El presidente Gustavo Petro convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir la reformas a la de salud, pero a partir del 16 de febrero se retomará la discusión de la laboral y de servicios públicos, entre otras. La oposición también prepara debates a figuras como el canciller y el ministro de Salud.
Este martes el presidente Gustavo Petro confirmó que, con miras a agilizar la discusión de la reforma a la salud, citará a sesiones extraordinarias al Congreso. Si bien el Parlamento reanuda labores formalmente el próximo 16 de febrero, el Gobierno citaría a extras a partir del 6 de febrero. Aunque la reforma al sistema pinta como prioridad, no será el único proyecto en la agenda.
Desde el Pacto Histórico ya confirmaron que, sumado a la reforma a la salud, se trabajará en la reforma laboral, que enfrenta su tercer debate en Senado. La ponencia positiva alcanzó a ser radicada a última hora en la Comisión Séptima de la cámara alta.
A ella se suman la reforma a la ley de servicios públicos, la iniciativa para formalizar la pequeña minería, la reforma al Sistema Penal Acusatorio, la ley estatutaria de educación (que ya se le hundió al Gobierno), la ley de optimización de inversiones para la transformación económica y el proyecto que da desarrollo al acto legislativo de autonomía territorial.
“Mención especial merece el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria con el cual avanza la justicia en el campo y el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz. Confiamos las plenarias de Cámara y Senado acojan los avances y los acuerdos logrados en las comisiones primeras conjuntas”, destacó el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico).
Sin embargo, en línea con lo dicho por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, también habrá amplia cabida para los debates de control político y desde ya, la oposición prepara al menos una decena de ellos.
Uno de los debates que ya está cantado es contra el canciller Luis Gilberto Murillo, a quien Cambio Radical le pedirá explicaciones por la cuestionada participación del embajador Milton Rengifo en la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el pasado 10 de enero.
La presencia de Rengifo en el acto simbólico hizo parte de las contradicciones del Gobierno colombiano frente a la situación. No se reconoce los resultados de las elecciones del pasado julio, pero mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela.
La decisión de enviar a Rengifo como representante oficial del presidente Gustavo Petro, a pesar de la controversia en torno al cuestionado tercer mandato de Maduro, desató críticas tanto en Colombia como a nivel internacional. Aunque Petro justificó su ausencia alegando violaciones a los derechos humanos en Venezuela, afirma que es necesario mantener relaciones con el país vecino para apoyar una “transición pacífica del poder”.
A ello se suma el debate contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los reparos y críticas al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) este 2025. Se trata del monto anual que las EPS reciben por cada afiliado para garantizar la cobertura de servicios.
Recién este lunes, la Procuraduría le volvió a jalar las orejas al ministro para que entregue la información relacionada con el cálculo que hizo su cartera para fijar el aumento de la UPC, el dinero que garantiza la atención de los usuarios, para este año. El debate fue trasladado a la Corte Constitucional para que declare el estado de cosas inconstitucional.
La insistencia del Ministerio Público ocurre en medio de los constantes llamados de atención de pacientes, organizaciones médicas y distintos gremios que consideran que el incremento de 5,36% no será suficiente para satisfacer las necesidades del sistema y que, por el contrario, se agudizaría la crisis del sector.
Además, se prevé que una vez más acuda al Congreso el ministro de Educación, Daniel Rojas, para dar explicaciones frente a la crisis de financiamiento y sostenibilidad del Icetex, la entidad del Estado que hace préstamos para estudios de educación superior.
Sumado a un debate de control a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, por los líos en los subsidios del programa Mi Casa Ya, se tienen previstos debates contra el ministro de Hacienda, Diego Guevara, y Andrés Camacho, de Minas, por dificultades en transferencias a empresas distribuidoras de energía.
“Ante la incertidumbre generada por la suspensión de postulaciones al programa Mi casa Ya, citaré a la ministra de Vivienda a debate de control político para que brinde respuestas claras a las familias colombianas, exigiendo claridad sobre el futuro del programa y las alternativas para los afectados”, explicó el representante Víctor Salcedo, del Partido de La U, sobre la citación a la ministra Rivas.
Otros de los que podrían acudir al Congreso a dar explicaciones serían el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y la ministra de Transporte, María Constanza García, ante situaciones como el alza en los precios de peajes y del combustible.
