Hoy el país conocerá a los magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es la justicia transicional acordada entre el Gobierno y las Farc para juzgar los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Este es un gran paso, pero siguen otros con grande demoras.
EL COLOMBIANO habló con Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la JEP para conocer cómo avanza este proceso.
¿Cómo van las cifras de amnistías e indultos?
“Las Farc pasaron al Gobierno un listado de 3.379 integrantes que estaban privados de la libertad, a mí me corresponde atender la suscripción de las actas de compromiso y sometimiento a la JEP en las cárceles, ya lo hicimos con 3.369, solo nos faltan 10, y de esos se encuentran en libertad 2.765, el resto, al terminarse las zonas veredales, salió por otros motivos como gestores de paz. Todos ya están libres.
En cuanto a las Fuerzas Militares, que también nos corresponde el régimen de libertades transitorias condicionadas, el Ministerio de Defensa nos pasó un listado de 1.777 militares y policías, ya suscribimos las actas de 1.677, nos faltan 100, ahí nos corresponde emitir un concepto jurídico para establecer la relación con el conflicto armado y ya emitimos 977 conceptos, de esos ya han quedado en libertad 646”.
¿Cómo ve el avance normativo de la JEP?
“El proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso ha tenido varios inconvenientes, el Gobierno lo presentó en el primer semestre, luego lo retiró, lo volvió a presentar y eso avanza muy lentamente. Confiemos en que el Gobierno todavía tenga las mayorías en el Congreso, de ser así sería aprobado a final de este año, tendría control automático de constitucionalidad en la Corte, en donde saldría en el mejor de los casos en marzo del próximo año. Es por eso que el Gobierno está pensando, de manera transitoria, expedir por decreto las normas presupuestales más urgentes para arrancar el funcionamiento de la JEP, desde octubre”.
Aparte de lo legislativo, ¿qué es necesario para que entre en operación la JEP?
“Se hizo un estudio con la U. de los Andes para que estableciera el modelo de servicios, los procedimientos, el organigrama, las plantas de cargos, los costos anuales y unos modelos dinámicos de funcionamiento y ya se sabe que hay un número ascendente de personal que debe ir incorporándose en los próximos años: por ahora somos 60 personas pagadas con cooperación internacional, el próximo año se deben incorporar cerca de 400 personas ya como servidoras del Estado, y se espera que para dentro de 3 años sean 1.057 personas. El costo anual sería cercano a 400.000 millones de pesos”.
¿El tribunal funcionará solo en Bogotá?
“Va a tener sede principal en Bogotá, pero tiene competencia sobre todo el territorio nacional, de manera que se va a desplazar a hacer audiencias públicas en las zonas donde se presentó más duramente el conflicto y donde hay más víctimas”.
¿Cuáles casos de agentes del Estado no militares se han postulado a la JEP?
“Nosotros hemos suscrito las actas de tres exministros que son Diego Palacios, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez, nuestra función se limita a suscribir las actas, cada uno se lo lleva al juez y trata de convencerlo de que su delito guarda relación con el conflicto y hasta ahora no les ha funcionado, ellos han interpuesto recursos y hasta ahí va la situación. Adicionalmente, nos han solicitado por parapolítica, muchas personas que han sido condenadas a nivel local, un poco más de 50 han solicitado suscribir las actas, pero nosotros estamos esperando a que el Gobierno establezca un procedimiento para este tema que no quedó regulado.
