata de una decisión de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que confirma la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal.
Como hoy la Corte volvió a confirmar esa decisión, la circular roja de la Interpol y su orden de captura internacional siguen vigentes, sumadas a la solicitud de extradición de Nicaragua, donde ha estado asilado.
La determinación se tomó con ponencia de la magistrada Ana Consuelo López, integrante de esa sala. Con ella, queda en firme la medida de aseguramiento impuesta por el tribunal superior de Bogotá.
De acuerdo con información de La FM, en la decisión se concluye que no es cierto que el juez constitucional de primer grado haya transgredido la presunción de inocencia de Carlos Ramón González al aseverar que el exsenador Iván Name “aceptó haber acordado con el exdirector del Dapre la entrega de una coima”.
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Según la Corte Suprema, “tal cita se hizo en el contexto de las razones que tuvo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”.
Ya se había tomado una decisión contra González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres (UNGRD). En esta, buscaba suspender la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.
En ese entonces, la solicitud de amparo constitucional fue negada. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) alegó en la tutela interpuesta que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la defensa.
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Sin embargo, en la decisión del 14 de octubre, el magistrado Gerardo Barbosa sostuvo que “al no advertirse entonces la vulneración de los derechos fundamentales que alega el accionante y tampoco la concurrencia de un perjuicio de carácter irremediable, se negará el amparo constitucional invocado”.
Como hoy la Corte volvió a confirmar esa decisión, la circular roja de la Interpol y su orden de captura internacional siguen vigentes, sumadas a la solicitud de extradición de Nicaragua, donde ha estado asilado.
Las investigaciones por este entramado de corrupción están siendo lideradas por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval, y otros fiscales especializados en delitos contra la administración pública.
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En el escrito de acusación se lee que los fiscales delegados señalan a Carlos Ramón González como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el fiscal delegado, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se habría reunido con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño.
Como director del Dapre, González le habría ordenado que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
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